lunes, 27 de agosto de 2012

TELEVISA, ¿dueña de México?

Hay numerosos ejemplos, quizá demasiados, de que ese buitre voraz llamado TELEVISA ha acaparado ya demasiado poder político en sus manos, sintiéndose todopoderosa en territorio mexicano (la mafia de TELEVISA quisiera también ser todopoderosa fuera de México, pero eso ya no se lo permiten los demás países que conociendo la naturaleza del pulpo monstruoso le han estado negando sus peticiones para instalarse fuera de México acaparando y monopolizando el espacio radioeléctrico como lo hace en México a costa de presionar, sobornar y corromper). Además de sus agresiones abiertas en contra del periodismo independiente, en la agonía del declinante sexenio calderonista salió a la luz un nuevo ejemplo de lo que es realmente TELEVISA, con el cual se confirmó por enésima ocasión que, con tal de complacer y quedar bien con el monstruoso duopolio televisivo, el gobierno de derecha ultraconservadora calderonista arremetió en contra de la empresa MVS usando el poder público en contra de los particulares que en calidad minoritaria también atienden servicios de radiocomunicación y que no son tan paleros de los poderes fácticos que gobiernan a México tras bambalinas:

Veamos primero lo siguiente:

Golpe a MVS, un “rescate” arbitrario a la medida de Televisa
Jenaro Villamil
Revista PROCESO # 1867
11 de agosto del 2012

Aún con el durísimo golpe de repudio dado por el pueblo de México al PAN-Gobierno en las elecciones presidenciales del 2012, Felipe Calderón no desperdició los pocos meses que le quedaban de su agonizante sexenio para agradecerle los favores que le fueron concedidos por la manipuladora TELEVISA a su régimen de derecha.

En un golpe clásico de final de mandato, Felipe Calderón, por medio del secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, decidió beneficiar a Grupo Televisa al retirarle a MVS las concesiones en la banda de 2.5 gigahertz. Según expertos consultados por Proceso, la propuesta que había hecho la empresa propiedad de la familia Vargas para el uso de esa franja del espectro radioeléctrico era económicamente viable y hubiera permitido el acceso a Internet de alta velocidad a sectores mayoritarios de la población. Con la  medida gubernamental, puntualizan los especialistas, está claro que sólo se benefician los intereses monopólicos del consorcio encabezado por Emilio Azcárraga Jean.

Un día antes de la inusitada conferencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, en la que anunció el rompimiento de las negociaciones con Grupo MVS en torno a la renovación de las concesiones de la banda 2.5 gigahertz, el director de Información de Grupo Televisa, Javier Tejado Dondé, sentenció en un artículo que le publicó Reforma el martes 7:

“Mientras en todo el mundo esta banda se licita para que haya más competencia y recursos para usos apremiantes del Estado, en México la tirada de MVS es quedarse con tal cantidad de espectro en donde cabrían hasta cuatro nuevas empresas de telefonía celular y servicios móviles. Lo que representa el más grande intento de abuso sobre las telecomunicaciones en México”.

En su artículo titulado “MVS, Aristegui y Banda 2.5 ghz”, el artífice de la Ley Televisa, cabildero del consorcio de Emilio Azcárraga Jean frente a legisladores y ante autoridades de la SCT y de la Cofetel dejó muy claro el descontento del monopolio televisivo ante la posibilidad de una competencia en el cuádruple play.

También especuló sobre el acercamiento entre MVS y el equipo de campaña de Enrique Peña Nieto, como si Grupo Televisa no hubiera estado alineado desde 2005 con el exgobernador mexiquense.

“¿Qué está en juego para MVS?”, se preguntó. “Para empezar hay que decir que ningún operador tiene tanto espectro como MVS, que detenta 190 mhz. Como comparativo, el que le sigue en acumulación es Telcel, con 80 mhz. Pero además de la diferencia per se, hay que decir que con su espectro Telcel atiende a 68 millones de usuarios y MVS, con 190 mhz, tiene cero usuarios. Todos sus usuarios hace más de dos años, fueron migrados al sistema de televisión satelital Dish”.

Con base en cálculos de la SCT, Tejado Dondé afirmó que el espectro de MVS tiene un valor aproximado de 2 mil millones de dólares, y “pretende quedarse con todo el espectro y administrarlo, como si fuera el Estado, para que otras empresas lo trabajen”.

El director de Información de Televisa no mencionó que durante más de cinco años la administración de Calderón y la familia Vargas negociaron la renovación de las 42 concesiones en la banda 2.5 ghz, y que la empresa de Emilio Azcárraga Jean presionó, desde el surgimiento de Grupo Dish en 2009, para que el gobierno calderonista no renovara estas concesiones y mucho menos permitiera el proyecto de “Banda Ancha para Todos”, anunciado en abril de 2011 por MVS y un consorcio de empresas ajenas a los intereses de Televisa como Alestra, Intel y Clearwire.

Parcialidad

En perfecta sincronización, un día después de que se publicó el artículo del alto ejecutivo de Grupo Televisa, Pérez Jácome anunció que la SCT decidió “negar la prórroga de todas las concesiones vencidas en la banda de 2.5 ghz” e “iniciar el procedimiento de rescate” de todas las concesiones vigentes en la misma banda.

Los argumentos del funcionario fueron prácticamente los mismos de Grupo Televisa para justificar el “rescate” de este espectro, considerado uno de los más importantes para los servicios de cuádruple play.

Se trata de los mismos servicios que pretenden ofrecer Iusacell y Televisa una vez que la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) autorizó en junio pasado la fusión de ambos grupos, a pesar de la oposición de especialistas, legisladores, agrupaciones como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, que interpuso un amparo en contra de la decisión, y de otros competidores que consideran que la medida fortalece el “monopolio de la opinión pública” establecido por Televisa y TV Azteca.

Pérez Jácome arguyó que en México existen 11 operadores con 68 concesiones vigentes en la banda de 2.5 ghz, que van desde operadores de una concesión hasta MVS, que posee 42. “Lo cierto es que esta banda está considerablemente subutilizada”, sentenció.

