TELEVISA, ¿dueña de México?

Hay numerosos ejemplos, quizá demasiados, de que ese buitre voraz llamado TELEVISA ha acaparado ya demasiado poder político en sus manos, sintiéndose todopoderosa en territorio mexicano (la mafia de TELEVISA quisiera también ser todopoderosa fuera de México, pero eso ya no se lo permiten los demás países que conociendo la naturaleza del pulpo monstruoso le han estado negando sus peticiones para instalarse fuera de México acaparando y monopolizando el espacio radioeléctrico como lo hace en México a costa de presionar, sobornar y corromper). Además de sus agresiones abiertas en contra del periodismo independiente, en la agonía del declinante sexenio calderonista salió a la luz un nuevo ejemplo de lo que es realmente TELEVISA, con el cual se confirmó por enésima ocasión que, con tal de complacer y quedar bien con el monstruoso duopolio televisivo, el gobierno de derecha ultraconservadora calderonista arremetió en contra de la empresa MVS usando el poder público en contra de los particulares que en calidad minoritaria también atienden servicios de radiocomunicación y que no son tan paleros de los poderes fácticos que gobiernan a México tras bambalinas:

Veamos primero lo siguiente:

Golpe a MVS, un “rescate” arbitrario a la medida de Televisa
Jenaro Villamil
Revista PROCESO # 1867
11 de agosto del 2012

Aún con el durísimo golpe de repudio dado por el pueblo de México al PAN-Gobierno en las elecciones presidenciales del 2012, Felipe Calderón no desperdició los pocos meses que le quedaban de su agonizante sexenio para agradecerle los favores que le fueron concedidos por la manipuladora TELEVISA a su régimen de derecha.

En un golpe clásico de final de mandato, Felipe Calderón, por medio del secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, decidió beneficiar a Grupo Televisa al retirarle a MVS las concesiones en la banda de 2.5 gigahertz. Según expertos consultados por Proceso, la propuesta que había hecho la empresa propiedad de la familia Vargas para el uso de esa franja del espectro radioeléctrico era económicamente viable y hubiera permitido el acceso a Internet de alta velocidad a sectores mayoritarios de la población. Con la  medida gubernamental, puntualizan los especialistas, está claro que sólo se benefician los intereses monopólicos del consorcio encabezado por Emilio Azcárraga Jean.

Un día antes de la inusitada conferencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, en la que anunció el rompimiento de las negociaciones con Grupo MVS en torno a la renovación de las concesiones de la banda 2.5 gigahertz, el director de Información de Grupo Televisa, Javier Tejado Dondé, sentenció en un artículo que le publicó Reforma el martes 7:

“Mientras en todo el mundo esta banda se licita para que haya más competencia y recursos para usos apremiantes del Estado, en México la tirada de MVS es quedarse con tal cantidad de espectro en donde cabrían hasta cuatro nuevas empresas de telefonía celular y servicios móviles. Lo que representa el más grande intento de abuso sobre las telecomunicaciones en México”.

En su artículo titulado “MVS, Aristegui y Banda 2.5 ghz”, el artífice de la Ley Televisa, cabildero del consorcio de Emilio Azcárraga Jean frente a legisladores y ante autoridades de la SCT y de la Cofetel dejó muy claro el descontento del monopolio televisivo ante la posibilidad de una competencia en el cuádruple play.

También especuló sobre el acercamiento entre MVS y el equipo de campaña de Enrique Peña Nieto, como si Grupo Televisa no hubiera estado alineado desde 2005 con el exgobernador mexiquense.

“¿Qué está en juego para MVS?”, se preguntó. “Para empezar hay que decir que ningún operador tiene tanto espectro como MVS, que detenta 190 mhz. Como comparativo, el que le sigue en acumulación es Telcel, con 80 mhz. Pero además de la diferencia per se, hay que decir que con su espectro Telcel atiende a 68 millones de usuarios y MVS, con 190 mhz, tiene cero usuarios. Todos sus usuarios hace más de dos años, fueron migrados al sistema de televisión satelital Dish”.

