Cuesta abajo

No conforme con haber sumergido a toda una Nación en una guerra sangrienta y costosa -tanto en bienes materiales como en vidas humanas- contra la delincuencia organizada con el único fin de legimitarse en el poder tras su muy cuestionado triunfo en las elecciones presidenciales del 2006, sin haber llegado aún a la mitad de su sexenio Felipe Calderón parece haber buscado en México a lo peor de lo peor que pudiera encontrarse en país para entregarle en bandeja de plata la procuración de justicia de todo el país. Y lo buscó dentro del PAN, naturalmente. Y allí lo encontró.

Veamos lo que publicó un periódico norteño sobre tan infausta designación:

Desaprueban activistas propuesta de nombrar a Chávez Chávez Procurador
Staff
El DIARIO
8 de septiembre del 2009

Para los chihuahuenses y para los juarenses en particular el tan sólo nombrar a Arturo Chávez Chávez:

es evocar un amargo recuerdo de la historia de esta ciudad, ya que es ir al origen mismo de la mala imagen que se le dio a esta frontera por los casos de las mujeres asesinadas que se manejaron inadecuadamente, por lo que para los dirigentes de organizaciones sociales la propuesta que hace el presidente Felipe Calderón para nombrarlo procurador general de la República es una decisión equivocada.

Activistas sociales y abogados tienen un no muy grato recuerdo de la función que Chávez Chávez realizó en el estado como procurador de Justicia en Chihuahua, en la administración de Francisco Barrio y subdelegado de la Procuraduría General de la República en la entidad.

Para los entrevistados fue en estas épocas en que la incidencia delictiva generada por el crimen organizado tuvo su crecimiento y asentamiento definitivo.

Victoria Caraveo, dirigente de Mujeres por Juárez, y una de las principales protagonistas de la lucha para el esclarecimiento de los asesinatos que se registraron durante esa etapa, indicó que al momento de ser contactada para la entrevista telefónica fue que se enteró de la noticia.

“¡Jesús! No lo puedo creer, de verdad”, espetó.

Durante su gestión al frente de la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua dejó enormes rezagos, su gestión fue un rotundo fracaso, aseguró.

No es posible que ahora se le consideré para un puesto de ese nivel, dijo.

“De darse sería una muy mala decisión que puede traer consecuencias catastróficas para el país”, expresó.

Caraveo Vallina dijo que cuando le tocó conocer de cerca el trabajo que hizo como abogado general de Chihuahua se dio cuenta de la pésima integración de expedientes de los casos de mujeres que fueron asesinadas.

Dijo que el Senado deberá tomar en consideración los antecedentes antes de pronunciarse a favor de la propuesta de Calderón.

“Fueron momentos muy duros en Chihuahua (durante su gestión como procurador) sobre todo para las mujeres, debido a que un problema tan local no lo pudo manejar de la manera más correcta, creo que no va a dar el ancho bajo ninguna circunstancia a nivel nacional”, manifestó.

La dirigente de Mujeres por Juárez dijo que en lugar de nombrar a una persona, lo mejor sería nombrar a tres procuradores: uno en la zona norte; otro en la centro y uno más en la sur. Esto con el propósito de evitar darle el poder a una sola persona y obligarlo a tener contrapesos en su desempeño.

Roberto de la Rosa Hickerson, actual visitador de la Comisión Estatal de la Comisión de los Derechos Humanos (CEDH) y director del Cereso de Ciudad Juárez en esa época dijo que Chávez Chávez no tuvo un trabajo de resultados.

Lo que más se recuerda de él es su habilidad para mentir y justificar su ineficacia al frente de la dependencia.

“Arturo Chávez Chávez no lució mucho en su ejecutoria pública cuando estuvo aquí en Chihuahua. Llega con una luz de esperanza, pero también con una gran cantidad de contrapesos”, señaló.

Explicó que su nombramiento por si mismo es positivo, en virtud de que conoce Chihuahua, por lo que “es posible que pueda desarrollar sentimientos de piedad y misericordia por esta ciudad”.

La esperanza es que esta motivación lo pueda llevar a desarrollar una estrategia eficaz con asesores para combatir a la delincuencia en esta región.

Pero por otro lado hay grandes dudas por lo que hizo, pero sobre todo por lo que dejó de hacer como procurador y como delegado de la PGR.

Mencionó que era muy frecuente escuchar de él cuando era procurador en el estado, que las investigaciones de los casos no avanzaban porque la federación no cumplía con su trabajo, por lo que el temor que hay es que si es nombrado procurador diga que el estado no cumple con su papel para justificar su ineficiencia.

“Tiene un discurso muy elaborado de la falta de recursos para justificar los tristes resultados, entonces si al final va a manejar ese discurso, entonces esa luz de esperanza puede resultar en una luciérnaga”, precisó.

Dijo que uno de sus grandes lastres son los feminicidios, pero sobre todo su capacidad para evitar enfrentar los problemas, ya que cada vez que se le cuestionaba por la falta de resultados daba 20 mil excusas para justificarse.

Héctor González Mocken, presidente de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez, recordó que cuando Chávez Chávez estuvo al frente de la Procuraduría de Justicia repuntaron los delitos en el estado.

“Fue el inicio de un aumento importante en el índice delincuencial, y se le atribuyó por su inexperiencia, su juventud y su desconocimiento en las tareas propias de un procurador. En esa triste época se dio el fenómeno social que conmocionó la vida de los fronterizos con las muertas de Juárez”, indicó.

Heredó a las siguientes administraciones la solución de casos, cuyas investigaciones, en algunos expedientes continúan sin concluir, comentó.

“Después de ocupar los puestos de procurador y delegado de la PGR no lo vimos más en cargos de procuración de justicia y en estos tiempos para ser procurador general de la República requiere a una persona experta, responsable, madura y sobre todo que inspire respeto, pero también que existan antecedentes que avalen la distinción en el desempeño de sus funciones, y en el caso de Chávez Chávez no es el caso”, refirió.

Su ejercicio como profesional del Derecho lastimó la conciencia de los juarenses al llevar a los residentes de esta zona a ser parte de una historia negra de una ciudad en donde el horror y la delincuencia imperaron y la justicia nunca se aplicó, expresó.

“Poner en manos en estos momentos en que se vive una guerra crucial contra el narcotráfico a una persona que no tenga la suficiente experiencia, solidez y conocimiento es riesgoso para la tranquilidad y seguridad de los mexicanos”, concluyó.

Veamos ahora el siguiente editorial:

Calderón afianza complicidades
Álvaro Delgado
Agencia APRO
7 de septiembre del 2009

Quienes pensaron que Felipe Calderón no podía ofrecer algo peor que la retórica en el mitin del Palacio Nacional, donde la alta burocracia le aplaudió las promesas de campaña que recicló luego de tres años de gobierno, se equivocaron: La incorporación al gabinete de Arturo Chávez Chávez y Juan José Suárez Coppel así lo prueba.

En efecto, se trata del nombramiento de dos personajes desprovistos de la probidad y la eficacia en el servicio público que Calderón proclamó en su discurso de 41 minutos, el miércoles 4, cuya retahíla de lugares comunes y el anodino decálogo de buenas intenciones quieren ser vendidos -¡vaya despropósito!- como “golpe de timón”.

Peor aún: Chávez Chávez, exprocurador de Justicia de Chihuahua, y Suárez Coppel, operador de Francisco Gil Díaz, son emblemas de la impunidad desde el poder.

Chávez Chávez es socio del despacho de Antonio Lozano Gracia, exprocurador general de la República los primeros dos años del sexenio de Ernesto Zedillo y forma parte del elenco de abogados afines a Diego Fernández de Cevallos y Fernando Gómez Mont, actual secretario de Gobernación, cuyo éxito en los litigios ha estado asociado al tráfico de influencias.

Representante legal de los negocios de Gustavo Enrique Madero, coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), entre ellos la empresa Electronic Publishing SA de CV --mediante la cual obtuvo contratos multimillonarios en el gobierno de Vicente Fox, justamente por el tráfico de influencias-- Chávez Chávez actuó con impunidad como procurador de Chihuahua en el sexenio de Francisco Barrio, actual embajador en Canadá.

No sólo fue incapaz de evitar y castigar la matanza de mujeres en Ciudad Juárez, un asunto que merece hasta ahora el desprecio de los panistas de esa entidad y de México, sino que dejó libres a delincuentes que formaban parte de una banda de asaltabancos sólo porque eran miembros del PAN.

El jefe de la banda de asaltabancos era Luis Humberto Prieto Tovalí, quien fue candidato a diputado federal del PAN por el distrito VIII, cuya compañera de fórmula era Leticia Macías, esposa de Carlos Borruel, actual alcalde de Chihuahua capital y, junto con Madero, uno de los prospectos a ser candidato al gobierno estatal el próximo año.

La captura de la banda se efectuó el 18 de septiembre de 2007, tres meses después que Prieto Tovalí fue candidato del PAN, y se produjo luego de asaltar un banco en Ciudad Aldama, que para su mala suerte se ubicaba a unos metros de la comandancia de la Policía Judicial estatal, con cuyos elementos se enfrentó y resultó herido un comandante.

En el choque a balazos tras el asalto, del que los ladrones se apoderaron de 120 mil pesos, resultó herido el propio Prieto Tovalí, de 35 años de edad, y fueron capturados Sergio Núñez, de 25, y Arturo Chávez Valdés, de 29, quienes estaban en posesión de rifles AK-47 y pistolas.

Esta información fue ocultada deliberadamente por Chávez Chávez; por el administrador de la dependencia, Manuel Soledad Villanueva, y por el vocero en la zona centro, Aurelio Meléndez, quienes ya antes habían ocultado también que la banda había cometido asaltos desde 1996.

Ese año, según información difundida en su oportunidad en Chihuahua, Prieto Tovalí fue detenido por robo y tentativa de homicidio, pero fue puesto en libertad por órdenes de Chávez Chávez, a quien Calderón le confía ahora el cargo de procurador general de la República.

Una posible explicación de la impunidad de que gozaba Prieto Tovalí es que, un año antes de su primera captura, en junio de 1995, se convirtió en socio de la empresa Servicios de Impresión del Norte, S. de R.L, dedicada a fabricar artículos impresos al PAN.

Y lo más importante: Sus socios eran Manuel Soledad Villanueva, administrador de la Procuraduría de Justicia con Chávez Chávez, y Manuel Carreón Chávez, secretario general del PAN, justamente quien lo registró como candidato a diputado federal.

Por eso se entiende que el seguro procurador general de la República -porque Manlio Fabio Beltrones ya lo pactó, junto con los senadores perredistas que están vueltos locos con la opulencia, empezando por Carlos Navarrete- jamás ha dicho una sola palabra al respecto.

Pero sí es preocupante el nombramiento de Chávez Chávez, quien fue también subsecretario de Gobernación con Carlos Abascal y antes de ello delegado de la PGR en Chihuahua, lo es todavía más el del nuevo director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan José Suárez Coppel, involucrado en numerosos casos de corrupción en la propia paraestatal.

Desde hace días se había filtrado que el sustituto de Jesús Reyes Heroles sería Francisco Gil Díaz, pero no hubo necesidad de tanto descaro, porque Suárez Coppel, quien fue su coordinador de asesores en la Secretaría de Hacienda, representa exactamente los mismos intereses.

La relación es hasta familiar: A la muerte de su padre, en 1951, Gil Díaz fue ayudado por dos familias de Sinaloa, Arregui y Coppel, a las que les devolvería el favor en el sexenio de Fox: Roberto Patrón Arregui fue jefe de la aduana de Manzanillo, la más importante del país, y a Suárez Copel lo hizo coordinador de asesores en la Secretaría de Hacienda y después director corporativo de Finanzas de Pemex.

Aunque Suárez Coppel dejó formalmente el cargo, lo sustituyó su sobrino Esteban Levín Balcells, hijo de Oscar Levín Coppel, diputado federal priista que durante el foxismo fue director de la Casa de Moneda y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Conducef).

Desde su cargo en Pemex, Suárez Coppel se involucró en actos de corrupción y tráfico de influencias, como la asignación de multimillonarios contratos sin licitar y en el escándalo de los hijos de Marta Sahagún en la asignación también de multimillonarios contratos a la empresa Oceanografía SA.

Por ejemplo, en solo un año asignó más de 30 contratos por 140 millones de pesos a consultores mexicanos y 37 millones de dólares en asesores internacionales, supuestamente para saber cómo podía ser más eficiente su gestión.

En su libro Los hijos de Marta, que se ha convertido en una referencia en la corrupción de la parentela de Fox, la reportera Jesusa Cervantes detalla la participación de Suárez Coppel en una extensa red de corrupción en Pemex, que inclusive fue investigada por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

En sus conclusiones, la indagatoria señala a Juan Marcos Issa como el líder de la organización presuntamente delictiva –“él decide las acciones a seguir”- un personaje vinculado a las esferas del gobierno federal, pero también de perredistas como Graco Ramírez, a quien presuntamente financió para su campaña a senador.

En el informe del Cisen se cita la influencia de Suárez Coppel en los negocios de la paraestatal, quien “presume que su permanencia en Pemex obedece al secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz”, y hasta se le cita textualmente: “Directores vienen y van, pero a mí me puso Paco…”

El conocido editorialista Raymundo Riva Palacio nos ofrece una opinión sobre cómo fue que un individuo tan nefasto como Arturo Chávez Chávez fue privilegiado sobre muchos mexicanos mucho más competentes y preparados que él para ser nominado para Procurador General de la República, beneficiario al fin y al cabo de una verdadera mafia política que se está aferrando al poder al igual que como acostumbran hacerlo todas las dictaduras pero usando el disfraz de una democracia simulada:

El empleado de ‘El Jefe’ Diego
Estrictamente personal
Raymundo Riva Palacio
9 de septiembre del 2009

Hace ya varios meses que el nombre de Arturo Chávez fue puesto sobre la mesa como el probable relevo de Eduardo Medina Mora al frente de la PGR, pero se fue desvaneciendo en la medida que el presidente Felipe Calderón no daba señales claras que pensaba removerlo. Hasta muy recientemente, luego que se fueron cayendo los candidatos potenciales al cargo, fue cuando el nombre de Chávez volvió a emerger como el relevo de Medina Mora. Todo lo que se presupone se confirmó: la decisión presidencial fue de clan político.

En la etapa final de la búsqueda del reemplazo de Medina Mora, se encerró en sí mismo y su grupo para tomar la decisión. Se pensó en Julio Esponda –abogado personal de la primera dama Margarita Zavala–, cuyo nombre había sido planteado a principios del sexenio y descartado por una relación tortuosa con los ministerios públicos federales donde litiga, y que podrían haberle generado un escándalo por sus métodos de trabajo. Se lo ofrecieron al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, amigo de años de Calderón y con quien ha tenido una mayor intimidad en los últimos meses, pero declinó por razones personales. Sin pesos completos, en el descarte salió el nombre de Chávez, para que la designación quedara en familia.
Todos ellos tienen el mismo vaso comunicante: Diego Fernández de Cevallos, ‘El Jefe Diego’, quien pese a no estar en la política activa sigue haciendo política. Fernández de Cevallos es el padrino político y laboral de todos ellos, a quien ha colocado en puestos de gobierno relevante y, cuando no están en la administración pública, incorpora en sus despachos de abogado. En uno se encuentran Esponda y Gómez Mont, quien mientras trabaje en el gobierno se mantiene con licencia. En otro están sus socios Antonio Lozano Gracia, ex procurador general durante el gobierno de Ernesto Zedillo, Juan Miguel Alcántara, actual subprocurador general –también con licencia del despacho–, y el recientemente nombrado Chávez. No se necesita saber de ciencia espacial para ver claramente de quién depende, en materia de abogados, el Presidente. Pero Calderón no es su rehén. Ese grupo es su apoyo, resguardo y blindaje, con ‘El Jefe’ Diego, como el guía de todos ellos.

La designación de Chávez, impulsada por ese grupo tan cerca de la primera pareja de Los Pinos, es la consolidación del grupo de panistas que durante años, gracias a las relaciones que tejieron, primero desde la oposición, y luego en el poder, han concretado negocios multimillonarios como gestores y litigantes. El conflicto de interés nunca fue un problema ético para ellos, quienes en términos éticos, han navegado sin pruritos de conciencia a lo largo de los años. Si la primera línea de fuego detrás de Fernández de Cevallos no llegó a la Procuraduría General –el nombre de Lozano Gracia también circuló dentro del gabinete hace dos semanas–, un elemento de la segunda línea era el indicado.