“Para dar una idea de la dimensión de esta subutilización me permitiré utilizar un símil: la banda de 2.5 ghz es como una autopista de altas especificaciones de la que en México estamos utilizando apenas el acotamiento”, detalló el funcionario.

Además, informó que entre 2007 y 2012 la SCT le presentó a MVS diversos esquemas para autorizar la prórroga, a cambio del pago de una contraprestación. “MVS no aceptó ninguna de las propuestas; sin duda, ellos también pusieron sobre la mesa algunas alternativas, pero éstas fueron inaceptables, ya sea porque no aseguraban la explotación eficiente del espectro o no cumplían con las mejores condiciones económicas para el Estado, como prevé el artículo 134 de la Constitución”, explicó el secretario de Comunicaciones y Transportes.

Al igual que Televisa y Tejado Dondé, el titular de la SCT se refirió a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que desde 2000 estableció que la banda de 2.5 ghz es susceptible a la prestación de los servicios internacionales móviles, y puso como ejemplo el plan de reordenamiento en Europa, Asia, Canadá, Brasil, Chile, Colombia y Perú.

Tanto la UIT como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), al igual que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), señalan que la banda de los 700 Mhz (690-806 mhz) es una de las más importantes, sobre todo ahora con los adelantos tecnológicos de la digitalización para los servicios de banda ancha.

El miércoles 8, el pleno de la Cofetel reconoció los trabajos para “definir la segmentación” de este espectro y utilizarlo “en un futuro” en aplicaciones de la banda ancha.

Sin embargo, la banda de 700 mhz está acaparada por los actuales canales analógicos de televisión, que en 95% son propiedad de Grupo Televisa y TV Azteca, como han señalado los especialistas de Mediatelecom, portal especializado en telecomunicaciones.

La llamada política de Transición Digital Terrestre –que obligaría a Televisa y a TV Azteca a devolver sus canales analógicos y liberar el espectro de los 700 mhz– ha sido frenada constantemente por el propio duopolio televisivo.

Una semana después, apareció publicado lo siguiente:

Acusa MVS venganza en el retiro de banda ancha
Staff
Agencia REFORMA
16 de agosto del 2012

Joaquín Vargas, presidente del Consejo de Administración de MVS, aseguró que el Gobierno Federal condicionó la autorización de su proyecto para la banda de 2.5 GHz a una disculpa de la periodista Carmen Aristegui vinculada a comentarios sobre el presidente Felipe Calderón.

El 4 de febrero de 2011, Aristegui, titular de la Primera Emisión de Noticias MVS, lanzó al aire una pregunta relacionada con un supuesto problema de alcoholismo del presidente, minutos después, dijo el directivo, recibió una llamada de Alejandra Sota, coordinadora de Comunicación Social de la Presidencia, quien exigió una disculpa pública de la periodista.

Más adelante, ese mismo mes, Dionisio Pérez-Jácome, titular de la SCT, hizo un planteamiento similar, agregando que la Presidencia no gestionaría la banda de 2.5 GHz hasta que se diera la disculpa.

“Tengo instrucciones del señor presidente de no gestionar el asunto de MVS y en especial la 2.5 hasta que no haya disculpa de Aristegui”, refirió Vargas, respecto a su conversación con el secretario.

Además de su conversación con el titular de SCT, el directivo de MVS también refirió una conversación con Javier Lozano, entonces titular de la Secretaría del Trabajo, justo en la época cuando Carmen Aristegui salió de la empresa.

“Hemos encontrado que tu proyecto de la 2.5, tiene méritos propios, pero si recontratas a la periodista, a tu proyecto se lo lleva la chingada y te olvidas de este Gobierno hasta su último día”, dijo el empresario en referencia a la advertencia de Lozano.

Ayer, minutos más tarde de la conferencia de Vargas, el senador electo del PAN respondió al respecto vía Twitter.

“Ya me enteré de lo que dijo de mí @JoaquinVargasG. Pronto contestaré y aclararé las cosas”, escribió.

La semana pasada, Dionisio Pérez-Jácome, titular de la SCT, informó que el Gobierno iniciará el rescate de la banda de 2.5 GHz, que sirve para dar servicios de banda ancha móvil, ya que se encuentra subutilizada por MVS.

Sin embargo, la empresa ha asegurado que peleará por quedarse con la banda, incluso en instancias internacionales.

“Defenderemos dentro del marco de la ley lo que nuestros derechos garantizan”, afirmó el empresario.

El presidente de MVS Comunicaciones, Joaquín Vargas, aseguró que expondrá las pruebas donde sustenta que recibió presiones del Gobierno federal para que arreglara un problema editorial a cambio de resolver el caso de la banda ancha de 2.5 Gigahertz (GHz), en caso de que los funcionarios que señaló nieguen el chantaje.

“Yo lo único que pido es que si alguno de los que yo mencioné como ya tenemos el caso de dos personas, el Secretario (Dionisio Pérez-Jácome) y ahora el señor Javier Lozano, dice que no es cierto, bueno pues yo me comprometo a aportar, a acreditar que lo que estoy diciendo es cierto”, externó Vargas en entrevista para Radio Fórmula.

Vargas señaló que sus imputaciones las hace con toda responsabilidad y a cuesta de su prestigio como hombre de negocios y como cabeza de un consorcio.

“Estoy muy consciente de lo que estoy haciendo y lo hago consciente de la responsabilidad fiduciaria que tengo con todos los accionistas. Tengo un prestigio y hablo a título personal como empresario, no me dedico a esto y mucho menos a grabar, ni mucho menos a nada.

“Pero también entiendo que el que dice, tiene la obligación de probarlo”, sostuvo.

Hasta el momento, tanto el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome, como el senador electo del PAN, Javier Lozano han negado que se hubiera chantajeado al presidente del Consejo de Administración de MVS, para mantener la concesión de banda de 2.5 GHz.

‘Presionó televisora para que nos retiraran concesiones’

Vargas señaló que a partir del lanzamiento de Dish, en 2008, y como consecuencia de su política de precios bajos, Televisa y sus organismos afines buscaron que les retiraran las concesiones en la banda de 2.5 Gigahertz, y que prueba de ello son los escritos presentados por Cablevisión.

