Rescatando la soberanía nacional

Una cosa en la que fue muy buena la anodina derecha reaccionaria panista fue en entregar en bandeja de plata la soberanía nacional a cambio de prácticamente nada más que elogios y felicitaciones de quienes recibieron tales muestras de humillante arrodillamiento. Ejemplos de ello abundan y sobran.

Sin embargo, no todos los Presidentes son unos viles entreguistas de la soberanía nacional de los países que representan. Hay honrosas excepciones. Una excepción tal la tenemos en el caso del Presidente de Uruguay, José Mujica, el cual tomó una iniciativa que provocó la ira en los altos círculos políticos en Washington, decidiendo que la guerra contra las drogas era una guerra de los norteamericanos iniciada por los mismos norteamericanos, presentando la iniciativa para legalizar el consumo de la mariguana en Uruguay bajo control del Estado con el fin de golpear a los narcotraficantes en donde más les duele, en sus bolsillos, arrebatándoles el monopolio del mercado que los ha hecho multimillonarios:

El debate de la legalización de la marihuana llega al Parlamento uruguayo
El gobierno de José Mujica argumenta que es una estrategia para combatir el narcotráfico y las drogas verdaderamente dañinas
CNN México
9 de agosto del 2012

La marihuana podría ser legal en Uruguay si el Parlamento aprueba el proyecto de ley que propone que el gobierno se responsabilice de controlar y regular la venta y producción de esta droga.

Este miércoles, el proyecto llegó a la mesa de debates del Parlamento haciendo oficial la intención que el presidente José Mujica había expresado en discursos anteriores, justificando su propuesta como una forma de cambiar la estrategia contra las drogas que en los últimos 50 años no ha rendido suficientes frutos.

“Lo peor que puede hacer una política pública, es no actuar cuando la evidencia demuestra que, con insistir en el mismo camino, no se obtendrán resultados diferentes”, dijo el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, el miércoles tras confirmar la entrega de la propuesta.

El proyecto de ley consta de tres breves párrafos en los que estipula que "el Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de marihuana y sus derivados”. Agrega que "el Estado ejercerá toda la actividad material que resulte necesaria, previa concomitante o posterior, para las actividades" mencionadas.

Según el gobierno, la propuesta no viola ninguna ley internacional y, en cambio, ofrece una respuesta a la necesidad de revisar las políticas contra el narcotráfico en el mundo, como propone la Comisión Global de Política de Drogas, la cual está integrada por personajes como el político e intelectual brasileño Fernando Henrique Cardoso, el expresidente colombiano César Gaviria, el expresidente mexicano Ernesto Zedillo, el político español Javier Solana y el escritor peruano Mario Vargas Llosa.

De acuerdo con el documento, las medidas son "en el marco de una política de reducción de daños" por lo que el gobierno buscará concientizar a la población sobre las consecuencias y efectos perjudiciales del consumo de esta droga.

“Nadie está diciendo que la marihuana sea buena”, dijo Cánepa al asegurar que la medida podrá ayudar a separar el mercado de las drogas legales de las ilegales y permitir concentrar los recursos hacia las drogas con efectos más nocivos.

“Sin dudas que el alcohol y el tabaco tienen efectos nocivos, sin embargo no se prohíben, se realizan campañas de sensibilización y de búsqueda de reducción de daños”.

En Uruguay el consumo de marihuana no está penalizado, pero el cultivo y la comercialización sí. De acuerdo con Cánepa, la ley permitiría eliminar las contradicciones en la legislación uruguaya.

La pasta base, el mal mayor

La legalización de la marihuana permitiría enfocar la lucha contra drogas más dañinas, como la pasta base, según Cánepa.

En Uruguay 80% de las personas que son atendidas por adicción son consumidoras de pasta base, mientras que el otro 20% lo son de cocaína, marihuana o alcohol, según estadísticas de la Administración de los Servicios de Salud del Estado.

Los efectos de la pasta base son potencialmente dañinos a la salud debido a su composición. La droga se elabora con residuos de cocaína que se combina con ácido sulfúrico y queroseno y, en varias ocasiones, se usa cloroformo, éter o carbonato de potasio. También es conocida como PBC, por pasta básica de cocaína.

