La deslegitimación de Felipe Calderón

A Felipe Calderón le está resultando extraordinariamente contraproducente su guerra de legitimación que le declarara a la delincuencia organizada a las pocas semanas de haber tomado posesión de su cargo metiendo al Ejército mexicano en dicha guerrita. Las cosas se le salieron completamente fuera de control, y de ser un Presidente cuya legitimidad ha sido cuestionada por millones de mexicanos que están convencidos de que el escasísimo porcentaje de votos que le dió su supuesto triunfo sobre el candidato de la izquierda Andrés Manuel López Obrador fue gracias a un fraude electoral magistralmente planificado y puesto en acción en julio del 2006, ha pasado a ser un Presidente que es considerado como un simple Presidente de membrete sin autoridad real para poder ejercer su cargo. Esto es, ha perdido legitimidad en los hechos. Y esto no lo dice un pequeño grupo de intelectuales de izquierda resentidos por la forma en la cual Felipe Calderón refrendó al PAN-Gobierno un segundo sexenio en el poder. Lo dijo uno de los principales medios de comunicación de la franja fronteriza en la zona norte que, tras el asesinato de uno de sus reporteros, dejó ya de publicar reclamos y exigencias en sus planas a un Felipe Calderón que no ha hecho absolutamente nada que haya producido resultados concretos para mejorar la deteriorada seguridad en el Estado de Chihuahua, haciéndolo a un lado para dirigirse mejor directamente a la delincuencia organizada para tratar de determinar la forma en la cual se puede llegar a un arreglo o acuerdo con la delincuencia organizada para poner un alto a la matanza innecesaria de periodistas y editorialistas. En efecto, Felipe Calderón ha pasado a segundo término con la publicación del editorial de El Diario que salió a la luz el domingo 19 de septiembre del 2010, y ha dejado de ser considerado ya por tan importante medio de comunicación como la persona quien gobierna en México, relegado en los hechos a una mera figura decorativa que porta la banda presidencial, pronuncia discursos patrioteros y optimistas, dá a conocer cifras alegres previamente maquilladas, pero que en los hechos carece en realidad de autoridad alguna que valga la pena hacer valer, un hombre que hoy se proclama como Presidente como podría proclamarse Batman o Supermán sin serlo en los hechos.

A continuación se reproduce íntegro el texto completo del editorial que causó conmoción alrededor del mundo entero y cimbró a Los Pinos hasta sus cimientos:

¿Qué quieren de nosotros?
Editorial
El Diario
19 de septiembre del 2010

Señores de las diferentes organizaciones que se disputan la plaza de Ciudad Juárez: la pérdida de dos reporteros de esta casa editora en menos de dos años representa un quebranto irreparable para todos los que laboramos aquí y, en particular, para sus familias.

Hacemos de su conocimiento que somos comunicadores, no adivinos. Por tanto, como trabajadores de la información queremos que nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para saber a qué atenernos.

Ustedes son, en estos momentos, las autoridades de facto en esta ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo, a pesar de que reiteradamente se los hemos exigido.

Es por ello que, frente a esta realidad inobjetable, nos dirigimos a ustedes para preguntarles, porque lo menos que queremos es que otro más de nuestros colegas vuelva a ser víctima de sus disparos.

Aun cuando todo el gremio periodístico de esta frontera ha sufrido las consecuencias de esta guerra en la que ustedes y el Gobierno federal se hallan, El Diario ha sido, sin duda, el medio más lastimado hasta el momento porque ninguno ha resentido la muerte de dos de sus colaboradores, como nosotros.

Ya no queremos más muertos. Ya no queremos más heridos ni tampoco más intimidaciones. Es imposible ejercer nuestra función en estas condiciones. Indíquenos, por tanto, qué esperan de nosotros como medio.

Esta no es una rendición. Como tampoco significa que claudicamos al trabajo que hemos venido desarrollando. Se trata de una tregua para con quienes han impuesto la fuerza de su ley en esta ciudad, con tal de que respeten la vida de quienes nos dedicamos al oficio de informar.

Frente al vacío de poder que respiramos los chihuahuenses en general, en medio de un entorno en el que no hay las garantías suficientes para que los ciudadanos puedan desarrollar sus vidas y actividades con seguridad, el periodismo se ha convertido en una de las profesiones más riesgosas y El Diario puede dar cuenta de ello.

Para los que estamos al frente de esta empresa editora, si bien nuestros objetivos y misión de bien informar a la comunidad siguen siendo los mismos de hace 34 años, en estos momentos no le hallamos sentido a seguir poniendo en riesgo la seguridad de tantos compañeros para que sus vidas tan valiosas sean utilizadas como vehículos de mensajes, cifrados o no, entre las diversas organizaciones, o de éstas hacia las autoridades oficiales.

Hasta en la guerra hay reglas. Y en cualquier conflagración existen protocolos o garantías hacia los bandos en conflicto, para salvaguardar la integridad de los periodistas que las cubren. Por ello les reiteramos, señores de las diversas organizaciones del narcotráfico, que nos expliquen qué quieren de nosotros para dejar de pagar tributo con la vida de nuestros compañeros.

Y es que del mensaje que uno de estos grupos dejó en una manta colocada ayer por la mañana en la esquina de Ejército Nacional y Tecnológico, se puede colegir que se adjudica el asesinato del reportero gráfico Luis Carlos Santiago Orozco, registrado el jueves por la tarde en un centro comercial.

La pancarta contiene un recado amenazador dirigido a supuestos comandantes y un comisario, en el que les advierten que les pasará lo mismo que a nuestro fotógrafo si no regresan una cantidad de dinero.

Desde que comenzaron a aparecer estos mensajes en mantas o pintas sobre paredes, El Diario no lo ha tomado como un juego, sobre todo porque han demostrado tener veracidad ya que varias de estas advertencias se han cumplido.

En cambio, a la vuelta de casi dos años del asesinato de nuestro compañero Armando Rodríguez Carreón, nos hallamos demasiado escépticos de que las supuestas autoridades de justicia que están por terminar su mandato nos entreguen un esclarecimiento confiable.

Han sido tantos los ofrecimientos, tantas las promesas de que el caso se aclararía sin que ninguno resultara cierto, que si a estas alturas nos presentaran a un presunto responsable del crimen lo primero que haríamos sería pasarlo por el tamiz de la duda.

El periódico no se va a conformar de buenas a primeras con el primer indiciado que le aseguren se trata del autor del atentado contra “El Choco”, porque contamos con información de que se anda buscando un “chivo” expiatorio para cargarle la culpabilidad de este crimen que para nosotros es tan delicado.

Si con ello pretendieran bajarle la presión al asunto, resultaría contraproducente porque lo único que conseguirían sería atraer una desconfianza mayor de la que, de hecho, ya mantienen entre el grueso de la ciudadanía ante los altos índices de impunidad que se registran.

En todo caso, para que El Diario aceptara un resultado a estas alturas tendría que ser avalado asimismo por organismos internacionales de periodistas, así como de derechohumanistas.

Hace cuatro años y medio, cuando Felipe Calderón Hinojosa aún se hallaba en campaña por la carrera presidencial, acudió a las instalaciones de El Diario para ofrecer una entrevista sobre diversos temas.

En ese encuentro con los trabajadores de la comunicación de este medio, el hoy presidente de la República respondió a una pregunta que se le planteó en torno a las garantías que ofrecería su administración federal para el buen desarrollo de la libertad de expresión y de sus representantes.

Calderón dijo que “en el caso de los asesinatos (de periodistas), así como yo estoy protegido por mi condición de candidato, creo que en la medida en que una actividad se desarrolle en beneficio de la comunidad y encierre peligrosidad también debe haber mecanismos que la protejan. Un periodista que ha sido amenazado o que realice una investigación contra el crimen organizado debe tener mecanismos de protección especial y qué bueno que se creó la fiscalía especial en esa materia”.

A la vuelta de estos años, la historia es bien conocida: el primer mandatario, para conseguir la legitimación que no obtuvo en las urnas, se metió –sin una estrategia adecuada–, a una guerra contra el crimen organizado sin conocer además las dimensiones del enemigo ni de las consecuencias que esta confrontación podría traer al país.

Introducidos sin pedirlo en el conflicto, los mexicanos –y de manera particular los juarenses– han estado al garete de decisiones erróneas que terminaron llevándoselos en medio, con los resultados ahora conocidos y, sobre todo, abominados por las mayorías.

En ese contexto, los periodistas también fueron arrastrados a esta lucha sin control, sin que el presidente pensara en aquel compromiso proferido en la sala de juntas de El Diario, porque los trabajadores de los medios han sido amenazados, han realizado investigaciones sobre el crimen organizado y han estado en medio de esta guerra como testigos privilegiados a la vez que intimidados, pero aun así nunca recibieron de su gobierno los “mecanismos de protección especial” que subrayó como indispensables.