“El rescate de la frecuencia MVS combina dos hechos abominables, por un lado, la actuación sesgada de funcionarios públicos, da igual si fueron movidos por la ambición, el miedo o la complacencia negligente, que han favorecido ilegalmente los intereses de Televisa ya sea para aumentar sus activos o para favorecer a los competidores”, señaló Vargas.

Vargas señaló que lo que ha ganado Televisa es que durante este sexenio MVS no haya podido dar servicios de triple y cuádruple play con Dish y que con el rescate de la banda inhiben que ellos entren como un potencial competidor, pues ellos, ahora en alianza con Iusacell, son los únicos que pueden ofrecer servicios de voz, video y datos tanto fijos como móviles a nivel nacional.

Agregó que en el caso de que el rescate de la banda prospere, serán pocos los jugadores que puedan entrar en dichas frecuencias.

“A MVS le bloquean la autopista y a Televisa le construyen un segundo piso”, espetó Vargas.

La reacción oficial fue furiosa, afirmando que no existía prueba alguna de las acusaciones formuladas por el presidente del consejo de administración de la empresa MVS, recalcando que todas las acusaciones eran puras calumnias y acusaciones viles sin fundamento. Mejor se hubieran quedado callados:

Desnuda Vargas presiones de Los Pinos para echar a Aristegui
Agencia APRO
22 de agosto del 2012

El presidente de la cadena MVS, Joaquín Vargas, presentó una serie de mensajes de texto, correos electrónicos y conversaciones con altos funcionarios del gabinete presidencial que exhiben la presión de Los Pinos para echar a la periodista Carmen Aristegui, conductora del espacio de noticias matinal de dicha empresa.

“Te va a costar mucho la relación con ella, yo la corría, sé que no me estás preguntando”, le sugirió al empresario el entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano.

También Lozano le insistió en otra charla: “Joaquín debes dar una postura (sobre Aristegui) y luego nosotros la exhibimos como mentirosa”.

Vargas relató que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, suspendió una reunión programada con él en febrero del año pasado. Le condicionó que la cita se celebraría siempre y cuando Aristegui pidiera una disculpa por haber cuestionado al aire el presunto alcoholismo de Felipe Calderón.

La coordinadora de Comunicación Social de la presidencia, Alejandra Sota, le entregó a Vargas un texto de disculpa que Aristegui debía leer al aire y asumir como de su propia autoría. En dicha carta, la periodista estaba obligada a decir que Calderón no se había ausentado a ningún acto público y que después de charlar con personajes cercanos a él comprobó que era deportista y no abusaba del alcohol.

Vargas, quien después echó a Aristegui de MVS, justificó: “Actué convencido pero bajo presión”. Posteriormente, el empresario se disculpó: “Actué de forma precipitada”.

El dueño de MVS dio una rueda de prensa este miércoles como parte del conflicto entre la empresa y el gobierno federal ante el rechazo de concederle a la compañía la posibilidad de ofrecer servicios de banda ancha en materia de telecomunicaciones.

Carmen Aristegui posteriormente regresó a MVS, donde actualmente funge como responsable del noticiero matutino.

Desde las trincheras de la oposición, en otros tiempos la derecha ultraconservadora de México no cesaba de denunciar una represión casi absoluta en contra de la libertad de prensa y en contra de la libertad de expresión no solo en los países del bloque soviético sino en el mismo México gobernado hegemónicamente por el PRI, y algo tenían de razón en ello. Sin embargo, al acceder al poder, y ya una vez que les gustó ser los que mandaban en México, no tuvieron inconveniente alguno en tratar de poner en práctica hipócritamente lo mismo que antes denunciaban con tanta fiereza, sin querer darse cuenta o pretendiendo querer olvidar que el México del nuevo milenio era ya otro México diferente al México del siglo XX.

El siguiente analista concluye cómo lo sucedido en el caso MVS no hace sino confirmar que al autoritarismo ejercido desde la cúspide del gobierno federal a lo largo del siglo XX no sólo no fue hecho a un lado por la derecha ultraconservadora de México, sino que incluso fue abrazado y adoptado entusiastamente por quienes en otros tiempos desde las trincheras de la oposición hipócritamente pedían a gritos un cambio que nunca llegó:

MVS y el autoritarismo mexicano
Jesús Cantú
Agencia APRO
27 de agosto del 2012

Las revelaciones de Joaquín Vargas sobre las acciones del gobierno para retirarle la concesión de la banda 2.5 ghz., y las discusiones posteriores, revelan en toda su magnitud la persistente presencia del autoritarismo en el Estado mexicano: la ausencia flagrante del estado de derecho y la supremacía de las prácticas clientelares en el tratamiento de los asuntos públicos.

En primera instancia, con lo ocurrido hasta ahora en este caso se demuestra diáfanamente la ausencia de un procedimiento claro, transparente y preciso que brinde garantías jurídicas a todos para renovar, revocar o modificar los términos de las concesiones vigentes o que concluyeron su periodo. Esa es precisamente la discusión: si MVS podía prorrogar, según expresión del mismo presidente del Consejo de Administración de esa empresa, dicha concesión, y si a través de la misma podía prestar servicios adicionales.

En un país donde se respeta el estado de derecho, eso está normado y tiene procedimientos, autoridades, requisitos y tiempos claramente establecidos. En México, según reconocen los actores involucrados, todo esto se realizó a través de varias decenas de anárquicas reuniones privadas, donde regía la arbitrariedad y la discrecionalidad de la autoridad. Precisamente por ello se hicieron propuestas y contrapropuestas, como si se tratase de un bien privado y de un acuerdo entre particulares.

En este caso se trata de un bien y un servicio públicos, cuya concesión a un particular debe hacerse con estricto apego a la normatividad vigente, no en función de los humores de la autoridad y los acuerdos privados en los que los requisitos y las prestaciones y contraprestaciones se establecen libremente.

Pero ante la falta de una legislación y una reglamentación adecuadas, todos los actores implicados aceptan su participación en estas reuniones privadas con el claro objetivo de lograr un acuerdo que los favorezca a ambos (concesionario y autoridad), no a la ciudadanía, la que debiera ser el verdadero receptor de los beneficios de un servicio público.