Chávez es dueño de una amarga memoria que se remonta tres lustros atrás, cuando su mala gestión como procurador de Chihuahua durante el gobierno de Francisco Barrio, le provocó una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en relación al caso que genéricamente se le conoce como “Las Muertas de Juárez”. Barrio todavía está pagando en Canadá, donde es embajador, su pésimo desempeño en la investigación y solución fallida de todos aquellos asesinatos, pero la imagen de Chávez fue esterilizada por el propio Fernández de Cevallos, quien tras su infame paso por Chihuahua lo colocó como su coordinador de asesores en el Senado y en el sexenio pasado lo impuso como subsecretario de Gobernación bajo la dirección de Carlos Abascal.

El procurador general designado tiene cuentas pendientes con sectores del PRI de ese paso por Gobernación, pues fue quien instrumentó la campaña del ex presidente Vicente Fox y de Abascal para destituir al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz. Fox y Abascal mintieron sistemáticamente a Ruiz para debilitarlo, mientras Chávez hacía el trabajo para conseguir que le hicieran juicio político. El caso contra Ruiz se dio durante el largo conflicto magisterial que provocó que la disidencia del magisterio tomara durante meses la capital oaxaqueña. Directamente Fox ofreció a Ruiz el respaldo de la Policía Federal para despejar la plaza, y Abascal le confirmó el día crítico de la planeada operación de desalojo, que en menos de dos horas estaría ahí el respaldo federal. Le habían mentido flagrantemente. La idea era traicionarlo y llevarlo a una situación de debilidad extrema.

La orden de actuar a los policías federales, en ese momento al mando de Ardelio Vargas, hoy diputado del PRI, nunca se dio. La policía federal se quedó en los hangares en espera de la instrucción del traslado.

Fox, Abascal y Chávez sentían tanta aberración contra Ruiz, que inclusive establecieron una alianza táctica con su archienemigo Andrés Manuel López Obrador.

Chávez conspiró con el ex gobernador de Oaxaca y ahora panista, Diódoro Carrasco, para beneficiar al candidato de López Obrador, para la gubernatura del estado, Gabino Cué, pero fracasó en el intento por destituir y meter a la cárcel a Ruiz y a su ex secretario de Gobierno, Jorge Franco, quien también es hoy diputado federal. Ni Fox, ni Abascal, ni Chávez resolvieron el problema magisterial en Oaxaca, que finalmente arreglaron Ruiz y Franco.

La eficiencia y la gestión, queda muy claro, no es un referente necesario en el gobierno de Calderón para ser miembro del gabinete. Se necesita ser incondicional o que forme parte de los grupos de interés que tienen incidencia sobre las políticas federales e influencia en Los Pinos. En este sentido, Chávez llena perfectamente el perfil. Su capacidad o falta de ella es lo de menos. De cualquier forma, salvo que existan los milagros, la verdadera procuración de justicia no recaerá últimamente en él, sino en el clan político al que representa.

Esto nos lleva a otro trabajo publicado por EL UNIVERSAL:

Organizaciones presionarán contra nominado de Calderón a la PGR
Periodistas de EL UNIVERSAL, bajo reserva
EL UNIVERSAL
9 de septiembre del 2009

Nos cuentan que el nombramiento de Arturo Chávez Chávez como procurador general de la República fue recibido como un golpe directo del Ejecutivo contra organizaciones de derechos humanos en todo el país, pero sobre todo contra líderes de las fracciones de oposición en el Congreso que, sólo por las menciones públicas, ya lo habían tachado. Del Senado salió ayer una frase: “Era más fácil esconder en el Presupuesto de 2010 un 200% de IVA en alimentos y medicinas que el nombramiento de alguien como Chávez Chávez”. Organizaciones por los derechos de las mujeres preparan acciones, nos dicen, para exigirle al Senado que no apruebe el nombramiento, y a Felipe Calderón que lo revoque no sólo por el pasado oscuro del personaje, “sino en cumplimiento a los tratados y convenios internacionales, y ante las recomendaciones realizadas por organismos mexicanos y extranjeros”. Y eso que aún no salen otros pecados que sí se ventilarán en el Senado, como que Chávez Chávez dejó su puesto en Gobernación y a las semanas ya litigaba contra el Estado mexicano (desde el despacho de, ¿quién cree?, Diego Fernández de Cevallos), o que —filtró alguien del mismo equipo del ex procurador de Chihuahua— es suya la frase de “las violan y las matan por prostitutas”; de lo anterior no hay un testimonio grabado, y sí una contundente recomendación de la CNDH que exigió a Chávez Chávez eliminar de las investigaciones la misógina y poco humana relación entre los feminicidios en Ciudad Juárez y el oficio del sexoservicio.

¿Qué causará más problemas al Ejecutivo? Muy probablemente el impuesto especial de 2% sobre alimentos y medicinas, llamado por Hacienda “Contribución para el Combate a la Pobreza”. Quizá también los aumentos en las tasas del IDE y del ISR. Seguramente habrá muchos cabilderos en contra del 4% sobre producción y servicios del sector telecomunicaciones, y contra los impuestos a tabacos, bebidas, juegos y sorteos. Pero el “IVA escondido” para alimentos y medicinas ha sido en el pasado y será esta vez también motivo de pataleo político. Lo más curioso es que si se somete a un sondeo entre la población, este impuesto podría ser votado a favor. ¿La razón? Según varias casas encuestadoras, como el Gabinete de Comunicación Estratégica, la gente no ve mal un aumento en impuestos siempre y cuando se le diga exactamente en qué se van a gastar los extras. Y este impuesto se propone con etiqueta: es contra pobreza.

Salvador Vega Casillas ni se despeinó. Dicen que se siente muy seguro de que Felipe Calderón lo nombre contralor cuando desaparezca la Función Pública, secretaría que resume la lucha contra la corrupción en los últimos años: nada, cero.

La bofetada sonora propinada por el descastado Felipe Calderón en contra de todo el pueblo de México lo cual incluye desde luego a los que confiadamente y con las mayores esperanzas votaron por él en el 2006 con la designación de un miserable del cual lo menos que se dice en Chihuahua es que pactó con el narco (con el Cártel de Juárez) y lo dejó crecer, vino aparejada con el anuncio de una nueva cauda de impuestos lanzada en contra del pueblo de México dizque para “el combate a la pobreza” (¿?). Se vuelve necesario resaltar que el gravamen del 2 por ciento “para ayudar a los pobres” también está dirigido en contra de los pobres, porque ellos también deben pagar dicho impuesto.

Es hora de repasar nuevamente guerra sucia del 2006 en la cual, con una cadena interminable de spots repetidos noche y día a través del duopolio para programar las mentes de los electores al gusto de la ultraderecha de México como si fuesen zombies lobotomizados y robotizados, se le decía al pueblo de México: “No votes por López Obrador, porque si votas por él, aumentarán los impuestos que ya existen y se crearán impuestos nuevos que no existían, tu economía será estrangulada y sofocada, habrá inflación, desempleo, crisis, inseguridad, y como Presidente meterá a la peor clase de gente que pueda haber en puestos del gabinete presidencial que hundirán a México. No votes por López Obrador, porque es un peligro para México”.

A tres años de distancia, las víctimas y los damnificados de nueve años de la derecha y la ultraderecha en el poder le pueden refrescar la memoria a los que hoy detentan el poder en México, escupiéndoles en la cara el engaño y la manipulación que llevaron a cabo en el 2006 con el único propósito de continuar en el poder. Y aún así, con todo esto, ya están preparando todo para perpetuarse en el poder un tercer sexenio, tras lo cual vendría el cuarto, y el quinto, y así por siempre, a menos de que ellos mismos terminen detonando un caos social que termine echándolos del poder como ocurrió con Porfirio Díaz, con Fulgencio Batista, y con Ferdinand Marcos.

En el mismo periódico EL UNIVERSAL podemos leer una nota acerca de las rabietas en las que está incurriendo Felipe Calderón cuando alguien se atreve a hablarle cara a cara con la verdad:

Rabieta presidencial
Itinerario político
Ricardo Alemán
EL UNIVERSAL
9 de septiembre del 2009

León Krauze, por un lado, y Ciro Gómez Leyva, por el otro, nos regalaron ayer un par de perlas sobre el nerviosismo y la irritación que vive en momentos decisivos de su gobierno —a mitad del camino y durante “el paso de la muerte” por el cambio de caballo— el presidente Calderón.

El conductor de Hoy x hoy, segunda emisión —en W Radio— remató su colaboración de Milenio con una historia preocupante. Durante una entrevista periodística a Felipe Calderón, Krauze leyó, a manera de pregunta al Presidente, el texto que le envió Roberto, uno de sus seguidores de Twitter: “¿Cómo voy a creer en Calderón si es rehén de Elba Esther Gordillo?”.

La respuesta a bote pronto revela las que pasa un Presidente confeso de que sus equívocos reclaman cambios de fondo. Dijo Calderón: “Nuestro amigo puede creer en lo que quiera”. León propuso, en forma acertada, que el Presidente se equivoca porque si la nueva estrategia debe funcionar, “Roberto debe creer en Calderón”.

Pero el equívoco presidencial va más allá. ¿Por qué? Porque Felipe no sabe o no se percató —o de plano le ganó el berrinche— de que nadie le preguntaba sobre la vigencia de las libertades básicas de Roberto —en democracia—, entre ellas las de credo y de expresión. Roberto y todos los mexicanos pueden creer, pensar y decir lo que les plazca.

Está claro que la pregunta de Roberto surgió de la percepción social generalizada de que la alianza del gobierno de Calderón con la profesora Gordillo es perniciosa para todos; digna de descrédito y, entre otras cosas, causa de la deficiente educación pública. ¿Y qué respondió el Presidente a esa percepción convertida en pregunta? Habló la rabieta.

En el fondo, el ciudadano Roberto —igual que millones— ejerció mucho más que sus libertades básicas. Se enfundó en una institución fundamental de la democracia, la opinión pública —que por décadas defendieron los azules—, y cuyas leyes no escritas están a la altura de las leyes de los hombres y las divinas. Esas leyes son la crítica o el aplauso social a malos o buenos gobiernos.

Y viene la perla que nos regaló Ciro —también en Milenio—, quien relató que cara a cara le dijo al Presidente que era “miembro distinguido de una generación política que ha fracasado”. Calderón respondió que Ciro también pertenecía a esa generación, y éste argumentó que no son iguales gobernantes y periodistas.

El periodismo y sus practicantes son instrumento fundamental de la opinión pública. A su vez, la opinión pública es la única institución social en democracia capaz de hacer la diferencia entre sociedad y gobierno. Nunca serán iguales porque son contrarios y contrapesos. Los viejos azules lo sabían. Calderón parece que no.

A continuación tenemos algo que publicó LA JORNADA sobre Arturo Chávez Chávez al conocerse la postulación del mismo:

El procurador general propuesto se encargó de reclamar al gobierno mil millones de pesos

Alfredo Méndez,Gustavo Castillo y Mariana Norandi, reporteros; Miroslava Breach y Rubén Villalpando, corresponsales
LA JORNADA
9 de septiembre del 2009

Arturo Chávez Chávez, propuesto por el presidente Felipe Calderón como nuevo titular de la Procuraduría General de la República (PGR), en sustitución de Eduardo Medina Mora –falta su ratificación por el Senado–, como miembro del bufete jurídico de Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano Gracia, estuvo involucrado en el litigio por el cual el gobierno federal está obligado a pagar más de mil millones de pesos a ejidatarios de Altamira, Tamaulipas.

Durante ese litigio, Arturo Chávez fue designado por los ejidatarios de Altamira como uno de sus apoderados legales para reclamar el cumplimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, asunto que sigue en curso ante la justicia administrativa y civil de Tamaulipas.

Por otra parte, un día después de la salida de Eduardo Medina Mora de la PGR, fuentes militares y civiles (que pidieron el anonimato), señalaron que existe el temor de que con su renuncia se rompa el puente de confianza que existía entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Ministerio Público Federal en materia de combate al crimen organizado.

Explicaron que en caso de que llegue Chávez al cargo de procurador de la República, se tendrán que establecer nuevos vínculos entre la Sedena y la PGR para realizar acciones conjuntas que involucren sólo a personal considerado de alta confianza.

En ese contexto, un órgano que se considera importante y ha logrado un alto grado de confianza por parte de los mandos militares es la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.

Luz Estela Castro, coordinadora del Centro de Atención de los Derechos Humanos de la Mujer, señaló que la posibilidad de que Chávez se convierta en el nuevo procurador general “representa un retroceso para los derechos humanos, pues fue uno de los funcionarios que más atropelló las garantías fundamentales de mujeres e indígenas”.

Castro recordó que Chávez, como procurador de justicia de Chihuahua, fue señalado directamente por la entonces titular de la CNDH, Mireille Rocatti, como responsable de omisiones y negligencia en la investigación de los feminicidios en Juárez.

Además ordenó reprimir a decenas de indígenas rarámuris que se manifestaron frente a las instalaciones de la PGR en Chihuahua, “quienes fueron brutalmente golpeados y encarcelados”, menciona Castro, quien también fue encerrada al acudir en apoyo de ellos.

¿No basta con lo anterior para explicar las razones del por qué en el Estado de Chihuahua decenas de miles de mujeres chihuahuenses y madres de familia, incluyendo a muchas que votaron por Felipe Calderón en el 2006 y sin cuya participación le hubiera sido imposible llegar a la Presidencia de la República, le han estado lanzando mentadas de madre al referise a él como uno de los Presidentes más nefastos que ha tenido México? Entonces póngase atención a lo que tiene que decir un editorialista que trabaja en un medio de comunicación radicado en una ciudad sumamente ofendida con las miles de ejecuciones que han tenido lugar allí desde que Felipe Calderón inició recién entrado al poder su guerrita contra la delincuencia organizada con el fin de legitimarse en el poder tras su fracturado ascenso:

Arturo Chávez y sus fantasmas
Luis Javier Valero Flores
EL DIARIO
13 de septiembre del 2009

La designación del nuevo procurador general de la República tiene un especial significado para los chihuahuenses, tanto por la importancia de esa dependencia en el momento actual, como por la propuesta de Felipe Calderón.

Si bien las autoridades locales –las actuales y las pasadas– tienen responsabilidades directas en la crisis de seguridad pública existente en Chihuahua, la PGR las posee en grado máximo, sus incapacidades, ineficiencias, omisiones y corruptelas son causa directa del lamentable estado de la seguridad pública, ya no sólo en nuestra entidad, en el país entero.

Interesa, y mucho, reflexionar acerca de la inconveniencia de que Arturo Chávez Chávez se convierta en procurador. Sus antecedentes al frente de las dos principales dependencias policiacas en Chihuahua, y su comportamiento en la tragedia comúnmente conocida como el de “Las muertas de Juárez” revelan palmariamente no ser la mejor opción para enfrentar la situación por la que atraviesa la procuración de justicia y el combate al crimen organizado.

Asombra que para cambiar al procurador Eduardo Medina Mora, Felipe Calderón no haya siquiera esbozado las razones para realizar la sustitución y sí, en cambio, aprovechó para elogiarlo ¿Y entonces para qué cambiarlo?

No es la única arista. Presos de una rapidez sospechosa, los senadores panistas, entre ellos el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Alejandro González Alcocer, sin tomar en cuenta a sus pares del PRI y PRD, ha citado para el martes próximo la realización de la comparecencia del propuesto por Calderón, a pesar de la insistencia de los senadores de oposición a efectuar un más exhaustivo estudio de la propuesta. Contra toda lógica, lo ha secundado en tan irregular procedimiento por Gustavo Madero quien se ha apresurado a emitir una opinión favorable a Chávez.

En tal apresuramiento se han pronunciado, sorpresivamente, distintos actores del priismo local –y de otras expresiones políticas– la mayoría bajo el sambenito chauvinista de que “es chihuahuense”.

Y no son pocas las sorpresas, el diputado juarense, Antonio Andreu, del PRI, sostuvo que Arturo Chávez Chávez tiene la “experiencia para poder manejar la PGR”. La diputada del PANAL, Susana Muriel, dijo que es “excelente” que un chihuahuense ocupe ese puesto. Casi idéntica fue la respuesta de la procuradora estatal, Patricia González, quien declaró estar “muy contenta” porque es un chihuahuense”.