Las únicas armas de defensa que hemos tenido quienes nos dedicamos al oficio, han sido la búsqueda de la verdad, el manejo de las palabras, así como nuestras máquinas de escribir –hoy computadoras– y cámaras fotográficas.

El Estado como protector de los derechos de los ciudadanos –y, por ende, de los comunicadores– ha estado ausente en estos años de belicosidad, aun cuando haya aparentado hacerlo a través de diversos operativos que en la práctica han sido soberanos fracasos.

El viernes pasado, tras el crimen del fotoperiodista Luis Carlos Santiago Orozco, El Diario publicó un editorial en el que enfatizaba esta ausencia al cuestionar “¿A quién exigimos justicia?” En ese mismo tenor se hallan los ciudadanos que no saben ya a quién recurrir para pedir ayuda.

Hace apenas unos días los colegios de médicos adelantaron la posibilidad de hacer una huelga de sus servicios como medida de presión hacia los gobiernos para conseguir respuestas, tras de que varios de sus colegas han sido secuestrados y algunos asesinados a pesar de que se pagó el rescate por ellos.

Otros, como los comerciantes y empresarios también han contemplado acciones de presión, como aplicar una huelga de pagos de impuestos y derechos, de los que vive el gobierno.

Es tanta la falta de justicia, es tanta la desolación e impotencia que sienten todos los sectores, que no sería descabellado comenzar a aplicar acciones que realmente le duelan a quienes tienen la obligación de hacer más por salvaguardar la seguridad de la ciudad, del estado y del país.

En contraste, el mayor obligado en proteger a los ciudadanos se pierde en disquisiciones estériles en torno a si México está igual o peor que Colombia hace veinte años, afirmación emitida por la secretaria de Estado de EU, Hillary Clinton, avalada por medios tan serios como el Washington Post, o bien, se encarga de ofrecer circo a los connacionales a través del oneroso gasto utilizado en las celebraciones por el Bicententario, recursos que mejor debería haber empleado en reforzar las pálidas estrategias de seguridad.

No contento con lo anterior, el primer mandatario pontifica sobre la paz en el país como si se tratara de algo real, al enviar una carta a cada una de las familias de la nación en la que, entre otras cosas y de manera retórica, subraya que el blanco del color de nuestra bandera nacional es el de “la paz que hemos conquistado”.

Tal afirmación es una burla para los juarenses que se ahogan en un baño de sangre y que de paz es de lo que menos saben en estos tiempos.

En Ciudad Juárez hemos llegado a un punto en el que es necesario –y urgente– adoptar otro tipo de medidas para obligar a las autoridades establecidas por ley, a ofrecer respuestas más contundentes, porque la capacidad de tolerancia de tantos ciudadanos dolidos ha rebasado ya sus límites.

El Diario, por lo pronto, asume la postura manifestada en los primeros párrafos, de llamar a los grupos en pugna a que expresen qué es lo que quieren de nosotros como comunicadores.

De víctimas a verdugos

Como si los atropellos, atentados y demás intimidaciones en contra de los medios de comunicación no fueran suficientes, ayer la secretaria de Educación y Cultura del Gobierno estatal, Guadalupe Chacón Monárrez, vino a ponerle más sal a la herida al declarar que somos los culpables del terrorismo psicológico que se vive en la ciudad.

Ahora resulta que, además de víctimas, en la mente de la funcionaria somos los victimarios al culparnos de terroristas por sólo cumplir con nuestra tarea de informar a la comunidad de lo que está sucediendo en esta frontera.

El terrorismo, y esto debe quedarle muy claro a la secretaria de Educación, viene de otras fuentes, no de los medios de comunicación que somos el vehículo para informar de lo que sucede en esta ciudad.

De manera específica Chacón Monárrez se refirió al caso de la escuela primaria y el kínder del norponiente en donde no sólo los padres de familia, sino los mismos maestros, viven con el temor de que algo pueda pasarles ante las amenazas recibidas de parte de un grupo de extorsionadores.

Fueron los propios padres de familia los que se acercaron a este periódico para expresar el miedo que sentían –y sienten– por la seguridad de sus hijos. Las amenazas no las vertió El Diario como tampoco este medio es el que infundió entre los progenitores la iniciativa por denunciar las intimidaciones recibidas.

Ante esta situación, ¿qué esperaba la funcionaria? ¿Que sólo escucháramos a los padres de familia y los regresáramos a sus casas? ¿O que los mandáramos a poner la denuncia correspondiente ante Averiguaciones Previas cuando ellos mismos manifestaron que no confían en la autoridad porque no hace nada al respecto?

El reportero que los escuchó hizo lo que tenía qué hacer: escribir la nota correspondiente y entregarla al editor, quien también cumplió con su función y su responsabilidad de publicarla porque se trataba de un asunto de trascendencia en el que estaba de por medio la integridad de numerosas personas, sobre todo niños.

El terrorismo no lo propició la información divulgada, de la cual se hicieron eco el resto de los medios de la ciudad, sino quienes amagaron a los menores, a sus padres y a los maestros. Pero, sobre todo, lo han venido ocasionando quienes, teniendo la responsabilidad y la capacidad de frenar estos hechos, no lo han hecho, ya sea por omisión, por negligencia o incluso por colusión.

Dice la secretaria de Educación que ella no se puede imaginar que alguien les falte al respeto a los niños, y que pudo tratarse de una broma de mal gusto. Se nota que la funcionaria no vive en esta ciudad, en donde menores de edad, infantes y hasta bebés han sido masacrados. Quien no perdona la burla es ella con sus comentarios, que seguramente no serán del agrado de tantos padres de familia que han perdido a sus hijos de violenta manera.

Tiene toda la razón Hernán Ortiz, antropólogo e investigador de la UACJ, quien le respondió a Chacón Monárrez que no se debe culpar a los medios del terrorismo que desde hace tiempo padecemos, sino a la incompetencia que han demostrado los gobiernos, en lo cual coincide con nuestros comentarios vertidos párrafos atrás.

“Quiero decirle a los medios, con todo respeto, que no nos convirtamos en copartícipes de esto, ya que el terrorismo psicológico se logra a través de la comunicación”, dijo la funcionaria.

¿Qué es lo que nos quiere decir con lo anterior? ¿Que dejemos de publicar? ¿O que sólo divulguemos noticias “buenas” o “positivas”, como en otras ocasiones se ha polemizado al respecto? Los medios recogemos y publicamos todo lo que acontece en la ciudad, ya será el lector el que le dé la connotación de “bueno” o “malo” a lo que lee, escucha o ve.

En todo caso, es la secretaria de Educación la que tiene la gran responsabilidad de que los niños que en estos momentos se estén educando, salgan con una mentalidad bien formada para que no sean los delincuentes del mañana.

Es una cortina de humo lo que ha levantado Chacón Monárrez, para esconder la incapacidad de autoridades que no han hecho bien su labor.

El virtual desconocimiento de Felipe Calderón como el verdadero Presidente gobernante y el reconocimiento de que en esa zona fronteriza colindante con los Estados Unidos (el mayor consumidor de drogas ilícitas del planeta) la verdadera autoridad es la delincuencia organizada y a ella es a la que hay que dirigirse y con ella es con quien hay que negociar para paliar aunque sea un poco la crisis de inseguridad ha causado tales reverberaciones en las mismas cofradías clandestinas de la ultraderecha que después de que un tipo con una voz muy parecida a la del juramentado Yunquista César Nava que afirmó ser César Nava, el presidente nacional del Partido Acción Nacional, se comunicó con El Diario de Ciudad Juárez para decirle a los reporteros que le había pedido a Felipe Calderón tratar de llegar a un acuerdo o negociación con la delincuencia organizada para apagar un poco el fuego (al menos por el tiempo suficiente para que el Partido Acción Nacional pueda repetir un tercer sexenio en el poder en las elecciones presidenciales del 2012 como parte del plan encubierto para someter al pueblo de México a un gobierno paralelo secreto bajo la agenda de la ultraderecha), se suscitó un escándalo nacional que orilló al mismo César Nava a negar públicamente el 20 de septiembre del 2010 haberle pedido a Felipe Calderón pactar una tregua con la delincuencia organizada e inclusive negando haber sido el que hizo la llamada telefónica al medio de comunicación (se trata del mismo tipo que negó haber firmado un pacto con el PRI en relación con la cuestión electoral en el Estado de México y que tras ser desmentido y exhibido le pusieron en su curul una piñata Pinocho en el mismo Congreso de la Unión):

Título: Desmentido
Cartonista: Hernández
Fuente: LA JORNADA

El siguiente editorial de un conocido editorialista es bastante claro:

Poder de facto
Sergio Sarmiento
Columna Jaque Mate
21 de septiembre del 2010

Hay una angustia indudable en el editorial “¿Qué quieren de nosotros?” de El Diario de Ciudad Juárez publicado el domingo 19 de septiembre. No es sólo el hecho de que este periódico, conocido por su independencia, pregunte a un grupo de criminales: “Queremos que nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para saber a qué atenernos.” Hiriente es el comentario que señala: “Ustedes son, en estos momentos, las autoridades de facto en esta ciudad, porque los mandos institucionales no han podido hacer nada para que nuestros compañeros sigan cayendo, a pesar de que reiteradamente se los hemos exigido.”