Relaciones claramente clientelares como ésta vulneran el estado de derecho e impiden la construcción de un régimen democrático. Daniel Hallin y Paolo Mancini definen el clientelismo político como “…un patrón de organización social en el que el acceso a los recursos sociales es controlado por patronos y entregado a sus clientes como intercambio por deferencias y varias formas de apoyo. Es una forma particular de organización social, en la que las reglas formales son menos importantes en relación a las conexiones personales o, en formas más recientes de clientelismo, conexiones mediadas a través de los partidos políticos, la Iglesia y otras organizaciones”.

A su vez, Jorge M. Audelo, señala que se trata de “aquellas relaciones informales de intercambio recíproco y mutuamente benéfico de favores entre dos sujetos, basadas en una amistad instrumental, desigualdad, diferencia de poder y control de recursos, en las que existen un patrón y un cliente: el patrón proporciona bienes materiales, protección y acceso a recursos diversos, y el cliente ofrece a cambio servicios personales, lealtad, apoyo político o votos”.

Este soporte fundamental del régimen autoritario mexicano está presente y es aceptado por todos los involucrados en el caso MVS. Hay diferencias respecto a quién elaboró el primer proyecto de comunicado de disculpa de Carmen Aristegui (MVS o la oficina de Comunicación Social de la Presidencia de la República); respecto a si la intervención de Javier Lozano fue en su carácter de secretario de Estado o como amigo de Vargas y a título personal; o sobre las cantidades que MVS ofreció como contraprestación (104 millones de pesos, según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 11 mil 164 millones, según MVS). Pero no existe ninguna controversia acerca de la realización de varias decenas de reuniones, a lo largo de cuatro años o poco más, sin apego a ninguna normatividad, simplemente en función de esta relación personal, a la que todos los actores apelan en más de una ocasión, tanto en las revelaciones de Vargas como en las declaraciones de los funcionarios públicos involucrados. Todos confesaron su participación en este evidente ejercicio de clientelismo político.

Lo único que al respecto ha cambiado en el nuevo milenio es que hoy los clientes (en este caso MVS) que se sienten burlados se atreven a hacer denuncias públicas sobre casos como éste, no porque reprueben tales prácticas, sino porque no se beneficiaron de ellas.

Después de 12 años de alternancia en el Poder Ejecutivo, las instituciones del autoritarismo permanecen intactas. El intercambio de favores entre autoridades y particulares prevalece por encima del estado de derecho, y, cuando se trata de bienes públicos muy rentables –como las telecomunicaciones–, su acceso está reservado a unos cuantos privilegiados.

La autoridad sigue aprovechándose de la pobreza y la ignorancia de unos (en el caso de los votantes) o de la avaricia de otros (en el caso de las telecomunicaciones) para intercambiar dádivas o privilegios por votos o apoyo político.

En estas condiciones es imposible que florezca la democracia.

Si bien hay quienes se ponen del lado del gobierno panista-Yunquista apoyando la manera arbitraria de actuar de la derecha en el poder argumentando que el concesionario de MVS en realidad está viendo por sus propios intereses, en realidad el asunto vá mucho más allá de esto como lo deja en claro el siguiente analista que también sopesa el interés particular de MVS:

‘Quién consigue qué, cómo y cuándo’
Lorenzo Meyer
Analista político
23 de agosto del 2012

Definición. La cita que titula a esta columna es la definición de política que hizo en 1935 un politólogo clásico: Harold D. Lasswell, (World polítics and personal insecurity). A punto de cerrar el sexenio, ha estallado un escándalo que ilustra lo útil que es esta definición y la naturaleza íntima y nada atractiva del gobierno que está por concluir y del que viene.

La litis. Joaquín Vargas, presidente de la empresa de radio y televisión por cable MVS, convocó el 15 de agosto a una conferencia de prensa para acusar al gobierno de Felipe Calderón de arrebatarle unas concesiones muy valiosas del espectro radioeléctrico –las de la banda ancha de 2.5 gigahertz (GHz) que comprende de los 2,500 a los 2,690 megahertz– para favorecer a Televisa y cobrar venganza por sostener en su noticiero estrella –Primera Emisión– la presencia de Carmen Aristegui, una periodista mal vista en “Los Pinos” de tiempo atrás. El 22 de agosto, en una amplia conferencia informativa, Vargas detalló y fortaleció sus aseveraciones. Desde la presidencia se niega que el gobierno tuviera que ver con la remoción en 2011 de la periodista del noticiero que dirigía en MVS –y que luego volvió a dirigir, pues tras una negociación con la empresa y cuyos términos se hicieron públicos, le fue restituido su espacio–, un noticiero muy apreciado por su calidad e independencia. Según la presidencia, la acusación del empresario es un chantaje que no prosperó –Vargas ofreció remover a Aristegui a cambio de asegurar la concesión en la banda de 2.5 GHz– y se reserva la opción de “proceder conforme a derecho” contra el presidente de MVS por “calumniar, difamar, tergiversar y engañar, con el simple objeto de alcanzar sus metas económicas”.

Lo que se busca conseguir. Para analizar el choque entre el jefe del poder ejecutivo y MVS a la luz de la definición de política de Lasswell, conviene empezar no por el “quién” consigue “qué” sino por el “qué” se busca conseguir. En este caso lo que se disputa es la explotación de unas frecuencias (las de la banda de 2.5 GHz) que en los años noventa del siglo pasado –cuando el desarrollo tecnológico no permitía prever su importancia– el gobierno le otorgó a la empresa creada por el fallecido empresario neoleonés Joaquín Vargas Gómez. La banda se otorgó a Frecuencia Modulada Mexicana que más tarde sería MVS Comunicaciones. En 1967 Vargas Gómez puso en marcha la primera estación de radio en FM en México y con el correr del tiempo su empresa extendió sus operaciones a televisión por cable y satelital y a otros países. Obviamente la importancia de MVS es secundaria frente a Televisa, pero con la banda de 2.5 GHz, MVS pudiera llegar a ser una competidora real para la megaempresa.