Con base en cálculos de la SCT, Tejado Dondé afirmó que el espectro de MVS tiene un valor aproximado de 2 mil millones de dólares, y “pretende quedarse con todo el espectro y administrarlo, como si fuera el Estado, para que otras empresas lo trabajen”.

El director de Información de Televisa no mencionó que durante más de cinco años la administración de Calderón y la familia Vargas negociaron la renovación de las 42 concesiones en la banda 2.5 ghz, y que la empresa de Emilio Azcárraga Jean presionó, desde el surgimiento de Grupo Dish en 2009, para que el gobierno calderonista no renovara estas concesiones y mucho menos permitiera el proyecto de “Banda Ancha para Todos”, anunciado en abril de 2011 por MVS y un consorcio de empresas ajenas a los intereses de Televisa como Alestra, Intel y Clearwire.

Parcialidad

En perfecta sincronización, un día después de que se publicó el artículo del alto ejecutivo de Grupo Televisa, Pérez Jácome anunció que la SCT decidió “negar la prórroga de todas las concesiones vencidas en la banda de 2.5 ghz” e “iniciar el procedimiento de rescate” de todas las concesiones vigentes en la misma banda.

Los argumentos del funcionario fueron prácticamente los mismos de Grupo Televisa para justificar el “rescate” de este espectro, considerado uno de los más importantes para los servicios de cuádruple play.

Se trata de los mismos servicios que pretenden ofrecer Iusacell y Televisa una vez que la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) autorizó en junio pasado la fusión de ambos grupos, a pesar de la oposición de especialistas, legisladores, agrupaciones como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, que interpuso un amparo en contra de la decisión, y de otros competidores que consideran que la medida fortalece el “monopolio de la opinión pública” establecido por Televisa y TV Azteca.

Pérez Jácome arguyó que en México existen 11 operadores con 68 concesiones vigentes en la banda de 2.5 ghz, que van desde operadores de una concesión hasta MVS, que posee 42. “Lo cierto es que esta banda está considerablemente subutilizada”, sentenció.

“Para dar una idea de la dimensión de esta subutilización me permitiré utilizar un símil: la banda de 2.5 ghz es como una autopista de altas especificaciones de la que en México estamos utilizando apenas el acotamiento”, detalló el funcionario.

Además, informó que entre 2007 y 2012 la SCT le presentó a MVS diversos esquemas para autorizar la prórroga, a cambio del pago de una contraprestación. “MVS no aceptó ninguna de las propuestas; sin duda, ellos también pusieron sobre la mesa algunas alternativas, pero éstas fueron inaceptables, ya sea porque no aseguraban la explotación eficiente del espectro o no cumplían con las mejores condiciones económicas para el Estado, como prevé el artículo 134 de la Constitución”, explicó el secretario de Comunicaciones y Transportes.

Al igual que Televisa y Tejado Dondé, el titular de la SCT se refirió a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que desde 2000 estableció que la banda de 2.5 ghz es susceptible a la prestación de los servicios internacionales móviles, y puso como ejemplo el plan de reordenamiento en Europa, Asia, Canadá, Brasil, Chile, Colombia y Perú.

Tanto la UIT como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), al igual que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), señalan que la banda de los 700 Mhz (690-806 mhz) es una de las más importantes, sobre todo ahora con los adelantos tecnológicos de la digitalización para los servicios de banda ancha.

El miércoles 8, el pleno de la Cofetel reconoció los trabajos para “definir la segmentación” de este espectro y utilizarlo “en un futuro” en aplicaciones de la banda ancha.

Sin embargo, la banda de 700 mhz está acaparada por los actuales canales analógicos de televisión, que en 95% son propiedad de Grupo Televisa y TV Azteca, como han señalado los especialistas de Mediatelecom, portal especializado en telecomunicaciones.

La llamada política de Transición Digital Terrestre –que obligaría a Televisa y a TV Azteca a devolver sus canales analógicos y liberar el espectro de los 700 mhz– ha sido frenada constantemente por el propio duopolio televisivo.