El diputado panista Roberto Lara no se midió, dijo que “No se puede manchar la imagen de Chávez Chávez por los feminicidios que hubo en su época”.

¿Y entonces, cómo evaluarlo, por sus actos futuros? Al solicitar un trabajo ¿Se puede pedir que no se tomen en cuenta los antecedentes del solicitante? Increíble.

Pocas son las decisiones de Felipe Calderón tan polémicas para los chihuahuenses como la postulación de Arturo Chávez Chávez. ¿Tendrán razón quienes lo consideran apto para el puesto?

Después de ingresar en el PAN en 1979, Chávez fue elegido regidor ante el ayuntamiento de Chihuahua en 1992. Debió pedir licencia para asumir la Dirección de Asuntos Internos de la PGJE en octubre de ese mismo año. Poco duró ahí, el 9 de diciembre de 1994 tomó posesión de la delegación local de la PGR, como consecuencia del nombramiento de Antonio Lozano, su compañero de partido, como procurador general.

No habían transcurrido cuatro meses de su arribo a la PGR (y a un año y cinco meses del supuesto fallecimiento del “Señor de los Cielos”, cuando este mote ya era del conocimiento público) y quien debía contar con un arsenal de conocimientos de la región bajo su responsabilidad, Arturo Chávez Chávez, ante la pregunta de si sabía de la existencia de Amado Carrillo respondió impertérrito: “Aquí a uno le comentan muchas cosas, y le hablan de mucha gente... nosotros, sí le puedo decir, que tenemos el compromiso de combatir el narcotráfico… A ese señor se le ha mencionado como un fuerte narcotraficante, y pues ojalá que los que tienen conocimiento de esto, nos puedan allegar pruebas suficientes, como para poderlo perseguir en caso de que esto resulte cierto”.

Es decir, ojalá la denuncia ciudadana efectuara su trabajo, pedía el nuevo delegado.

Insistente, el reportero machacó: -¿No hay ninguna orden de aprehensión en su contra?

“No”.

Otra: -¿Cuál es su meta en esta delegación tomando en cuenta que Chihuahua tiene un grave problema de narcotráfico?

“Nuestra meta es cumplir con lo que la ley espera del Ministerio Público. Y respecto del narcotráfico, estamos combatiendo todo lo que encontramos, todo lo que vemos lo decomisamos. El que se manifieste como una fuerte ruta del narcotráfico (a Chihuahua) pues los periódicos lo hacen, y le reitero el compromiso de que todo lo que estamos encontrando lo vamos a decomisar”. (Nota de El Heraldo de Chihuahua, 18/02/95).

Es decir, como es frecuente en los gobernantes panistas, los medios de comunicación eran quienes sostenían, en 1995, que Chihuahua era una de las rutas del narcotráfico. ¡Válgame la virgen!

Unos cuantos meses después, dijo desconocer los supuestos aterrizajes de aeronaves cargados con droga que, según el vocero de la Drug Enforcement Administration (la DEA) en El Paso, Phill Jordan, se sucedían continuamente en la frontera chihuahuense.

“No tenemos información como para asegurar que en la región de Ciudad Juárez estén aterrizando naves, eso es definitivo”, le declaró al reportero Rodrigo Ibarra (La Jornada, 19/08/95) no sin antes sostener que aplicaba una operación permanente para destruir todas las pistas clandestinas en el estado.

Para cuando Chávez ya había tomado posesión de la delegación, su antecesora, Teresa Jardí, había denunciado públicamente que el narcotraficante más poderoso del país era el “Señor de los Cielos”. En enero del ’96, el reportero Alejandro Gutiérrez (Proceso, 22/01/96) escribía que “el Centro de Inteligencia (Epic) que agrupa a diversas oficinas policiacas y de investigación, informó que el Cártel de Ciudad Juárez trafica con heroína, cocaína, drogas sintéticas, mariguana y armas…”.
A pesar de informes tan precisos, y tan públicos, quien fuera delegado de la PGR en la entidad, respondía no saber nada de tan destacado personaje.

Pero tales antecedentes palidecen al rememorar, sintéticamente, su participación en el asunto conocido mundialmente como el de “Las muertas de Juárez”.

No está por demás insistir en la definición de tan siniestro y doloroso episodio y delimitarlo de los asesinatos de mujeres en los que el asesino se encuentra en el entorno cercano de la víctima. De 1993 a 2002 se presentaron centenares de asesinatos (inutil discutir a estas alturas si fueron 200 o 300 jóvenes las asesinadas, da igual, la impunidad campeó por sus fueros) en los que las características comunes fueron que de-saparecían, generalmente en el centro de Juárez y semanas después, a veces meses, sus cadáveres eran encontrados en lotes baldíos y sus asesinos no se encontraban en su entorno.

Son proverbiales las declaraciones de Barrio y sus subordinados acusando a las víctimas de ser las culpables por “usar faldas tan cortas”, por dedicarse a la prostitución o poseer una conducta tan libertina frecuentando salones de baile.
Para acallar a las críticas, en busca de un culpable, cualquiera que éste fuera, en octubre de 1995 aprehendieron al egipcio Latif Sharif, lo acusaron de ser el asesino serial. A pesar de estar preso, los asesinatos continuaron.

A fines de marzo del ’96, Chávez Chávez se convirtió en procurador del Estado. En abril, redada mediante, fueron detenidos los integrantes de la banda de Los Rebeldes. De la fecha de esta detención, a enero de 1998, aparecieron 49 cuerpos más en los lotes baldíos de Juárez. A “Los Rebeldes” los acusaron de asesinar a las jóvenes por encargo de Sharif y que éste, en prueba de haber cometido los asesinatos, les exigía la entrega de alguna prenda íntima de las víctimas.

Por cada asesinato Sharif les pagaba, en esta desquiciada versión, mil o dos mil pesos que les eran entregados en el penal donde se encontraba recluido el egipcio. Nunca pudieron comprobar, ya no que “Los Rebeldes” conocieran al egipcio, sino que acudieran regularmente al penal a entregar las prendas y recibir el dinero, tampoco que Sharif tuviera acceso a dinero alguno.

Sharif acusó a priístas y panistas de “proteger al verdadero asesino en serie, éste tiene mucho dinero y es protegido por las anteriores y las nuevas autoridades del PAN y ahora del PRI (ya en el sexenio de Patricio Martínez), pero esto es peligroso porque siempre salen con su chivo expiatorio y los crímenes continúan”.

Chávez sostuvo que los antecedentes de agresiones sexuales de Sharif a varias mujeres, efectuadas mientras vivía en EEUU, eran “evidencia suficiente en contra del egipcio de su participación en varios de los asesinatos del Lote Bravo”.

En mayo del ’98, a unas cuantas semanas de las elecciones estatales, la CNDH emitió una polémica recomendación. Le pedía al Gobierno de Chihuahua iniciar las investigaciones correspondientes a fin de determinar responsabilidades administrativas y/o penales en que pudo haber incurrido Arturo Chávez Chávez.

Lo encontrado por la CNDH es un gigantesco monumento a la incapacidad y falta de voluntad para procurar justicia. Francisco Barrio pidió que se aplicara después de las elecciones de julio pues, dijo, tenía “tintes electorales”. Pidió una “tregua” para su aplicación.

Arturo Chávez Chávez afirmó que “la recomendación tiene serias fallas legales y explicó que la tregua pretende evitar que ‘gente sin escrúpulos, sin moralidad, faltando a la verdad siga intentando difamar y confundir a la comunidad’ con la recomendación y el dolor de una comunidad”. (Nota de Julio Fentanes/Manuel Quezada, EL DIARIO, 11/06/98).

La CNDH encontró identificación errónea de cadáveres, falta de informes de levantamiento de los mismos, falta de resultados de los dictámenes periciales, de informes de la Policía Judicial, de certificados médicos forenses, errores en fechas, fojas sin firmas, series fotográficas que se repiten en los expedientes y en otros faltan, certificados forenses y series fotográficas “traspapeladas” y ausencia de actuaciones tendientes a la identificación localización y búsqueda de mujeres desaparecidas, entre muchas otras deficiencias.

De ese tamaño era el sentido de responsabilidad y compromiso con uno de los más tétricos asuntos enfrentados por el primer gobierno emanado del PAN. En tan dolorosos procesos el ahora propuesto para ser el abogado de la nación jugó un papel determinante.

Veamos otra nota publicada por la prensa libre que no está al servicio de los poderes fácticos que están gobernando a México tanto desde el frente como desde las sombras:

Chávez Chávez, marcado por el repudio
Patricia Dávila
Revista PROCESO 1715
13 de septiembre del 2009

La propuesta del presidente Felipe Calderón de poner al frente de la Procuraduría General de la República a Arturo Chávez reactivó las protestas de organizaciones sociales de Chihuahua que se oponen a su nombramiento. Entrevistadas por Proceso, madres de jóvenes asesinadas en Ciudad Juárez reiteran que cuando Chávez fue procurador estatal en la década pasada, nunca resolvió los feminicidios. También le recuerdan a Calderón que sobre su prospecto pesan dos recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos por bloquear las investigaciones de esos casos.

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- “Entré a la fuerza a la oficina del procurador Arturo Chávez Chávez. Me hinqué frente a él, llorando. Le pregunté si tenía hijas. Me contestó que sí, que dos. ‘Entonces le imploro que me regrese a la mía con vida’.
“Mi esposo Jesús se enojó: ‘¡Levántate, no te arrodilles!’ –me decía, mientras de un brazo intentaba levantarme. Le respondí que no, que por mi hija yo me hincaba ante quien fuera con tal de encontrarla. La gente de Chávez Chávez me hizo salir. Él, insensible, no se inmutaba; sólo me veía. Ya no dijo nada…”
Los ojos de Paula Flores la traicionan. Habituados al llanto por más de 11 años, se niegan a contener las lágrimas. El falso sosiego que pretende mostrar, desaparece al evocar esa mañana del 20 de abril de 1998, en que estuvo frente al procurador de Justicia de Chihuahua.

Paula es madre de María Sagrario, una joven de 16 años desaparecida cuatro días antes. Fue encontrada muerta 13 días después, pero su madre, como tantas otras, nunca vio el cadáver. Hasta hoy, Paula revela que no está segura de que los restos que descansan en la tumba a la que acude a rezar sean realmente los de su María Sagrario.

En Chihuahua, Chávez Chávez fue el responsable de la seguridad pública en momentos en que las torturas, violaciones, desaparición y muertes alcanzaron su punto máximo en la ciudad fronteriza: de 1992 a 1994, se desempeñó como subprocurador de Justicia; de 1994 a 1996, fue delegado de la Procuraduría General de la República (PGR), y de 1996 a 1998, procurador del estado, durante el gobierno del panista Francisco Barrio Terrazas.

El lunes 7, un anuncio presidencial sorprendió y exacerbó a los juarences: Felipe Calderón lo propuso como procurador general de la República, en sustitución de Eduardo Medina Mora. Falta que el Senado ratifique el nombramiento.

Con esa decisión de Calderón se inició otro capítulo de la historia de impunidad y negligencia de Chávez Chávez, quien se mostró incapaz de esclarecer las muertes de mujeres en Juárez mientras fue funcionario de seguridad en esta entidad, afirma Esther Chávez Cano, presidenta de Casa Amiga, una de las primeras activistas en denunciar los feminicidios.

En Chihuahua, dice, se conoce otro expediente que contiene 190 casos de denuncias de hombres desaparecidos durante la gestión de Chávez Chávez. Fue promovido por Jaime Hervella, quien a sus 80 años afirma que el cártel de Juárez pretende imponer a Felipe Calderón a uno de sus hombres.

Durante la gestión de Barrio Terrazas, el testigo protegido Tomás Colsa McGregor involucró al gobernador panista con Amado Carrillo, El Señor de los Cielos, entonces líder del cártel de Juárez y hermano de Vicente, quien hoy dirige esa organización. Chávez Chávez era el procurador estatal.

La propuesta de Calderón revivió dos recomendaciones, una de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y data de 1998: la otra proviene de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que se señala a Chávez Chávez de bloquear las investigaciones sobre personas desaparecidas en Juárez y fue emitida en 1999.

En 2007, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó juzgar al Estado mexicano ante un tribunal por los feminicidios de Ciudad Juárez. Tres mujeres de condición muy humilde: Irma Monreal, Josefina González y Benita Monárrez, mamás de Esmeralda, Laura Berenice y Claudia Ivette, lograron llevar al Estado mexicano a juicio.

La Corte interamericana resolvió que sí hubo violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales; de los derechos de los niños y las niñas, a la protección judicial y al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia (Proceso 1695).

¿Acaso el presidente desconoce esas recomendaciones?, se pregunta Paula Flores, después de narrar, entre lágrimas, el día en que en se arrodilló a los pies de Arturo Chávez.

“Nosotros hicimos las investigaciones, siempre señalamos a José Luis Hernández Flores, pero nunca quedó asentado en el expediente. No sé por qué, pero fue hasta en 2002 cuando se retomó el caso de mi hija, lo volvemos a señalar.”

Dice que tiene la esperanza de encontrarla con vida. Y expone: “Si encuentran un cuerpo, ahora se lo atribuyen al narcotráfico. Los crímenes como el de nuestra niña los minimizó la violencia que se vive en Ciudad Juárez, pero yo sigo estando de luto. Para mí, sigue estando el hueco vació en mi casa. Yo sigo sintiendo la misma impotencia, el mismo coraje y la misma sed de justicia…”.

Desapariciones

El 24 de mayo de 1994, Saúl Sánchez, ahijado de confirmación de Jaime Herwella, desapareció en Ciudad Juárez junto con su esposa Abigail Martínez. Era hijo de Saúl Sánchez, el mejor amigo de Herwella. Después de tres años de solicitar ayuda a Arturo Chávez Chávez para dar con el paradero de Saúl y Abigail, Hervella leyó una nota en el periódico de El Paso de otro caso similar al de su ahijado.

“Entonces, hablé con Saúl (su compadre). Le dije: ‘¡No estamos solos, vamos a poner un anuncio clasificado en el periódico!’ Así lo hicimos, decía: ‘Estamos formando una asociación de familias que han perdido a un ser querido, que se lo han desaparecido. Si usted pertenece a este grupo, esta es la dirección…’ Y se armó la remolina. Hubo que ocupar rápidamente a dos personas extras para tomar nombres y números, porque era un gentío que no cabía en mi oficina, ¡Nunca lo imaginábamos! Reunimos 196 casos de hombres desparecidos, 34 de ellos de estadunidenses”, relata Herwella, quien hoy atribuye a la ineptitud de Chávez Chávez el no haber localizado a la pareja, quien dejó dos hijos: uno de 15 y otro de 11 años.

Hervella relata que también conoció el caso de los hermanos Armando y Francisco Rayos Jáquez, desparecidos la noche del 11 de noviembre de 1995 en una de las calles de esta ciudad. Hoy, si viven, deben tener 43 y 38 años, respectivamente. Los dos fueron implicados en el secuestro de un par de afroamericanas que fueron trasladadas de California a Juárez por un ajuste de cuentas del crimen organizado.

Lourdes Rayos y su marido Jorge García Zepeda están seguros de que los desaparecidos viven en algún lugar de Estados Unidos con una identidad distinta y protegidos por el gobierno estadunidense. Afirman incluso que el gobierno mexicano los “entregó” y que la pieza clave de esa operación fue el ahora candidato a ocupar la PGR.

“Arturo Chávez Chávez los entregó al FBI. Tenemos un expediente de unas 12 mil hojas, que señala que fueron entregados a un programa de protección a testigos. Él está enterado de lo que sucedió y no nada más a mis hermanos, puedo asegurar que sabe qué pasó con la mayoría de los cerca de 200 desaparecidos. Si alguien puede desenredar la madeja, es él. Es un traidor a la patria”, afirma Lourdes.

Y agrega que, de manera oficial, ni el gobierno de México ni el de Estados Unidos han querido aceptar tal versión. Sin embargo, asegura que organismos de inteligencia del vecino país le ofrecieron a ella y a su marido ver a Francisco y Armando en un estado “neutral” de Estados Unidos.