Por la naturaleza de la transformación tecnológica, hoy los 2.5GHz resultan ideales para dar servicios de banda ancha móvil de nueva generación. Como el espectro radioeléctrico es de la nación, quien lo explote debe pagar al Estado por ello. Según la Secretaría de Hacienda, MVS ofreció una contraprestación de apenas 140 millones de pesos por una frecuencia que la dependencia estima en 27 mil millones de pesos, aunque en otros países de América Latina se ha cobrado mucho menos por una concesión semejante (Reforma, 20 de agosto). Por su parte, MVS sostiene que lo central de su oferta no son los 140 millones de pesos sino una fuerte inversión para ofrecer al público un internet más barato y rápido que el actual.

Como sea, el 8 de julio la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció que no renovaría las concesiones que ya habían vencido en la banda en cuestión y que “rescataría” las 68 aún vigentes, controladas en su mayoría por MVS. El objetivo final, se dijo, es licitar de nuevo lo “liberado” para que se use a plenitud los 2.5 GHz y hacer de México un país realmente competitivo en telecomunicaciones. En principio, la argumentación oficial tendría sentido pero sólo si no hubiera existido previamente la oferta de MVS de ser ella la que llevara a cabo la modernización a bajo precio para el usuario.

Quién. Para seguir con Lasswell, ¿quién se beneficia con unas cancelaciones de concesiones cuando quien la hace ya no tiene tiempo para ejecutar la parte constructiva del proyecto? Al no permitir que MVS use a plenitud los 2.5 GHz, se mantiene un status quo que, por definición, protege los intereses de la empresa hoy dominante en ese campo: de Televisa, cuyo carácter avasallador se acaba de acentuar con su asociación con TV Azteca, su competidora, en Iusacell. Si las frecuencias expropiadas finalmente se licitan y Televisa las llega a ganar, entonces el dominio de la megaempresa aumentará de manera escandalosa. Si Telcel, propiedad de Carlos Slim, también se beneficiara de la licitación, habría competencia pero a costa de afianzar aún más a los dos grupos económicos más fuertes de México, cuyo poder ya es un problema serio para la salud política y económica del país, y se acentuaría la naturaleza oligárquica del sistema.

El cómo y cuándo. El cómo de la definición es claro: por la vía del rescate de las concesiones en poder de MVS anunciado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sin embargo, la tersa legalidad del anuncio oficial se puede hacer añicos ante lo revelado por Vargas: que a cambio de que MVS mantuviera sus concesiones y lograra luz verde para su proyecto de invertir, en unión de Intel, Clearwire y Alestra, 1,100 millones de dólares para explotar esa banda, el gobierno pidió que la empresa se comprometiera a lograr que Aristegui admitiera algo que ella no aceptaba –eso lo veremos más adelante– y, a la vez, que no objetara legal ni mediáticamente la unión Televisa-Iusacell.

Según las versiones encontradas de Vargas y las de los voceros oficiales y un oficioso del gobierno –Javier Lozano, ex secretario del Trabajo–, Aristegui y su noticiero fueron usados como moneda de cambio, ¿Pero de quien partió la idea? De acuerdo con el presidente de MVS, en febrero de 2011, el gobierno le hizo saber que para seguir negociando sus concesiones, Aristegui debería ofrecer una disculpa pública por el comentario editorial en que ella pidió al gobierno que aclarara si Felipe Calderón, en su calidad de jefe del poder ejecutivo, tenía o no un problema de alcoholismo, como alguien había asegurado, pues el asunto era –y es– de interés público. Los términos de esa disculpa se dictaron desde “Los Pinos”. Aristegui fue notificada de la exigencia por MVS pero se negó a aceptarla porque no consideró que hubiera razón para retractarse. MVS, en cambio, si decidió plegarse a lo demandado por la Presidencia y sacó del aire a la periodista incómoda. A las protestas públicas que desató ese despido, siguió una conferencia pública de Aristegui en Casa Lamm, donde leyó un documento que era un recuento pormenorizado de lo ocurrido y que concluía proponiendo a MVS no ceder a la ilegítima presión del gobierno y, en cambio, recuperar para ambos el derecho a la opinión independiente. MVS decidió que le convenía reinstalar a la periodista.

La versión de Javier Lozano es diferente. El sostiene que fue Vargas quien ofreció la cabeza de la periodista a cambio de que se aceptara su proyecto de inversión en banda ancha pero que dicha oferta fue rechazada. Desde esa óptica, la contratación original de Aristegui por MVS tras haber perdido su espacio en “W Radio” por su crítica a la “Ley Televisa”, se explicaría no tanto por su calidad sino por su valor como ficha política, (Reforma 16 de agosto). Las dos versiones o una mezcla de ambas son posibles. Hace poco un académico, John Ackerman, denunció que en otro noticiero de MVS, el de Luis Cárdenas, se le marginó por presiones de quienes no deseaban que salieran al aire sus críticas a Enrique Peña Nieto, el posible próximo presidente. Como sea, queda claro que hoy y aquí el valor de la libertad de prensa es secundario en el juego de los poderosos.

Con qué resultado. Es claro que a la definición de Lasswell le falta algo: la conclusión, es decir, el “con qué resultado”. En el caso examinado un resultado es mantener la debilidad de la libertad de expresión en los medios. Otro es que el mal uso del poder –su abuso– ha impedido la competencia efectiva y por tanto ha dañado al interés colectivo. Entre 2008 y 2011 MVS promovió once amparos relacionados con la banda ancha, perdió siete y ganó cuatro. Ahora promoverá nuevos juicios y por un tiempo nadie invertirá en las disputadas frecuencias; el conflicto paralizará el aprovechamiento de su potencial y eso nos costará a todos.

¡Vaya manera de cerrar un sexenio y de mostrar la naturaleza real de nuestra política!

