El duopolio ya es monopolio
Se ha documentado ya cómo la rapaz TELEVISA no tiene impedimento legal ni moral para desplegar sus tentáculos en contra de otros medios informativos que sí son independientes e imparciales, medios de comunicación tales como el diario REFORMA, o revistas como PROCESO o inclusive hasta simples ciudadanos, inclusive hasta los suyos propios comiéndose a sus propios hijos al igual que el dios romano Saturno:
lo cual muestra la calaña del pulpo.
Sin embargo, una cosa de la que tal vez se hayan dado cuenta muchos es que, pese a las rencillas de bajo nivel en las cuales se piratean actores y comediantes con mejores ofertas de salarios, las dos televisoras que monopolizan el mercado audiovisual libre de México, TELEVISA y TV AZTECA, jamás se han enfrentado directamente a través de sus noticieros desinformativos o sus comentaristas y analistas que trabajan bajo una línea editorial estricta.
En otros tiempos, antes de la llegada de Carlos Salinas de Gortari a la Presidencia de la República, antes de que se implantara en México el voraz neoliberalismo económico que ha funcionado muy bien para estancar a México al igual que a otros países del mundo a la vez que se enriquece de manera desmedida y exorbitante a un puñado de empresarios amorales que se han amafiado con las ultraderechas del país para proteger sus vastos intereses, lo que hoy es TV AZTECA era una televisora estatal. Al servicio indirecto del Estado en los tiempos de la hegemonía priista, sí, pero al menos nadie era enriquecido en forma desmedida acumulando un poder desmesurado en sus manos como está ocurriendo ahora. Tras una venta masiva de empresas paraestatales que aún genera muchas sospechas y suspicacias en las cuales TV AZTECA fue rematada a precio de ganga por Carlos Salinas de Gortari a Ricardo Salinas Pliego, el Estado dejó de tener participación directa en el negocio televisivo, dejándoselo todo a la iniciativa privada que de acuerdo a los cánones del neoliberalismo económico a ultranza generaría muchos empleos y mucha riqueza que beneficiarían a la sociedad en general. Uno de los argumentos avanzados por el gran abuelo del neoliberalismo económico en México para justicar la venta del canal 11 de México a un empresario voraz, era que con ello se le crearía una sana competencia a TELEVISA y que las fuerzas del libre mercado actuarían como contrapeso a la empresa de Emilio Azcárraga Milmo. Bueno, a más de dos décadas de distancia de la venta del canal 11 a Ricardo Salinas Pliego, he aquí los resultados:
Expertos exigen parar alianza de televisoras
EL UNIVERSAL
23 de enero del 2012
Más de 100 intelectuales, académicos y expertos en telecomunicaciones suscribieron un desplegado para demandar a la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) impedir una alianza entre Televisa y Televisión Azteca para compartir la propiedad de Iusacell.
El documento es suscrito por personajes como el ex presidente del IFE José Woldenberg, el académico del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Alberto Aziz Nassif, el senador Javier Corral, el ex procurador Jorge Carpizo, el experto en medios Raúl Trejo, entre otros.
El argumento básico es que tal fusión viola el artículo 28 constitucional, que prohíbe los monopolios, y la Ley Federal de Competencia.
“La Cofeco no sólo debe rechazar por notoriamente improcedente esta alianza de facto entre Iusacell y Televisa, además debe investigarla de oficio y sancionar conforme a la ley”, indican los firmantes del desplegado.
De no impedir la alianza, agregan, se generaría una “concentración mediática y prácticas anticompetititvas”.
Lo anterior, explican, porque ambas concesionarias participan del mercado de televisión abierta (concentran el 88% de las concesiones de ese ramo) y telecomunicaciones “donde debieran ser competidores y no socios”.
Además, ambas televisoras tienen 51% de todos los canales espejo de la televisión digital; acaparan 94.4% de la audiencia televisiva, “se apoderan” de 58% del total de la inversión publicitaria en México y reciben cada año 30% del gasto público en comunicación social federal.