El Diario ha sufrido los homicidios de dos de sus colaboradores, el joven fotógrafo Luis Carlos Santiago Orozco, asesinado el 16 de septiembre, y el reportero Armando Rodríguez, en noviembre de 2008. Ha sido además víctima de otras agresiones. Ninguno de los ataques ha sido aclarado. Si bien uno puede argumentar que es demasiado pronto para tener resultados en el caso de Santiago Orozco, las autoridades no han podido ofrecer tampoco resultados sobre el de Armando Rodríguez, cuya muerte al parecer quedará sin resolverse como las de cientos o miles de juarenses.

El que un periódico de la estatura de El Diario tenga que hacer su petición a “las autoridades de facto” debe preocuparnos. Cuando un gobierno pierde el monopolio del uso de la fuerza, pierde también su autoridad. Los gobernados quedan indefensos. El derecho es reemplazado por la ley del más fuerte.

Mientras México paga este costo en homicidios y miedo, los estadounidenses, que son la razón por la cual estamos peleando esta guerra contra el narco, aumentan su consumo de drogas. La Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAHMSA) ha señalado que el número de estadounidenses que utiliza drogas de manera consuetudinaria aumentó de 8 a 8.7 por ciento entre 2008 y 2009. Entre los jóvenes de 18 a 25 años el consumo se elevó más, de 19.6 al 21.2 por ciento; pero incluso entre los “viejitos” de 50 a 59 años, quienes están perfectamente conscientes de lo que hacen con su cuerpo, el consumo habitual se ha más que duplicado al pasar de 2.7 a 6.9 por ciento.

No sólo en la Unión Americana está aumentando el consumo. La Encuesta Nacional de Adicciones de México revela que los usuarios habituales de drogas ilegales han pasado de 4.6 a 5.2 por ciento.

Si debemos juzgar el éxito de la política de represión del consumo y el tráfico de drogas por el número de personas que utilizan estas sustancias debemos reconocer un fracaso. Las autoridades a ambos lados de la frontera buscan convencernos de que sus esfuerzos son un éxito porque hay más decomisos, arrestos y muertes, pero no podemos olvidar que la justificación de esta guerra ha sido siempre el impedir que la gente use drogas.

De hecho, quizá la represión no pueda obligar realmente a la gente a dejar de emplear estas sustancias. Lo que sí ha hecho es generar decenas de miles de homicidios y un vacío de poder que hace que hoy un periódico respetado como El Diario tenga que acudir públicamente al narco para que éste aclare cuáles son las nuevas reglas del juego ante la desaparición de los poderes legales en lugares como Ciudad Juárez.

ARTISTAS ASESINOS

El propio Diario lo reportaba ayer. ¿Se acuerda de los cuatro miembros de la banda de los Artistas Asesinos de Juárez detenidos por la Policía Federal el 5 de julio? Fueron presentados ante los medios en el D.F. como presuntos responsables de 55 homicidios. Después se les regresó a Juárez para ser procesados en el fuero local por robo a mano armada y privación ilegal de la libertad. Ahora el fiscal ha retirado los cargos y el juez no ha tenido más opción que dejarlos en libertad. ¿Fueron víctimas de un montaje o son homicidas que el Estado no pudo juzgar?

Ni tardo ni perezoso, el vocero del gobierno federal panista en materia de seguridad, Alejandro Poiré, avanzó el 20 de diciembre del 2010 la tesis de que el asesinato del reportero de El Diario había sido “por motivos personales”:

Título: Valga la rebuznancia
Cartonista: Rocha
Fuente: LA JORNADA

Título: Vocero de sí mismoa
Cartonista: Helguera
Fuente: LA JORNADA

Pero esto lo hizo cuando no sólo no había un solo detenido por el crimen, ni siquiera había un solo sospechoso, o sea, cuando el caso estaba bastante lejos de ser esclarecido, dándole sustento a la creciente acusación pública de que el gobierno calderonista se ha dedicado a maquillar cifras presentando logros optimistas e irreales que nadie ve, y criminalizando a las víctimas afirmando que “los han de haber matado por andar en cosas chuecas” o degradándolas a meros “daños colaterales” afirmando que “son los menos” cuando no se puede criminalizar a las víctimas como en el caso de los estudiantes de postgrado del Instituto Tecnológico de Monterrey. Y Poiré no perdió un solo momento para criticar acremente la tregua pedida por tan importante medio de comunicació a la delincuencia organizada, a lo cual dicho medio respondió en tiempo y forma. Aunque en realidad el tratar de hacer entrar en razones y hacer entender al gobierno calderonista de sus yerros es como hablarle a un sordo o tratar de meterle sensatez a una piedra.

El mismo Sergio Sarmiento dió seguimiento a su editorial anterior con el siguiente:

Nada personal
Sergio Sarmiento
Columna Jaque Mate
22 de septiembre del 2010

Realmente son muy rápidos los investigadores mexicanos. Este lunes 20 de septiembre el vocero de seguridad del gobierno federal, Alejandro Poiré, afirmó que, de conformidad con la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, el ataque del 16 de septiembre en que fue muerto el reportero gráfico Luis Carlos Santiago Orozco y quedó herido su compañero, el también fotógrafo, Carlos Manuel Sánchez, los dos de El Diario de Ciudad Juárez, tuvo lugar por motivos de “índole personal más que por sus actividades profesionales”.

Poiré afirmó esto en una conferencia de prensa en la que descalificó también el editorial “¿Qué quieren de nosotros?” en la que los responsables de El Diario pidieron a los criminales dejar de matar a los periodistas del periódico. “Ningún actor” –dijo– puede “pactar, promover una tregua o negociar con los criminales”.

Ni Poiré ni la Procuraduría de Justicia de Chihuahua, sin embargo, han presentado hasta este momento información que justifique su apreciación de que Luis Carlos y Carlos Manuel fueron atacados por razones de índole personal. Nueve casquillos de bala fueron encontrados en el lugar de los hechos; dos balas impactaron al primero y dos al otro. Los directivos del periódico están esperando todavía que las autoridades resuelvan el caso de Armando Rodríguez, El Choco, ejecutado en noviembre de 2008. ¿Habrá tenido también su homicidio un móvil personal?

No es ésta la primera vez que el gobierno busca justificar, minimizar o descalificar los asesinatos. ¿Se acuerda usted de cuando los funcionarios decían que el creciente número de muertes era prueba de que el gobierno estaba ganando la guerra al narco? ¿O cuando afirmaban que todos o casi todos los muertos tenían algo que ver con la delincuencia organizada?

¿Se acuerda usted de las declaraciones del presidente Felipe Calderón en enero cuando trató de restar importancia a la ejecución de 15 jóvenes en Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, diciendo que eran pandilleros? Resultó que no, el único pecado de los muchachos era ser deportistas. El propio presidente tuvo que ofrecer una disculpa a las familias de estos chicos.

El caso de los estudiantes del Tec de Monterrey, José Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo, fue peor. Los voceros oficiales dijeron primero que éstos habían agredido a un vehículo militar y señalaron como prueba que los cadáveres tenían armas. Después resultó que los jóvenes no sólo no tenían armas, sino que éstas les fueron plantadas por los soldados que los hirieron, los golpearon cuando todavía estaban vivos y presumiblemente los mataron.

¿Se acuerda usted del caso del automóvil con siete miembros de la familia De León atacado por militares en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo? El Ejército justificó el ataque diciendo que el vehículo no se había detenido en un retén. Después resultó que no había retén y que la agresión, que mató a un joven de 15 años y a su padre, se registró simplemente porque el vehículo rebasó un convoy militar.

Yo no sé realmente si la muerte de Luis Carlos Santiago Orozco haya sido producida por un problema de “índole personal”. Las autoridades no han presentado hasta ahora ninguna prueba ni a favor ni en contra. Lo único que puedo decir es que el gobierno federal ha mantenido una estrategia sistemática para minimizar las cerca de 30 mil muertes vinculadas a la lucha contra el narco registradas desde el principio del sexenio. Y señalar esta verdad no es nada personal.

