Felipe Calderón y Wikileaks

En los tiempos en los que el PRI todavía gobernaba al país, se llevó a cabo un arresto que conmocionó al mundo entero y ciertamente a las autoridades norteamericanas, el arresto del General José de Jesús Gutiérrez Rebollo (cualquier parecido con el archivillano Lex Luthor enemigo del héroe clásico Superman es una mera coincidencia):

nada menos que el Zar Antidrogas encargado del combate al narcotráfico, por su colusión con el entonces poderosísimo Cártel de Juárez al cual le estuvo brindando protección en vez de combatirlo como era su obligación suprema no sólo como funcionario público sino como soldado de México. Este infeliz traidor a la Patria en grado sumo fue el Comandante de la Quinta Zona Militar precisamente en el Estado de Jalisco en donde opera en forma encubierta la organización ultraderechista criminal Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, y su involucramiento en actividades sospechosas era conocido en varios círculos sociales de la ciudad de Guadalajara, y pese a ello los Tecos de la UAG que estuvieron obteniendo bastante información acerca de Gutiérrez Rebollo jamás dieron ningún aviso a nadie de tales actividades ilícitas ni dentro ni fuera de México. Ya se ha documentado aquí como los Tecos pueden convivir cómodamente y muy bien en zonas residenciales lujosas justo al lado de los peores enemigos de México dedicados al narcotráfico sin que ello les incomode en lo más mínimo, mientras no se metan con los Tecos.

El arresto del Generalote de pacotilla y vergüenza nacional José de Jesús Gutiérrez Rebollo se llevó a cabo no por iniciativa de un Partido Acción Nacional infiltrado hasta la médula en sus estratos superiores por la Organización Nacional del Yunque y sus creadores los Tecos de la UAG, porque en ese entonces el PAN aún no llegaba al poder federal ni gobernaba a México, sino bajo el gobierno del Presidente Ernesto Zedillo emanado del PRI, lo cual ocurrió en 1997. De cualquier modo, los panistas-Yunquistas no desaprovecharon la ocasión para gritar a viva voz a los cuatro vientos sus denuncias y reclamos en contra de los funcionarios emanados del PRI a los que estuvieron acusando de corruptos y de estar coludidos todos ellos con el narcotráfico (lo mismo ha estado haciendo Felipe Calderón cada vez que puede), advirtiendo que en cuanto llegaran al poder acabarían de tajo con la corrupción y meterían a la cárcel a todos los funcionarios priistas que tuvieran algo que ver con enriquecimientos desmedidos derivados de actividades relacionadas con el narcotráfico.

Pues bien, desde que en el año 2000 llegó el PAN al poder y junto con él llegaron también el Yunque y los Tecos, el ex-Presidente Carlos Salinas de Gortari cuyos nexos con el narcotráfico a través de su hermano Raúl están plenamente documentados de mil maneras se ha estado paseando libremente por todo México dando conferencias de prensa y exhibiéndose sin ningún recato ni pudor ante la mirada de consentimiento paternal que le han estado dando la derecha y la ultraderecha desde el poder respetando en todo momento a este despreciable ex-Presidente sin tocarle un pelo. Si alguien va a meter a la cárcel algún día a Carlos Salinas de Gortari, ciertamente no será jamás un Presidente emanado del PAN-Gobierno.

A raíz de una serie de divulgaciones sumamente incómodas que han estado siendo realizadas por el portal de Wikileaks, un sitio de información libre por completo de cualquier tipo de censura y cuyos administradores no tienen intención alguna en seguirle los pasos a organizaciones desinformadoras como TELEVISA y sus vocingleros como Joaquín López-Dóriga tan afectos a ocultar muchas noticias importantes (le han estado ocultando a sus televidentes la estrecha asociación de la ultraderechista Organización Nacional del Yunque con el partido en el gobierno, el PAN), ha trascendido una noticia que ha puesto en entredicho lo poco que le quedaba a Felipe Calderón de honorabilidad y prestigio en su guerra de legitimación en contra del narcotráfico, como puede verse en la siguiente nota:

Documentó WikiLeaks cuentas bancarias de general mexicano
Alberto Ponce de León
EL DIARIO
30 de noviembre del 2010

El escándalo político mundial por las filtraciones de la página web WikiLeaks, alcanza también a las actividades relacionadas con el narcotráfico en México, tanto en la actual ‘narcoguerra’ que libra la administración de Felipe Calderón, como en registros que documentan lavado de dinero y otras actividades ilícitas.

Entre los datos filtrados de WikiLeaks se desprenden reportes de presunto lavado de dinero por parte del general mexicano

Mario Arturo Acosta Chaparro, quien luego de estar casi siete años en la cárcel, acusado de proteger al Cártel de Juárez, recobrara su libertad y sus grados a mediados del 2007.

Según los informes, revelados en el 2009 a WikiLeaks, publicados en partes apenas el mes pasado por “informantes globales”, el general controlaba junto con su esposa “Silvia, varios millones de dólares” de una cuenta del banco suizo Julius Baer’s en Islas Caimán.

Los documentos fueron revelados bajo la liga:

http://wikileaks.org/wiki/Bank_Julius_Baer_millions_of
_USD_in_trust_for_Mexican_mass_murderer_and_drug
_trafficker_Arturo_Acosta_Chapparo,_1998.

“WikiLeaks se preguntaba si las autoridades mexicanas querían saber si tantos millones de dólares tenían algo qué ver con las acusaciones de que el señor Chaparro, ex jefe de policía estatal de Guerrero, había parado de combatir a los narcotraficantes de su localidad y se había envuelto en sus negocios”, publicó el mes pasado el sitio electrónico Antifascist Calling.

Acosta Chaparro, señalado por organizaciones sociales de México como uno de los militares responsables de la detención ilegal, tortura y desaparición de disidentes durante las décadas de los años 70 y 80, recobró su libertad, sus garantías individuales y su grado de general el 29 de junio del 2007.