Una semana después, apareció publicado lo siguiente:

Acusa MVS venganza en el retiro de banda ancha
Staff
Agencia REFORMA
16 de agosto del 2012

Joaquín Vargas, presidente del Consejo de Administración de MVS, aseguró que el Gobierno Federal condicionó la autorización de su proyecto para la banda de 2.5 GHz a una disculpa de la periodista Carmen Aristegui vinculada a comentarios sobre el presidente Felipe Calderón.

El 4 de febrero de 2011, Aristegui, titular de la Primera Emisión de Noticias MVS, lanzó al aire una pregunta relacionada con un supuesto problema de alcoholismo del presidente, minutos después, dijo el directivo, recibió una llamada de Alejandra Sota, coordinadora de Comunicación Social de la Presidencia, quien exigió una disculpa pública de la periodista.

Más adelante, ese mismo mes, Dionisio Pérez-Jácome, titular de la SCT, hizo un planteamiento similar, agregando que la Presidencia no gestionaría la banda de 2.5 GHz hasta que se diera la disculpa.

“Tengo instrucciones del señor presidente de no gestionar el asunto de MVS y en especial la 2.5 hasta que no haya disculpa de Aristegui”, refirió Vargas, respecto a su conversación con el secretario.

Además de su conversación con el titular de SCT, el directivo de MVS también refirió una conversación con Javier Lozano, entonces titular de la Secretaría del Trabajo, justo en la época cuando Carmen Aristegui salió de la empresa.

“Hemos encontrado que tu proyecto de la 2.5, tiene méritos propios, pero si recontratas a la periodista, a tu proyecto se lo lleva la chingada y te olvidas de este Gobierno hasta su último día”, dijo el empresario en referencia a la advertencia de Lozano.

Ayer, minutos más tarde de la conferencia de Vargas, el senador electo del PAN respondió al respecto vía Twitter.

“Ya me enteré de lo que dijo de mí @JoaquinVargasG. Pronto contestaré y aclararé las cosas”, escribió.

La semana pasada, Dionisio Pérez-Jácome, titular de la SCT, informó que el Gobierno iniciará el rescate de la banda de 2.5 GHz, que sirve para dar servicios de banda ancha móvil, ya que se encuentra subutilizada por MVS.

Sin embargo, la empresa ha asegurado que peleará por quedarse con la banda, incluso en instancias internacionales.

“Defenderemos dentro del marco de la ley lo que nuestros derechos garantizan”, afirmó el empresario.

El presidente de MVS Comunicaciones, Joaquín Vargas, aseguró que expondrá las pruebas donde sustenta que recibió presiones del Gobierno federal para que arreglara un problema editorial a cambio de resolver el caso de la banda ancha de 2.5 Gigahertz (GHz), en caso de que los funcionarios que señaló nieguen el chantaje.

“Yo lo único que pido es que si alguno de los que yo mencioné como ya tenemos el caso de dos personas, el Secretario (Dionisio Pérez-Jácome) y ahora el señor Javier Lozano, dice que no es cierto, bueno pues yo me comprometo a aportar, a acreditar que lo que estoy diciendo es cierto”, externó Vargas en entrevista para Radio Fórmula.

Vargas señaló que sus imputaciones las hace con toda responsabilidad y a cuesta de su prestigio como hombre de negocios y como cabeza de un consorcio.

“Estoy muy consciente de lo que estoy haciendo y lo hago consciente de la responsabilidad fiduciaria que tengo con todos los accionistas. Tengo un prestigio y hablo a título personal como empresario, no me dedico a esto y mucho menos a grabar, ni mucho menos a nada.

“Pero también entiendo que el que dice, tiene la obligación de probarlo”, sostuvo.

Hasta el momento, tanto el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome, como el senador electo del PAN, Javier Lozano han negado que se hubiera chantajeado al presidente del Consejo de Administración de MVS, para mantener la concesión de banda de 2.5 GHz.

‘Presionó televisora para que nos retiraran concesiones’

Vargas señaló que a partir del lanzamiento de Dish, en 2008, y como consecuencia de su política de precios bajos, Televisa y sus organismos afines buscaron que les retiraran las concesiones en la banda de 2.5 Gigahertz, y que prueba de ello son los escritos presentados por Cablevisión.