Otro conocido editorialista hace las siguientes observaciones:

El Diario de Juárez y la derrota de Calderón
Jenaro Villamil
Agencia APRO
21 de septiembre del 2010

Una conmoción fuera y dentro del país ocasionó el editorial publicado el domingo 19 de septiembre por El Diario de Juárez, bajo el título “¿Qué Quieren de nosotros?”. No es la primera vez que un medio impreso del norte del país decidía interpelar al crimen organizado para enfrentar la ola de intimidaciones y matanzas que alcanzaron ya al personal del propio rotativo.

De los casi 70 reporteros y trabajadores gráficos que han muerto en los últimos diez años, casi 60% trabajaban para medios de comuinicación de Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Sonora o Durango, “plazas” disputadas por los cárteles del narcotráfico. Algunos periódicos como El Mañana, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, decidieron desde hace años dejar de firmar las notas relacionadas con el narcotráfico para no poner en riesgo a sus reporteros. Otros, como Zeta, han acusado abiertamente la complicidad entre políticos y narcotraficantes.

Lo diferente es que, a raíz del asesinato de su fotógrafo Luis Carlos Santiago Orozco, El Diario decidió hacer pública su interpelación a los cárteles que se disputan la plaza y descalificar con toda crudeza el operativo policíaco-militar ordenado por el gobierno de Felipe Calderón. Ciudad Juárez se mostró así como el ejemplo más claro de una “guerra” cuya estrategia no está clara y que ha llevado al hartazgo de la población civil.

La respuesta del gobierno de Calderón al editorial de El Diario recordó a la tristemente célebre reacción del presidente frente a la matanza de jóvenes en la colonia Villas de Salvárcar. Todos recuerdan cuando el primer mandatario dijo que la masacre fue el resultado de “un pleito de pandillas”. En lugar de ponerse del lado de las víctimas y dimensionar el tamaño del descontento ciudadano, el calderonismo asumió el papel de policía represivo y decidió incriminar a las víctimas sin que existiera una investigación acabada. El error provocó un airado reclamo público de una de las madres de las víctimas de Salvárcar durante una gira de Calderón a Ciudad Juárez.

A través de su vocero en materia de seguridad, Alejandro Poiré, el gobierno de Calderón repitió la misma actitud con El Diario. Indignado por las críticas, Poiré lanzó un reclamo que pretendió ser un mensaje para todos los demás medios impresos que han sido víctimas de las presiones de los cárteles y sus sicarios:

“No cabe en modo alguno por parte de ningún actor el pactar, promover una tregua o negociar con los criminales que son justamente los que provocan la angustia de la población”, sentenció Poiré.

“Que quede bien claro: negociar, postergar o suspender la lucha contra el crimen organizado, lejos de desaparecer la amenaza de la violencia, implicaría someterse a la ley de quienes agreden para intentar eludir la acción del Estado y perpetuar su acción impune, y eso no ocurrirá”, agregó.

Hasta estas frases, la posición del gobierno federal tenía una lógica, quizá cuestionable en su eficacia, pero legal en su planteamiento. El problema fue que el propio Poiré decidió erigirse en ministerio público y cuestionar la condición de víctima del fotógrafo Santiago Orozco, para minimizar la legitimidad de la denuncia de El Diario.

Poiré afirmó en rueda de prensa que las primeras investigaciones realizadas por la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, el atentado contra el reportero gráfico tuvo como móvil las razones “de índole personal, más que por sus actividades profesionales”.

La respuesta del subdirector editorial Pedro Torres se hizo en la tarde del mismo 20 de septiembre: “Con qué calidad moral nos van a decir esto si no hay garantías para la seguridad”. Torres criticó que a cinco días del asesinato de Santiago Orozco las autoridades judiciales pretenden dar por buena una versión que elimine la línea del crimen organizado. Recordó que a casi dos años del asesinato del reportero Armando Rodríguez Carreón, trabajador también de El Diario, las autoridades no han avanzado en nada.

Título: Ciudad Juárez
Cartonista: Naranjo
Fuente: EL UNIVERSAL

“Nos dijeron que tenían solucionado el caso y que hasta tenían identificados a los autores materiales e intelectuales del asesinato… No tienen nada”, afirmó.

Esta es la otra cara del alegato de El Diario y de decenas de otros medios mexicanos que se han enfrentado a las intimidaciones del narcotráfico. ¿De qué sirve denunciar ante las autoridades y a las fiscalías creadas si no se ha resuelto uno solo de los crímenes contra periodistas ni tampoco se han eliminado las amenazas de los cárteles?

¿Con qué confianza puede acudir un medio a las autoridades si éstas pretenden minimizar y reducir a “asuntos personales” los supuestos móviles?

Sucesos nacionales como los que han estado ocurriendo han ocasionado que entre los mismos medios de comunicación estén apareciendo serias fisuras y confrontaciones entre los comunicadores que podríamos calificar como “oficialistas”, muy al estilo del multimillonario y putrefacto monopolio TELEVISA (los mismos que ayudaron a la maquiavélica dupla derecha-ultraderecha de México a llegar a la Presidencia de la República primero en el año 2000 y después afianzándola en el año 2006 mediante una terrible guerra sucia mediática), y los comunicadores que podríamos calificar como “independientes”, esos que se niegan a postrarse de rodillas ante los poderes fácticos que están gobernando a México, como nos lo hace ver el siguiente editorial:

La prensa, enfrentada
Raymundo Riva Palacio
21 de septiembre del 2010

Un editorial publicado el domingo pasado por El Diario de Juárez ahondó la división de los medios mexicanos, con lo cual coronaba una semana de recriminaciones recíprocas interminables. Fueron detonadas por la petición de asilo en Estados Unidos del ex camarógrafo de Televisa, Alejandro Hernández, quien provocó una disputa abierta de periodistas, inclusive que cohabitan bajo el mismo techo, y se profundizó con la petición del respetado periódico juarense que pidió tregua a los cárteles de la droga y les ofreció publicar –o dejar de publicar lo que ellos deseen– a cambio del respeto a la vida de sus trabajadores.

La postura de El Diario de Juárez, que es realmente un grito de angustia e impotencia, puede ser debatida en términos periodísticos, y si bajo esos términos, el asesinato de uno de sus periodistas más respetados el año pasado y del crimen de un joven que tenía cuatro meses de haber ingresado al periódico, la justifica. Inclusive, se puede establecer una analogía con el semanario Zeta de Tijuana, que pese al asesinato de uno de sus fundadores y de uno de sus pilares, además del atentado en contra del legendario Jesús Blancornelas, jamás adoptó la posición de entrega del diario juarense. Pero Tijuana no es Ciudad Juárez. Tijuana siempre fue propiedad de un cártel y Ciudad Juárez todos los cárteles se disputan su propiedad.

Si la definición editorial de El Diario de Juárez no debió haber sido nada fácil en su discusión y conclusión, poco ayudan las posiciones radicales y absurdas de quienes se quejan de la mezquindad de otros medios cuando el suyo, o su persona, resultan los afectados. El más, Carlos Marín, director editorial de Milenio Diario, el periodista encumbrado en puestos de dirección que históricamente ha sido más insensible y menos solidario con los temas gremiales, quien escribió sobre el posicionamiento de El Diario: “En cuanto que lo que no se puede además de imposible y empresa y trabajadores de El Diario de Juárez están convencidos de no poder ejercer el periodismo, ¿por qué no cierran el periódico y se dedican a otra cosa, en vez de capitular ante la delincuencia?”.

Hay muchos periodistas, inclusive dentro de Milenio, que descalifican las posturas de Marín, pero este es un caso excesivo porque exacerba a todos. Fue Marín quien calificó originalmente de “mezquinos” a El Universal y La Jornada por la nula cobertura que realizaron sobre el secuestro de dos trabajadores de Multimedios, la empresa propietaria de Milenio, y dos de Televisa en julio pasado en Gómez Palacio, Durango, entre ellos Hernández. Ahora, Marín abusa de su cargo y del espacio privilegiado en la primera plana del periódico que encabeza no para ser mezquino, sino un miserable.

Denise Maerker que escribe en El Universal, afirmó este lunes que su periódico sí guardó silencio, pero por petición expresa de ella que apeló a su discreción, pues uno de los secuestrados trabajaba directamente con ella en su programa de televisión Punto de Partida. En respuesta, el director adjunto de Milenio, Ciro Gómez Leyva escribió: “Me dolió leer la columna de Denise Maerker… porque caminamos juntos aquella última semana de julio, la de nuestros reporteros tomados como rehenes en la comarca lagunera. Me cuesta comprender que cuando, a partir de un testimonio singular y cuestionable, se quiere hacer pasar con atropello la versión de que nuestros compañeros no fueron rescatados, sino liberados por los secuestradores”.