En el país sudamericano, sólo el 2% de la población adicta recibe un tratamiento, de acuerdo con el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, citado por el diario El País de Uruguay.

¿Una estrategia sudamericana?

Uruguay no es el único con una iniciativa para despenalizar la marihuana. Sus vecinos argentinos y chilenos han llevado proyectos ante los legisladores recientemente como estrategia para combatir el narcotráfico.

A principios del mes de junio, la Cámara de Diputados de Argentina comenzó un debate sobre la despenalización del cultivo y consumo en público de cualquier estupefaciente, además de la reducción de las penas a las mulas, personas que transportan drogas en su cuerpo.

El proyecto de ley que fue aprobado por los tres bloques mayoritarios propone despenalizar el consumo de cualquier tipo de drogas, incluida la cocaína y la heroína, y permitir el cultivo permitido siempre que no tenga como fin su comercialización.

En Chile, dos senadores pusieron sobre la mesa el tema al entregar un proyecto que plantea legalizar el cultivo de marihuana para consumo personal y con fines terapéuticos, además de despenalizar que los consumidores la lleven consigo, reportó EFE este miércoles.

"Desde el punto de vista científico y sanitario no existen argumentos para señalar el porqué hay drogas consideradas lícitas, como el tabaco y el alcohol, y drogas ilícitas como la marihuana", argumentó el senador Fulvio Rossi, quien es médico de profesión.

Veamos las siguientes observaciones de un connotado columnista publicadas en varios medios:

El proyecto de estatizar la mariguana
Andrés Oppenheimer
Analista político
21 de agosto del 2012

A juzgar por lo que el presidente de Uruguay José Mujica me dijo la semana pasada en una entrevista, existe una posibilidad real de que en su país la gente pueda muy pronto comprar mariguana legalmente a una empresa regulada por el gobierno que estará a cargo de la distribución y venta de la droga.

Mujica, de 78 años, envió al Congreso hace unos días un proyecto de ley que tal vez sea la propuesta más audaz de legalización de mariguana en todo el mundo. La propuesta propone que el Estado “asuma el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de mariguana”.

El proyecto va mucho más allá de lo que han hecho países como Holanda y Portugal para despenalizar el uso de mariguana. También va mucho más lejos de propuestas recientes como las del presidente guatemalteco Otto Pérez Molina y de los presidentes de Colombia y México para iniciar un debate abierto sobre la legalización de las drogas.

¿Usted está proponiendo que el Estado venda marihuana?, le pregunté a Mujica.

“Es algo un poquito más profundo”, respondió. “Se trata de quitarles el mercado a los narcotraficantes”.

Mujica me explicó que, en la actualidad, los narcotraficantes que venden mariguana en Uruguay suelen llevar a los jóvenes a consumir drogas más pesadas y peligrosas, como la pasta de coca. Eso ha generado un importante aumento de la criminalidad en el país. “Preferimos que este mercado de las drogas blandas no sirva de entrada para las llamadas drogas más duras”, dijo Mujica.

Al tomar a su cargo y regular el negocio de la mariguana en Uruguay, estimado en unos 40 millones de dólares anuales, el Estado se lo quitará a los narcotraficantes, y los debilitará, aseguró Mujica. Además, el Estado llevaría un registro de todos los consumidores de mariguana, y les podría dar tratamiento a los más graves adictos, tal como se hace actualmente en el caso de los alcohólicos, dijo.

Cuando le pregunté si su idea es que los uruguayos compren mariguana en bares o en kioscos, Mujica dijo eso es algo que deberá decidir el Congreso. Agregó que su proyecto de ley tiene un “cincuenta por ciento” de apoyo en el Congreso, pero que espera que el debate público ayude a que sea aprobado.

¿Y qué piensa de la crítica de que una empresa estatal que venda mariguana se convertirá en una burocracia inepta, con grandes posibilidades de corromperse al entrar en el negocio del narcotráfico?, le pregunté.

Mujica, que hasta ahora no había aclarado si está a favor de que la empresa encargada de gerenciar su proyecto sea estatal o privada, dijo que “una empresa privada es la que va a vender” la mariguana bajo estricto control gubernamental, tal como ocurre ahora con las ventas de bebidas alcohólicas.