De acuerdo a los informes de hemeroteca, la autoridad militar no pudo acreditar su responsabilidad en delitos contra la salud ni tampoco en el asesinato de 22 campesinos durante la llamada guerra sucia. (¿?)

El general logró ser exonerado de los cargos que le imputaba la justicia castrense, por los cuales pasó seis años y 10 meses en una prisión del Campo Militar Número Uno.

Junto con el general mexicano Humberto Quirós Hermosillo (finado), Acosta Chaparro fue aprehendido el 30 de agosto del 2000 por sus supuestos nexos con Amado Carrillo Fuentes, entonces líder del cártel de Juárez.

Según los datos publicados al respecto en los medios de comunicación, en un inicio a Mario Arturo Acosta se le sentenció a 15 años de prisión, mientras que al coacusado, el Francisco Quirós Hermosillo, recibió una pena de 16 años.

A finales de 2002, Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo fueron procesados penalmente por el delito de homicidio calificado en contra de 143 presuntos guerrilleros, quienes habrían sido ejecutados y arrojados al mar desde un avión Arava IAI-201, en las costas de Oaxaca, en los años de la guerra sucia.

El sitio WikiLeaks o Wikifiltraciones en español es, en estos momentos, uno de los más controversiales a nivel mundial.

La página electrónica, lanzada en el 2006, publica informes y documentos filtrados con contenido sensible en materia religiosa, corporativa o gubernamental, preservando el anonimato de sus fuentes.

En una plática por Chat, el director del periódico El País de España, Javier Moreno, reveló que entre las filtraciones de WikiLeaks, “se encuentra entre otros temas uno fundamental, ahora mismo en México: la guerra contra el narcotráfico”.

Sobre los documentos que se refieren a México y sin dar mayores detalles, el periodista no señaló cuándo se publicará esa información, que sólo fue compartida a cinco periódicos en el mundo: El País, el francés Le Monde, el estadounidense The New York Times, el británico The Guardian y el alemán Der Spiegel.

Suponiendo cierta la información acerca de las cuentas bancarias del General Acosta Chaparro en las Islas Caimán (y hay todas las razones del mundo para suponer que la información es verídica), esto sitúa directamente al PAN-Gobierno, y específicamente a Felipe Calderón, en el banquillo de los acusados. Porque fue Felipe Calderón el cual, en su calidad de Comandante en Jefe del Ejército Mexicano, autorizó y dió el visto bueno para que al General Acosta Chaparro se le restituyera incondicionalmente su grado de General el 29 de junio del 2007. Felipe Calderón podría tratar de argumentar hoy en su defensa el mismo pretexto banal que fue utilizado inútilmente por muchos militares alemanes para lavarse las manos y desligarse del asunto de los Holocaustos llevados a cabo en los campos de concentración: “es que yo no sabía lo que estaba ocurriendo”. ¿El Presidente de México, el hombre mejor informado de México, no sabía lo que estaba ocurriendo? ¡Por favor!

Un estudio de las fechas cronológicas involucradas en este asunto es aquí de la mayor importancia, porque revelan que las acciones penales en contra del General Mario Arturo Acosta Chaparro no iniciaron gracias al arribo del PAN a la silla presidencial en diciembre del año 2000, sino en agosto del 2000 cuando Vicente Fox aún no asumía la Presidencia. Para que este Generalote de pacotilla émulo del General Gutiérrez Rebollo pudiera salir libre de prisión, exonerado e inclusive restituído en su cargo con todos sus grados militares, fue necesario que primero la dupla derecha-ultraderecha llegara al poder, fue necesario que se instalara firmemente en la silla presidencial el PAN-Gobierno.

En otros tiempos, en otros países, a cualquier oficial del Ejército al que se le encontrase inmiscuído en actividades relacionadas con el narcotráfico se le efectuaba un juicio sumario y se le despachaba de inmediato al paredón de fusilamiento bajo el muy justificable cargo de traición a la Patria. En los tiempos de la Unión Soviética y todavía hoy en la China comunista, un oficial del Ejército que se quiera pasar de listo y se quiera poner del lado de la delincuencia organizada tiene garantizada una cita con el destino en el paredón de fusilamiento sin misericordia alguna de por medio a su alta traición. Afortunadamente para tipos como Carlos Salinas de Gortari y su hermano Raúl, el General de opereta Mario Arturo Acosta Chaparro, y muchos otros como ellos, la ultraderecha en México detesta al comunismo y sus métodos fulminantes para combatir al narcotráfico, y todos estos super-delincuentes en vez de ser enviados por el resto de sus vidas a la cárcel terminan siendo puestos en libertad y hasta con sus grados militares plenamente restituídos.

No todos los mexicanos estuvieron muy felices con la liberación y exoneración incondicional de Mario Arturo Acosta Chaparro y mucho menos con su restitución en activo como General del Ejército mexicano:

Rosario Ibarra: “Una ofensa, la liberación de Acosta Chaparro”
MILENIO
16 de noviembre del 2008

Al apadrinar ayer la generación Lucio Cabañas Barrientos de la normal rural de Ayotzinapa, la senadora Rosario Ibarra de Piedra dijo que la liberación de Mario Arturo Acosta Chaparro es una amenaza para la juventud, “así lo vemos las madres de los desaparecidos” y demandó a los egresados y estudiantes que estén pendientes de lo que pueda pasar en Guerrero.

“Estoy profundamente ofendida” de que se haya puesto en libertad el día del aniversario de la matanza de Aguas Blancas al “torturador y asesino de este pueblo generoso de Guerrero, Mario Arturo Acosta Chaparro, y me da mucha tristeza, por eso los llamo a luchar, a organizarse, a tener la mirada fija en lo que pueda pasar con este pueblo”, dijo.