“El rescate de la frecuencia MVS combina dos hechos abominables, por un lado, la actuación sesgada de funcionarios públicos, da igual si fueron movidos por la ambición, el miedo o la complacencia negligente, que han favorecido ilegalmente los intereses de Televisa ya sea para aumentar sus activos o para favorecer a los competidores”, señaló Vargas.

Vargas señaló que lo que ha ganado Televisa es que durante este sexenio MVS no haya podido dar servicios de triple y cuádruple play con Dish y que con el rescate de la banda inhiben que ellos entren como un potencial competidor, pues ellos, ahora en alianza con Iusacell, son los únicos que pueden ofrecer servicios de voz, video y datos tanto fijos como móviles a nivel nacional.

Agregó que en el caso de que el rescate de la banda prospere, serán pocos los jugadores que puedan entrar en dichas frecuencias.

“A MVS le bloquean la autopista y a Televisa le construyen un segundo piso”, espetó Vargas.

La reacción oficial fue furiosa, afirmando que no existía prueba alguna de las acusaciones formuladas por el presidente del consejo de administración de la empresa MVS, recalcando que todas las acusaciones eran puras calumnias y acusaciones viles sin fundamento. Mejor se hubieran quedado callados:

Desnuda Vargas presiones de Los Pinos para echar a Aristegui
Agencia APRO
22 de agosto del 2012

El presidente de la cadena MVS, Joaquín Vargas, presentó una serie de mensajes de texto, correos electrónicos y conversaciones con altos funcionarios del gabinete presidencial que exhiben la presión de Los Pinos para echar a la periodista Carmen Aristegui, conductora del espacio de noticias matinal de dicha empresa.

“Te va a costar mucho la relación con ella, yo la corría, sé que no me estás preguntando”, le sugirió al empresario el entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano.

También Lozano le insistió en otra charla: “Joaquín debes dar una postura (sobre Aristegui) y luego nosotros la exhibimos como mentirosa”.

Vargas relató que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, suspendió una reunión programada con él en febrero del año pasado. Le condicionó que la cita se celebraría siempre y cuando Aristegui pidiera una disculpa por haber cuestionado al aire el presunto alcoholismo de Felipe Calderón.

La coordinadora de Comunicación Social de la presidencia, Alejandra Sota, le entregó a Vargas un texto de disculpa que Aristegui debía leer al aire y asumir como de su propia autoría. En dicha carta, la periodista estaba obligada a decir que Calderón no se había ausentado a ningún acto público y que después de charlar con personajes cercanos a él comprobó que era deportista y no abusaba del alcohol.

Vargas, quien después echó a Aristegui de MVS, justificó: “Actué convencido pero bajo presión”. Posteriormente, el empresario se disculpó: “Actué de forma precipitada”.

El dueño de MVS dio una rueda de prensa este miércoles como parte del conflicto entre la empresa y el gobierno federal ante el rechazo de concederle a la compañía la posibilidad de ofrecer servicios de banda ancha en materia de telecomunicaciones.

Carmen Aristegui posteriormente regresó a MVS, donde actualmente funge como responsable del noticiero matutino.

Desde las trincheras de la oposición, en otros tiempos la derecha ultraconservadora de México no cesaba de denunciar una represión casi absoluta en contra de la libertad de prensa y en contra de la libertad de expresión no solo en los países del bloque soviético sino en el mismo México gobernado hegemónicamente por el PRI, y algo tenían de razón en ello. Sin embargo, al acceder al poder, y ya una vez que les gustó ser los que mandaban en México, no tuvieron inconveniente alguno en tratar de poner en práctica hipócritamente lo mismo que antes denunciaban con tanta fiereza, sin querer darse cuenta o pretendiendo querer olvidar que el México del nuevo milenio era ya otro México diferente al México del siglo XX.