Aunque TELEVISA ya demostró en el pasado que podía convivir muy bien con los regímenes emanados del Partido Revolucionario Institucional (el padre de Emilio Azcárraga Jean, un gringo extranjero sin ningún amor por México, se proclamó en su momento un soldado del PRI con las palabras “Soy soldado del PRI y del presidente”, citado por Carlos Monsiváis en la revista Proceso del 20 de abril de 1997 en la página 58), TELEVISA ciertamente quedó bastante satisfecha con los regímenes emanados de la corrupta y putrefacta derecha ultraconservadora panista que tantos favores le hizo a TELEVISA y tanto hizo para protegerle sus poderosos intereses, a grado tal que TELEVISA preferiría al PAN sobre el PRI en Los Pinos, aunque en última instancia esto es irrelevante porque la mafia del poder televisivo ha hecho y sigue haciendo todo lo posible por mantener su poderío dentro de México con el que sea a costa de la manipulación de opiniones, la desinformación, el ocultamiento descarado de hechos trascendentales y las alianzas non-sanctas con todos aquellos que estén dispuestos a ser sus cómplices, con la consecuente de que en México esa empresa voraz prácticamente puede hacer impunemente todo lo que se le venga en gana. Ni los Césares de Roma tenían tanto poder. De hecho, TELEVISA ya no es “soldado” de nadie, ni del PRI ni del PAN, porque ya pasó a ser General. Naturalmente, TELEVISA es y siempre ha sido 100 por ciento anti-comunista y anti-izquierdista, y no permitirá jamás que pueda llegar a la Presidencia alguien que se atreva a sugerir la posibilidad de quitarle al pulpo sus concesiones para rescatar para el pueblo esos espacios radioeléctricos que sólo han servido para acrecentar desmedidamente la rapiña de la hidra, lo cual explica a la perfección el por qué TELEVISA puede convivir tan bien con regímenes infiltrados hasta la médula por organizaciones nazi-fascistas tales como la Organización Nacional del Yunque. Tal para cual.

sábado, 25 de agosto de 2012

Rescatando la soberanía nacional

Una cosa en la que fue muy buena la anodina derecha reaccionaria panista fue en entregar en bandeja de plata la soberanía nacional a cambio de prácticamente nada más que elogios y felicitaciones de quienes recibieron tales muestras de humillante arrodillamiento. Ejemplos de ello abundan y sobran.

Sin embargo, no todos los Presidentes son unos viles entreguistas de la soberanía nacional de los países que representan. Hay honrosas excepciones. Una excepción tal la tenemos en el caso del Presidente de Uruguay, José Mujica, el cual tomó una iniciativa que provocó la ira en los altos círculos políticos en Washington, decidiendo que la guerra contra las drogas era una guerra de los norteamericanos iniciada por los mismos norteamericanos, presentando la iniciativa para legalizar el consumo de la mariguana en Uruguay bajo control del Estado con el fin de golpear a los narcotraficantes en donde más les duele, en sus bolsillos, arrebatándoles el monopolio del mercado que los ha hecho multimillonarios:

El debate de la legalización de la marihuana llega al Parlamento uruguayo
El gobierno de José Mujica argumenta que es una estrategia para combatir el narcotráfico y las drogas verdaderamente dañinas
CNN México
9 de agosto del 2012

La marihuana podría ser legal en Uruguay si el Parlamento aprueba el proyecto de ley que propone que el gobierno se responsabilice de controlar y regular la venta y producción de esta droga.

Este miércoles, el proyecto llegó a la mesa de debates del Parlamento haciendo oficial la intención que el presidente José Mujica había expresado en discursos anteriores, justificando su propuesta como una forma de cambiar la estrategia contra las drogas que en los últimos 50 años no ha rendido suficientes frutos.

“Lo peor que puede hacer una política pública, es no actuar cuando la evidencia demuestra que, con insistir en el mismo camino, no se obtendrán resultados diferentes”, dijo el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, el miércoles tras confirmar la entrega de la propuesta.

El proyecto de ley consta de tres breves párrafos en los que estipula que "el Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de marihuana y sus derivados”. Agrega que "el Estado ejercerá toda la actividad material que resulte necesaria, previa concomitante o posterior, para las actividades" mencionadas.

Según el gobierno, la propuesta no viola ninguna ley internacional y, en cambio, ofrece una respuesta a la necesidad de revisar las políticas contra el narcotráfico en el mundo, como propone la Comisión Global de Política de Drogas, la cual está integrada por personajes como el político e intelectual brasileño Fernando Henrique Cardoso, el expresidente colombiano César Gaviria, el expresidente mexicano Ernesto Zedillo, el político español Javier Solana y el escritor peruano Mario Vargas Llosa.

De acuerdo con el documento, las medidas son "en el marco de una política de reducción de daños" por lo que el gobierno buscará concientizar a la población sobre las consecuencias y efectos perjudiciales del consumo de esta droga.

“Nadie está diciendo que la marihuana sea buena”, dijo Cánepa al asegurar que la medida podrá ayudar a separar el mercado de las drogas legales de las ilegales y permitir concentrar los recursos hacia las drogas con efectos más nocivos.

“Sin dudas que el alcohol y el tabaco tienen efectos nocivos, sin embargo no se prohíben, se realizan campañas de sensibilización y de búsqueda de reducción de daños”.

En Uruguay el consumo de marihuana no está penalizado, pero el cultivo y la comercialización sí. De acuerdo con Cánepa, la ley permitiría eliminar las contradicciones en la legislación uruguaya.

La pasta base, el mal mayor

La legalización de la marihuana permitiría enfocar la lucha contra drogas más dañinas, como la pasta base, según Cánepa.

En Uruguay 80% de las personas que son atendidas por adicción son consumidoras de pasta base, mientras que el otro 20% lo son de cocaína, marihuana o alcohol, según estadísticas de la Administración de los Servicios de Salud del Estado.

Los efectos de la pasta base son potencialmente dañinos a la salud debido a su composición. La droga se elabora con residuos de cocaína que se combina con ácido sulfúrico y queroseno y, en varias ocasiones, se usa cloroformo, éter o carbonato de potasio. También es conocida como PBC, por pasta básica de cocaína.

En el país sudamericano, sólo el 2% de la población adicta recibe un tratamiento, de acuerdo con el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, citado por el diario El País de Uruguay.

¿Una estrategia sudamericana?