“Lo único que nos han dicho los investigadores es que saben que están vivos. A mí me lo confirmaron el sheriff de El Paso y el agente del FBI de El Paso, Héctor Camarillo”, revela el cuñado de los desaparecidos.

Otro error de Calderón

Alberto Ponce de León, corresponsal de Proceso en El Paso, entrevistó vía telefónica a la pareja, que radica en Mazatlán, Sinaloa, desde hace tres años. A partir de entonces enviaron una carta a Felipe Calderón para informarle del caso; incluso le anexaron copias de los documentos.

Hace mes y medio, agentes de la PGR visitó al matrimonio García Rayos para pedirles copias del expediente: “Vinieron y tomaron declaraciones. Supuestamente se pusieron a trabajar”, dice García Zepeda.

Él y su esposa no quitan el dedo del renglón. Cuando Barack Obama llegó a la Casa Blanca, el pasado 20 de enero, le escribieron una carta con los pormenores del caso: “Queremos que los regresen. Si ellos son los que mataron a mujeres en Juárez, si son secuestradores o violadores, que los juzguen en México”, asientan.

–¿Qué opina de la designación de Arturo Chávez como titular de la PGR? –se le pregunta a Jaime Hervella.

–Un fracaso completo. Él es del bando de Francisco Barrio, actual embajador ante el gobierno de Canadá. Ese hombre dijo que muchas de las jovencitas asesinadas, se lo ganaron por su manera de vestir. De eso hizo eco Chávez Chávez. Con un descaro tremendo, Calderón designó un embajador sin ninguna base moral, y ahora intenta hacer lo mismo en la PGR.

“El presidente está cometiendo un error tremendo. Está raspando el fondo y lo único que va lograr es empeorar las cosas. Considero que el cártel de Juárez le impuso el nombramiento, de lo contrario no me explico esa decisión. Él (Chávez) estuvo en la procuraduría (de Chihuahua) durante los años de esplendor de ese grupo.”

En entrevista con Proceso, Hervella señala que en múltiples ocasiones solicitó la comparecencia del exprocurador de Justicia Chávez Chávez, ya que ese funcionario tuvo conocimiento de las detenciones de Armando Gutiérrez Domínguez, Marco Antonio Ramírez, Julio Aguirre y Alfredo Kihara en el Aeropuerto Internacional de Juárez en 1995, por órdenes del jefe antidrogas mexicano Francisco Molina Ruiz.

“Desde que fueron detenidos, nunca se les volvió a ver”. Pese a ello, Arturo Chávez nunca fue llamado a declarar, lamenta Hervella.

Protesta unánime

El anuncio hecho por Calderón el lunes 7 removió la inconformidad y el encono de las familias de las desaparecidas en Juárez. Al día siguiente, representantes de organizaciones sociales, como Voces sin Eco, que durante la gestión de Chávez Chávez en Chihuahua estuvo integrada por Paula Flores, Irma Pérez, Ramona Morales, Bertha Márquez, Federico Ponce y Soledad Aguilar, padres de seis desaparecidas.

Además, volvieron a salir a las calles mujeres como Evangelina Arce, quien en 1988 promovió el primer plantón permanente frente a la procuraduría estatal en protesta por la negligencia de Chávez Chávez para encontrar a su hija. Hoy, junto con medio centenar de padres de desaparecidas, doña Eva se instaló nuevamente en la calle, sólo que ahora frente a la delegación de la PGR.

Vestida de blusa blanca, que contrasta con el negro que la enluta, doña Eva, mamá de Silvia Arce, narra sus 11 años de angustia y dolor: “Mi hija vendía burritos y café afuera de el salón bar El Pachangas, Arturo Chávez se metía mucho ahí, junto con muchos judiciales. Él siempre le compraba a mi hija y se ponía a platicar con ella. En una ocasión le dio su tarjeta, ‘para lo que se le ofreciera’” –dice.

–¿Usted platicó con él?

–Nunca quiso recibirnos. Por eso pusimos el plantón permanente. Jamás dijo: “Voy a ver qué quieren”. De las que estábamos en ahí muchas siguen sin encontrar a sus hijas.

–¿Qué justificación le daba la procuraduría, por qué Silvia no aparecía?

–Me decían que andaba drogándose y emborrachándose y que ella iba a regresar sola a mi casa. Yo les contestaba. “Si ustedes saben dónde está, entréguenmela”.

“Cuando oí que el presidente Calderón nombró a Chávez como titular de la PGR me dije: ¿Cómo es posible? Si aquí, cuando debió de ayudarnos a encontrar a nuestras hijas, nunca hizo nada.”

Irasema Mendoza, mamá de Arlén Vázquez Mendoza, desaparecida el 17 de febrero de 1995, cuenta que encontró a su hija en una zanja frente a la maquiladora en que trabajaba. Había sido golpeada y violada. Su cuerpo tenía cinco puñaladas. A 13 años de la muerte de su hija aún hoy levanta la voz: “Como procurador (de Chihuahua Arturo Chávez), no hizo nada. Hasta la fecha no se quién le quitó la vida a mi hija”, dice.

Otras de las madres Soledad Aguilar vive aún angustiada. Su hija Cecilia Covarrubias desapareció el 14 de noviembre de 1995 con su hijita de apenas 24 días de nacida. Ella se opone a que el Senado ratifique al exprocurador chihuahuense:

“Si él hubiera querido, habría detenido a los asesinos de mi hija, me habría regresado a mi nieta. Pero nunca investigó. Mi nieta ya tiene 14 años y aún no la conozco. Espero verla un día, antes de que me alcance la muerte. ¿Acaso Arturo Chávez me la va a entregar ahora?”

A lo anterior, podemos ampliar más datos por los cuales Arturo Chávez Chávez debe ser uno de los peores personajes en quien confiar la procuración de justicia para todo México. En vez de procurar justicia, durante se gestión como Procurador en Chihuahua se maquinó la fabricación de culpables, se perdieron expedientes, se incurrió en dilación de justicia y se entorpecieron las investigaciones, tal como se muestra en el documento de la CNDH 044/98, y la procuraduría de Chihuahua a su cargo incurrió en falsas identificaciones de los cuerpos de mujeres. Por ejemplo, el caso de la averiguación previa 12300/96-1104 sobre Silvia Rivera Salas, quien después que se dijo que había muerto, se presentó en persona a aclarar que seguía viva. También omitieron realizar las pruebas para determinar si las mujeres habían sido violadas, a pesar de que varios de los cuerpos mostraban heridas profundas en sus partes sexuales. La recomendación 44/1998 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la que se señala claramente que el desempeño omiso e ineficiente de Chávez Chávez, protegido personal del corrupto Gobernador Francisco Barrio Terrazas, ameritaba que se le investigara a fondo, nunca se acató. ¿Y cómo habría de acatarse, si después de que Francisco Molina Ruiz presuntamente fuera el enlace entre el Gobernador Francisco Barrio Terrazas y el jefe del Cártel de Juárez Amado Carrillo Fuentes, el nuevo enlace con el Cártel de Juárez supuestamente era Arturo Chávez Chávez de acuerdo con lo que opinan muchos chihuahuenses que tras haber tenido que aguantar 6 años del gobierno panista corrupto de Francisco Barrio Terrazas decidieron echar al PAN del poder?

En la siguiente nota tenemos más información disponible acerca de las resoluciones condenatorias de la CNDH emitidas directamente en contra de Arturo Chávez Chávez:

Pidió CNDH investigar a Arturo Chávez Chávez
Nula investigación de feminicidios
De la redacción
El Heraldo de Chihuahua
11 de septiembre del 2009

Desde 1998, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al entonces gobernador del estado Francisco Barrio, para investigar a Arturo Chávez Chávez, entonces Procurador de Justicia del Estado por la falta de colaboración de las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua en el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y Chihuahua.

Y es que en diciembre de 1997, la CNDH recibió una queja de la diputada federal Alma Angélica Vucovich Seele (PRD), mediante la cual narró 36 crímenes cometidos de manera brutal en Ciudad Juárez en contra de diferentes mujeres, en el periodo comprendido de junio a diciembre de 1996 y durante 1997, abriéndose el expediente de queja CNDH/122/97/CHIH/8063.

Con la presentación del escrito de queja, la diputada solicitó la intervención de la CNDH con el propósito de que se investigaran los casos referidos, los cuales, según lo dicho, la PGJE no había aclarado ni sancionado a los culpables.

En la recomendación 044/1998 de la CNDH a Francisco Barrio Terrazas, entonces gobernador del estado, se le pide ordenar que se realizaran los trámites o gestiones correspondientes a fin de investigar todo lo concerniente con respecto al desempeño de funciones de Arturo Chávez Chávez, quien entonces era Procurador General de Justicia del Estado de Chihuahua.

Además que se inicie un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de Luis Raúl Valenzuela, entonces jefe de enlace de la PGJE por los actos de omisiones en los casos.

De la misma manera se pide el inicio de un procedimiento administrativo de investigación, a fin de determinar la responsabilidad en que incurrieron los entonces: Subprocurador General de Justicia de la Zona Norte, en Ciudad Juárez, el coordinador regional y la jefa de Averiguaciones Previas y entonces coordinadora de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales, así como agentes del Ministerio Público, personal del área de Servicios Periciales, y Policía Judicial que haya intervenido en la integración de las averiguaciones previas.

De lo que se les responsabiliza es de una serie de violaciones a varios artículos de la Constitución Mexicana, código de conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en la convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre otras.

Si Felipe Calderón no podía haber escogido a otro tipo más inepto y más corrupto en todo México sin experiencia diplomática alguna para enviarlo como Embajador de México ante Canadá, el Zar de la Corrupción y ex-gobernador de Chihuahua Francisco Barrio Terrazas, Felipe Calderón tampoco podría haber encontrado otro peor que Arturo Chávez Chávez, compinche incondicional de Francisco Barrio bajo el cual el Cártel de Juárez hoy conocido como La Línea creció en la más absoluta impunidad en el Estado de Chihuahua hasta convertirse en el más poderoso cártel de las drogas del continente americano, para depositar en Chávez Chávez la seguridad y la procuración de justicia de todo el pueblo de México. Por lo pronto, el ingreso de Chávez Chávez al frente de la Procuraduría General de la República se constituye en una invitación a los asesinos seriales del mundo entero para que se trasladen a México con el fin de repetir la tragedia de los feminicidios de Ciudad Juárez, pero esta vez en todo el territorio nacional, mientras el Procurador designado personalmente por “dedazo presidencial” posiblemente vuelve a pactar alianzas y complicidades e impunidad con el Cártel de Juárez justo cuando la narco-guerra entre cárteles competidores desatada por el mismo Felipe Calderón está cobrando más muertos en México que la guerra en Afganistán.

Hubo bastantes protestas en contra de la designación de Arturo Chávez Chávez para estar a cargo de la PGR. Una de ellas es la que tuvo lugar el 14 de septiembre del 2009 a las 11:00 en un acto público celebrado frente a la sede del Senado de la República (Xicoténcatl # 9, Centro Histórico del Distrito Federal) en contra del nombramiento de Arturo Chávez Chávez como Procurador General de la República, protesta que agrupó a diversas organizaciones de la sociedad civil tales como Nuestras hijas de regreso a casa, Justicia para Nuestras Hijas, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” y Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Mujeres Unidas Olympia de Gouges, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, etc. A estas voces de protesta se fueron sumando rápidamente otras tales como la de la periodista Lydia Cacho, la ex titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Mireille Rocatti, y el eurodiputado de Los Verdes en el Parlamento Europeo Raúl Romeva. ¿Y cuál fue la respuesta de Felipe Calderón ante reclamos como estos? ¡OIDOS SORDOS! ¡DESPRECIO TOTAL! El 17 de septiembre del 2009 en una rueda de prensa, el muy criticado Secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont actuando bajo instrucciones directas de esa calamidad presidencial que está gobernando a México reiteró que el gobierno federal panista (Felipe Calderón) no tenía absolutamente intención alguna de rectificar y retirar el nombramiento de esa otra calamidad llamada Arturo Chávez Chávez, sin importarle en lo más mínimo las airadas voces de protesta en contra de tal designación. Que al fin y al cabo para esto Felipe Calderón es el Presidente de México, para usar su poder en cosas como estas y en otras cosas igualmente importantes para él tales como el imponer a uno de los más encumbrados personajes de la ultraderecha nacional, César Nava, en la dirigencia nacional del PAN, mediante una elección simulada sin opositor alguno en la “elección” y con la presencia personal del Señor Presidente para intimidar a todos aquellos que osen oponerse a la voluntad omnímoda de quien siente que puede hacer ya lo que le pegue la gana sin importarle el enorme daño que le pueda causar a la Nación con sus acciones.

A continuación tenemos dos fotografías de enérgicas protestas ciudadanas en contra de Arturo Chávez Chávez, imágenes jamás transmitidas por el poder fáctico TELEVISA para no empeorarle aún más las cosas a su virtual pelele:

Cabe destacar que el 14 de septiembre del 2009, en la protesta que corresponde a la segunda fotografía, el encargado de la delegación de la PGR de la localidad en la cual se llevó a cabo la protesta, Héctor García Rodríguez, salió afuera de las instalaciones de la PGR muy envalentonado para amenazar personalmente y “valientemente” a las mujeres con emprender acción legal en contra de ellas por “daños en propiedad ajena”, amenaza que empezó a ser concretada pocas horas después cuando actuando bajo órdenes suyas un agente del Ministerio Público Federal empezó a integrar un expediente reuniendo elementos para consignar el expediente a un juzgado federal solicitando órdenes de aprehensión en contra de las madres de las jóvenes asesinadas, menospreciando el delegado patán de la PGR (y panista por añadidura) García Rodríguez el hecho de que su sueldo provenía del pueblo, de ellas mismas, y que se le pagaba no para andar metiendo a la cárcel a mujeres indefensas sino para buscar y detener a los culpables de la narcoviolencia que está ensangrentando al país entero. Dos días después de la anterior protesta en la cual el gobierno federal panista comenzó a “cubrirse de gloria” despilfarrando el tiempo y los recursos de la PGR para meter a la cárcel a mujeres indefensas a merced de un Estado cuasi-dictatorial tratándolas como si fuesen criminales de lo peor, el crimen organizado asesinó a sangre fría precisamente en las afueras de esa misma delegación de la PGR a un agente federal de alto rango en servicio activo identificado como Daniel Mondragón Lira y a su acompañante el “madrina” Jorge Guadalupe Contreras Contreras (¿no habían tronado indignados los panistas en el pasado remoto en contra de los “madrinas” afirmando que en cuanto llegaran al poder era lo primero que iban a prohibir?), cuando se encontraban a punto de abordar un automóvil marca BMW color negro, modelo 1996, ejecución de la cual quedaron dos cadáveres y 39 cartuchos percutidos calibres 9 milímetros, .223 y 7.62 x 39, estos últimos usados en armas de las conocidas como AR-15 y “cuerno de chivo”, y en esta ocasión ni el acobardado delegado de la PGR (ahora ya no tan “valiente”) ni sus agentes salieron a la calle para tratar de detener al comando de sicarios asesinos que estaba acribillando al agente de la PGR, prefiriéndose esconderse bajo el escritorio mientras pasaba todo, seguramente informado ya de las 30 muertes acumuladas el día anterior en la misma ciudad por causa del crimen organizado (hay versiones no confirmadas de que el inepto y prepotente delegado de la PGR Héctor García Rodríguez se encerró posteriormente en su oficina y estuvo llorando y temblando del miedo todo el día en vez de salir afuera a cumplir con el trabajo por el cual cobra puntualmente su exagerado sueldo además de las cuotas que le pueda estar pasando el cártel del drogas con el cual pueda estar asociado). ¡Y precisamente al mando de esta gente prepotente, inepta e indolente, por no decir corrupta en sumo, Felipe Calderón escogió como el jefe de los mismos a un individuo con los antecedentes de Arturo Chávez Chávez!

En la víspera de la imposición de Arturo Chávez Chávez como Procurador General de la República a principios de la tercera semana de septiembre del 2009 en el Senado donde el PAN aún goza de mayoría, todos ellos “disciplinados” sin conciencia ni ética ni voz ni voluntade propias (“borregada” le llamaban los panistas a esta clase de gente cuando eran una oposición sin creer tener esperanzas de llegar algún día al poder), apareció el siguiente editorial en la revista Siempre!:

La oscura biografía de Arturo Chávez Chávez
Editorial
Revista Siempre!
20 de septiembre del 2009

Cuando este número de Siempre! esté circulando, Arturo Chávez Chávez habrá sido ratificado o revocado por el Senado de la República como nuevo titular de la Procuraduría General de la República.