“En ningún otro país del mundo se ha visto que las dos empresas dominantes que compiten en el mercado de la televisión abierta se coludan para obstaculizar la entrada de nuevos competidores”, dicen.
Recuerdan que la alianza se anunció ante autoridades financieras de EU y México, “lo cual trae especulación y alzas en las acciones de las empresas”. En la realidad, agregan, ha comenzado a operar “con la fusión de intereses creados” en el negocio de la tv.
“Por ejemplo, Iusacell ya se anuncia en las pantallas y producciones de Televisa mientras que esta última ya colocó a directivos en el Consejo de Administración de Iusacell. Se trata a todas luces de decisiones corporativas al margen de la ley”, concluyen.
Otros firmantes son Aleida Calleja, titular de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, y Ciro Murayama, miembro del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares del IFE.
La cosa de hecho está mucho más seria de lo que antes se suponía. Se creía que entre TELEVISA y TV AZTECA formaban un duopolio amoral al servicio del PAN-Gobierno, con TELEVISA llevando la batuta en función de los enormes recursos económicos que posee el pulpo de TELEVISA Emilio Azcárraga Jean en comparación los recursos económicos que posee el pulpo de TV AZTECA Ricardo Salinas Pliego (el cual ciertamente no es ningún pobretón digno de lástima, sino todo lo contrario). Pero en rigor de verdad, el duopolio ya es un monopolio. Es un monolito sólido, inquebrantable, y la siguiente nota dá mayores detalles de ello:
Denuncian ‘plan chantaje’ de televisoras nacionales
Agencia APRO
22 de enero del 2012
La mañana del lunes 16 llegaron a las oficinas de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) el vicepresidente de Televisa, Alfonso de Angoitia, responsable de la estrategia de telecomunicaciones del consorcio, y Pedro Padilla Longoria, presidente suplente y director general de Grupo Salinas, considerado brazo derecho de Ricardo Salinas Pliego.
Acudieron a presionar a Eduardo Pérez Motta, presidente del órgano regulador, para saber cuál era su posición frente a la solicitud de concentración entre Grupo Iusacell y Grupo Televisa, anunciada desde abril de 2011.
Con esa fusión Televisa se convertiría en propietaria de 50% de la empresa telefónica, siempre y cuando se autorice la compra de deuda convertible en acciones por un monto de mil 600 millones de dólares por parte del corporativo encabezado por Emilio Azcárraga Jean. Una operación de esta índole, advierten especialistas, sería contraria a la competencia, pues convertiría en socias a las dos grandes cadenas de televisión abierta.
Pérez Motta les dijo que aún estaba analizando su voto y que la decisión no dependía sólo de él, sino de los otros cuatro comisionados: Luis Alberto Ibarra, Rodrigo Morales, Miguel Flores Bernés y Cristina Massa Sánchez. Esta última fue designada integrante de la Cofeco el 15 de septiembre pasado por Felipe Calderón.
Padilla y De Angoitia salieron contrariados de las oficinas de la Cofeco en Santa Fe. Según versiones extraoficiales sólo contaban con dos de los cinco votos necesarios para autorizar la concentración.
Otras versiones investigadas por Proceso y que se difundieron en algunos medios especializados indicaban que la próxima semana el pleno de la Cofeco podría autorizar la fusión a condición de que se adopten medidas para regular el mercado de la televisión restringida –que domina Televisa– y se autorice también la licitación de una tercera cadena de televisión abierta, en señal digital, de acuerdo con el proyecto de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) presentado en agosto último.
Desde ese momento las presiones dejaron de darse tras bambalinas y se ventilaron en la pantalla de los noticiarios de Televisa y de TV Azteca, como una demostración del “músculo” que poseen ambas empresas, que controlan 93% de la televisión abierta.
En los noticieros más importantes de Canal 2 y de Canal 13, las señales de alcance nacional del duopolio, se difundieron noticias contra Eduardo Pérez Motta y contra el presidente de la Cofetel, Mony de Swaan. El pretexto fue lo de menos.