El siguiente analista concluye cómo lo sucedido en el caso MVS no hace sino confirmar que al autoritarismo ejercido desde la cúspide del gobierno federal a lo largo del siglo XX no sólo no fue hecho a un lado por la derecha ultraconservadora de México, sino que incluso fue abrazado y adoptado entusiastamente por quienes en otros tiempos desde las trincheras de la oposición hipócritamente pedían a gritos un cambio que nunca llegó:

MVS y el autoritarismo mexicano
Jesús Cantú
Agencia APRO
27 de agosto del 2012

Las revelaciones de Joaquín Vargas sobre las acciones del gobierno para retirarle la concesión de la banda 2.5 ghz., y las discusiones posteriores, revelan en toda su magnitud la persistente presencia del autoritarismo en el Estado mexicano: la ausencia flagrante del estado de derecho y la supremacía de las prácticas clientelares en el tratamiento de los asuntos públicos.

En primera instancia, con lo ocurrido hasta ahora en este caso se demuestra diáfanamente la ausencia de un procedimiento claro, transparente y preciso que brinde garantías jurídicas a todos para renovar, revocar o modificar los términos de las concesiones vigentes o que concluyeron su periodo. Esa es precisamente la discusión: si MVS podía prorrogar, según expresión del mismo presidente del Consejo de Administración de esa empresa, dicha concesión, y si a través de la misma podía prestar servicios adicionales.

En un país donde se respeta el estado de derecho, eso está normado y tiene procedimientos, autoridades, requisitos y tiempos claramente establecidos. En México, según reconocen los actores involucrados, todo esto se realizó a través de varias decenas de anárquicas reuniones privadas, donde regía la arbitrariedad y la discrecionalidad de la autoridad. Precisamente por ello se hicieron propuestas y contrapropuestas, como si se tratase de un bien privado y de un acuerdo entre particulares.

En este caso se trata de un bien y un servicio públicos, cuya concesión a un particular debe hacerse con estricto apego a la normatividad vigente, no en función de los humores de la autoridad y los acuerdos privados en los que los requisitos y las prestaciones y contraprestaciones se establecen libremente.

Pero ante la falta de una legislación y una reglamentación adecuadas, todos los actores implicados aceptan su participación en estas reuniones privadas con el claro objetivo de lograr un acuerdo que los favorezca a ambos (concesionario y autoridad), no a la ciudadanía, la que debiera ser el verdadero receptor de los beneficios de un servicio público.

Relaciones claramente clientelares como ésta vulneran el estado de derecho e impiden la construcción de un régimen democrático. Daniel Hallin y Paolo Mancini definen el clientelismo político como “…un patrón de organización social en el que el acceso a los recursos sociales es controlado por patronos y entregado a sus clientes como intercambio por deferencias y varias formas de apoyo. Es una forma particular de organización social, en la que las reglas formales son menos importantes en relación a las conexiones personales o, en formas más recientes de clientelismo, conexiones mediadas a través de los partidos políticos, la Iglesia y otras organizaciones”.

A su vez, Jorge M. Audelo, señala que se trata de “aquellas relaciones informales de intercambio recíproco y mutuamente benéfico de favores entre dos sujetos, basadas en una amistad instrumental, desigualdad, diferencia de poder y control de recursos, en las que existen un patrón y un cliente: el patrón proporciona bienes materiales, protección y acceso a recursos diversos, y el cliente ofrece a cambio servicios personales, lealtad, apoyo político o votos”.

Este soporte fundamental del régimen autoritario mexicano está presente y es aceptado por todos los involucrados en el caso MVS. Hay diferencias respecto a quién elaboró el primer proyecto de comunicado de disculpa de Carmen Aristegui (MVS o la oficina de Comunicación Social de la Presidencia de la República); respecto a si la intervención de Javier Lozano fue en su carácter de secretario de Estado o como amigo de Vargas y a título personal; o sobre las cantidades que MVS ofreció como contraprestación (104 millones de pesos, según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 11 mil 164 millones, según MVS). Pero no existe ninguna controversia acerca de la realización de varias decenas de reuniones, a lo largo de cuatro años o poco más, sin apego a ninguna normatividad, simplemente en función de esta relación personal, a la que todos los actores apelan en más de una ocasión, tanto en las revelaciones de Vargas como en las declaraciones de los funcionarios públicos involucrados. Todos confesaron su participación en este evidente ejercicio de clientelismo político.