Su aprobación confirmaría, una vez más, que los partidos políticos privilegian la negociación y el trueque de intereses oscuros, por encima de los más elevados valores democráticos, de la justicia, los derechos humanos de la mujer mexicana y la gobernabilidad nacional.

El senador Manlio Fabio Beltrones dio una respuesta mordaz, cuando le preguntaron los medios de comunicación sobre los cambios en la PGR: “No lo conozco. Espero que Chávez sea el jurista que todos estábamos esperando”.

El legislador priísta sabe que Chávez no es el abogado que necesita en este momento la República. Más que estrictamente técnica, el Senado tendría que tomar en cuenta otras consideraciones para aprobarlo. Por ejemplo, sus antecedentes, si se ha distinguido por ser un promotor del espíritu de la Constitución, si ha combatido el crimen y la impunidad en cargos anteriores y si goza del aprecio, admiración y respeto de la sociedad.

Para el pueblo de Chihuahua —y especialmente para sus mujeres—, Chávez ha sido uno de los peores procuradores que ha tenido la entidad. Diversos diarios del interior de la República vinculan al candidato del presidente Felipe Calderón con el crimen organizado, la desaparición de personas y la “omisión”, “pasividad”, “indolencia”, “indiferencia” con las que enfrentó el nacimiento y multiplicación de los feminicidios en Ciudad Juárez.

Se menciona que fue procurador de Justicia del estado cuando la PGR reveló el contenido de una acusación conocida como “el maxiproceso”, en el cual se vincula al gobierno de Francisco Barrio con el cártel de Juárez y donde el jefe de esa organización criminal, Amado Carrillo, se queja de que “un gobernador panista de apellido Barrio le pide siempre dinero”.

Otro dato relevante es que de acuerdo al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Chávez bloqueó las investigaciones sobre personas desaparecidas en Chihuahua, entre ellas las del juarense Alfonso Saad Cordero en 1998. Versión que se complementa con lo que recientemente declaró la ex presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Mireille Rocatti, quien acusó a Chávez de “haber dejado cuentas pendientes y no haber aceptado las recomendaciones que hizo la CNDH sobre los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez”.

La biografía de quien podría ser el sustituto de Eduardo Medina Mora en la PGR está plagada de denuncias, acusaciones y sospechas. Además de haber ignorado las violaciones y crímenes contra más de 100 mujeres cometidos entre 1993 y 1998
—Chávez fue procurador de 1996 a 1998—, existe una serie de casos donde de manera directa o indirecta se le implica. Su nombramiento ha traído a la memoria su participación en el violento desalojo de indígenas en el ejido Monterde —ocurrido el 27 de mayo de 1997—, mismo que provocó tanto la reacción del Congreso local como la de diversos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. También se ha recordado un escándalo relacionado con el asesinato y desaparición de un agente apodado El Negro que trabajaba para él.

Aunque las versiones sobre el pasado ominoso de Chávez sólo sean verdades a medias, su designación como Procurador General de la República contribuirá —en un momento de crisis en materia de seguridad— a ahondar el desprestigio y debilitamiento de la institución. Para la sociedad, el presidente Calderón ya cometió un error al pretender llevar a la conducción de la PGR a un individuo vinculado con el crimen organizado que siempre vio con buenos ojos la desaparición y mutilación de niñas y mujeres en la frontera norte del país.

Con el fin de minimizar la gravedad de la postulación de Arturo Chávez Chávez para ponerlo al mando de la Procuraduría General de la República, y desviar asimismo la atención pública de la cauda de alzas tributarias planeadas en contra del pueblo de México incluídos aquellos contribuyentes cautivos que dieron su voto a Felipe Calderón en el 2006, al día siguiente de haberse dado a conocer tan malas noticias TELEVISA concedió prácticamente todo su noticiero estelar nocturno al loquito que armado únicamente con dos latas de jugo rellenas de tierra movilizó al Ejército mexicano y a la Secretaría de Seguridad Pública por su connato de aerosecuestro en el que jamás en momento alguno la vida de nadie estuvo en peligro, cubriendo de gloria mediáticamente al gobierno calderonista por su “heroico trabajo” para “salvar” las vidas de los pasajeros del “terrible atentado” que amenazaba con llevar a cabo el loquito. Este acaparamiento del prime time en televisión tendiéndole a Calderón sus cortinas de humo le permitió a López Dóriga substituír la nota relevante por la sensacionalista y evitar así tener que entrar en detalle en otras noticias mucho más importantes para la Nación tales como la enérgica protesta emitida por diputados del Parlamento Europeo en contra de la nominación calderonista de Arturo Chávez Chávez para estar a cargo de la PGR así como la actitud de ninguneo insolente mostrada Felipe Calderón ante el alud de reclamos recibidos en contra de Arturo Chávez Chávez llegados no sólo de México sino del exterior de parte de cientos de los más importantes organismos derechohumanistas del mundo, negándose a dar marcha atrás en su imposición de Chávez Chávez como el encargado de la PGR porque al fin y al cabo para eso Felipe Calderón es precisamente el Presidente de México, para hacer lo que se le pegue la gana sin importarle en lo absoluto lo que piensen los mexicanos de sus decisiones aberrantes o lo que se piense en el exterior sobre sus actos de arbitrariedad y prepotencia (exceptuando, desde luego, a los intocables a los cuales Felipe Calderón les debe el ser ahora Presidente de México, con ellos ciertamente no se meterá porque sabe lo que le espera si se atreve a traicionar a cualquiera de estos terribles poderes fácticos).

Para lograr la ratificación de Arturo Chávez Chávez en el Senado, Felipe Calderón ciertamente tomó en cuenta de que en dicha cámara legislativa el PAN aún cuenta con una mayoría, y se requerían en realidad de muy pocos votos adicionales de otros partidos para lograr la votación necesaria para ratificarlo por encima de las protestas de la sociedad, votos que podían ser negociados ofreciendo algo a cambio en negociaciones “en lo obscurito”. Uno de los priistas que apoyó la ratificación fue el tristemente célebre ex-Gobernador de Chihuahua Fernando Baeza Meléndez, precisamente el mismo que logró fama mundial con el descomunal fraude electoral llevado a cabo en 1986 por órdenes del Presidente Miguel de la Madrid ¡en contra del mismo PAN! Obviamente, el PAN concertacesionador de hoy no tiene empacho alguno en “transar” con los mismos a los que ha denunciado en el pasado como sus más acérrimos enemigos. Se ignora cuál haya sido el costo para la Nación entera la adquisición de ese puñado de votos negociados, pero seguramente la factura será altísima.

Veamos lo que opinó el destacado editorialista Miguel Angel Granados Chapa acerca de la imposición de Arturo Chávez Chávez por la omnipotencia del hombre que detenta la silla presidencial:

Símbolos del 24 de septiembre
Miguel Angel Granados Chapa
Revista PROCESO
27 de septiembre del 2009

Las sesiones de las cámaras del Congreso de la Unión el jueves 24 de septiembre fueron insólitas hasta convertirse en simbólicas, emblemáticas. Como si se tratara de una pieza dramática –o una tragedia, sería mejor decir–, en Xicoténcatl y en San Lázaro se desplegaron protagonistas y modos de ejercer el poder en México que lo mostraron al desnudo, en su cruda fealdad carente de afeites.

En el Senado fue ratificado el nombramiento de Arturo Chávez Chávez como procurador general de la República. Por la insolencia con que fue designado el nuevo funcionario, por la fuente real del nombramiento, por el desdén a la ciudadanía chihuahuense y mexicana, así como a la opinión pública internacional, por la forma en que se fraguó la aquiescencia senatorial y por sus imaginables y perniciosos efectos, la designación de Chávez Chávez es autocrática. El poder se sirvió a sí mismo, en vez de ser ejercido en beneficio de la sociedad.

El origen de ese nombramiento está en la fragilidad del gobierno encabezado por Felipe Calderón. Tiene que compartir el mando político y administrativo del país con Elba Esther Gordillo y con Diego Fernández de Cevallos. El ISSSTE, la Lotería Nacional, la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP y ahora un cargo en el IFAI son las posiciones más visibles del gordillismo, constituyen la parcela gubernamental que fue escriturada a la presidenta del SNTE para que la explote como cosa propia. Es el pago por los servicios prestados a la causa calderonista. De no ser por ella, por el Consejo Coordinador Empresarial, por Vicente Fox y por las autoridades electorales, Calderón no sería presidente.

Fernández de Cevallos, pese a su aparente retiro de la política activa, es un factor poderoso dentro del PAN. Constituye, además, el vínculo entre ese partido y Carlos Salinas de Gortari –que actúa en diversos espacios–, así como con un sector importante de los empresarios. Eso lo puso en posición de reclamar un coto de poder, que comenzó a ser habitado por Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación tras la muerte de Juan Camilo Mouriño. A partir de allí, muy poco tiempo después de su arribo al gabinete, el dieguismo pretendió ocupar otro ámbito, singularmente suculento para litigantes de relevantes casos penales: la Procuraduría General de la República.

La decisión de echar a Eduardo Medina Mora y sustituirlo por el chihuahuense Chávez fue asumida por lo menos en enero de este año. Cuando supuse que era inminente, anuncié el relevo en la Plaza pública de Reforma. El aviso falló sólo en cuanto al momento, pues se demoró considerablemente. Pero al fin septiembre trajo lo que se atoró en los meses anteriores.

Designar a Chávez fue una decisión admitida por Calderón, no concebida por él. Chávez será procurador a despecho de su fama pública, especialmente opaca y hasta turbia en los dos años en que fue procurador de Chihuahua. No es asunto de maledicencia pueblerina, de enconos entre grupos aldeanos. Los hechos que configuraron esa mala reputación constan en documentos elaborados al cabo de investigaciones escrupulosas. Entre ellos sobresalen una recomendación de la CNDH cuando la encabezó la doctora Mireille Roccatti y un rotundo informe de la Comisión de Expertos Internacionales de la Oficina de la ONU Contra la Droga y el Delito, que realizó una investigación sobre los feminicidios en Ciudad Juárez. En este documento no se menciona a Chávez Chávez por su nombre pero se citan dos casos de averiguaciones iniciadas en 1996, siendo él titular de la procuraduría estatal. Cuando dejó ese cargo, más de dos años después, continuaban abiertos los procesos respectivos, lo que denota la flojedad del impulso ministerial. En uno de ellos, por si fuera poco, a sabiendas de que cinco detenidos por la comisión de varios crímenes formaban parte de una pandilla enorme, de casi cien miembros, no se les inició proceso por asociación delictuosa ni continuaron las investigaciones hasta detener al resto de la banda.

Como símbolo señero del desdén del poder a los gobernados, el Senado no recibió a las agrupaciones, algunas de ellas formadas por familiares de las víctimas de Ciudad Juárez, opuestas a que su antiguo procurador local lo fuera de la República. Escuchó al funcionario, que contaba además con valedores en el PRI y el PAN, pero rehusó oír los motivos por los cuales se consideraba que Chávez incumplía el requisito constitucional de contar con buena reputación. Los senadores priistas, que inicialmente parecían tocados por la mala fama de que llegaba precedido el funcionario a ratificar, lo avalaron acríticamente, acaso por un eventual o ya pactado canje de apoyos con el PAN en vista de las varias designaciones en que participará su cámara en las semanas y meses siguientes. Al confirmar así al procurador, los legisladores del PRI hicieron que el Senado retrocediera y perdiera en los hechos un atributo que, por aminorar el peso de la institución presidencial, había sido bien calificado por la sociedad. Cuando se convierte en mero trámite para el que bastara un acuse de recibo, la designación de procurador nos vuelve al presidencialismo arbitrario del pasado.

¿No basta con lo anterior para poner en tela de duda la integridad del hombre en cuyas manos puso Felipe Calderón la seguridad de todos los mexicanos? Veamos entonces lo siguiente:

Chávez Chávez, encubridor de asaltabancos
Álvaro Delgado
Revista PROCESO 1717
27 de septiembre del 2009

Además de ser señalado como inepto para frenar y esclarecer la matanza de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, el nuevo titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arturo Chávez Chávez, tiene también en su expediente el estigma de haber encubierto a una banda de asaltabancos.

Al ratificarlo el jueves 24 a propuesta de Felipe Calderón, los senadores dejaron pasar el hecho de que Chávez Chávez, siendo autoridad en Chihuahua, ocultó información para proteger a una banda de delincuentes encabezada por Luis Humberto Prieto Tovalí, que en 1997 fue precandidato del PAN a diputado federal por la capital chihuahuense.

La compañera de fórmula de Prieto Tovalí era Leticia Macías Rodríguez, esposa de Carlos Borruel Baquera, el actual alcalde de Chihuahua, uno de los prospectos para ser candidato al gobierno estatal en 2010 y quien también participó en el encubrimiento de la banda, según una investigación del diario local El Norte.

De acuerdo con ese periódico, que publicó el reportaje en marzo de 1999 bajo la firma de Manuel Aguirre, Prieto Tovalí –ingeniero por el Instituto Tecnológico de Chihuahua– encabezaba una banda de asaltantes y había sido detenido en diciembre 1996 por robo y tentativa de homicidio, pero fue puesto en libertad.
La información al respecto fue ocultada por la Procuraduría de Justicia a cargo de Chávez Chávez, quien fue designado para el cargo por el gobernador Francisco Barrio Terrazas, actual embajador de México en Canadá.

Según policías judiciales citados por el diario, había suficientes datos para capturar a la banda, de la que desde hacía meses se sabía que era liderada por alguien cuya descripción correspondía a Prieto Tovalí.

Inclusive, el 19 de enero de 1996 se publicó al respecto una nota en el diario El Norte: “De acuerdo a la hipótesis, se trata de un grupo subversivo y este hombre podría ser quien adoctrina a los jóvenes integrantes de la banda… cuyas edades fluctúan entre 18 y 25 años de edad. Se trataría de jóvenes idealistas con formación universitaria”.

Fue hasta septiembre de 1997 que Prieto Tovalí, de 35 años, fue capturado después de asaltar una sucursal de Banca Confía en Ciudad Aldama, y al cabo de un enfrentamiento a balazos con agentes de la Policía Judicial estatal, en el que resultó herido.

Tras el asalto, cuyo botín fue de 120 mil pesos, se capturó también a Sergio Núñez, de 25 años, y Arturo Chávez Valdés, de 29, quienes tenían rifles AK-47 y pistolas. Ambos eran profesionistas como Prieto Tovalí, y portaban chalecos antibalas y equipo de radiocomunicación semejante al de la Policía Judicial.

De acuerdo con la ficha de interno de la Penitenciaría del Estado, de la que Proceso tiene copia, Prieto Tovalí nació el 19 de marzo de 1966, se hacía llamar también Sergio Núñez García y fue procesado por el delito federal de portación de arma de fuego exclusiva del Ejército, por el que se le dictó sentencia de siete meses de prisión y multa de 112.50 pesos.

La ficha también destaca: “El día 21 de septiembre de 1997 quedó bajo custodia, internado en el hospital regional a disposición del C. juez segundo de lo penal por los delitos de robo, homicidio en grado de tentativa, disparo de arma de fuego, ataque peligroso y portación ilegal de arma de fuego con relación a la causa penal número 239/97”.

Protección

La captura de la banda se efectuó el 18 de septiembre de 2007, tres meses después de que Prieto Tovalí fue precandidato del PAN a diputado federal, impulsado por la facción identificada con la agrupación ultraderechista de El Yunque.

Sin embargo, la información fue ocultada deliberadamente por decisión de Chávez Chávez, en acuerdo con el administrador de la dependencia, Manuel Soledad Villanueva, Carlos Borruel Vaquera y el vocero en la zona centro, Aurelio Meléndez.

“En una reunión sostenida por varios funcionarios de la procuraduría, se nos dio la orden de no dar a conocer absolutamente nada sobre esa banda de asaltabancos para no entorpecer las investigaciones. Yo no imaginé que se tratara de gente ligada a un sector del PAN”, reveló Hugo Valles Rivas, exvocero de la dependencia, quien confirmó que Chávez Chávez pidió de manera especial que los reporteros de los diferentes medios de comunicación no tuvieran acceso a los datos sobre la captura de la banda de Prieto Tovalí.