Las coberturas fueron idénticas. La noche del lunes 16 se informó en El Noticiero de Joaquín López Dóriga acerca de una demanda de la diputada federal perredista Esthela Damián Peralta, quien pidió la renuncia de Pérez Motta a la Cofeco con el argumento de que el funcionario protege las prácticas monopólicas en el mercado de la tortilla. Dos días después ambas televisoras dieron amplia cobertura al punto de acuerdo de la Cámara de Diputados para que comparezca Mony de Swaan por los contratos que adjudicó presuntamente de manera indebida a dos de sus amigos.
En medio de estas presiones en pantalla, la tarde del miércoles 18 Felipe Calderón acudió a las instalaciones de Televisa San Ángel para reunirse en privado con los directivos de la empresa. En algunas cuentas de Twitter se comentó que discutieron los escenarios de la fusión de Televisa y Iusacell, la cancelación del proyecto de la tercera cadena de televisión, así como el apoyo a la “tercera cadena pública” que el gobierno calderonista quiere implantar por medio del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales.
No fue sino hasta el día siguiente cuando la Presidencia confirmó la reunión. En un escueto comunicado informó que Calderón “acudió a las instalaciones de Televisa para sostener un encuentro con directivos y editorialistas de dicha empresa. Durante la reunión intercambiaron puntos de vista sobre la situación nacional”.
Linchamiento mediático
Dos días después de la visita de Padilla y De Angoitia, Pérez Motta dio a conocer el documento “Reflexiones sobre las presiones mediáticas de los últimos días” donde aclara que el caso sobre el mercado de la masa y la tortilla “concluyó con sanción hace más de cinco años”.
En la parte medular de su documento Pérez Motta recordó el linchamiento realizado en las pantallas de Televisa y TV Azteca contra Isaac Saba, el empresario que se asoció con General Electric para buscar a principios del sexenio la concesión de una tercera cadena de televisión:
“Las declaraciones de la diputada (Esthela Damián Peralta) así como la cobertura noticiosa que han recibido en televisión abierta recuerdan, por poner sólo un ejemplo, al caso del empresario mexicano Isaac Saba (q.e.p.d.) que en sociedad con una cadena estadounidense solicitó en 2006 una concesión para ofrecer una tercera cadena de televisión que habría sido competidora de las actuales televisoras.
“La solicitud fue seguida, a los pocos días, de una intensa cobertura televisiva de supuestos abusos del empresario en un mercado totalmente distinto que, coincidentemente, se desvaneció en cuanto el empresario retiró su solicitud de concesión. Desde entonces, no hay noticias públicas de otras solicitudes de este tipo…
“Las presiones para mí o para los demás comisionados, en televisión o por otros medios, seguramente continuarán e incluso se intensificarán en los próximos días. No es la primera vez y seguramente no será la última. Es normal y no queda más que aguantarlas: es parte de la labor de un regulador”, sentenció Pérez Motta.
El contrataque se agudizó el jueves 19. El vocero del Grupo Salinas, Luis Niño de Rivera, anunció que Grupo Iusacell demandará a Eduardo Pérez Motta por “filtrar” información sobre el caso Televisa–Iusacell a la casa de bolsa Scotia Capital.
“Les dio información a los analistas de una casa de bolsa y esto llegó a los inversionistas interesados en la inversión de Televisa”, advirtió Niño de Rivera.
Además amenazó con interponer una demanda penal ante la Procuraduría General de la República, otra ante la Secretaría de la Función Pública y una tercera, como solicitud de recusación, ante la propia Comisión Federal de Competencia. Sorpresivamente, a través de su cuenta de Twitter –@RicardoBSalinas– al mediodía del viernes 20, Ricardo Salinas Pliego redactó tres mensajes:
El primero: “EPM Queremos para todo México, un internet móvil y rápido que sí funcione, como la red 4G de Iusacell, pero en cada rincón del país”. El segundo: “EPM Queremos seguir bajando el costo de los celulares a más de 100 millones de mexicanos, como lo hizo Unefón al ofrecer $1 el minuto”.