Gómez Leyva ratificó su agradecimiento con Luis Cárdenas, coordinador de Inteligencia de la Policía Federal y experto en secuestros, y con Facundo Rosas, comisionado de la Policía Federal, por el trabajo realizado que rescató con vida a los cuatro periodistas. Maerker y muchos los criticaron y en varios espacios, desde la semana pasada, se acusó al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de haber hecho un “montaje”. El sustento fueron las declaraciones de Hernández, quien había dicho lo contrario cuando se le mostró ante la prensa –que decía que estaba muerto–, y que omitió ventilar que tras el secuestro pidió empleo, precisamente, en la Policía Federal.

Manuel Feregrino, ejecutivo en el Grupo Radio Fórmula y comentarista en el programa radial de Gómez Leyva, dijo que el fondo de la discusión, o quizás mejor dicho, aprovechando esta coyuntura, se encontraba “la animadversión de varios o muchos periodistas (contra) García Luna”. Quizás, en el ajuste de cuentas permanente contra García Luna se encuentran nuestras contradicciones y nuestros riesgos.

Todo está demasiado focalizado en García Luna y en el gobierno federal, aunque muchos casos de periodistas agredidos o asesinados pertenecen más al ámbito local. Lo de Gómez Palacio, por ejemplo, pertenecía al ámbito de la autoridad local, no federal. En todo caso, hay que denunciar a García Luna, a Rosas y a Cárdenas, por meterse en un tema que debió haber resuelto la policía local y la procuraduría de Durango. Seamos congruentes y quitémonos las máscaras. Comencemos por la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

Seamos honestos y exijamos que no se vuelvan a meter en un tema que deben resolver las autoridades locales, como secuestro y asesinato que no esté debidamente comprobado que tiene que ver con delincuencia organizada. Que los dueños de los medios regresen las escoltas de la Policía Federal que tienen comisionados, y que los menos encumbrados declinen los privilegios que buscan en términos de protección y seguridad para familiares y amigos. Que se le dejen de pedir favores, a la Policía Federal, pero también a la PGR y a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Si no creemos en ellos, ¿por qué recurrir tanto a ellos? Pero también seamos claros. Al escoger a nuestros adversarios y a nuestros amigos, no podemos presentarnos como un gremio desunido, atomizado y enfrentado, pues este es el mejor escenario para atacarlo, los narcotraficantes y aquellas personas que tengan motivos personales y que en esta turbulencia quieren cobrar facturas a cuentas de otros.

Ya son decenas de periodistas asesinados o en más de tres años y medio de lucha contra el narcotráfico. Ningún crimen se ha resuelto. Uno sería demasiado, pero no terminamos de aprender. En Colombia tuvieron que secuestrar nueve meses a Francisco Santos, periodista y miembro de la familia que controlaba El Tiempo, el periódico más importante de Colombia, y asesinar a Guillermo Cano, director de El Espectador, el segundo periódico en importancia nacional, para que, aunque efímeramente, los medios comprendieran que o se unían o irían muriendo uno por uno. ¿Necesitamos que lo mismo suceda en México para comprender que las diferencias gremiales son menores a nuestras vidas? La respuesta lógica es no, aunque lamentablemente, en nuestros tiempos no gobierna el sentido común.

En pronta respuesta ciudadana a la nula justicia ofrecida por el dizque Presidente de México Felipe Calderón, y en respuesta a su indiferencia total a lo sucedido así como su orgullosa soberbia que en nada ha ayudado al país, el 21 de septiembre del 2010 en el mismo Estado de Chihuahua un poblado enfurecido linchó y despachó a los mismos infiernos por la vía rápida a dos secuestradores despiadados y contumaces que ya tenían más que hartos a los sufridos pobladores de la ciudad de Ascensión, un acto de justicia popular que el ultraderechizado Estado mexicano condenó como “un grave atentado en contra de nuestro Estado de Derecho” (¿?) y “una inaceptable violación de los derechos humanos de seres que no son culpables de lo que hacen al haberse educado en un entorno social que los convirtió en lo que eran”, preparándose infructuosamente para tratar de castigar de alguna manera a todos los habitantes del poblado de Ascensión obligándolos a pagar una generosa indemnización a los familiares de los hampones por “reparación de daños” y, ¿por qué no?, levantarle un monumento en su memoria a los secuestradores ajusticiados elevándolos a la categoría de “víctimas de la injustica de la justicia popular”.

El siguiente editorial, publicado por el mismo medio de comunicación que optó por ya no perder más inútilmente su tiempo con reclamos de justicia a Felipe Calderón que nunca fueron escuchados prefiriendo mejor dirigirse directamente a los capos del narcotráfico para pedirles una tregua, es representativo del hartazgo que hay en esa ciudad:

Trepidante lección
Sergio Conde Varela, Abogado
EL DIARIO
23 de septiembre del 2010

Un pueblo trabajador, entregado con tesón principalmente a las labores del campo, impuesto a luchar en contra de las injusticias por los aumentos desmedidos de la luz y los fertilizantes, un pueblo que con mucho sudor de su frente consigue los ingresos para su diario sustento, es el de Ascensión.

El martes pasado, ese pueblo en su mayoría enardecido, con una coraje explosivo y una voluntad de volver a la famosa Ley del Talion de “ojo por ojo y diente por diente”, arremetió con furia a un grupo de secuestradores a los cuales captó en flagrante delito y posteriormente dos de delincuentes murieron dentro de una camioneta oficial, sin que se conozca plenamente el informe sobre la causa de la muerte.

Este hecho, de una de las poblaciones que en el tiempo y por informes de la entonces Secretaría de Gobernación era una de las más productivas en la república, debe ser una lección no para los delincuentes sino para las instancias de gobierno que han dejado pasar días, meses y años sin que se imponga la ley, en una serie interminable de actos antisociales, en los cuales se han perdido vidas, patrimonio, negocios, jóvenes, hombres y mujeres.

La ausencia de medidas obligadas por la ley que no se han implementado ha producido el hartazgo social a que hemos hecho referencia.

La situación que ha vivido Ascensión, no es propia de ella, sino de los 67 municipios de nuestro estado incluyendo Chihuahua capital y por supuesto nuestra frontera, considerada la más violenta de la tierra.

Los sociólogos oficiales, si es que le tienen amor a su profesión y a México, deben entender que no es sólo Chihuahua sino muy buena parte del país la que sufre el deterioro supremo de valores tradicionales y que todos los grupos sociales se impactarán, porque lo que aconteció en este poblado agrícola, batallador y luchista, puede llevar a la frase “Todos somos Ascensión”, como antes se estableció “Todos somos Juárez”. Hay miedo, molestia, incomodidad, angustia por la inactividad en la resolución de estos problemas que están ahogando prácticamente a la gente y que los niveles de gobierno están obligados a resolver porque así lo exigen las normas jurídicas.

La lección que se desprende del caso Ascensión no es una lección de gabinete, ni de declaración mediática, es la realidad misma que se desprende de las entrañas profundas del pueblo que voltea hacia todas partes y no encuentra la respuesta en quienes deben dársela y a pesar de las denuncias, judiciales y públicas, la indiferencia ha sido la respuesta a este mal que camina de manera incesante desbaratando toda una serie de instituciones en las cuales se apoyaba el desarrollo social y que subrayamos, no son otras que las que las leyes señalan pero que no se cumplen.

Los hechos que se dieron imponen la seriedad de buscar a fondo sus orígenes y no sólo eso, sino la ejecución de medidas, que es la principal función del Ejecutivo. Se ha tomado erróneamente la postura de andar diagnosticando enfermedades sociales, sin darles el tratamiento y la medicina adecuada. Se habla y se habla de líneas y líneas de investigación que sólo quedan en la bitácora de cada día y que se pierden con el paso del tiempo por ser tantos los hechos antisociales que han rebasado todas las estadísticas de la criminalidad de que se tenga noticia.

No sería justo que el caso Ascensión se minimice, como ya es una práctica constante que se utiliza para no hacerle frente a los acontecimientos. El coraje y la impotencia colectiva se perciben a muchas leguas de distancia y no es posible que irresponsablemente se voltee la cara hacia otras cosas triviales, sólo para quitar la atención de lo que verdaderamente importa. La gente pide a gritos que impere la justicia, el orden, el respeto al pueblo porque el estallido de las pasiones puede llevar a un cataclismo social y eso de plano no se vale. De verdad.

Y justo mientras todo lo anterior ocurría en ese estado norteño de México, lo único que le importaba al dizque Presidente de México Felipe Calderón, degradado ya a mera figura simbólica por muchos mexicanos aunque aún siga siendo el residente oficial de Los Pinos y aunque aún siga teniendo en sus manos el control del Ejército, las fuerzas de seguridad pública federales, la PGR y el control del presupuesto, es la perpetuación del PAN en el poder por los siglos de los siglos, para siempre, como lo documenta la siguiente nota sobre una reunión en la que para no “ofender” a Felipe Calderón se ignoró por completo el asunto del secuestro de Diego Fernández de Cevallos (al cual Calderón siempre le ha tenido odio y animadversión e inclusive en alguna ocasión se llegaron a insultar mutuamente en público, como lo documenta la revista PROCESO en su edición 1751):

Calderón: vamos de nuevo por el poder
Horacio Jiménez y Jorge Ramos
EL UNIVERSAL
23 de septiembre del 2010

Porque es válido, legítimo, honesto y necesario, “vamos nuevamente a la conquista del poder”, dijo el presidente Felipe Calderón al encabezar el 71 aniversario de la fundación del PAN, a dos años de la elección presidencial.