La senadora perredista explicó que la liberación del militar significa una amenaza porque se trata de “un miembro de un cártel de narcotraficantes”.

“Creo que esto no es más que una amenaza, porque también lo liberan sin haberlo castigado por lo que hizo en este estado, eso significa una amenaza para la juventud, así lo vemos las madres de los desaparecidos”.

Estas expresiones de repudio han sido bastante generalizadas, pero estas no llegan nunca a los oídos de Felipe Calderón, y si le llegan le entran por un oído y le salen por el otro, es como hablarle a una piedra.

Sobre todo lo anterior, vale la pena leer y releer el siguiente editorial:

Acosta Chaparro, heraldo de Fecal para pactar con los narcos
Agencia APRO
19 de septiembre del 2010

Mario Arturo Acosta Chaparro, el militar que reprimió de manera inmisericorde a la guerrilla en los años sesenta y setenta, recibió del gobierno de Felipe Calderón una encomienda: pactar con integrantes del cártel de La Familia michoacana la entrega de los “responsables” del atentado con granadas perpetrado el 15 de septiembre de 2008 en Morelia. Una fuente cercana al militar en retiro consultada por Proceso afirma lo anterior y asegura que “el general estaba construyendo puentes entre el gobierno” y varias organizaciones delictivas, “incluidos líderes de Los Zetas y del cártel de Sinaloa”.

El gobierno de Felipe Calderón echó mano del general retirado Mario Arturo Acosta Chaparro, para negociar con los jefes del cártel michoacano de La Familia la detención de los tres presuntos responsables del ataque con granadas perpetrado en Morelia el 15 de septiembre de 2008.

La noche del atentado –el primero del narco contra la población civil y que dejó ocho muertos– Acosta Chaparro realizó el primero de dos viajes a Michoacán en su condición de asesor del secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, y con la anuencia del entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.

Una fuente cercana al general retirado, reveló que en esa ocasión el militar tuvo contacto con miembros de la delincuencia organizada con el conocimiento del gobierno de Calderón. Ahora Acosta convalece de un atentado que sufrió el 18 de mayo pasado, cuando investigaba el secuestro de Diego Fernández de Cevallos.

“El general estaba construyendo puentes entre el gobierno y varios de esos grupos, incluidos líderes de Los Zetas y del cártel de Sinaloa”, comenta la fuente, que conoció la maniobra de La Familia para entregar a los supuestos responsables de los granadazos.

Según un informe de organismos de seguridad obtenido por Proceso en Morelia, las dos granadas de fragmentación utilizadas en 2008 son del tipo M67, que se fabricaban en Canadá y Estados Unidos. La última vez que se usaron en un conflicto bélico fue por parte de la Marina argentina en la guerra de Las Malvinas. Las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia Militar y de la Procuraduría General de la República (PGR) citadas en el informe precisan que el Ejército no usa ese tipo de granadas.

Especialista en subversión

Compañero de generación de Guillermo Galván Galván en el Colegio Militar, Acosta Chaparro regresó a las operaciones encubiertas luego de que el secretario de la Defensa lo volviera asesor en dos asuntos de interés para el gobierno federal: narcotráfico y grupos subversivos.

La reincorporación del militar –el principal perseguidor de la guerrilla en México durante el periodo de la guerra sucia– comenzó cuando lo exculparon de los delitos de lesa humanidad que pesaban en su contra y tras ser puesto en libertad en 2007, luego de pasar siete años en la cárcel por cargos de narcotráfico. En abril de 2008 fue condecorado en una ceremonia de retiro encabezada por Galván.

Según la fuente cercana al general retirado, Acosta Chaparro fue a Morelia en compañía de un hombre apellidado Estrella, excomandante de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), el organismo que entre los sesenta y principios de los ochenta persiguió a la disidencia armada y que se disolvió en 1985, infiltrado por el narcotráfico.

En Morelia, Acosta Chaparro se encontró con dos de los líderes de La Familia: Jesús Méndez Vargas, El Chango o El Chamula, y Nazario Moreno, El Chayo o El Más Loco.

Para entrar en contacto con ellos fue necesario que un soldado se dirigiera hacia un lugar estratégico llevando en la mano un ejemplar de Pensamientos, publicación de adoctrinamiento para los integrantes del cártel michoacano y cuyos textos están firmados por El Más Loco.

Acosta Chaparro se hizo cargo del operativo en Michoacán hasta poner en manos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) a Juan Carlos Castro Galeana, Julio César Mondragón Mendoza y Alfredo Rosas Elicea.

Estos tres hombres fueron secuestrados entre el 18 y el 21 de septiembre en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y sometidos a tortura para obligarlos a identificarse como zetas e inculparse de los dos granadazos de Morelia.

Acción encubierta

La noche del 15 de septiembre de 2008, mientras el gobernador Leonel Godoy encabezaba la ceremonia de El Grito, una granada estalló entre la multitud reunida en la Plaza Melchor Ocampo; otra fue detonada a dos calles de ahí, en la esquina de Madero y Quintana Roo, en el centro de la capital michoacana (Proceso 1664).

Los días 17 y 18 de septiembre La Familia envió mensajes electrónicos a funcionarios y periodistas estatales, además de desplegar mantas en Morelia para anunciar que haría su propia investigación y daría con los responsables, que desde ese momento identificó como integrantes de Los Zetas. Diez días después del ataque, en un segundo viaje a Michoacán, Acosta Chaparro llamó a Mouriño para decirle que ya tenía a los detenidos.

“Lo acompañó el fiscal (José) Ricardo Cabrera Gutiérrez (entonces encargado) de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA) de la SIEDO”, cuenta la fuente, cuyo testimonio coincide con las declaraciones ministeriales de los pilotos de la PGR que identificaron a Cabrera Gutiérrez cuando fueron a Michoacán por los supuestos responsables.