¿Y si esta ley se aprueba, no convertirá a Uruguay en una meca turística para fumadores de mariguana?, le pregunté. Mujica respondió que su plan es “un mecanismo para uruguayos” que estarán registrados y tendrán una ración mensual, y que los extranjeros no podrán comprar mariguana.

En cuanto a la crítica de que los precios más bajos de la mariguana producirán un aumento del consumo –como ocurrió cuando se abolió la prohibición del alcohol en Estados Unidos en la década de 1930–, Mujica señaló que se trata de un riesgo que vale la pena correr.

Cuando Estados Unidos levantó la prohibición del alcohol, “la gente al principio bebía un poco más...y el hecho es que Estados Unidos siguió viviendo, y hoy en día es una nación bastante próspera, ¿no?”, dijo.

“Lo que no podemos hacer es seguir haciéndonos los tontos, disimular y mirar para el otro lado” mientras sigue aumentando el consumo y la violencia relacionada con el narcotráfico, concluyó Mujica. “Entonces, tratamos de ensayar otras armas”.

Mi opinión: cuando leí por primera vez el proyecto de ley de Mujica proponiendo que el estado “asuma” el control del negocio de la mariguana, mi primera reacción fue pensar que Uruguay creará una nueva burocracia gubernamental, repleta de amigos del gobierno, que probablemente terminarán fumándose los ingresos de las ventas de mariguana o –peor aún– vendiendo drogas duras por debajo de la mesa.

Pero si el plan de Mujica es subcontratar una empresa privada de trayectoria conocida para gerenciar el negocio bajo regulaciones estatales –tal como ocurre con las empresas que venden whisky o cerveza–, tal como dijo en la entrevista, quizás no sea una idea tan loca. Los ingresos podrían usarse para pagar programas de educación, prevención y tratamiento para combatir drogas más duras.

Lo que está claro es que la guerra contra las drogas no está funcionando, y está dejando decenas de miles de muertos en todo el hemisferio. Si se hace bien, experimentar con “nuevas armas” será mejor que no hacer nada.

Al gobierno norteamericano, específicamente a la poderosa agencia antidrogas DEA (con un presupuesto mayor del que gozan varios países centroamericanos y sudamericanos) y al FBI, les hubiera gustado mucho que Uruguay, para complacer al gobierno norteamericano, hubiese declarado una sangrienta guerra al narcotráfico sacando al Ejército uruguayo de los cuarteles tal y como lo hizo el Presidente de las derechas y ultraderechas Felipe Calderón en México a un costo estratosférico y criminal de más de 10 mil muertos por año. Pero en vez de hacer tal cosa, el Presidente de Uruguay incurrió en un acto de desobediencia socarrona, tomando la iniciativa para legalizar la mariguana, una alternativa que ya había sido considerada previamente en estas bitácoras presentando opciones que a Felipe Calderón le entraron por un oído y le salieron por el otro. Circulan versiones de que varios parlamentarios de Uruguay, al ser cuestionados sobre una posible reacción negativa del gobierno norteamericano buscando tomar represalias en contra de Uruguay por no “alinearse” a las políticas y los intereses de Washington, han respondido con un punto de vista que puede ser condensado en común de la siguiente manera: “Nosotros somos un país libre, soberano e independiente, como país hemos cumplido la mayoría de edad y no tenemos por qué andarle pidiendo parecer al gobierno norteamericano sobre lo que debemos o podemos hacer dentro de nuestro propio territorio. No vamos a negociar nuestra soberanía e independencia a cambio de limosnas como las que ha estado recibiendo México a cambio de su enorme e inútil sacrificio, limosnas que el mismo gobierno norteamericano exije que sean utilizadas para continuar con sus guerras extraterritoriales en aras de sus políticas fallidas. Aceptar presiones de Washington a cambio de tales limosnas nos convertiría a los uruguayos en traidores, y no vamos a repetir aquí lo que está sucediendo en México”. No en vano la Secretaria de Estado Hillary Clinton, complacida por el abyecto entreguismo mostrado por las derechas de México a lo largo de 12 años, ante un posible regreso del PRI a Los Pinos exclamó la frase “Over my dead body! (¡Sobre mi cadáver!) atribuida en julio del 2011 a la jefa del Departamento de Estado estadounidense cuando se le preguntó si el gobierno norteamericano aceptaría la expulsión del PAN de Los Pinos en el 2012. Aunque pudiera argumentarse que en los tiempos de la hegemonía priista México no era muy independiente de los deseos manifestados por Washington, jamás en la Historia se llegó a extremos tan abyectos como los que mostró la derecha conservadora panista ante el vecino país del Norte. Pero un año después, en julio del 2012, el pueblo de México le demostró a la Secretaria de Estado que Washington no es quien le dicta las órdenes al pueblo de México a la hora de votar en las elecciones presidenciales, obligando a Washington a desplegar una estrategia de “control de daños” con un acercamiento con el ex mandatario mexiquense Enrique Peña Nieto. Lógicamente, la expulsión del Partido Acción Nacional en el 2012 se convirtió en el primer paso indispensable y necesario en México para empezar a recuperar aunque sea un poco la humillada y sometida soberanía nacional, al igual que el triunfo del Benemérito de las Américas sobre el Imperio encabezado por el aristócrata europeo que fue coronado por una derecha conservadora reaccionaria y traidora se convirtió en el primer paso necesario para la instauración de una verdadera república en México confinando a los traidores al lugar que les corresponde.