Según el exportavoz de la Procuraduría de Justicia, que también fue entrevistado por El Norte, él recibió órdenes precisas de no revelar nada sobre el líder de la banda de asaltabancos:

“Manuel Soledad Villa, el administrador de la procuraduría, y Carlos Borruel nos dejaron muy claro a Aurelio Meléndez y a mí que no podíamos sacar ninguna información al respecto. Yo, como responsable de la oficina de comunicación, atendí la orden como empleado y por la insistencia de que peligrarían las investigaciones si los periódicos publicaban algo.”

Valles aceptó en aquel momento darle a la información el tratamiento que le ordenaron, “pero ahora estoy viendo que pudo haber ahí otros intereses, pues resulta que Prieto Tovalí pertenece a un sector del PAN, de los conocidos como dhiacos (ultraderecha pura, firme creyente en las fantasiosas versiones revisionistas neo-Nazis de la Historia)”.

El exfuncionario reconoció que Prieto Tovalí y otros funcionarios de la procuraduría estatal eran socios en una empresa proveedora de esa institución, Servicios de Impresión del Norte, S. de R.L.

“Yo no lo relacionaba con funcionarios de la procuraduría, simplemente me llegaban las cotizaciones a la oficina de Comunicación Social y quien las autorizaba para su pago era Manuel Soledad”, explicó.

El Norte aseguró que en el Registro Público de la Propiedad consta que, desde 1995, Prieto Tovalí era accionista de la empresa Servicios de Impresión del Norte, S.de R.L., dedicada a fabricar artículos impresos, y sus socios eran Manuel Soledad Villanueva, administrador de la procuraduría estatal de Justicia, y Manuel Carreón Chávez, secretario general del PAN, identificados estos últimos como miembros de El Yunque.

El periódico El Norte solicitó reiteradamente entrevistas a Chávez Chávez, quien prefirió guardar silencio sobre esta información ampliamente conocida en Chihuahua y que no fue tomada en cuenta por los senadores de todos los grupos parlamentarios para ratificarlo como titular de la PGR.

Su principal impulsor en el Senado fue el también chihuahuense Gustavo Enrique Madero, coordinador de los senadores del PAN, en cuya empresa Electronic Publishing, S.A. de C.V., Chávez Chávez fue secretario del consejo de administración y, como tal, formalizó los contratos multimillonarios que obtuvo del gobierno de Vicente Fox, en los que presuntamente incurrió en tráfico de influencias (Proceso 1690).

Ahora Chávez Chávez promete que, como procurador, se someterá a un examen de honradez: “Todo el personal que integra la PGR, empezando por mí, se debe someter a exámenes de control de confianza muy rigurosos que le garanticen a la sociedad que nuestra responsabilidad va a ser desarrollada por personas honestas y comprometidas con su bienestar”. (¿?)

Un colofón al nombramiento de Arturo Chávez Chávez como Procurador General de la República lo tenemos en la siguiente carta abierta publicada en varios medios:

Carta abierta a Arturo Chávez Chávez
Denise Dresser
Agencia APRO
29 de septiembre del 2009

Estimado procurador Chávez Chávez:

¿Y si su hija o su madre o su hermana desapareciera un día cualquiera? ¿Y si pasara semanas y meses sin saber de ella? ¿Y si colocara fotos y descripciones y peticiones de ayuda –“delgada de pelo largo”– en lugares públicos? ¿Y si después encontraran su cuerpo tirado en un lote baldío? ¿Y si fuera evidente que ha sido violada y mordida y estrangulada y mutilada? ¿Y si la hubieran acuchillado 20 veces? ¿Y si le entregaran los restos de su ropa en una bolsa de plástico? ¿Y si las autoridades no le prestaran atención? ¿Y si, aunque usted contara su caso cientos de veces, prevaleciera el silencio? Estas son las preguntas que las madres de las muertas de Juárez hacen desde años y que usted y 75 senadores desoyeron. Estas son las preguntas que la sociedad mexicana debería presentarle, ya que durante su ratificación en el Senado nadie se las formuló. Preguntas cuya falta de respuesta debió haberlo inhabilitado para el puesto al que arriba.

Pero en su caso pesaron menos las muertas y más las fichas de negociación; pesaron menos las acusaciones en su contra y más los acuerdos partidistas en su favor. El PAN cerró filas ante el recomendado por su presidente, y el PRI cerró filas para cobrarle el favor, ignorando omisiones con tal de obtener comisiones. Ignorando errores con tal de participar en la costumbre del canje. Ignorando que en Ciudad Júarez –cuando usted era procurador– quienes buscaban a mujeres desaparecidas encontraban huesos en el desierto. Ignorando que en Ciudad Júarez nadie tuvo voluntad política para resolver los crímenes ni capacidad para prevenirlos. Al ratificarlo a usted, el Senado también se ratifica a sí mismo como una institución ciega, sorda y sexista.

Como usted y quienes lo avalaron prefieren olvidar, desde 1993 cientos de mujeres salieron de su casa y no regresaron a ella; terminaron de trabajar y nadie las volvió a ver; tomaron un camión y acabaron en un ataúd. Eran estudiantes y amas de casa y meseras y secretarias. Tenían entre 15 y 25 años. Solían ser pobres y de pelo largo. Trabajaban por seis dólares diarios ensamblando radios. Emigraban de distintas partes del país a Ciudad Juárez pensando que podrían vivir mejor allí. De pronto se volvieron desechables, anónimas. Pero no es así. Sus madres y sus hijos y sus esposos y sus hermanos las conocen, las recuerdan, las extrañan. Saben que se llamaban Paloma Angélica, Érika Noemí, Érika Ivonne, Lilia Alejandra, Irma Rebeca, Laura Georgina, Laura Alejandra, Flor Idalia. Saben que eran delgadas y bonitas. Saben que eran el sostén económico de sus familias.

Y saben que las investigaciones sobre su desaparición –que usted encabezó– fueron una farsa, una broma, una tragedia de errores. La corrupción y la complicidad llevaron a desaparecer pruebas y dejar en libertad a sospechosos, a ignorar información de testigos y a amedrentarlos, a encarcelar inocentes y a fabricar culpables. Más que perseguir, las autoridades de las cuales usted formó parte se dedicaron a encubrir. Más que investigar, diversos funcionarios públicos a su cargo se abocaron a tapar. Y ahora usted nos dice –lacónico, evasivo, esquivo– que “encaró el problema con los instrumentos institucionales que en ese momento tenía la procuraduría”. Nos dice que la culpa fue de los Ministerios Públicos. Nos dice, palabras más, palabras menos, lo mismo que alguna vez respondió Vicente Fox: “¿Y yo por qué?”.

Difícil creer que, ahora sí, usted combatirá la impunidad, cuando forma parte de su legado. Difícil creer en el reporte que quienes lo defienden hicieron circular en el Senado, cuando hay tantas investigaciones nacionales e internacionales que contradicen la supuesta eficacia de su trabajo descrita allí. En Ciudad Juárez no ha habido muchos criminales condenados, pero sí muchas autoridades condenables. Procuradores como usted que atribuyeron la muerte de múltiples mujeres a la “doble vida” que llevaban y a la ropa “provocadora” que usaban. Los peritos que, por descuido, dejaron huesos, pelo y ropa en el sitio donde fueron encontrados los últimos cuerpos. Los policías que mataron “accidentalmente” al abogado defensor de uno de los acusados, cuya confesión había sido extraída con base en la tortura. Los investigadores que quemaron más de mil libras de ropa de las víctimas, acumulada durante 10 años. Los expertos que le hicieron pruebas de ADN al cadáver equivocado. Los errores que llevaron a la CNDH a emitir una recomendación en su contra. Las omisiones que condujeron a una delegación de expertos enviados por la ONU a hablar de los “horrores” y los “abusos” y las “peores prácticas internacionales” asociadas con su gestión.

Fernando Gómez Mont –uno de sus principales promotores– asegura que usted es un hombre bueno, sereno, valiente, responsable, respetuoso de la ley. Pues tendrá que probarlo porque esa no es la impresión que queda después de su desempeño en Chihuahua. Esa no es la imagen que lo acompaña dado lo que dejó tras de sí. Usted llega adonde está hoy por un pacto político promovido por los partidos y los senadores y los gobernadores y los policías y los hombres. Usted asume su puesto gracias a una constelación de intereses distante de las demandas de la sociedad. Usted ha logrado convertirse en el primer abogado de la nación porque la clase política aún está poblada por personas a las que no les quita el sueño una muerta más u otra mujer faltante. No les preocupa la impunidad rampante y la ineficacia gubernamental que hace posible su institucionalización.

Ahora usted salta de la provincia al centro, trayendo prácticas y actitudes cuestionables consigo. Arrastrando un problema no resuelto y con muchos esqueletos en el clóset. Por eso allí están los fantasmas que ojalá lo acompañen a lo largo de su paso por la procuraduría; en busca de voz, en busca de justicia, en busca de descanso. Fantasmas de los cuales no dejaremos de hablar. Casos cuyo esclarecimiento no dejaremos de exigir. Mujeres cuyos nombres no dejaremos de repetir. Para que algún día usted logre entender que los derechos de las mujeres no son diferentes ni de segunda clase. Para que usted desarrolle la sensibilidad que lo lleve a escuchar a quienes siguen marchando afuera de su oficina, vestidas de luto, vestidas de negro. Para que la próxima vez que una madre se arrodille frente a usted y le ruegue que encuentre a su hija desaparecida, usted le tienda la mano en vez de negársela.

Por su parte, en la organización derechohumanista OCNF (Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio) no vacilaron en acusar a Felipe Calderón de mostrar una doble cara como podemos leerlo en el siguiente artículo:

Doble cara en derechos humanos: OCNF
Antonio Cerda Ardura
Revista Siempre!
4 de octubre del 2009

El pasado 24 de septiembre, el presidente Felipe Calderón cometió un error más y consumó una burla al pueblo de México, ya que un hombre sin prestigio llamado Arturo Chávez Chávez, que tiene el único mérito de ser su amigo, fue ratificado por el Senado como nuevo titular de la Procuraduría General de la República (PGR).

Aunque Chávez expresó que trabajará para servir al país “hasta el límite de mis capacidades” y que actuará con total transparencia, todo indica que sus habilidades son muy pocas, porque aceptó que hubo errores, omisiones y negligencias de los agentes del Ministerio Público a su cargo como procurador en Chihuahua, y que su labor como abogado de la nación será tan traslúcida como el lodo, ya que hasta en el Parlamento Europeo lo señalan como un sujeto de siniestro pasado.

Familiares de las víctimas de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y activistas por los derechos femeninos han expresado su repudio al nombramiento de Chávez, ya que consideran que durante las gestiones del presidente Ernesto Zedillo y del gobernador panista de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas, él, como delegado de la PGR y procurador de ese estado, “entorpeció las investigaciones”, “incriminó a personas inocentes”, “encubrió” crímenes y fue omiso ante las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y la Organización de las Naciones Unidas.

Por esto, el eurodiputado de Iniciativa por Catalunya Verds, Raül Romeva, ha señalado que “premiar con el más alto puesto del país en materia de justicia a la persona bajo cuyo mando ha proliferado impunemente el fenómeno de los feminicidios, constituye la señal más negativa que se puede dar a los mexicanos y mexicanas”.

Chávez, además, es miembro del bufete jurídico de Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano Gracia, que, en noviembre del año pasado, ganó un litigio a favor de los ejidos Flores Magón y Francisco Medrano, del Puerto de Altamira, Tamaulipas, a los cuales el gobierno federal tendrá no sólo que devolverles tierras expropiadas durante el sexenio presidencial de José López Portillo, sino que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, deberá pagar más de mil millones de pesos como indemnización. Esto, que tiene que ocurrir durante la administración calderonista, afecta a diversas empresas asentadas en esos terrenos, cuyo eventual cierre podría poner en peligro la viabilidad de la propia terminal marítima.
El bufete mencionado es el despacho jurídico que más se ha destacado por litigar y ganar juicios contra el gobierno federal, lo que ha implicado indemnizaciones millonarias a favor de particulares.

Diversos abogados y especialistas han señalado que el hecho de que Chávez sea procurador y representante legal en un litigio, lo pone en un conflicto de intereses, lo que, según el artículo 232 del Código Penal Federal, representa el delito de prevaricato (por patrocinar o ayudar a diversos contendientes o partes con intereses opuestos, en un mismo negocio o en negocios conexos, o cuando se acepta el patrocinio de alguno y se admite después el de la parte contraria), que se castiga con una pena de hasta tres años de prisión.

Ricardo Monreal, senador temporal por el PT, considera que Chávez lleva “una enorme carga de compromisos y lealtades a cuestas”, y ha manifestado su temor de que, con su nombramiento, Felipe Calderón pueda convertir a la PGR en un “instrumento faccioso y partidista contra los adversarios políticos”.

Para el diputado Gerardo Fernández Noroña, también del PT, Chávez es “un represor encubierto, un justificador de asesinatos de mujeres, un hombre que permitió la impunidad, que prefabricó delitos y que hizo tropelía y media al frente de la Procuraduría en Chihuahua”, mientras que la ex titular de la CNDH, Mirelle Rocatti, se pregunta que si el nuevo fiscal no atendió la encomienda en procuración de justicia de su estado, “¿qué hará en la PGR?”.

Por otra parte, algunos militares han expresado su preocupación, a través de filtraciones a la prensa, en el sentido de que, con el cambio en la PGR, ahora se tendrá que establecer un nuevo puente entre esa dependencia y la Secretaría de la Defensa Nacional, principalmente para realizar acciones conjuntas contra el crimen organizado en las que se tenga que recurrir a personal de alta confianza.

Estado permisible

En entrevista con Siempre!, María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), indica que con Chávez al frente de la PGR los derechos de las mujeres están en riesgo y el gobierno aplica una doble política en materia de derechos humanos.

Antonio Cerda Ardura: ¿Qué opina que Arturo Chávez se haya convertido en el nuevo procurador?

María de la Luz Estrada: El nombramiento de Arturo Chávez como procurador y su ratificación por el Senado de la República simplemente reafirman, una vez más, la permisibilidad del Estado mexicano para seguir violentando los derechos humanos. El Senado fue omiso y sigue permitiendo que las violaciones a las garantías de las mujeres se sigan reproduciendo, en virtud de que ignoró las recomendaciones nacionales e internacionales emitidas por los órganos competentes en la materia, que piden sancionar penal o administrativamente a funcionarios que han actuado de manera corrupta, negligente y omisa, en colusión con agresores. El hecho de que Chávez acceda a este puesto, pone en un total grado de vulnerabilidad los casos de asesinatos dolosos de mujeres. De acuerdo al OCNF, de enero de 2007, a diciembre de 2008, en tan sólo trece estados de la República se han identificado más de mil 300 asesinatos dolosos de mujeres, respecto a los cuales es claro que la competencia federal no hará nada.

También cabe destacar que es preocupante el perfil de Arturo Chávez en el marco de la aplicación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ya que la PGR forma parte del Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Así que es seguro que la actuación del nuevo fiscal no será nada satisfactoria para que se respeten y protejan los derechos del sexo femenino.

Antonio Cerda Ardura: ¿Qué piensan de la decisión de los legisladores mexicanos?

María de la Luz Estrada: El poder legislativo una vez más demuestra su ineficacia para salvaguardar las garantías de las mujeres. ¡Nuestros representantes no toman en serio su papel! Están aceptando y ratificando a una persona que no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 102 apartado A de la Constitución Política, la cual cita: “Para ser procurador se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso. El procurador podrá ser removido libremente por el Ejecutivo”.

El requisito fundamental de gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso para asumir el puesto de procurador, queda en tela de juicio con la recomendación 44/98 de la CNDH, la cual señala textualmente: “SEPTIMA. Se sirva dictar sus instrucciones a quien corresponda para que, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución particular del Estado de Chihuahua, así como en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la misma Entidad Federativa, se realicen los trámites o gestiones correspondientes a fin de investigar todo lo concerniente respecto del desempeño de funciones del licenciado Arturo Chávez Chávez, Procurador General de Justicia del mismo Estado, por las omisiones referidas en el cuerpo de la presente resolución”.