Uruguay no es el único con una iniciativa para despenalizar la marihuana. Sus vecinos argentinos y chilenos han llevado proyectos ante los legisladores recientemente como estrategia para combatir el narcotráfico.

A principios del mes de junio, la Cámara de Diputados de Argentina comenzó un debate sobre la despenalización del cultivo y consumo en público de cualquier estupefaciente, además de la reducción de las penas a las mulas, personas que transportan drogas en su cuerpo.

El proyecto de ley que fue aprobado por los tres bloques mayoritarios propone despenalizar el consumo de cualquier tipo de drogas, incluida la cocaína y la heroína, y permitir el cultivo permitido siempre que no tenga como fin su comercialización.

En Chile, dos senadores pusieron sobre la mesa el tema al entregar un proyecto que plantea legalizar el cultivo de marihuana para consumo personal y con fines terapéuticos, además de despenalizar que los consumidores la lleven consigo, reportó EFE este miércoles.

"Desde el punto de vista científico y sanitario no existen argumentos para señalar el porqué hay drogas consideradas lícitas, como el tabaco y el alcohol, y drogas ilícitas como la marihuana", argumentó el senador Fulvio Rossi, quien es médico de profesión.

Veamos las siguientes observaciones de un connotado columnista publicadas en varios medios:

El proyecto de estatizar la mariguana
Andrés Oppenheimer
Analista político
21 de agosto del 2012

A juzgar por lo que el presidente de Uruguay José Mujica me dijo la semana pasada en una entrevista, existe una posibilidad real de que en su país la gente pueda muy pronto comprar mariguana legalmente a una empresa regulada por el gobierno que estará a cargo de la distribución y venta de la droga.

Mujica, de 78 años, envió al Congreso hace unos días un proyecto de ley que tal vez sea la propuesta más audaz de legalización de mariguana en todo el mundo. La propuesta propone que el Estado “asuma el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de mariguana”.

El proyecto va mucho más allá de lo que han hecho países como Holanda y Portugal para despenalizar el uso de mariguana. También va mucho más lejos de propuestas recientes como las del presidente guatemalteco Otto Pérez Molina y de los presidentes de Colombia y México para iniciar un debate abierto sobre la legalización de las drogas.

¿Usted está proponiendo que el Estado venda marihuana?, le pregunté a Mujica.

“Es algo un poquito más profundo”, respondió. “Se trata de quitarles el mercado a los narcotraficantes”.

Mujica me explicó que, en la actualidad, los narcotraficantes que venden mariguana en Uruguay suelen llevar a los jóvenes a consumir drogas más pesadas y peligrosas, como la pasta de coca. Eso ha generado un importante aumento de la criminalidad en el país. “Preferimos que este mercado de las drogas blandas no sirva de entrada para las llamadas drogas más duras”, dijo Mujica.

Al tomar a su cargo y regular el negocio de la mariguana en Uruguay, estimado en unos 40 millones de dólares anuales, el Estado se lo quitará a los narcotraficantes, y los debilitará, aseguró Mujica. Además, el Estado llevaría un registro de todos los consumidores de mariguana, y les podría dar tratamiento a los más graves adictos, tal como se hace actualmente en el caso de los alcohólicos, dijo.

Cuando le pregunté si su idea es que los uruguayos compren mariguana en bares o en kioscos, Mujica dijo eso es algo que deberá decidir el Congreso. Agregó que su proyecto de ley tiene un “cincuenta por ciento” de apoyo en el Congreso, pero que espera que el debate público ayude a que sea aprobado.

¿Y qué piensa de la crítica de que una empresa estatal que venda mariguana se convertirá en una burocracia inepta, con grandes posibilidades de corromperse al entrar en el negocio del narcotráfico?, le pregunté.

Mujica, que hasta ahora no había aclarado si está a favor de que la empresa encargada de gerenciar su proyecto sea estatal o privada, dijo que “una empresa privada es la que va a vender” la mariguana bajo estricto control gubernamental, tal como ocurre ahora con las ventas de bebidas alcohólicas.

¿Y si esta ley se aprueba, no convertirá a Uruguay en una meca turística para fumadores de mariguana?, le pregunté. Mujica respondió que su plan es “un mecanismo para uruguayos” que estarán registrados y tendrán una ración mensual, y que los extranjeros no podrán comprar mariguana.

En cuanto a la crítica de que los precios más bajos de la mariguana producirán un aumento del consumo –como ocurrió cuando se abolió la prohibición del alcohol en Estados Unidos en la década de 1930–, Mujica señaló que se trata de un riesgo que vale la pena correr.

Cuando Estados Unidos levantó la prohibición del alcohol, “la gente al principio bebía un poco más...y el hecho es que Estados Unidos siguió viviendo, y hoy en día es una nación bastante próspera, ¿no?”, dijo.

“Lo que no podemos hacer es seguir haciéndonos los tontos, disimular y mirar para el otro lado” mientras sigue aumentando el consumo y la violencia relacionada con el narcotráfico, concluyó Mujica. “Entonces, tratamos de ensayar otras armas”.

Mi opinión: cuando leí por primera vez el proyecto de ley de Mujica proponiendo que el estado “asuma” el control del negocio de la mariguana, mi primera reacción fue pensar que Uruguay creará una nueva burocracia gubernamental, repleta de amigos del gobierno, que probablemente terminarán fumándose los ingresos de las ventas de mariguana o –peor aún– vendiendo drogas duras por debajo de la mesa.

Pero si el plan de Mujica es subcontratar una empresa privada de trayectoria conocida para gerenciar el negocio bajo regulaciones estatales –tal como ocurre con las empresas que venden whisky o cerveza–, tal como dijo en la entrevista, quizás no sea una idea tan loca. Los ingresos podrían usarse para pagar programas de educación, prevención y tratamiento para combatir drogas más duras.

Lo que está claro es que la guerra contra las drogas no está funcionando, y está dejando decenas de miles de muertos en todo el hemisferio. Si se hace bien, experimentar con “nuevas armas” será mejor que no hacer nada.