“Con la fuerza de la democracia, de la razón y de los ideales, vamos en este 71 aniversario con los objetivos del PAN a construir ciudadanía, a divulgar y aplicar en la realidad nuestros principios y también, porque es válido, porque es legítimo, porque es honesto, porque es necesario, vamos nuevamente a la conquista del poder y de la voluntad de los ciudadanos”.

En consonancia con el discurso presidencial, el líder nacional del PAN, César Nava, aseguró que su instituto político ganará por tercer sexenio consecutivo la Presidencia en 2012. (¿Pese a todo lo que ha sucedido?)

El líder dijo que gracias a los resultados del pasado proceso electoral, han derribado el mito inevitable del regreso del PRI a Los Pinos, aunque en esta ocasión no estuvieron presentes los gobernadores aliancistas de Sinaloa, Puebla y Oaxaca.

En tanto, el presidente Calderón urgió a los panistas a volver a su mística, es decir, mover su “alma guerrera” que en momentos difíciles los han llevado a victorias contundentes.

“Volver —dijo— al PAN de los militantes, el que toca las puertas, al que va a las colonias; es momento de llamar al PAN de las ideas, sí, pero también al PAN de los militantes”, afirmó.

Calderón aseguró que sus adversarios tienen miedo a que AN sea capaz de despertar voluntades y movilizar a la sociedad con la fuerza de sus valores.

Además, citó a quien fuera su amigo, Carlos Castillo Peraza, quien decía que ante la crítica, el PAN debe dejar de actuar como perro acosado.

Calderón insistió en señalar a los críticos de su partido; incluso, pidió a sus correligionarios no sólo estar al tanto del estruendo que causan sus adversarios ante el paso del PAN.

“Como decía Efraín González Luna, de las orugas doctas que escondidas en su torre de marfil no se daban cuenta que esa torre se convertiría, simplemente, en un pedestal de imbéciles”, sobre los que pontificaban todos los males del PAN.

Asistieron el ex líder nacional del PAN y actual secretario particular del Presidente, Luis Felipe Bravo Mena, y los coordinadores parlamentarios Josefina Vázquez Mota y José González Morfín. En cambio, fueron notorias las ausencias de Manuel Espino, en disputa con la actual dirigencia, y Germán Martínez.

Retener el poder en sus manos por el resto de la Historia es lo único que les importa. En realidad, es lo único que les ha importado desde que Vicente Fox armó su elección de Estado en el 2006 para que el PAN siguiera en el poder tras seis años de estancamiento económico. Para ello despilfarraron cerca de 700 millones de pesos de las arcas de la Nación en una celebración ostentosa a fin de darse importancia con glorias ajenas (en realidad, la ultraderecha de México jamás ha simpatizado con el movimiento de independencia de 1810 ni con la Revolución Mexicana que depuso al aburguesado dictador Porfirio Díaz). Y harán lo que sea e inclusive matarán a quien sea con tal de retenerlo. Al igual que como lo hizo en su momento Francisco Franco y al igual que como lo hiciera en su momento Adolfo Hitler. Mientras tanto, siguiendo los consejos de Goebbels, el PAN-Gobierno continuará publicitando a todas horas a través de TELEVISA sus “grandes logros” mostrando caritas felices en la realidad oficialista en donde todo es cuestión de “percepción”. Porque... ¡con todo lo que está pasando en México, todavía así Felipe Calderón se obstina no sólo en continuar su guerra inútil de legitimación que irónicamente hoy le está costando su deslegitimación sino en hacer todo lo que pueda estar a su alcance para perpetuar al PAN-Gobierno en el poder por un tercer sexenio como preludio a un cuarto sexenio como preludio a un quinto sexenio, y así por siempre, por los siglos de los siglos! Para los mexicanos, será como estar gobernados por Victoriano Huerta por los proverbiales mil años que supuestamente iba a durar el Tercer Reich de la Alemania Hitleriana. Esto, si la ultraderecha encubierta se sale con la suya.

El editorial principal de uno de los principales medios de comunicación en el Norte de México que cimbró hasta sus pies de barro a un Presidente incapaz de ejercer una autoridad real desde el día en el que entró por la puerta trasera del Congreso para consumar su virtual golpe de Estado instalándose en una silla presidencial que nunca debería de haber ocupado, desconociéndolo de plano como el poder del Estado en México y concediéndole ese status a la delincuencia organizada que hace lo que le dá la gana en el país desde que Felipe Calderón le declaró la “guerra” detonó un vasto apoyo en todo el país hacia dicho medio de comunicación, y prueba de ello es el siguiente editorial representativo de los muchos editoriales haciéndole ver sus verdades a Felipe Calderón y descargando en contra del inepto y corrupto PAN-Gobierno observaciones que ciertamente jamás son radiadas al aire por el jilguerillo oficial de TELEVISA Joaquín López-Dóriga:

que sólo baila “al son del que paga” repitiendo como robot todo lo que le indican que diga al aire:

¿Qué quieren de nosotros?
Denise Dresser
Agencia APRO
22 de septiembre del 2010

Presidente Felipe Calderón; secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna; secretario de la Defensa Nacional, General Guillermo Galván; doctor Alejandro Poiré, vocero del Consejo de Seguridad Nacional, y señores de las diferentes instituciones encargadas de la seguridad nacional:

Así como La Redacción de El Diario de Ciudad Juárez preguntó al crimen organizado de su entidad qué hacer, nosotros los ciudadanos también les hacemos a ustedes la misma pregunta: ¿Qué quieren de nosotros? La pérdida de 28 mil vidas en los últimos cuatro años evidencia una espiral de violencia en ascenso que quebranta la vida y el futuro de todos los que vivimos en México.

Hacemos de su conocimiento que somos ciudadanos, no adivinos. Por tanto, como ciudadanos, queremos que nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros en esta guerra contra el narcotráfico que han decidido librar, para saber a qué atenernos.

Ustedes han sido rebasados por los poderes de facto en este país, y como miembros de los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para evitar que los periodistas –y otras víctimas inocentes– en Ciudad Juárez y numerosas ciudades asediadas sigan cayendo.

Es por ello que, frente a esta realidad inobjetable nos dirigimos a ustedes para preguntarles qué piensan hacer para combatir de manera más eficaz la violencia, porque ya no queremos que muchos mexicanos más sean víctimas de una guerra mal librada.

Ya no queremos más muertos. Ya no queremos más heridos y tampoco más justificaciones poco creíbles. Es imposible la vida tranquila y productiva en estas condiciones. Indíquennos, por tanto, qué van a hacer para cambiar una situación que se ha vuelto intolerable.

Esta no es una rendición de nuestra parte. Tampoco significa que claudicamos como ciudadanos a las responsabilidades que nos corresponden. Se trata de exigir un replanteamiento a fondo de la estrategia aplicada hasta el momento, la cual demuestra cada día su ineficacia.

Frente al vacío de poder que enfrentamos los mexicanos en general, en un entorno en el que no hay las garantías suficientes para desarrollar nuestras actividades con seguridad, simplemente vivir en México se ha convertido en algo arriesgado. Ciudad Juárez y muchas ciudades más pueden dar cuenta de ello.

Hasta en la guerra hay reglas. Y en cualquier conflagración existen protocolos y garantías para la población civil. Pero actualmente los ciudadanos –así como los periodistas– acaban pagando tributo con su vida, como lo hicieron los estudiantes del Tecnológico de Monterrey y las familias destrozadas por los disparos del Ejército en distintos retenes a lo largo del país. La respuesta oficial en estos casos ha sido señalar a los muertos como culpables de alguna ilegalidad, como cómplices del crimen organizado, o como víctimas de un móvil de índole personal. En el caso más reciente del periodista Luis Carlos Santiago Orozco, de El Diario de Ciudad Juárez, el gobierno federal ha intentado –de nuevo– colocar la culpa sobre los hombros del asesinado en lugar de reconocer la situación insostenible a la cual se enfrentan los periodistas en México.

A la vuelta de casi cuatro años desde que comenzó la guerra del presidente Calderón, somos escépticos de que las supuestas autoridades de justicia nos entreguen un esclarecimiento confiable sobre este caso y muchos más.