Lo único que al respecto ha cambiado en el nuevo milenio es que hoy los clientes (en este caso MVS) que se sienten burlados se atreven a hacer denuncias públicas sobre casos como éste, no porque reprueben tales prácticas, sino porque no se beneficiaron de ellas.

Después de 12 años de alternancia en el Poder Ejecutivo, las instituciones del autoritarismo permanecen intactas. El intercambio de favores entre autoridades y particulares prevalece por encima del estado de derecho, y, cuando se trata de bienes públicos muy rentables –como las telecomunicaciones–, su acceso está reservado a unos cuantos privilegiados.

La autoridad sigue aprovechándose de la pobreza y la ignorancia de unos (en el caso de los votantes) o de la avaricia de otros (en el caso de las telecomunicaciones) para intercambiar dádivas o privilegios por votos o apoyo político.

En estas condiciones es imposible que florezca la democracia.

Si bien hay quienes se ponen del lado del gobierno panista-Yunquista apoyando la manera arbitraria de actuar de la derecha en el poder argumentando que el concesionario de MVS en realidad está viendo por sus propios intereses, en realidad el asunto vá mucho más allá de esto como lo deja en claro el siguiente analista que también sopesa el interés particular de MVS:

‘Quién consigue qué, cómo y cuándo’
Lorenzo Meyer
Analista político
23 de agosto del 2012

Definición. La cita que titula a esta columna es la definición de política que hizo en 1935 un politólogo clásico: Harold D. Lasswell, (World polítics and personal insecurity). A punto de cerrar el sexenio, ha estallado un escándalo que ilustra lo útil que es esta definición y la naturaleza íntima y nada atractiva del gobierno que está por concluir y del que viene.

La litis. Joaquín Vargas, presidente de la empresa de radio y televisión por cable MVS, convocó el 15 de agosto a una conferencia de prensa para acusar al gobierno de Felipe Calderón de arrebatarle unas concesiones muy valiosas del espectro radioeléctrico –las de la banda ancha de 2.5 gigahertz (GHz) que comprende de los 2,500 a los 2,690 megahertz– para favorecer a Televisa y cobrar venganza por sostener en su noticiero estrella –Primera Emisión– la presencia de Carmen Aristegui, una periodista mal vista en “Los Pinos” de tiempo atrás. El 22 de agosto, en una amplia conferencia informativa, Vargas detalló y fortaleció sus aseveraciones. Desde la presidencia se niega que el gobierno tuviera que ver con la remoción en 2011 de la periodista del noticiero que dirigía en MVS –y que luego volvió a dirigir, pues tras una negociación con la empresa y cuyos términos se hicieron públicos, le fue restituido su espacio–, un noticiero muy apreciado por su calidad e independencia. Según la presidencia, la acusación del empresario es un chantaje que no prosperó –Vargas ofreció remover a Aristegui a cambio de asegurar la concesión en la banda de 2.5 GHz– y se reserva la opción de “proceder conforme a derecho” contra el presidente de MVS por “calumniar, difamar, tergiversar y engañar, con el simple objeto de alcanzar sus metas económicas”.

Lo que se busca conseguir. Para analizar el choque entre el jefe del poder ejecutivo y MVS a la luz de la definición de política de Lasswell, conviene empezar no por el “quién” consigue “qué” sino por el “qué” se busca conseguir. En este caso lo que se disputa es la explotación de unas frecuencias (las de la banda de 2.5 GHz) que en los años noventa del siglo pasado –cuando el desarrollo tecnológico no permitía prever su importancia– el gobierno le otorgó a la empresa creada por el fallecido empresario neoleonés Joaquín Vargas Gómez. La banda se otorgó a Frecuencia Modulada Mexicana que más tarde sería MVS Comunicaciones. En 1967 Vargas Gómez puso en marcha la primera estación de radio en FM en México y con el correr del tiempo su empresa extendió sus operaciones a televisión por cable y satelital y a otros países. Obviamente la importancia de MVS es secundaria frente a Televisa, pero con la banda de 2.5 GHz, MVS pudiera llegar a ser una competidora real para la megaempresa.