Y el último: “EPM Queremos un diálogo abierto y con razones. He cancelado las acciones legales que te preocupan. ¡Ojalá nos escuches”
En respuesta el titular de la Cofeco emitió otro comunicado en el que plantea: “Así como no deben admitirse presiones, tampoco pueden aceptarse favores. Si Iusacell se siente afectado por lo que considera que son actuaciones mías, los invito a que ejerzan su derecho de proceder legalmente.
“Lo que sí puedo garantizar es que, como siempre, mi voto sobre la concentración Televisa–Iusacell, el cual estoy analizando, se basará estrictamente en el mandato de la Ley de Competencia y, por lo tanto, responderá exclusivamente a mi apreciación del impacto de la operación en las condiciones de competencia y libre concurrencia en los mercados, sin responder a las presiones de ningún actor”.
Antes de la amenaza de tres demandas y del “perdón” de Ricardo Salinas Pliego, desde el viernes 13 comenzó a circular en las redacciones periodísticas y en las oficinas del órgano regulador un anónimo donde acusaban a Pérez Motta de “filtrar” asuntos que no han pasado por el pleno.
“¿Por qué Eduardo Pérez Motta pretende impedir que se consume la compra de 50% de Iusacell por parte de Televisa? ¿Quiere mantener el monopolio por los siguientes 15 años? ¿Por qué protege el statu quo? ¿Por qué impide que exista una verdadera competencia para Telmex–Telcel? ¿Por qué privilegia a los malos servicios en perjuicio de los consumidores?”
Más concentración
El argumento de que la inversión de mil 600 millones de dólares de Televisa en Grupo Iusacell ayudará a una mayor competencia en el mercado de la telefonía móvil ha sido recurrente para justificar la sociedad entre los dos agentes que controlan los contenidos, la producción y la distribución de las señales de televisión abierta y televisión restringida en el país.
Por medio de la Cofetel se solicitó un “estudio confidencial” a los consultores Dimitri Ypsilanti y Agustín Díaz Pines, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a fin de efectuar una revisión del mercado de las telecomunicaciones en México y emitir su opinión sobre la fusión de Iusacell y Televisa.
El documento, elaborado entre el 23 y 28 de octubre últimos, cuya copia obtuvo Proceso, considera que es “necesaria” y “benéfica” la entrada de un nuevo operador basado en la alianza Televisa–Iusacell.
Sin embargo, en la nota al pie de la página 61 los analistas de la OCDE admiten que “sin embargo, mientras las perspectivas en el mercado de las telecomunicaciones podrían ser bienvenidas, las perspectivas para el mercado de la televisión tendrían implicaciones negativas para la competencia”.
Es el único párrafo, de las 110 cuartillas del estudio, donde admite que la sociedad entre ambos grupos será contraproducente para el mercado de la televisión abierta.
Desde el 11 de julio pasado Grupo Nextel, ex socio de Televisa en la polémica Licitación 21, presentó ante la Cofeco una denuncia contra la fusión de ambos grupos. Argumentó que, de autorizarse, “se creará un monopolio sin precedentes en el mercado de la televisión abierta, de telefonía celular, de publicidad y de televisión restringida”.
Aportó, entre muchas otras, las siguientes cifras:
–De las 468 estaciones de televisión abierta del país, 256 pertenecen a Grupo Televisa y 180 a TV Azteca; es decir 93% de todas las estaciones.
–Grupo Televisa y TV Azteca alcanzan participaciones de 66% y 33%, respectivamente, en términos de audiencias. Es decir tienen 99% de la televisión abierta.
–Entre marzo y abril de 2011 los 411 programas con mayor rating fueron transmitidos por las cadenas de televisión de ambas empresas. Estos programas son los más vistos también en televisión de paga.
–Ambas televisoras tienen 90% del mercado publicitario en la pantalla comercial; concentran 60% de toda la publicidad en México y acaparan 40% de la publicidad oficial federal.