Vale la pena recordar que cuando Felipe Calderón se hallaba en campaña por la carrera presidencial acudió a las instalaciones de El Diario de Ciudad Juárez. Cuando se le preguntó sobre las garantías que ofrecería su gobierno para asegurar la libertad de expresión, dijo que “un periodista que ha sido amenazado o que realice una investigación contra el crimen organizado debe tener mecanismos de protección oficial”, y se congratuló de que existiera ya una fiscalía especial para investigar ataques contra periodistas.

Hoy la historia es bien conocida: México es uno de los países más peligrosos para ser periodista, y lo que acaba de ocurrir en Ciudad Juárez simplemente constata cuán cercenada se encuentra la libertad de expresión por los capos del crimen organizado. No hay protección especial para quienes ejercen el oficio de comunicar, ni una fiscalía eficaz que investigue las agresiones en su contra. El periodismo mexicano está padeciendo las consecuencias de una guerra que Felipe Calderón decidió librar sin conocer las dimensiones del enemigo ni los costos que esta confrontación podría traer al país.

Introducidos sin pedirlo al conflicto, los ciudadanos han sido arrastrados a esta lucha sin control, con los resultados ahora conocidos y, sobre todo, abominados por las mayorías. El Estado como protector de los derechos de los ciudadanos se ha mantenido ausente en estos años de belicosidad, y queda cada vez más claro que los diversos operativos emprendidos en lugares como Ciudad Juárez han sido un rotundo fracaso. Y así como El Diario de Ciudad Juárez pregunta “¿a quién exigimos justicia?”, los ciudadanos queremos saber lo mismo. Ya no sabemos a quién recurrir para pedir ayuda en caso de un robo, un secuestro, una intimidación.

Tanta es la falta de justicia, tanta es la desolación e impotencia que sienten distintos sectores. Y, mientras tanto, el primer mandatario pontifica sobre la paz como si se tratara de algo real, y envía una carta a todas las familias del país en donde dice que el color blanco de nuestra bandera nacional es el de “la paz que hemos conquistado”.

Ese mensaje es una afrenta para los mexicanos, ya que la paz es lo que menos se vive en estados como Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán y Nuevo León.

En México hemos llegado al punto en el que es necesario –y urgente– adoptar otro tipo de medidas para obligar a las autoridades establecidas por la ley a ofrecer respuestas más contundentes. La capacidad de tolerancia de tantos ciudadanos dolidos ha llegado a su límite; no cuentan ya esas autoridades con nuestra anuencia ni con nuestra confianza.

Y de allí la pregunta para quienes han convocado a una guerra que cada día resulta más fútil: ¿Qué quieren de nosotros como ciudadanos?

Aunque tratar de dirigirse a Felipe Calderón para que tome responsabilidad de sus actos y de su investidura es como tratar de hablarle a un sordo o hacerle entender razones al proverbial Gabino Barreda cuando andaba en la borrachera, la deslegitimación propinada por el editorial de El Diario sí le dolió hasta el alma a Felipe Calderón, y prueba de ello es que ante la visita de la Sociedad Interamericana de Prensa se sacó de la manga al igual que como acostumbran hacerlo los magos una solución casi mágica al caso del asesinato de un periodista de dicho periódico que llevaba ya mucho tiempo en la impunidad. Pero lo que no les dijo ante las cámaras a los representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa fue que en la dizque solución al vapor de dicho crimen es que los inculpados resultarían ser... ¡dos muertos y un torturado! De ello dió fé el siguiente editorial publicado por el periódico ofendido:

Justicia fabricada
Editorial
EL DIARIO
26 de septiembre del 2010


De nuevo, el Gobierno federal nos ha dado una muestra de que piensa que gobierna para retrasados mentales.

… Y lo peor de todo es que esa ocurrencia la soltó delante de un grupo de las personas que son las mejor informadas y, por ende, las más críticas.

El miércoles, al reunirse en la residencia oficial de Los Pinos con delegaciones de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), entre quienes se hallaban directivos de algunos medios de comunicación del país, el presidente Felipe Calderón les informó que había sido detenido uno de los participantes en el crimen de nuestro compañero Armando Rodríguez Carreón “El Choco”, ocurrido el 13 de noviembre de 2008.

El Ejecutivo federal no dio más datos, pero el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, también presente en el encuentro, les confirmó que la captura había permitido conocer que el móvil del crimen se debió a su actividad profesional “y que las investigaciones continúan”.

La administración calderonista, que durante casi dos años hizo como que le interesaba el caso de “El Choco” pero en realidad le puso muy poca atención, al grado de que “meses atrás” regresó el expediente a la Procuraduría de Justicia estatal, según palabras textuales del subprocurador Alejandro Pariente, de manera repentina, presionada por el apremio nacional e internacional tras la muerte de nuestro otro colega Luis Carlos Santiago Orozco y ante las reacciones generadas por nuestro editorial de hace una semana “¿Qué quieren de nosotros?”, decidió sacar un conejo –o, en este caso, un chivo– de la chistera para impresionar a los periodistas con los que se reunía.

Pese a los constantes reclamos de justicia de este medio y de sus comunicadores durante los pasados 22 meses, así como de la familia de Armando, el presidente Calderón ni se preocupó por hacernos llegar la “primicia” que sí adelantó a las organizaciones internacionales de periodistas, con el fin de aprovechar los reflectores para tratar de legitimar su maltrecha imagen precisamente ante quienes pueden darle ese despliegue.

El problema es que se trató tan sólo de un golpe efectista, mediático, porque al dar a conocer al día siguiente detalles de la supuesta investigación la PGR puso en evidencia las burdas costuras con que el caso fue fabricado.

Al mostrar las pifias de su presunta indagación, el Gobierno federal no sólo se burló de los periodistas que atendió en Los Pinos el miércoles, sino de quienes hemos estado exigiendo el efectivo esclarecimiento del crimen desde esta frontera, así como de la familia de Armando.

Entendemos que fue por ese motivo que los funcionarios federales nos hicieron a un lado al no enterarnos primero a los más interesados, porque sabían que, por un lado, íbamos a recibir con desconfianza esa información, pero, sobre todo, porque ellos conocen que nosotros, que estamos al tanto de lo que acontece en esta ciudad, íbamos a detectar con inmediatez los errores, la fabricación de un caso al vapor, como lo hemos estado haciendo en nuestras ediciones después del jueves.

Por supuesto que lo sabían. Hace una semana, en nuestro editorial que le dio la vuelta al mundo, lo anticipamos. Tras poner en entredicho la autoridad de quienes están sentados en las oficinas gubernamentales, una realidad que muy pocos apuestan a la discusión en Ciudad Juárez, enfatizamos que “a la vuelta de casi dos años del asesinato de nuestro compañero Armando Rodríguez Carreón, nos hallamos demasiado escépticos de que las supuestas autoridades de justicia que están por terminar su mandato (es decir, las estatales) nos entreguen un esclarecimiento confiable”.

Si bien no fue la fiscalía estatal la que se anticipó a “develar” a los dizque presuntos autores del crimen de “El Choco”, tampoco fue para que la procuradora Patricia González, en rueda de prensa un día después de la PGR, disipara las dudas en torno a las pifias demostradas sino que generó más.

El domingo pasado expresamos: “Han sido tantos los ofrecimientos, tantas las promesas de que el caso se aclararía sin que ninguno resultara cierto, que si a estas alturas nos presentaran a un presunto responsable del crimen lo primero que haríamos sería pasarlo por el tamiz de la duda.

“El periódico no se va a conformar de buenas a primeras con el primer indiciado que le aseguren se trata del autor del atentado contra ‘El Choco’, porque contamos con información de que se anda buscando un ‘chivo” expiatorio para cargarle la culpabilidad de este crimen que para nosotros es tan delicado.

“Si con ello pretendieran bajarle la presión al asunto, resultaría contraproducente porque lo único que conseguirían sería atraer una desconfianza mayor de la que, de hecho, ya mantienen entre el grueso de la ciudadanía ante los altos índices de impunidad que se registran.

“En todo caso, para que El Diario aceptara un resultado a estas alturas tendría que ser avalado asimismo por organismos internacionales de periodistas, así como de derechohumanistas”.

En vista de que las instancias federal y estatal actuaron tal como lo habíamos pronosticado, desde esta tribuna periodística lanzamos un llamado a la SIP, al CPJ, a Reporteros sin Fronteras, al Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet), así como a todas las organizaciones de comunicadores tanto del país como del extranjero, además de los grupos derechohumanistas que quieran adherirse, para que supervisen la información proporcionada por la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia en el Estado en torno al caso de Armando y la confronten con la que hemos estado manejando en este medio, en la que damos cuenta de las inconsistencias que hemos detectado.