Por la naturaleza de la transformación tecnológica, hoy los 2.5GHz resultan ideales para dar servicios de banda ancha móvil de nueva generación. Como el espectro radioeléctrico es de la nación, quien lo explote debe pagar al Estado por ello. Según la Secretaría de Hacienda, MVS ofreció una contraprestación de apenas 140 millones de pesos por una frecuencia que la dependencia estima en 27 mil millones de pesos, aunque en otros países de América Latina se ha cobrado mucho menos por una concesión semejante (Reforma, 20 de agosto). Por su parte, MVS sostiene que lo central de su oferta no son los 140 millones de pesos sino una fuerte inversión para ofrecer al público un internet más barato y rápido que el actual.

Como sea, el 8 de julio la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció que no renovaría las concesiones que ya habían vencido en la banda en cuestión y que “rescataría” las 68 aún vigentes, controladas en su mayoría por MVS. El objetivo final, se dijo, es licitar de nuevo lo “liberado” para que se use a plenitud los 2.5 GHz y hacer de México un país realmente competitivo en telecomunicaciones. En principio, la argumentación oficial tendría sentido pero sólo si no hubiera existido previamente la oferta de MVS de ser ella la que llevara a cabo la modernización a bajo precio para el usuario.

Quién. Para seguir con Lasswell, ¿quién se beneficia con unas cancelaciones de concesiones cuando quien la hace ya no tiene tiempo para ejecutar la parte constructiva del proyecto? Al no permitir que MVS use a plenitud los 2.5 GHz, se mantiene un status quo que, por definición, protege los intereses de la empresa hoy dominante en ese campo: de Televisa, cuyo carácter avasallador se acaba de acentuar con su asociación con TV Azteca, su competidora, en Iusacell. Si las frecuencias expropiadas finalmente se licitan y Televisa las llega a ganar, entonces el dominio de la megaempresa aumentará de manera escandalosa. Si Telcel, propiedad de Carlos Slim, también se beneficiara de la licitación, habría competencia pero a costa de afianzar aún más a los dos grupos económicos más fuertes de México, cuyo poder ya es un problema serio para la salud política y económica del país, y se acentuaría la naturaleza oligárquica del sistema.

El cómo y cuándo. El cómo de la definición es claro: por la vía del rescate de las concesiones en poder de MVS anunciado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sin embargo, la tersa legalidad del anuncio oficial se puede hacer añicos ante lo revelado por Vargas: que a cambio de que MVS mantuviera sus concesiones y lograra luz verde para su proyecto de invertir, en unión de Intel, Clearwire y Alestra, 1,100 millones de dólares para explotar esa banda, el gobierno pidió que la empresa se comprometiera a lograr que Aristegui admitiera algo que ella no aceptaba –eso lo veremos más adelante– y, a la vez, que no objetara legal ni mediáticamente la unión Televisa-Iusacell.

Según las versiones encontradas de Vargas y las de los voceros oficiales y un oficioso del gobierno –Javier Lozano, ex secretario del Trabajo–, Aristegui y su noticiero fueron usados como moneda de cambio, ¿Pero de quien partió la idea? De acuerdo con el presidente de MVS, en febrero de 2011, el gobierno le hizo saber que para seguir negociando sus concesiones, Aristegui debería ofrecer una disculpa pública por el comentario editorial en que ella pidió al gobierno que aclarara si Felipe Calderón, en su calidad de jefe del poder ejecutivo, tenía o no un problema de alcoholismo, como alguien había asegurado, pues el asunto era –y es– de interés público. Los términos de esa disculpa se dictaron desde “Los Pinos”. Aristegui fue notificada de la exigencia por MVS pero se negó a aceptarla porque no consideró que hubiera razón para retractarse. MVS, en cambio, si decidió plegarse a lo demandado por la Presidencia y sacó del aire a la periodista incómoda. A las protestas públicas que desató ese despido, siguió una conferencia pública de Aristegui en Casa Lamm, donde leyó un documento que era un recuento pormenorizado de lo ocurrido y que concluía proponiendo a MVS no ceder a la ilegítima presión del gobierno y, en cambio, recuperar para ambos el derecho a la opinión independiente. MVS decidió que le convenía reinstalar a la periodista.