Al gobierno norteamericano, específicamente a la poderosa agencia antidrogas DEA (con un presupuesto mayor del que gozan varios países centroamericanos y sudamericanos) y al FBI, les hubiera gustado mucho que Uruguay, para complacer al gobierno norteamericano, hubiese declarado una sangrienta guerra al narcotráfico sacando al Ejército uruguayo de los cuarteles tal y como lo hizo el Presidente de las derechas y ultraderechas Felipe Calderón en México a un costo estratosférico y criminal de más de 10 mil muertos por año. Pero en vez de hacer tal cosa, el Presidente de Uruguay incurrió en un acto de desobediencia socarrona, tomando la iniciativa para legalizar la mariguana, una alternativa que ya había sido considerada previamente en estas bitácoras presentando opciones que a Felipe Calderón le entraron por un oído y le salieron por el otro. Circulan versiones de que varios parlamentarios de Uruguay, al ser cuestionados sobre una posible reacción negativa del gobierno norteamericano buscando tomar represalias en contra de Uruguay por no “alinearse” a las políticas y los intereses de Washington, han respondido con un punto de vista que puede ser condensado en común de la siguiente manera: “Nosotros somos un país libre, soberano e independiente, como país hemos cumplido la mayoría de edad y no tenemos por qué andarle pidiendo parecer al gobierno norteamericano sobre lo que debemos o podemos hacer dentro de nuestro propio territorio. No vamos a negociar nuestra soberanía e independencia a cambio de limosnas como las que ha estado recibiendo México a cambio de su enorme e inútil sacrificio, limosnas que el mismo gobierno norteamericano exije que sean utilizadas para continuar con sus guerras extraterritoriales en aras de sus políticas fallidas. Aceptar presiones de Washington a cambio de tales limosnas nos convertiría a los uruguayos en traidores, y no vamos a repetir aquí lo que está sucediendo en México”. No en vano la Secretaria de Estado Hillary Clinton, complacida por el abyecto entreguismo mostrado por las derechas de México a lo largo de 12 años, ante un posible regreso del PRI a Los Pinos exclamó la frase “Over my dead body! (¡Sobre mi cadáver!) atribuida en julio del 2011 a la jefa del Departamento de Estado estadounidense cuando se le preguntó si el gobierno norteamericano aceptaría la expulsión del PAN de Los Pinos en el 2012. Aunque pudiera argumentarse que en los tiempos de la hegemonía priista México no era muy independiente de los deseos manifestados por Washington, jamás en la Historia se llegó a extremos tan abyectos como los que mostró la derecha conservadora panista ante el vecino país del Norte. Pero un año después, en julio del 2012, el pueblo de México le demostró a la Secretaria de Estado que Washington no es quien le dicta las órdenes al pueblo de México a la hora de votar en las elecciones presidenciales, obligando a Washington a desplegar una estrategia de “control de daños” con un acercamiento con el ex mandatario mexiquense Enrique Peña Nieto. Lógicamente, la expulsión del Partido Acción Nacional en el 2012 se convirtió en el primer paso indispensable y necesario en México para empezar a recuperar aunque sea un poco la humillada y sometida soberanía nacional, al igual que el triunfo del Benemérito de las Américas sobre el Imperio encabezado por el aristócrata europeo que fue coronado por una derecha conservadora reaccionaria y traidora se convirtió en el primer paso necesario para la instauración de una verdadera república en México confinando a los traidores al lugar que les corresponde.

Otro caso de una defensa gloriosa de la soberanía nacional lo dió el Presidente de Ecuador al concederle asilo diplomático el 19 de junio del 2012 al fundador de  Wikileaks, Julian Assange, en vez de permitirle al gobierno británico la deportación de Assange a Suecia con el propósito real y final de enviarlo desde Suecia hacia los Estados Unidos para que el gobierno norteamericano pudiera cobrar una dura venganza en contra del hombre que exhibió y puso al descubierto ante el mundo entero los secretos más obscuros del gobierno norteamericano. Julián Assange podría enfrentar la pena de muerte en los Estados Unidos por las filtraciones WikiLeaks, observándose que cuando Ecuador le concedió el asilo a Assange el militar Bradley Manning llevaba ya 800 días preso sin que se le hubiera hecho juicio alguno. Para darse una idea de lo que el gobierno norteamericano tal vez tenga planeado hacer con Assange una vez que lo tenga en sus manos, basta ver lo que ha hecho con Bradley Manning comparando sus fotos de antes y después cuando se encontraba ya en estado catatónico a base de tantos interrogatorios y tantas palizas:





Si esto se lo hicieron a un ciudadano norteamericano encarcelado por 800 días días sin haberle concedido en todo ese tiempo el juicio al que tenía derecho, Julian Assange que no es ciudadano norteamericano sino australiano tiene toda la razón del mundo en temer por lo que le pueda suceder en caso de caer en manos del gobierno norteamericano. Lo menos que le sucedería serían los interrogatorios a los que seguramente sería sometido por los servicios de inteligencia para extraerle por las buenas o por las malas todo acerca de sus colaboradores en WikiLeaks y todo lo que permita destruír por completo la endeble organización fundada por Assange, y tras los interrogatorios podría ser confinado a un sanatorio de enfermos mentales al quedar en un estado peor aún que el estado en el cual quedó Bradley Manning después de recibir sobre sí la furia del sistema. El Presidente Rafael Correa sabía perfectamente bien que al concederle asilo diplomático a Julian Assange se estaba enfrentando a una reacción iracunda del gobierno norteamericano en contra de Ecuador. Sin embargo, el Presidente Rafael Correa no es ningún Felipe Calderón ni milita en una organización de traidores natos como lo hacen los que pertenecen a la derecha recalcitrante de México que resultó ser tan servil a los intereses de los vecinos del Norte hasta caer en la abyección. El Presidente Correa hizo lo que creyó correcto, y reclamó para Ecuador una soberanía que en México bajo el panismo depredador refugio de las derechas terminó convirtiéndose en una cosa inexistente.

¿Y con estas cosas como estas todavía hay alucinados que insisten en seguir trabajando para un eventual regreso del PAN y sus infiltradores de la extrema derecha a la silla del poder presidencial?