Y agrega: “Fue una operación encubierta en la que en todo momento estuvo al frente Acosta Chaparro”; también refiere que el general en retiro se sorprendió al ver que para el operativo Cabrera Gutiérrez “vestía un elegante traje, camisa de seda, corbata, mancuernillas y un costoso juego de plumas”.

“¿A dónde cree que va?”, le espetó Acosta Chaparro, quien ya había seleccionado para la operación un avión de transporte viejo y sin asientos.

El funcionario de la PGR llegó al aeropuerto de la Ciudad de México sin saber cuál era su destino. Le preguntó al militar a dónde iban y éste le contestó que a San Luis Potosí. Sólo Acosta sabía la naturaleza y objetivo de la operación.

Los pilotos de la PGR coinciden con esa versión. En un interrogatorio ministerial al que fue sometida por Fernando Espinosa de los Monteros, abogado de Rosas Elicea, la tripulación del avión Casa 229 matrícula XB-BIC, usado para el traslado de los detenidos, explicó que además del piloto, el copiloto y el mecánico iban Cabrera Gutiérrez y otra persona a la que no conocían, pero que no identificarían por tratarse de “información reservada por ser de seguridad nacional”.

En su declaración indicaron que el 25 de septiembre de hace dos años, la tripulación salió del aeropuerto de Toluca a la Ciudad de México con la orden de volar luego a San Luis Potosí. En el aeropuerto de México se subieron Cabrera Gutiérrez y el otro pasajero, cuyo nombre no citaron, quien les ordenó volar no a San Luis Potosí sino a Morelia.

De la capital michoacana, donde estuvieron alrededor de tres horas, volaron a Apatzingán, y ahí esperaron más de cinco horas hasta que llegaron tres integrantes de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) con los supuestos responsables, a quienes trasladaron al Distrito Federal.

La fuente cercana al operativo cuenta que de Apatzingán, Acosta Chaparro y Cabrera Gutiérrez se fueron en un taxi hacia Antúnez, en el municipio de Parácuaro, en la región de Tierra Caliente, una de las zonas controladas por La Familia.

En una casa abandonada de esa población, la organización criminal les entregó a los ahora procesados. Asegura que “ya en el avión, antes de despegar, Acosta Chaparro se comunicó con Mouriño: ‘Señor, objetivo cumplido’”.

Según esa versión, Cabrera, que había sido del todo ajeno al operativo, en el vuelo de regreso al DF se envalentonó y amenazó a los supuestos culpables, quienes llevaban días sin comer y estaban heridos por la tortura: “Ahora sí, hijos de la chingada. Cuando llegue a mi oficina declaran lo que dijeron o de una vez los echo para abajo”.

El abogado Espinosa de los Monteros confirma que en el vuelo de regreso Castro Galeana, Mondragón Mendoza y Rosas Elicea recibieron más amenazas de que matarían a sus familias si no declaraban lo que les habían dicho para responsabilizarse del atentado.

En la SIEDO siguieron las amenazas: “No crean que ya la libraron. También estamos acá adentro”. Los detenidos aún tenían los ojos vendados. Su abogado dice que identificaron las mismas voces tanto en Antúnez como en la Procuraduría. Aunque había un defensor de oficio con ellos, no les quitaron la venda hasta el momento de firmar su declaración.

Los “cuatro” responsables

La versión de la PGR sobre la captura es que el día 24 se recibió una llamada anónima cuyo origen no pudo rastrearse porque el identificador decía “externo”. Según la titular de la SIEDO, Marisela Morales, el denunciante les dio las referencias del lugar de Antúnez donde se encontraban amarrados cuatro zetas que habían reconocido ser los autores de los granadazos (Proceso 1670).

La averiguación previa PGR/SIEDO/UEITA/110/2008 que se consignó ante el juez Sexto de Distrito en Materia Penal del tercer Circuito con sede en el penal de Puente Grande, Jalisco– los agentes José Martín Zarza Escamilla, Ignacio Moreno Aguilar y Armando Javier Rojo Olivar fueron por los acusados.

En su parte informativo los agentes entonces adscritos a la SIEDO sólo mencionan tres y no cuatro detenidos. Aseguran que éstos confesaron ser zetas y que miembros del propio grupo delictivo los habían detenido y golpeado porque después del atentado pensaron que desertarían de la organización y pondrían en riesgo la identidad de varios de sus integrantes.

La defensa ha intentado echar abajo la versión de la PGR pero se ha topado con el juez sexto de Distrito, Arturo Fonseca Mendoza, quien a decir de Espinosa de los Monteros “está a favor de todo lo que le pide la PGR” y “más que un juez ha sido un fiscal”.

Proceso viciado

Con el informe de los agentes como principal elemento de la consignación de la SIEDO y a pesar de la tortura a la que fueron sometidos –denunciada casi un año después del atentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Proceso 1712 y 1715)–, el juez dictó auto de formal prisión a los tres acusados por terrorismo, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, posesión de granadas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y lesiones calificadas.

El juez mantuvo las acusaciones pese a que la PGR nunca aclaró la detención de los acusados y bloqueó la comparecencia de los agentes. El juez ni siquiera tramitó las multas impuestas a los agentes por no presentarse a declarar.

“Nunca se han presentado. Y ahora resulta que dos de ellos están procesados en el penal de máxima seguridad de Tepic por su presunta relación con El Mayo Zambada (uno de los líderes del cártel de Sinaloa). Pero no sabemos si están libres o presos”, dice Espinosa de los Monteros.

Indica que la información sobre su situación jurídica la obtuvo en el Consejo de la Judicatura Federal porque la PGR ha evitado informar si están detenidos o enfrentan el proceso en libertad. Cuando fueron llamados a comparecer, el personal del juzgado dijo que no les había podido notificar que se presentaran a declarar porque no los encontraron en el domicilio que dio la PGR.