La versión de Javier Lozano es diferente. El sostiene que fue Vargas quien ofreció la cabeza de la periodista a cambio de que se aceptara su proyecto de inversión en banda ancha pero que dicha oferta fue rechazada. Desde esa óptica, la contratación original de Aristegui por MVS tras haber perdido su espacio en “W Radio” por su crítica a la “Ley Televisa”, se explicaría no tanto por su calidad sino por su valor como ficha política, (Reforma 16 de agosto). Las dos versiones o una mezcla de ambas son posibles. Hace poco un académico, John Ackerman, denunció que en otro noticiero de MVS, el de Luis Cárdenas, se le marginó por presiones de quienes no deseaban que salieran al aire sus críticas a Enrique Peña Nieto, el posible próximo presidente. Como sea, queda claro que hoy y aquí el valor de la libertad de prensa es secundario en el juego de los poderosos.

Con qué resultado. Es claro que a la definición de Lasswell le falta algo: la conclusión, es decir, el “con qué resultado”. En el caso examinado un resultado es mantener la debilidad de la libertad de expresión en los medios. Otro es que el mal uso del poder –su abuso– ha impedido la competencia efectiva y por tanto ha dañado al interés colectivo. Entre 2008 y 2011 MVS promovió once amparos relacionados con la banda ancha, perdió siete y ganó cuatro. Ahora promoverá nuevos juicios y por un tiempo nadie invertirá en las disputadas frecuencias; el conflicto paralizará el aprovechamiento de su potencial y eso nos costará a todos.

¡Vaya manera de cerrar un sexenio y de mostrar la naturaleza real de nuestra política!

Aunque TELEVISA ya demostró en el pasado que podía convivir muy bien con los regímenes emanados del Partido Revolucionario Institucional (el padre de Emilio Azcárraga Jean, un gringo extranjero sin ningún amor por México, se proclamó en su momento un soldado del PRI con las palabras “Soy soldado del PRI y del presidente”, citado por Carlos Monsiváis en la revista Proceso del 20 de abril de 1997 en la página 58), TELEVISA ciertamente quedó bastante satisfecha con los regímenes emanados de la corrupta y putrefacta derecha ultraconservadora panista que tantos favores le hizo a TELEVISA y tanto hizo para protegerle sus poderosos intereses, a grado tal que TELEVISA preferiría al PAN sobre el PRI en Los Pinos, aunque en última instancia esto es irrelevante porque la mafia del poder televisivo ha hecho y sigue haciendo todo lo posible por mantener su poderío dentro de México con el que sea a costa de la manipulación de opiniones, la desinformación, el ocultamiento descarado de hechos trascendentales y las alianzas non-sanctas con todos aquellos que estén dispuestos a ser sus cómplices, con la consecuente de que en México esa empresa voraz prácticamente puede hacer impunemente todo lo que se le venga en gana. Ni los Césares de Roma tenían tanto poder. De hecho, TELEVISA ya no es “soldado” de nadie, ni del PRI ni del PAN, porque ya pasó a ser General. Naturalmente, TELEVISA es y siempre ha sido 100 por ciento anti-comunista y anti-izquierdista, y no permitirá jamás que pueda llegar a la Presidencia alguien que se atreva a sugerir la posibilidad de quitarle al pulpo sus concesiones para rescatar para el pueblo esos espacios radioeléctricos que sólo han servido para acrecentar desmedidamente la rapiña de la hidra, lo cual explica a la perfección el por qué TELEVISA puede convivir tan bien con regímenes infiltrados hasta la médula por organizaciones nazi-fascistas tales como la Organización Nacional del Yunque. Tal para cual.