Otro caso de una defensa gloriosa de la soberanía nacional lo dió el Presidente de Ecuador al concederle asilo diplomático el 19 de junio del 2012 al fundador de  Wikileaks, Julian Assange, en vez de permitirle al gobierno británico la deportación de Assange a Suecia con el propósito real y final de enviarlo desde Suecia hacia los Estados Unidos para que el gobierno norteamericano pudiera cobrar una dura venganza en contra del hombre que exhibió y puso al descubierto ante el mundo entero los secretos más obscuros del gobierno norteamericano. Julián Assange podría enfrentar la pena de muerte en los Estados Unidos por las filtraciones WikiLeaks, observándose que cuando Ecuador le concedió el asilo a Assange el militar Bradley Manning llevaba ya 800 días preso sin que se le hubiera hecho juicio alguno. Para darse una idea de lo que el gobierno norteamericano tal vez tenga planeado hacer con Assange una vez que lo tenga en sus manos, basta ver lo que ha hecho con Bradley Manning comparando sus fotos de antes y después cuando se encontraba ya en estado catatónico a base de tantos interrogatorios y tantas palizas:

Si esto se lo hicieron a un ciudadano norteamericano encarcelado por 800 días días sin haberle concedido en todo ese tiempo el juicio al que tenía derecho, Julian Assange que no es ciudadano norteamericano sino australiano tiene toda la razón del mundo en temer por lo que le pueda suceder en caso de caer en manos del gobierno norteamericano. Lo menos que le sucedería serían los interrogatorios a los que seguramente sería sometido por los servicios de inteligencia para extraerle por las buenas o por las malas todo acerca de sus colaboradores en WikiLeaks y todo lo que permita destruír por completo la endeble organización fundada por Assange, y tras los interrogatorios podría ser confinado a un sanatorio de enfermos mentales al quedar en un estado peor aún que el estado en el cual quedó Bradley Manning después de recibir sobre sí la furia del sistema. El Presidente Rafael Correa sabía perfectamente bien que al concederle asilo diplomático a Julian Assange se estaba enfrentando a una reacción iracunda del gobierno norteamericano en contra de Ecuador. Sin embargo, el Presidente Rafael Correa no es ningún Felipe Calderón ni milita en una organización de traidores natos como lo hacen los que pertenecen a la derecha recalcitrante de México que resultó ser tan servil a los intereses de los vecinos del Norte hasta caer en la abyección. El Presidente Correa hizo lo que creyó correcto, y reclamó para Ecuador una soberanía que en México bajo el panismo depredador refugio de las derechas terminó convirtiéndose en una cosa inexistente.

¿Y con estas cosas como estas todavía hay alucinados que insisten en seguir trabajando para un eventual regreso del PAN y sus infiltradores de la extrema derecha a la silla del poder presidencial?