En el caso del tercer agente, en el Juzgado Sexto se ha asegurado que tampoco está en el domicilio proporcionado por la PGR. Según la SIEDO, cuya titular supo de la intervención de Acosta Chaparro, aparentemente se fue a Estados Unidos.

Cabrera Gutiérrez tampoco ha comparecido. “Cuando los pilotos lo mencionaron en su declaración ministerial y lo señalan como el comandante de los agentes, pedimos que lo citaran. El juez mandó un exhorto a un juzgado del Distrito Federal y resultó que tampoco lo encontraron en el domicilio que dio la PGR”, asegura Espinosa de los Monteros.

El juzgado dio vista a la defensa de los acusados sin que ésta hiciera ninguna actuación, porque de acuerdo con el artículo 20 de la Constitución el juzgado tiene que auxiliar para presentar a los testigos. “Pero el juez Fonseca Mendoza nos dio por desistidos de la prueba”, añade el abogado.

Peor todavía, dice el litigante, Cabrera Gutiérrez no aparece ni en las actuaciones ni en la consignación ante el juez, por lo que no firma nada, a pesar de haber sido identificado por los propios pilotos de la PGR como el comandante de los agentes que fueron por los detenidos. El abogado precisa que quienes firman los escritos de la procuraduría son los agentes ahora desaparecidos. En las actuaciones tampoco se menciona quién realmente iba al frente de la operación.

La defensa insiste en la presentación de Cabrera. Mario Patricio Solano, abogado de Castro Galeana y Mondragón Mendoza, la solicitó nuevamente al juez el pasado 30 de agosto y pidió que la diligencia se practique en el Distrito Federal.

No ha sido la única actuación que lleva a Espinosa de los Monteros a acusar al juez de estar “muy cargado a favor de la PGR o que quizá tenga línea de su jefe”, el máximo representante del Poder Judicial, el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, “para impedir que los acusados salgan de prisión mientras Felipe Calderón esté en la Presidencia”.

El acto más reciente del que se quejan los abogados es que el juez Fonseca prácticamente desconoció un amparo que había beneficiado a los acusados, por lo que la defensa promoverá una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal.

El 17 de agosto pasado el juez Octavo de Distrito en Materia Penal de Jalisco, Sergio Darío Maldonado, concedió el amparo a Mondragón Mendoza, Castro Galeana y Rosas Elicea para dejar insubsistentes casi todos los cargos. Sólo dejó vigentes los de homicidio y lesiones.

Pero 10 días después, al decretar el nuevo auto de formal prisión a partir de ese amparo, Fonseca agregó el delito de portación de granada y de delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud.

Sorprendido por su determinación, Espinosa de los Monteros le pidió una explicación al juez. “Si hay homicidio, por fuerza hay portación de granada y el delito de delincuencia organizada en su modalidad de narcotráfico es porque son zetas y éstos se dedican al tráfico de drogas”, dice el abogado que respondió Fonseca Mendoza.

“Hubo un exceso en el cumplimiento del amparo, como lo ha hecho durante todo el proceso y en el que ha dictado tres autos de formal prisión contra los acusados”, afirma.

Explica que en el primero, el juez acató en todos sus términos la solicitud de orden de aprehensión que le hizo el Ministerio Público federal y con base en los delitos señalados por la SIEDO dictó el primer auto de formal prisión.

“Nos fuimos al amparo para que fundamentara y motivara y valorara todas las pruebas. Dictó entonces un segundo auto, pero sin variar nada”, añade.

Solano precisa que antes de emitirlo, “el juez nos había dicho a los abogados y a los familiares que no recibía ninguna presión ni de la PGR ni de nadie; es más, que no veía suficientes elementos en las acusaciones del Ministerio Público federal”.

Pero el juzgador reiteró la formal prisión. “Ante ello, solicitamos el amparo que ganamos, pero en el tercer auto el juez sexto fue más allá de lo señalado por el juez octavo”, añade.

El pasado 31 de agosto, la defensa apeló el tercer auto de formal prisión, que será revisado por un tribunal unitario.

Además, la defensa promoverá una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque el juez dio trámite a una confesión obtenida bajo tortura en un operativo que la PGR no ha aclarado durante el juicio.

Como si las acusaciones en contra del General Mario Arturo Acosta Chaparro:

el cual tiene cierto parecido con el ultraderechista General genocida chileno Augusto Pinochet no fueran suficientes para poner en entredicho su honorabilidad e integridad como militar al servicio de México, pesan además en su contra otros cargos por genocidio encubierto que documentan a plenitud artículos como el siguiente:

Una historia oculta de la guerra sucia
Víctor Ronquillo
MILENIO
10 de marzo del 2009

En México la guerra sucia de los años setenta del siglo pasado ha guardado en sus sótanos muchas historias que apenas hoy salen a la luz. Algunas de ellas, sin embargo, debido a la marginación y al trato discriminatorio que sus víctimas recibían aún antes de esos años, estaban doblemente condenados al silencio. Ése es el caso del pueblo Gitano, que en México vivió el maltrato y la persecución de militares como el hoy procesado general Mario Arturo Acosta Chaparro.

La época: mediados de los años setenta [del siglo pasado]; el lugar… cualquier brecha de camino a un poblado en las montañas de Guerrero. Un grupo de hombres armados asalta a una caravana de Gitanos. Siembran el terror, amenazan. “Queremos el dinero, todo el dinero”. Violaciones, tortura… un arma colocada en la cabeza de un niño. “¿Cuánto vale la vida de tu hijo?”.

Nadie sabe cuántos Gitanos murieron, cuántas familias enteras desaparecieron en esos años. El pueblo Gitano guarda memoria del dolor sufrido entonces, pero nunca hubo denuncia formal de lo ocurrido. Los viejos todavía se preguntan ante quién hubieran podido denunciar, si los autores de los crímenes tenían el respaldo de las autoridades, por decirlo así, usaban placa.