Antonio Cerda Ardura: ¿Qué le dice este nombramiento respecto al presidente Felipe Calderón?

María de la Luz Estrada: Dice una vez más que el gobierno aplica una doble política en materia de derechos humanos porque a nivel internacional se compromete a cumplir con tratados, convenios y recomendaciones en esa materia, mientras que en el plano nacional antepone acuerdos por debajo del agua. Muestra de ello es la reciente recomendación No. 20 del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (un mecanismo para evaluar la situación de los derechos humanos en los países miembros), que, a la letra, cita: “Asegurar que el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez sean esclarecidos; que los responsables y sus cómplices, incluidos los funcionarios públicos que no han realizado las investigaciones pertinentes, sean llevados ante la justicia y que se adopten medidas eficaces para prevenir ese tipo de crímenes en Ciudad Juárez”.

Antonio Cerda Ardura: ¿Cómo queda el gobierno mexicano en esta etapa de violencia criminal en México?

María de la Luz Estrada: Actualmente los niveles de criminalidad y de violencia, y específicamente de violencia en contra de las mujeres, son muy altos, y principalmente es el Estado mexicano el que está quedando como un Estado violentador en el que ya no importan las garantías de las personas ni la opinión internacional. El gobierno de México no está valorando la situación de los derechos humanos ni la puede contener y se muestra rebasado al responder con negligencia, colusión y omitiendo la procuración y administración de justicia.

Antonio Cerda Ardura: ¿Qué se debe hacer para aclarar los asesinatos de mujeres?

María de la Luz Estrada: En primer lugar, se debe sancionar a los funcionarios públicos que han sido corruptos, negligentes y omisos, como lo ha demostrado el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de la Relatoría Sobre los Derechos de la Mujer de enero de 2007. Ahí consta que en muchos países de la región existe un patrón de impunidad sistemática en el procesamiento judicial y en las actuaciones relacionadas con la violencia hacia las mujeres. La mayoría de los casos no son formalmente investigados, juzgados y sancionados por los sistemas de administración de justicia en la región. Un ejemplo específico: la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México lanzó un fuerte exhorto a la Fiscalía Especializada para la Atención de Feminicidios, a fin de que acelere las investigaciones sobre 672 asesinatos de mujeres durante la presente administración, cuyos responsables, al menos en 89 por ciento de los casos, continúan impunes. ¡Sólo 76 asesinos han sido sentenciados! Esto nos da una idea clara de ese patrón de impunidad y sobre la incapacidad de México para realizar procesos adecuados.

De este modo, justo cuando México se encuentra inmerso en una guerra terrible declarada y desatada por Felipe Calderón en contra de la delincuencia organizada de México a las pocas semanas de haber empezado a “gobernar” con el fin de lograr con acciones espectaculares la legitimidad que no logró en las urnas en el 2006, los principales responsables bajo quienes floreció entre 1992 y 1998 en Chihuahua el narcotráfico en la mayor de las impunidades han sido premiados todos por el Presidente Calderón, desde el inepto y corrupto ex-Procurador de Justicia de Chihuahua Francisco Molina Ruiz de quien en su momento ya tuvo algo que decir Spectator, pasando por el mismísimo Zar de la Corrupción que lo colocó y protegió en dicho puesto, el igualmente inepto y corrupto ex-Gobernador Francisco Barrio Terrazas, hasta llegar al compinche de ellos Arturo Chávez Chávez en cuyas manos ha sido depositada la seguridad de una nación entera.

Así gobierna la inseparable dupla derecha-ultraderecha en México. Estos son los mismos que estuvieron repitiendo noche y día en las elecciones presidenciales del 2006 que el candidato de la izquierda Andrés Manuel López Obrador sería todo un peligro para México.

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POST SCRIPTUM:

No tardó mucho en tomar posesión de su puesto el nuevo Procurador General de la República Arturo Chávez Chávez para que la dependencia a su cargo recibiera un revés a manos de un juez imparcial:

Dan revés a Procurador: libera juez a ‘terrorista’
Abel Barajasz
Agencia Reforma
3 de octubre del 2009

En lo que constituye el primer revés judicial para el Procurador Arturo Chávez Chávez, un juez federal dejó ayer la libertad de Ramsés Villarreal Gómez, acusado por la PGR de colocar seis artefactos explosivos en sucursales bancarias durante el mes de septiembre.

Dentro de la causa penal 122/2009, el Juez Decimoquinto de Distrito del Reclusorio Sur, Ranulfo Castillo Mendoza, calificó de ilegal la detención del ex activista del Consejo General de Huelga, porque no cumplió con dos requisitos indispensables.

En específico, el juzgador estimó que Villarreal no fue detenido en flagrancia y que el Ministerio Público Federal tampoco acreditó que su consignación estuviera dentro de lo que se considera como un “caso urgente”, que es aquél donde existe riesgo de fuga del indiciado.

Flagrancia no la hubo, a consideración del juez, porque Ramsés fue acusado de hechos ocurridos entre el 1 y 22 de septiembre y él fue capturado hasta el día 30 de dicho mes.

“La PGR además quiso justificar que se trataba de un caso urgente, con el argumento de que afuera de la subdelegación de Camarones había amigos y familiares que exigían su libertad y que además lo querían liberar de ese lugar, lo que implicaba un riesgo de fuga.

“También dijo la PGR que no pudo pedir antes la aprehensión, y que tuvo que hacer la consignación con detenido, porque la gente que estaban afuera de la subdelegación le impidió el paso para ir al juzgado a pedir el mandato de captura... por supuesto que estos argumentos no son serios”, dijo un funcionario judicial.

Según informes judiciales, por regla general, la PGR opera este tipo de asuntos con la ampliación de la retención del sospechoso por un plazo de hasta 72 horas, para que dentro de este término el MP solicite y obtenga una aprehensión por un delito grave, que se libra en un máximo de 24 horas.

Pero en el caso de Ramsés, el MP no amplió la retención ministerial y, aunque el jueves la PGR anunció la consignación, ésto tampoco fue cierto, porque el expediente llegó al juzgado ayer viernes a las 9:30 horas, cuando el indiciado ya estaba internado en el Reclusorio.

De acuerdo a fuentes consultadas por REFORMA, el juez Castillo ni siquiera entró al estudio del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del activista, porque desde su origen la captura fue ilegal.

En punto de las 19:20 horas, el secretario de acuerdos del juzgado, Constantino Rojas Chávez, notificó en la rejilla de prácticas el fallo a Villarreal .

A las 23:30 horas, el activista abandonó el Reclusorio al que llegó a las 4:00 horas del mismo día, manifestó que valora la posibilidad de contrademandar a la PGR.

Dijo que su detención es una prueba de que el gobierno criminaliza a quienes se atreven a manifestar su descontento.

Al mismo tiempo afirmó que la PGR le ofreció en dos ocasiones inculpar a otras personas como responsables de detonar petardos y explosivos en sucursales bancarias de la capital del país, en los últimos 30 días.

Tampoco pasó mucho tiempo para que se conociese la manera en la que la PGR practica una extraña e inclusive criminal parálisis en el desaprovechamiento de los recursos legales disponibles para el combate al crimen organizado:

Nace rebasada la Ley de Extinción
Víctor Fuentes
Agencia Reforma
10 de noviembre del 2009

La Ley Federal de Extinción de Dominio es presumida en incontables promocionales del gobierno como uno de los grandes logros de la reciente reforma penal, pero en la práctica es poco más que letra muerta.

La ley entró en vigor el pasado 27 de agosto. Desde entonces y hasta el viernes 6 de noviembre, la PGR no ha presentado una sola demanda para quedarse con bienes de la delincuencia organizada, según datos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

El CJF creó un juzgado de distrito especializado para recibir estas demandas, pero en previsión de que no habría muchas, también lo puso a dictar sentencias en casos civiles y administrativos ordinarios, y a eso se ha dedicado.

“Todas las cosas materiales que no estén excluidas del comercio, ya sean muebles o inmuebles, y todo derecho real o personal, sus objetos, frutos y productos, susceptibles de apropiación”, es como se define a los bienes sobre los que se puede ejercer la acción de extinción.

Sin embargo, el revés judicial recibido por la PGR y la revelación de que los recursos legales creados para ayudar a la PGR en la lucha contra la delincuencia organizada -lucha que Felipe Calderón convirtió en una guerra sangrienta con el único fin de obtener la legitimidad que no obtuvo en las urnas en el 2006- son en realidad pecata minuta en comparación con otros sucesos preocupantes que empezaron a empañar a la corporación tras la entrada de Arturo Chávez Chávez. Como ya se esperaba, no transcurrió mucho tiempo después de que Felipe Calderón pusiera al mando de la PGR a individuos tan nefastos como Arturo Chávez Chávez y Francisco Molina Ruiz para que en esta ocasión todo México empezara a sufrir en carne propia las consecuencias del arribo a las altas esferas del poder de estos dos personajes marcados por una larga y bien documentada estela de corrupción, ineptitud, indolencia y complicidades.

Justo al cumplirse la mitad del terrible y trágico (para la gran mayoría del resto de los mexicanos) sexenio de Felipe Calderón como Presidente de México, se dió a conocer una noticia tan inquietante como desalentadora: el asesinato de uno de los principales testigos protegidos de la Procuraduría General de la República a manos del crimen organizado, como podemos verlo en la siguiente nota:

Matan a garganta profunda de PGR
María de la Luz González y Claudia Bolaños
EL UNIVERSAL
2 de diciembre del 2009

El testigo protegido de la Procuraduría General de la República que destapó el mayor escándalo de corrupción policial, Édgar Enrique Bayardo del Villar, fue ejecutado ayer en un café de la colonia del Valle a las 11:15 de la mañana.

Bayardo se encontraba dentro del establecimiento, ubicado en la esquina de Pilares y Pestalozzi, cuando una camioneta Isuzu modelo Rodeo, placas LZU 13 30, con tres ocupantes, se estacionó frente al negocio. Uno de ellos quedó en el interior, con el vehículo en marcha.

De acuerdo con testigos, los otros dos descendieron del vehículo. Uno ingresó al lugar para ubicar al objetivo y salió. En seguida el tercer elemento, armado con una metralleta calibre 9 milímetros, entró al local, fue directamente hacia Bayardo y lo asesinó. En el ataque resultaron heridos José Solís Castillo, presunto escolta de Bayardo y quien es reportado delicado, así como María Eugenia Martínez, cliente del café, fuera de peligro.

Los atacantes huyeron por la calle Pestalozzi y abandonaron la camioneta frente al número 1007.

Los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que arribaron minutos después, encontraron al menos 20 casquillos percutidos.

Bayardo del Villar fue detenido en octubre de 2008 por sus vínculos con el cártel de Ismael El Mayo Zambada —uno de los principales jefes del cártel de Sinaloa—, a quien daba información sobre operativos antinarco de la PGR, Secretaría de Seguridad Pública e incluso de la agencia antidrogas estadounidense (DEA), a cambio de 25 mil dólares al mes.

EL UNIVERSAL publicó a finales de octubre de este año que Bayardo era hasta ese entonces el único ex jefe policiaco acusado de corrupción y nexos con el crimen organizado que había librado las acusaciones en su contra y seguía cobrando al erario por sus “servicios” como testigo colaborador, identificado con la clave Tigre. Por acogerse al programa recibía una compensación mensual estimada en 50 mil pesos.

En 11 años escaló desde agente judicial federal, en 1997, hasta llegar a comisario de la Policía Federal el año pasado.

El asesinato de Édgar Enrique Bayardo del Villar ocurrió justo diez días después de que fuera encontrado “suicidado” otro “testigo protegido” de la PGR, Jesús Zambada Reyes, el hijo del capo “El Rey Zambada” y sobrino de “El Mayo Zambada”. Después del “suicidio” de Jesús Zambada Reyes, la misma PGR actuando bajo órdenes emanadas “desde muy arriba” hizo lo mejor que pudo para tratar de darle carpetazo al asunto haciéndolo aparentar como un suicidio, como podemos verlo en la siguiente nota:

Jesús Zambada Reyes, hijo de El Rey Zambada —uno de los jefes del Cártel del Pacífico— se suicidó, según el dictamen de la PGR, el cual fue avalado por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

El certificado de la necropsia establece como causa de muerte asfixia por ahorcamiento.

De acuerdo con el reporte del agente del Ministerio Público de la Federación que acudió a la casa de seguridad donde era resguardado Zambada Reyes, éste fue hallado “colgado de una cinta amarrada al cuello”.

Según datos de la PGR, el sujeto de 22 años había externado con anterioridad sus deseos de quitarse la vida (¿?). Sin embargo, no se le asignó custodia especial. (¿¿¿???)

La SIEDO investiga si hubo colaboración de alguna persona o de alguno de los agentes que vigilaban el inmueble ubicado en la colonia Santa Úrsula Xitla de la delegación Tlalpan, el cual había sido utilizado por su padre para actividades ilícitas.

¿Traición? “Me quiero matar”, era una frase que repetía desde aquellos días de finales de octubre del año pasado, cuando accedió a convertirse en testigo protegido de la PGR y se filtró que había ayudado a identificar a su propio padre, quien primero se presentó ante las autoridades como Víctor Rosas Montes, así como a descifrar a sus contactos en la AFI y en Policía Federal, como Edgar Enrique Bayardo del Villar y Víctor Gerardo Garay Cadena, inspector y titular del área antidrogas de la corporación.

Días después de la captura, el entonces procurador general de la República, Eduardo Medina-Mora reveló que El Rey Jesús Zambada García fue identificado con el auxilio de testigos protegidos.

“Usamos testigos que son colaboradores de la Procuraduría y que han operado en esta organización durante tiempo relevante, ellos conocen bien a las personas y pueden certificarnos la identidad de alguien”, dijo.

El 31 de octubre se develó quiénes eran esos colaboradores, porque un juez federal concedió auto de formal prisión sólo contra 14 de los aprehendidos en Zacatenco, entre ellos El Rey.

En la resolución judicial ya no se mencionó a Jesús Zambada Reyes ni a su hermanastro Ricardo Flores Quintana, hijo de la actual pareja de El Rey, la colombiana Yhajaira Escobar, y quien de inicio fue nombrado por la PGR como “brazo derecho” del líder del cártel.

Suicidio. La PGR refirió ayer que desde el momento del hallazgo todos los indicios indicaron que se trató de un suicidio, aunque no especificó qué clase de cinta se utilizó en el “ahorcamiento” o si pudo ser proporcionada por alguien.

Para transparentar la investigación, dio libertad a la actuación ministerial de la PGJDF. Las diligencias practicada por el MP del fuero común, aludió, “revelan que la muerte se debió al ahorcamiento que se produjo él mismo”.

El dictamen pericial también arrojó que “no hubo lesiones compatibles con que el occiso sufriera, momentos previos a su muerte, de maniobras de lucha o forcejeo con terceras personas”.

Tras la segunda muerte del segundo testigo protegido ocurrida tan sólo diez días después del “suicidio” de Jesús Zambada Reyes, prácticamente nadie en México cree ya la versión oficialista de que se trató de un “suicidio” como el corrupto Procurador Arturo Chávez Chávez y su igualmente corrupto Sub-Procurador Francisco Molina Ruiz quieren hacerle creer al resto del mundo con la fabricación de pruebas. La pregunta ahora es: ¿quién dentro de la PGR pudo haber filtrado la información a la delincuencia organizada de México sobre el paradero de estos dos testigos “protegidos”? Se supone que ésta es información privilegiada y altamente secreta de la cual muy pocos tienen conocimiento. Y entre los pocos que tienen esta información al alcance de sus manos están necesariamente Arturo Chávez Chávez y Francisco Molina Ruiz. La otra pregunta es: ¿por qué si eran testigos protegidos de enorme importancia se les dejó virtualmente sin protección alguna? ¿Cómo supieron los ejecutores que se les podía eliminar sin que hubiese problema alguno? De nueva cuenta, este tipo de información es privilegiada, información a la que sólo tienen acceso unos cuantos. Y entre esos cuantos se encuentran necesariamente Arturo Chávez Chávez y Francisco Molina Ruiz. En realidad, tal vez no haya que mirar ya demasiado lejos para darse cuenta de que con estos dos individuos nocivos al frente de la Procuraduría General de la República la procuración de justicia de toda una nación está ya en las mismas manos del hampa organizada de México. Aunque el verdadero culpable tiene que ser el mismo Presidente Felipe Calderón, puesto que él fue precisamente el que puso a esta gente perniciosa y criminal a cargo de la PGR pese a sus pésimos antecedentes y pese a las protestas de un pueblo indefenso ante las arbitrariedades que están siendo cometidas desde el poder por la dupla derecha-ultraderecha de México.