Nuestro propósito es que desde sus ámbitos, desde sus trincheras, nos apoyen para exigir a los procuradores de ambos niveles que se apeguen a la ley –no sólo en el caso de Armando sino en el de todos los periodistas asesinados o desaparecidos–, para que sigan presionando con el fin de que estos funcionarios no nos quieran presentar responsables “coyunturales”, al modo en que lo pretenden para legitimar una función que no han sabido sustentar con efectividad.

Los convocamos a que se nos unan para demandar una justicia verdadera, no fabricada.

En su primer comunicado del jueves pasado, publicado en su sitio electrónico, la PGR estableció que la causa por la que victimaron a nuestro compañero Armando fue “por hacer muchas notas periodísticas en contra de La Línea”.

Unos minutos después, la dependencia sustituyó esa información por otro boletín en el que omitió el nombre del grupo “La Línea” para indicar que “cuenta con información que vincula a una de las organizaciones delictivas que se disputan el control de la plaza” con este homicidio.

Tal como lo indica una de las notas publicadas en este medio, la única amenaza documentada por Rodríguez Carreón, la cual denunció de manera personal a la fiscal estatal Patricia González, es la que recibió vía mensaje de texto a través de su teléfono celular, en la que se le acusaba, paradójicamente, de favorecer con sus notas al entonces líder de “La Línea”, lo que contrasta con la información divulgada temprano por la PGR.

En sus comunicados, la Procuraduría federal enumeró al menos a cuatro personas como presuntamente involucradas en el crimen de “El Choco”. De uno de ellos, José Antonio Acosta Hernández “El Diego”, de quien asegura fue el autor intelectual, dijo que murió en una ejecución registrada en 2009, aun cuando la misma PGR ofreció apenas en mayo del presente año una recompensa de 15 millones de pesos por su captura.

Además, en pintas dirigidas al líder del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, plasmadas en muros de esta ciudad los días 9 y 10 de septiembre pasados, aparece la firma de “El Diego”. ¿Está vivo o está muerto para la PGR? La procuradora González confirmó al día siguiente que sigue vivo.

El dato de que la muerte del periodista fue concebida por “El Diego” lo atribuyó la Procuraduría federal a dos hombres que aseguró se hallan detenidos e identificó como “El 7” y Hugo Valenzuela Castañeda.

El hombre apodado como “El 7” corresponde a Juan Alfredo Soto Arias, quien fue detenido por el Ejército mexicano como presunto autor de la masacre de estudiantes en Villas de Salvárcar.

Ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos obra una denuncia interpuesta el 29 de junio pasado, en la cual se asienta que presuntamente Soto Arias fue sometido a diversas torturas –algunas que tal vez envidiaría la Inquisición– para que se inculpara de diversos delitos.

Un ejemplo de esas supuestas atrocidades quedó asentada en el documento recibido por la CNDH: “Al entrevistarme con él (Soto Arias) me platicó que los militares se lo habían llevado a la guarnición militar y que los cuatro días lo estuvieron golpeando mucho, y como se negaba a aceptar los delitos que los soldados le imputaban, llegaron al extremo de desnudarlo para introducirle por el ano una espada a la que le daban vueltas, causándole graves lesiones”.

Si sucedió de ese modo, no lo sabemos. Corresponde a la CNDH investigar su autenticidad. Nosotros lo transcribimos para que quede constancia de lo que puede haber detrás del apresurado caso que dio a conocer la PGR.

Y aun cuando esta dependencia exhibió a “El Diego” y a Soto Arias como presuntos culpables del crimen de “El Choco”, no se ha liberado alguna orden de aprehensión en su contra por parte de ninguna de las dos fiscalías.

Sobre el otro presunto, Hugo Valenzuela Castañeda, que para la Procuraduría federal se encuentra detenido y a disposición del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, resulta que fue estrangulado en su celda del Cereso estatal, en donde amaneció muerto el pasado 8 de julio, es decir, hace más de dos meses y medio. Esta pifia no es sólo de la dependencia central, sino también de la Procuraduría estatal, que omitió la elaboración del correspondiente protocolo de comunicación sobre el caso, el cual inicialmente fue considerado como suicidio pero la autopsia confirmó que fue asesinado.

El cuarto hombre presuntamente involucrado por la PGR, fue el autor material a quien identifica como “El 6” o “El Junior”, llamado Julio, a quien le faltaría la oreja izquierda. Sobre éste no se aventuró a precisar si está vivo o muerto.

Sin embargo, en el expediente que ha llevado la Procuraduría estatal está asentado que quien accionó el arma que le quitó la vida a Armando Rodríguez es un ex agente policiaco llamado Juan Gabriel Dávila “El Gaby”, cuya identidad fue dada a conocer por la fiscal González desde el año pasado a El Diario, y que por cuestiones de seguridad y por petición de la corporación su nombre había sido omitido hasta ahora.

¿A quién le creemos, a la Procuraduría federal o a la estatal? ¿Puede proporcionarnos confianza el resultado de las indagaciones cuando entre ambas dependencias se contraponen los datos y abundan las inconsistencias?

Desde el jueves este medio ha estado tratando de conseguir una explicación a estas contradicciones por parte de la PGR, pero ningún funcionario ni el área de comunicación social han atendido nuestras llamadas, lo cual le agrega aún más ruido a nuestras sospechas. Si no hubiera nada qué esconder, seguramente la dependencia hubiera reaccionado con una actitud transparente que no se ha visto hasta hoy.

Esta comedia de enredos en que se ha convertido el caso de “El Choco” en manos de las autoridades de ambas instancias, es tan sólo la punta del iceberg de la situación general en que se halla la procuración de justicia en Ciudad Juárez, en el estado y en el país todo. Este asunto tan emblemático para quienes laboramos en El Diario es la expresión del estado de cosas en que nos encontramos, de la devastación que la violencia sin oposición ha infligido sobre nuestra frontera, de la errática y fracasada política de enfrentar al crimen organizado sin un rumbo fijo.

En este espacio no creímos que lo afirmaríamos algún día, pero nunca tuvo tanta razón Vicente Fox al cuestionar la guerra contra las drogas que emprendió su correligionario Calderón, al advertir que “no puedes combatir el crimen violando los derechos humanos y el proceso jurídico”, en la entrevista de El Universal publicada ayer sábado.

El mismo secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora lo secundó durante su comparencia del viernes ante la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, al asumir que se deben establecer nuevas acciones para enfrentar los retos del crimen organizado, puesto que “se ha generado un clima de violencia que vulnera el ejercicio democrático”.

El vacío de poder es tal, el hartazgo de la ciudadanía es tan enorme como lo expresábamos la semana pasada, que ya se están multiplicando las manifestaciones de aplicar justicia por propia mano, como sucedió esta semana con el caso más significativo que se registró en la cabecera del municipio de Ascensión, al poniente de Ciudad Juárez, en donde la población enardecida por la sucesión de delitos sin castigo linchó y dio muerte a dos secuestradores que acababan de plagiar a una adolescente.

No es que aplaudamos esta acción que rivaliza con la obra maestra de Lope de Vega, pero la ausencia de autoridad lo único que está propiciando es la repetición de numerosos fuenteovejunas que tratan de conseguir a su modo la justicia que se les niega desde las instancias que tienen ese cometido.

Y no es que pretendamos hacer apología del narco cuando aseguramos que se ha convertido en la autoridad de facto, al menos en esta frontera, mas sus advertencias que aparecen plasmadas en pintas o mantas las cumplen, lo que no sucede con las numerosas ofertas que nos han hecho los gobiernos de los tres niveles para rescatarnos de la desolación en que, al paso de casi tres años de violencia, ha devenido la vida global en esta frontera, que da sus últimos estertores si no hay un golpe de mando que la venga a sacar de su devastación.

Así pues, reiteramos nuestro llamado a las organizaciones de periodistas y derechohumanistas para que se unan a nosotros en la exigencia de una verdadera justicia para Armando y el resto de los comunicadores caídos en el desempeño de su actividad.

A los gobiernos federal y estatal les demandamos que dejen de mentirnos, pero, ante todo, les pedimos que no insulten nuestra inteligencia –la de los grupos de periodistas, la de los trabajadores de El Diario, la de la familia de “El Choco” y, en general, la de los mexicanos–, porque lo único que consiguen es acrecentar la falta de credibilidad en sus mandatos. Les recordamos que no gobiernan para discapacitados mentales…

Bueno, en las elecciones presidenciales del 2012 en las cuales el pueblo de México tendrá una única oportunidad -que sólo se dá cada seis años- para emitir su voto de castigo en contra de quienes lo han engañado y lo han hundido desde las alturas del poder, ya habrá oportunidad para demostrarle a los editorialistas de El Diario y al mundo entero si efectivamente los actuales dizque gobernantes están gobernando para ciudadanos conscientes de lo que está sucediendo en el país... o si están gobernando para discapacitados mentales.