Ésta es una historia de impunidad que ha permanecido por más de treinta años como un secreto en el Pueblo Gitano de México. Una historia que jamás llegará a fiscalía especial sobre delitos de desapariciones forzada alguna, que tampoco forma parte de los informes presentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Una historia del México de los años de la guerra sucia.

Pablo Rafael Luvinoff, patriarca de los Gitanos, denuncia la persecución sufrida por su pueblo en la época cuando la estrategia para combatir grupos armados justificó y ocultó muchos crímenes.

“En la década de los años setenta [del siglo XX] hubo una persecución atroz en contra del pueblo Gitano. Había una gavilla formada y apoyada por el general Arturo Acosta Chaparro”.

Uno de los principales ejecutores de la estrategia de guerra realizada en la década de los setenta fue el general Arturo Acosta Chaparro. Hoy el general permanece recluido en el Campo Militar Número Uno, bajo el cargo de fomento al narcotráfico. Distintas voces lo señalan directamente como torturador y responsable de una serie de crímenes perpetrados en los años setenta.

Pablo Rafael Luvinoff responde con un dejo de amargura cuando se le pregunta el porqué de la persecución en contra de su pueblo.

“Por dinero, sabían que los Gitanos llevaban consigo dinero, que viajaban con él siempre”.

El miedo, siempre el miedo

A los viejos Gitanos les cuesta trabajo hablar sobre aquella ola de violencia. Persiste el dolor. También el miedo. Familias enteras se quedaron en el camino. Se cuentan tristes anécdotas de lo ocurrido en los asaltos. Las peores amenazas siempre se cumplieron. Hay quien recuerda el episodio del inválido aquel que arrojaron desde lo alto de un camión de redilas para demostrarle a su familia que estaban dispuestos a todo. Era cierto aquello del dinero o la vida.

Los Gitanos conservan su historia a través de la palabra, de los recuerdos que se transforman en relatos. Les gusta decir que su tierra es el mundo. Después de llegar a México, de desembarcar en Veracruz, a principio del siglo pasado, se hicieron al camino. Con los años encontraron de qué vivir. Llevaron el cine mexicano a los lugares más apartados, las caravanas entraban a los pueblos cargadas de los sueños del cine, las adivinaciones de las cartas y los presagios encontrados en la palma de la mano. A veces se perdían las gallinas, pero la estancia de los Gitanos en las rancherías y caseríos era una fiesta.

El padre de Pablo Rafael Luvinoff cargaba en su camión un viejo proyector de treinta y cinco milímetros y una dotación de viejas películas mexicanas, de aventuras y rancheras donde siempre había un final feliz.

“Nuestro pueblo --afirma Luvinoff-- llevó el cine por todo el país, de rancho en rancho en la sierra, llegando a lugares donde ni siquiera conocían la energía eléctrica, donde era un verdadero acontecimiento ver entrar el camión y la caravana. La gente se emocionaba al escuchar el anuncio de que esa tarde habría función. Instalábamos una planta de luz, se montaba una carpa y la pantalla frente al sillerío”.

La entrada costaba un peso y todo el pueblo pagaba por la emoción de vivir cándidas aventuras campiranas. Las caravanas de cine ambulante recorrieron carreteras y brechas de todo el país. Los Gitanos tenían muy arraigada la costumbre de llevar su dinero con ellos.

Sobre cuándo y dónde ocurrió el primer asalto hay distintas versiones, pero fue en algún lugar apartado de Guerrero. Llegaron hombres armados, gritaban que eran del ejército, de la policía. Pudo haber muchos pretextos, buscaban a ladrones de gallinas, a Gitanos que engañaban a las personas, lo que fuera, querían el dinero. “Decían que el general Acosta Chaparro lo necesitaba”, recuerda Luvinoff, quien por entonces era muy joven.

Una vieja vendetta

¿Cómo se enteró el general Acosta Chaparro de que las caravanas de Gitanos recorrían caminos y carreteras llevando dinero, de que serían presa fácil viajando en camiones y sin ninguna protección?

Pablo Rabel Luvinoff es pastor en la Iglesia de los Gitanos de la colonia Del Valle de la ciudad de México. Cada domingo celebra un culto singular y sincrético, animado por la alegre música de su tradición.

Con el resentimiento de quien sufrió en carne propia el abuso, la vejación, responde a la pregunta: “Siempre hay un Judas”.

Los Gitanos no olvidan. “En la década de los años cuarenta se desató una vendetta --recuerda uno de los viejos de la comunidad, que prefiere que su nombre no sea mencionado-- gente muy mala tuvo que irse del país, vivieron en Guatemala y en Honduras. Cuando volvieron se relacionaron con Acosta Chaparro. Uno de esos Gitanos era su cuñado. No tenemos la certeza, pero se sabe que se casó con una de sus hermanas. El general protegió a ese hombre y a los suyos siempre. Esa gente fue de confianza para el general, eran sus ejecutores”.

Allá en el Rincón de las Parotas, en la sierra de Atoyac, en Guerrero, donde en los años setenta se vivieron crudas historias de represión cuando la llamada guerra sucia, donde las familias de cientos de desaparecidos todavía reclaman a los suyos, hay quien recuerda muy bien a “los cuñados” del general Acosta Chaparro.

Repudiado por los suyos, alejado de su pueblo, vive en una pequeña casa de madera, perdida en el monte, el testigo denominado T-24 en el Informe Especial Sobre Desapariciones Forzadas de la CNDH, dado a conocer a finales del año pasado [2001]. Su nombre verdadero es Zacarías Barrientos.