Otro ejemplo de lo que está sucediendo en México nos lo dá la fuga masiva de una “casa de arraigo” ocurrida el 4 de diciembre del 2009, en el municipio de Escobedo en el Estado de Nuevo León, cuando un grupo armado penetró con metralletas y “reventó” la casa del arraigo número dos ubicada sobre el Libramiento Noroeste, a la altura del kilómetro 17, dentro de los límites territoriales del municipio de Escobedo Nuevo León. A bordo de unas 10 camionetas, hombres que portaban armas de grueso calibre arribaron a la vivienda tras de que una camioneta Silverado de color negro se impactó contra el portón de las instalaciones de seguridad y lo derribó. De los vehículos descendieron hombres armados que asesinaron a los dos policías federales Roberto González Barco, de 26 años de edad, y su compañero Ricardo Domínguez Mota, de 29 años, que estaban resguardando las instalaciones, liberándose a 23 detenidos. Entre las personas arraigadas se encontraban, Juan Carlos Martínez Hernández, alías “El Camaleón”:

quien se desempeñaba como el segundo de a bordo del cártel del grupo delictivo denominado los “Zetas” en el municipio de Guadalupe, además de los elementos policiacos Carlos Espinosa Ramos y Néstor Hernández Hernández así como los narcotraficantes, Eduardo Ávalos Piyeiro, “El Ñoñín”; Martín Salinas Martínez, “El Jícama”; René Reynold Aranda Rodríguez, “El Down” y José Luis García Martínez, “El Gordo” junto con Ángel Jesús Moreno González, “El Chuy”; Gilberto Hernández Vázquez, “El Conejo”; Andrés Damián González Rendón, “El Gato”; José Raymundo López Arellano, “El Ruso”; Héctor Homero Cervantes Durán, “El Negro”; Rafael Aarón Esquivel Galván, “El Palillo”; Domitilo Sampayo Torres, “El Güero”, y Juan Carlos Sampayo Rivas. Aquí la pregunta lógica es: ¿por qué razón, si se trataba de delincuentes peligrosísimos ligados con el hampa organizada, no se les trasladó de inmediato fuera de Nuevo León para llevarlos a un lugar de alta seguridad e inclusive ponerlos directamente bajo la custodia del Ejército, especialmente considerando que 15 de ellos estaban siendo investigados como secuestradores y pertenecían al grupo de Los Zetas (todos habían sido detenidos desde la madrugada del lunes 26 de octubre del 2009 a raíz de un operativo realizado por el Ejército en una finca ubicada en la colonia Rincón de la Sierra, en el municipio de Guadalupe)? ¿Se les dió deliberadamente todo tipo de facilidades para que el asalto y la fuga se pudieran llevar a cabo? Aquí hay dos personajes de alto rango en la PGR de quienes emanan directamente las órdenes sobre qué hacer con este tipo de criminales de alta peligrosidad: Arturo Chávez Chávez y Francisco Molina Ruiz. Y ya ni siquiera vale la pena el preguntar el por qué 23 detenidos considerados de alta peligrosidad estaban siendo custodiados únicamente por dos agentes federales, aunque posiblemente los lectores puedan ir haciendo aquí algunas conjeturas dados los antecedentes del caso y los protagonistas puestos al mando de la PGR por Felipe Calderón.

Por si lo anterior fuese poco, el 10 de diciembre del 2009, precisamente en la celebración del Día Mundial de los Derechos Humanos, el desgastado gobierno de Felipe Calderón recibió un revés internacional luego de conocer la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano por las muertes de tres jóvenes originarias de Ciudad Juárez, Chihuahua, cuyos restos fueron localizados en el área conocida como Campo Algodonero. La sentencia de la Corte obligó al gobierno mexicano a pagar más de 940 mil dólares a los familiares de las víctimas, por daños material y moral, así como asistencia médica y psicológica gratuita a todos los afectados, condenando además al el gobierno calderonista a convocar a un acto público en el que el Estado admita su responsabilidad en estos hechos y a publicar la sentencia de la CIDH en el Diario Oficial de la Federación, así como periódicos de circulación nacional y local. Como parte de la condena, se debía levantar un monumento a las víctimas, así como la conclusión de las investigaciones de las muertes de las tres jóvenes y el castigo a las autoridades responsables de omisiones y negligencia. Esta última parte de la sentencia clavó a Felipe Calderón entre la espada y la pared, porque los principales responsables de la criminal negligencia en su actuar como funcionarios públicos ante la sociedad del Estado de Chihuahua resultan ser ni más ni menos que el ex-Gobernador de Chihuahua y Zar de la Corrupción Francisco Barrio Terrazas nombrado por el mismo Felipe Calderón como Embajador de México ante Canadá el 14 de enero del 2009:

así como el ultracorrupto ex-Procurador General de Justicia de Chihuahua y flamante Sub-Procurador de la Procuraduría General de la República, Francisco Molina Ruiz (la expresión en su rostro que muestra la fotografía es la expresión usual en su rostro refrendando su bien ganada fama en Chihuahua como un funcionario soberbio, altanero, pedante, ególatra, prepotente, aunque servil y rastrero con sus protectores a quienes debe los altos puestos que nunca debería haber ocupado):

y nadie menos que el mismísimo seleccionado por Felipe Calderón para ser Procurador General de toda la República Mexicana, Arturo Chávez Chávez:

La razón por la cual estos acontecimientos clavaron al mismo Felipe Calderón entre la espada y la pared es porque, en toda investigación emprendida en acato a una autoridad impartidora de justicia, el primer paso indispensable consiste en la remoción así sea temporal de los funcionarios involucrados mientras se llevan a cabo las investigaciones pedidas. ¿Remover precisamente a los tres pájaros de cuenta de sus altos cargos como funcionarios federales en los cuales fueron instalados por el mismo Felipe Calderón? Por otro lado, precisamente dos de los principales violadores de derechos humanos a los cuales la Corte Interamericana de los Derechos Humanos pidió que se les investigara son precisamente los que ocupan los dos cargos más altos en la Procuraduría General de la República, precisamente la dependencia encargada de llevar a cabo las investigaciones. ¿Se van a investigar a sí mismos estos corruptos, actuando como juez y parte, para proclamarse a sí mismos ante el mundo entero inocentes como blancas palomas como resultado de sus “brillantes” investigaciones? De nueva cuenta, la salida de estos tres de sus cargos se antojaría como la única alternativa posible para acatar el fallo de la Corte. Pero como a Felipe Calderón ya no le importan ni las críticas a su mal gobierno ni los buenos consejos que analistas destacados le han formulado en sendos editoriales, actuando ya como un autócrata decidió adoptar la actitud propia del autócrata -“¡Me vale, me importa un comino lo que digan las Cortes, me vale madres lo que digan los demás, porque aquí en México mando yo haiga sido como haiga sido!”. Así era como el ultraderechista Hitler gobernaba a Alemania. Así era como el ultraderechista Franco gobernaba España. Así era como el militar ultraderechista Augusto Pinochet gobernaba Chile. Y ciertamente Felipe Calderón decidió no ser menos que estos personajes. De cualquier modo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solamente dicta sentencias y se olvida de ellas, les dá seguimiento, a lo cual Felipe Calderón tal vez haya pensado en la posibilidad de entrar en desacato desconociendo a la autoridad de dicha corte del mismo modo en que Hitler sacó a Alemania de la Liga de las Naciones (precursora de las Naciones Unidas) por no convenir a sus intereses dictatoriales y expansionistas en su megalómana obsesión para llevar a cabo la conquista del mundo empezando con la conquista de toda Europa.

Tras conocerse públicamente el fallo inapelable de la Corte, apareció publicado lo siguiente en el epicentro de los acontecimientos:

Piden que renuncie procurador por caso ‘campo algodonero’
Martha Elba Figueroa
EL DIARIO
14 de diciembre del 2009

El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados exigió la renuncia del procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, por aparecer en el expediente del fallo que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Gobierno Mexicano sobre feminicidios ocurridos en el Campo Algodonero, y al considerar que no puede ser juez y parte en la investigación.

“Como existe en la sentencia y está jurídicamente sustentado el nombre del procurador Arturo Chávez Chávez, por tener responsabilidad en los feminicidios, así como lo han hecho organizaciones civiles del país, nos uniríamos a pedir su renuncia como procurador porque no puede ser juez y parte, está el nombre en el expediente y él es quien imparte justicia en el país”, destacó Leticia Quezada.

La vocera del PRD señaló que su fracción parlamentaria dará seguimiento al fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y puntualizó que propondrán dos alertas de género en el Estado de México y Chihuahua, ya que se registra el mayor índice de feminicidios en el país.

Al respecto, la presidenta de la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Feminicidios, Teresa Incháustegui Romero, coincidió en que llevarán una vigilancia muy estrecha junto con organizaciones de la sociedad civil para que se cumpla lo que plateó la Corte Interamericana, a fin de que mejoren los protocolos de investigación sobre los feminicidios, ya que no han sido los correctos y no han permitido identificar en muchas ocasiones a las víctimas.

Además, dijo, se propondrá la implementación del “Protocolo Alba” con la intención de reaccionar de manera rápida al momento que se denuncia la desaparición de algún familiar, ya que una de las debilidades de la justicia es que cuando empieza la investigación inicia 72 horas después, tiempo vital para una víctima, de acuerdo a lo que indican los familiares de las víctimas para evitar ese delito.

La sentencia, explicó, crea un precedente para toda la región de América Latina y el Caribe por plantear elementos para jurisprudencia de los derechos humanos de las mujeres, pero sobre todo el que tiene que ver con la seguridad y la vida.

En ese sentido, el fallo conmina en plazos perentorios de 6 meses a un año para reconducir el proceso de investigación interrumpido; sancionar a los responsables materiales e intelectuales de esos feminicidios y desarrollar mecanismos para abordar las indicaciones desde la perspectiva de género.

También se plantea la sanción a funcionarios responsables de realizar esas investigaciones que omitieron y fallaron en el proceso, así como a cejar en el hostigamiento que se tiene sobre familiares de otras mujeres víctimas de la violencia feminicida y que están pendientes en el proceso de la investigación.

Además de la sanción económica para resarcir el daño que a los familiares de las víctimas que el Estado debe cumplir en un plazo de 6 meses.

En el mismo sentido, la organización internacional de derechos humanos Amnistía Internacional (AI), urgió al Estado Mexicano de cumplir cabalmente con la sentencia y asumir la responsabilidad internacional por las violaciones de los derechos humanos de las víctimas y sus familiares en los términos estipulados por la Corte.

“Es hora de garantizar la justicia en estos casos y de tantas otras de las mujeres y niñas desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez desde el año 1993. La sentencia evidencia que las acciones por parte del Estado no han sido suficientes para cumplir con su obligación relativa a la no discriminación contra las mujeres y las niñas y de garantizar la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género y de conducir una investigación eficaz”, destacó la organización. Por ello, se aseguró en un comunicado de prensa, Amnistía Internacional como otras organizaciones de derechos humanos vigilará las acciones por parte del Estado para cumplir con esta sentencia.

La sentencia histórica emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos debe haber sido un trago amargo para Felipe Calderón al haberse dado a las pocas semanas de que el inútil y corrupto Francisco Molina Ruiz quien como Procurador General del Estado de Chihuahua jamás investigó los feminicidios de Ciudad Juárez dejándolos en la más absoluta impunidad (o en el peor de los casos, fabricando chivos expiatorios), fuera elevado a Sub-Procurador General de la República por Felipe Calderón y por Arturo Chávez Chávez. La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) que representó ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a los familiares de las jóvenes asesinadas Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos, celebró la sentencia e incluso la calificó de “histórica”. En un comunicado, la ANAD destacó que es el “primer caso que un tribunal internacional condena a México por los centenares de asesinatos de mujeres que ocurren en Ciudad Juárez, Chihuahua, y que por el alcance de la sentencia trasciende el ámbito local y nacional”. Al considerar que la determinación de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos era “un precedente importantísimo en la lucha por el respeto a los derechos humanos de las mujeres y en especial de las mujeres pobres”, la organización civil destacó que la condena era de “carácter obligatorio y señala la responsabilidad del Estado mexicano por no haber ofrecido garantías de protección adecuadas a las mujeres en Ciudad Juárez” y, en específico, a las víctimas del Campo Algodonero. De este modo, el máximo tribunal interamericano encontró responsable al Estado por no haber llevado a cabo una investigación adecuada y efectiva; por no sancionar a los funcionarios responsables de omisiones y negligencias, en específico a los que participaron en las indagatorias de Campo Algodonero, así como por “la falta de mecanismos efectivos de prevención de la violencia contra las mujeres. Pero ni siquiera así Felipe Calderón emprendió acción alguna para por lo menos remover a los corruptos e ineptos funcionarios Arturo Chávez Chávez y Francisco Molina Ruiz de sus altos cargos en la PGR, ya no se diga meterlos a ambos a la cárcel que es en donde deberían haber estado desde un principio y no al mando absoluto de la PGR. ¡Y todo esto al mismo tiempo que conminaba al pueblo de México en sus discursos públicos a denunciar y combatir la corrupción! (¿¿¿???) Y como cereza en el pastel, el mismo día en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió tan dura sentencia en contra del gobierno de México, justo a las afueras de la hoy ultra-corrupta PGR se llevó a cabo una manifestación de periodistas enardecidos:

En dicha manifestación, Miguel Angel Granados, ganador dos veces del Premio Nacional de Periodismo, denunció la impunidad en torno a las agresiones contra los periodistas atribuyéndola a “la inactividad de las autoridades para investigar” (organizaciones como Reporteros Sin Fronteras han advertido que México se ha convirtió en el país más riesgoso para los periodistas, con 57 comunicadores asesinados y diez desaparecidos desde 2000, justo los nueve años de la fecha en la que los ultraconservadores de la derecha y la ultraderecha se apoderaran de las riendas del poder federal en México. Lamentablemente, las protestas de los periodistas de México cayeron en oídos sordos, precisamente en los oídos sordos del principal protector de corruptos (como los dos pájaros de cuenta encargados de procurarle justicia a todo el pueblo de México) y por añadidura enemigo acérrrimo de la libertad de prensa y la libertad de expresión como lo demuestra la detención ilegal del director general de la revista Contralínea Miguel Badillo por el “terrible e imperdonable delito” de haber denunciado la corrupción en PEMEX, una corrupción que ciertamente ni Arturo Chávez Chávez ni Francisco Molina Ruiz están investigando, porque a fin de cuentas ellos mismos representan en su quintaesencia todo lo que significa la corrupción, la impunidad y la ineptitud.

Desde antes de cerrar el mes de octubre del 2009, tan sólo en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez en donde se sentó un negro precedente para la criminalidad desde la época en que ocurrieron los famosos feminicidios inextricablemente ligados al nombre del nefasto Arturo Chávez Chávez, el número de muertos a causa de la delincuencia organizada rebasó la cifra de 2009. Esto quiere decir que si desde que el Señor Jesús nació en los tiempos del Imperio Romano se hubiera ejecutado puntualmente a un ser humano cada año, la cifra ya estaría rebasada en octubre del 2009 faltando aún dos meses para terminar el 2009. Esto ya en tiempos del Procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, por obra y gracia del omnipotente y prepotente Presidente de México Felipe Calderón Hinojosa que lo designó para aplicarle al resto de México la misma medicina que le estuvo dando a los sufridos chihuahuenses que lo estuvieron padeciendo hasta que optaron por expulsar al PAN del poder en el estado de Chihuahua.

¿Estás contento, México, de que el PAN y con él la ultraderecha encubierta se hayan atornillado en las riendas del poder federal con las consecuencias que estamos viendo? ¡Ah,! pero lo importante en el 2006 era impedir a toda costa y al precio que fuese que el izquierdista Andrés Manuel López Obrador pudiera llegar a la Presidencia de México en lugar de Felipe Calderón por ser... ¿todo “un peligro para México”?

Sí, ¡claro!, “todo un peligro para México”.