A Zacarías el ejército lo detuvo el 26 de septiembre de 1976. La única opción que tuvo para salvar su vida fue convertirse en delator. Sirvió ale ejército por tres años. Barrientos conoció las cárceles clandestinas, como la del cuartel militar en Atoyac y el famoso “Ferrocarril”, en Acapulco, según diversos testimonios situada frente a las instalaciones de la policía municipal de ese puerto.

“Los cuñados de Acosta Chaparro, los Tarines, eran los encargados de matar. Mataron a mucha gente. Eran de la confianza del general”, recuerda Zacarías Barrientos.

En el mencionado informe de la CNDH, este testigo, involucrado en la captura y la desaparición de Anastasio Barrientos Flores y otras personas en el poblado de Rincón de las Parotas, el 1 de septiembre de 1974, declara: “(…) había una versión de que ellos murieron en subterráneos que tenía la policía en Acapulco (…) eran enterrados en forma clandestina y quienes los ejecutaron eran los cuñados de Acosta Chaparro, de nombre: hermanos Tavires (sic)”.

Luvinoff no tiene ninguna duda: “Son los mismos, el cuñado de Acosta Chaparro y su gente. Eran hombres de toda su confianza, sus “madrinas”. Son los culpables de muchos ultrajes sufridos por nosotros”.

El hombre fuerte en las policías

La geografía de la persecución sufrida por las caravanas de Gitanos abarca los estados de Guerrero y Veracruz, donde operó el general Acosta Chaparro y después fue el hombre fuerte de las policías en distintas épocas.

“Fue en algún lugar apartado del estado de Veracruz, a finales de 1982 --recuerda Luvinoff--llegaron al campamento. Como siempre venían armados. Subieron a las mujeres a un camión y en otro pusieron a os hombres. Se los llevaban a algún lugar para hacer de las suyas. En eso llegó un hombre que estaba fuera del campamento y se percató de qué era lo que estaba ocurriendo. Siguió a los camiones para ver a dónde levaban a todas esas familias. En el camino se encontraron con una patrulla de la Federal de Caminos, que venía en sentido contrario y lo único que pudo hacer fue echarle el carro encima. Automáticamente la patrulla lo interceptó y él le explicó lo que estaba pasando. La patrulla detuvo los camiones y logró que dejaran en paz a la gente, pero los asaltantes se fueron, enseñaron credenciales de l policía como salvoconducto”.

Los Gitanos nunca denunciaron esos asaltos. “¿Qué valía más, la palabra de un general o la de un Gitano mugroso que vaga por le campo y los caminos?”.

A la lista de quién sabe cuántos desaparecidos en el pueblo Gitano habrá que sumar la de tres Gitanos que a principios de 1981 viajaron a Sinaloa con le dinero suficiente para comprar automóviles. Desaparecieron del hotel sin dejar rastro. Algo similar aconteció ese mismo años en Veracruz, donde seis Gitanos fueron secuestrados y meses después sus cuerpos encontrados en despoblado.

Lo peor es que como sólo pasa en las películas hollywoodenses de terror (y en nuestra realidad) el monstruo que se pensó había desapareado regresa y gruñe amenazante. Los Gitanos saben que cualquier día, esos hombres, las viejas huestes de Acosta Chaparro, pueden volver a atacar.

“Todavía hoy sigue habiendo amenazas a nuestro pueblo, injurias; sigue habiendo lo que podríamos llamar terrorismo antigitano. Son gente allegada al general, sus sobrinos, sus parientes”, denuncia Pablo Rafael Luvinoff, patriarca de los Gitanos en México.

Este es precisamente el tipo de personas que agradaban a los Nazis (los cuales enviaron a los hornos crematorios a todos los gitanos que pudieron en lo que es conocido hoy en Europa como el Holocausto Gitano), corruptos, genocidas, despiadados, justo lo que quería Hitler entre sus huestes para poder ganar la guerra, y es el tipo de militares que tanto el Yunque como los Tecos quisieran ver “al servicio de México”, o mejor dicho, al servicio de la ultraderecha neofascista en el poder. Dado lo mucho que Mario Arturo Acosta Chaparro tiene en común con los militares alemanes Nazis, su odio intenso en contra de los gitanos, su obediencia y plena disposición castrense en la conducción de guerras sucias en las que al igual que en los tiempos del Nazismo no había juicios de ningún tipo en contra de los afectados, ni siquiera juicios sumarios, su odio acérrimo en contra de todo lo que huela a izquierda y su proclividad hacia la corrupción y su cinismo comprobados, no es nada remota la posibilidad de que Mario Arturo Acosta Chaparro haya sido juramentado ya dentro de la poderosa y clandestina Organización Nacional del Yunque o dentro de alguna de las muchas otras sociedades secretas de ultraderecha moldeadas y creadas a la imagen y semejanza de los Tecos de la Autónoma de Guadalajara y sus grupos paramilitares, lo cual explicaría las razones para haberlo rehabilitado ayudándole, a través la extensa red tejida por estas organizaciones como parte del gobierno paralelo secreto que están montando en México, a recuperar sus libertades, sus plenas garantías individuales, y su grado de General poniéndolo nuevamente “en circulación”. ¿Es Mario Arturo Acosta Chaparro uno de los Generales del Ejército Mexicano a los que se estaba refiriendo Felipe Calderón (cada vez más comprometido con la ultraderecha que lo ayudó a llegar al poder) cuando presuntamente dijo: “Yo no seré el Zedillo del 2012. Prefiero entregar el poder a los generales antes que al PRI”? Esto último apareció publicado en el siguiente editorial principal:

Macabro rumor recorre el país
Editorial
Revista Siempre!
30 de octubre del 2010

A la frase: “Yo no seré el Zedillo del 2012”, que algunos trascendidos atribuyen al presidente Felipe Calderón, le falta lo más importante: “Prefiero entregar el poder a los generales antes que al PRI”.

¿A qué generales se podría haber referido Calderón cuando hoy el verdadero mando de la fuerza y de las armas del país no está en el Ejército sino en la Secretaría de Seguridad Pública y cuando el único “general” a la vista, al que se le entregan desde Los Pinos millonarios recursos, espacios mediáticos, privilegios personales y políticos de todo tipo, es el titular de esa dependencia, el ingeniero Genaro García Luna?

¿Ese es el “general” al que se le va a entregar el poder? La mera idea induce a la subversión. Sería menos grave un golpe de Estado, por parte de los verdaderos generales, que la imposición en la Presidencia de un personaje que se ha beneficiado económica y políticamente del combate al crimen organizado, que ha tenido un desempeño oscuro, plagado de dudas, de engaños, de montajes mediáticos, y cuyo único saldo es una montaña cada vez más elevada de cadáveres.

García Luna —y no el Ejército mexicano— serviría para imponer en el país un gobierno represivo, policiaco, brutal. De eso no hay duda. La duda no está en la naturaleza mesiánica y autoritaria del personaje, sino en el amasijo de ideas que trae Calderón en la cabeza y que como serpientes traspasan, con frecuencia, las puertas y ventanas de Los Pinos para añadir veneno a un ambiente político de por sí confuso e incierto.

¿De verdad considera el Presidente de México que García Luna sería la mejor herencia que podría dejarle al país? Lo menos que puede decirse es que eso es un escupitajo a la cara de los mexicanos. ¿Por qué odia Calderón a un pueblo necesitado de esperanza? ¿Qué le ha hecho una sociedad cuyo único pecado, en tal caso, fue colocarlo en la posición más honrosa a la que pueda aspirar un hombre o una mujer?

Lamentablemente, lo que parece ser un mero rumor tiene asidero en la realidad. La iniciativa sobre el mando policial único es un proyecto más inspirado en la ambición desmedida de un hombre —que se mira en el espejo como un Hermann Göring, jefe de la Gestapo— que en la racionalidad visionaria de Estado, desde la que se busca una respuesta integral para combatir de raíz el narcotráfico.

Con un agencia policial con jurisdicción nacional, García Luna podría hacer realidad el sueño de todo tirano: desestabilizar, tirar o disolver por la fuerza a todo gobernador, alcalde o congreso local rebelde. En otro contexto y con otro tipo de funcionario, conocido y reconocido por su probidad, una policía nacional tendría otro significado. Pero, no ahora, cuando la guerra contra los cárteles se politiza cada vez más y cuando la violencia criminal podría ser utilizada como un pretexto para romper —en el 2012— el orden constitucional.

El empoderamiento de la Secretaría de Seguridad Pública contrasta cada vez más con una campaña de desprestigio constante y sistemática en contra del Ejército mexicano. Guerra sucia que tiene su origen lo mismo en Washington —que presiona desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos para eliminar el fuero militar— que en el mismo gabinete de seguridad del gobierno mexicano. Se trata de reducir a la mínima expresión a una institución que por su origen popular, formación constitucionalista y principios nacionales, estorba al modelo de policía política que se pretende implantar.

Calderón debería volver a ver el caso de Ecuador, donde una policía crecida, ensoberbecida estuvo a punto de dar un golpe de Estado y de asesinar al gobierno de Rafael Correa.

Cada presidente tiene sus tentaciones sucesorias. Vicente Fox quería heredarle el cargo —como en cualquier monarquía— a su esposa Marta Sahagún; Ernesto Zedillo se prestó —así lo dio a entender Calderón— a ser el traidor del 2000 a su partido, y Calderón quiere, al parecer, no sólo ignorar al PAN sino dejarle al país un policía. Macabro rumor que no es grato escuchar ni en el Día de Muertos.

Suponiendo cierta la frase: “Yo no seré el Zedillo del 2012. Prefiero entregar el poder a los generales antes que al PRI” atribuída a Felipe Calderón, éste último puede hacer algo que vaya más allá que dejarle el país a un policía, y esto es dejárselo a un militar genocida al estilo de Augusto Pinochet, apoyado por la extrema derecha de México que garantice la permanencia de la dupla derecha-ultraderecha en el poder no por cinco, diez o veinte sexenios más sino para siempre. Y en esto Felipe Calderón ha sido bastante claro, su obstinada terquedad de que después de su gris sexenio el PAN-Gobierno continúe gobernando al país por muchos años más hundiéndolo en el depredador neo-liberalismo económico legado por Carlos Salinas de Gortari que sólo ha servido para hacer a los ricos de México mucho más ricos y a los pobres de México mucho más pobres.

Mario Arturo Acosta Chaparro dista mucho de ser el único oficial o funcionario de alto rango sobreprotegido por el PAN-Gobierno. Hay otros tales como Arturo Chávez Chávez y Francisco Molina Ruiz , unos verdaderos pájaros de cuenta que están plenamente documentados y a los cuales Felipe Calderón usando y abusando de su poder como Presidente de México ha sostenido pese a las numerosas acusaciones que han estado cayendo sobre estas lacras a las cuales de lo menos que se les acusa es de competencia e ineptitud.

Por lo pronto, Felipe Calderón, el Comandante en Jefe del Ejército mexicano, tiene un serio problema con las filtraciones de Wikileaks. Porque si resulta ser cierto eso de las cuentas bancarias de Mario Arturo Acosta Chaparro en las islas Caimán, le debe una explicación (o una disculpa) al pueblo de México sobre el asunto de la exoneración, reivindicación y restitución del grado de General de este individuo. Aunque posiblemente opte por hacer lo que ha hecho en situaciones similares: seguir dándole su apoyo al émulo de Pinochet tapándose los oídos ante las acusaciones y reclamos con los que está siendo bombardeado el Presidente Calderón tanto dentro como fuera de México.