–Al fusionarse Grupo Televisa con Grupo Iusacell, la empresa de Azcárraga Jean “se convertirá en la única con posibilidad de dar servicios de total play”. Con esto Televisa controlaría los dos principales proveedores de televisión de paga (Cablevisión y Sky), a TVI y a Cablemás, además de Grupo Iusacell.
–El dominio publicitario sería en todas las plataformas: televisión abierta, televisión de paga, telefonía celular e internet, creando “barreras de entrada”. “Las prácticas de los concesionarios de televisión por cable, asociados a Productora y Comercializadora de Televisión (PCTV) también constituyen barreras de entrada”, advirtió Nextel (Proceso 1811).
Finalmente Nextel retiró su demanda ante la Cofeco después de que negociara con Grupo Salinas la suspensión de los más de 60 litigios judiciales que interpuso este corporativo contra la Licitación 21.
Sin embargo los datos y las consideraciones de Grupo Nextel son válidos. En Estados Unidos ésta y otras empresas telefónicas analizan ante la Securities Exchange Commision (SEC), autoridad reguladora del mercado bursátil norteamericano, si no hubo un presunto fraude de Grupo Televisa a accionistas minoritarios al negociar la fusión con Grupo Iusacell.
Alianza improcedente
Por su parte, la ex subsecretaria de Comunicaciones, Purificación Carpinteyro afirma que la Cofeco debería no sólo investigar la fusión de Azcárraga Jean y Salinas Pliego en Grupo Iusacell, sino los indicios de que existe “una colusión de intereses” entre dos empresas televisivas que deberían ser competidoras.
“Esta es una práctica monopólica absoluta y es una de las más sancionadas por las leyes de competencia en todo el mundo”, plantea Carpinteyro en entrevista.
También advierte que existe no sólo el riesgo de que se conviertan en “un monopolio de la opinión pública”, sino también en un poder de control mediático y político más fuerte.
“Hay muchos indicios de que la línea editorial de ambas televisoras es cada vez más similar”, indica. “La Cofeco no debería sólo estar analizando la fusión, sino también la colusión de intereses”, apunta.
La ex funcionaria firmó junto con decenas de especialistas e integrantes de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) un desplegado en el que le piden a la Cofeco que rechace “por notoriamente improcedente” la alianza entre Grupo Iusacell y Televisa.
“La Constitución Política de nuestro país prohíbe los monopolios y las prácticas monopólicas contrarias al interés público y obliga a las autoridades a perseguir con eficacia toda concentración o acaparamiento en pocas manos”, plantea el documento redactado por Aleida Calleja, presidenta de la Amedi, y por Alberto Aziz Nassif, coordinador del Consejo Consultivo de este organismo.
Por su parte Ernesto Vargas, presidente de Grupo Dish, principal competidor de Televisa en televisión satelital, advirtió en conferencia de prensa que si la Cofeco autoriza la fusión, deben incluirse condiciones para regular el mercado de la televisión restringida, actualmente dominada por Televisa.
Sostuvo que si se autoriza la fusión, Grupo Dish, que actualmente tiene 2.3 millones de suscriptores en todo el país, podría desaparecer en dos años, tal como le sucedió a DirecTV cuando no pudo competir con Sky, filial de Televisa.
“Preferimos que haya concentración siempre y cuando Cofeco regule la cancha: que exista el must carry para que el canal 2 o el canal 13 sean vistos en todos los sistemas de televisión restringida; para que existan opciones de producción independiente”, argumentó.
—¿Influye el escenario de las elecciones federales de 2012?, se le preguntó.
—Si no fuera por 2012, las presiones serían menores. Influye por la fuerza que han adquirido ambas televisoras. “Somos víctimas de lo que los gobiernos han dejado hacer frente a la televisión abierta. Es un poder dentro de otro poder”, afirmó Vargas.
Ante una situación así, en aras de la Patria, en aras de la Nación, y pensando en el porvenir de los niños y jóvenes mexicanos a los cuales se les está dejando un país maltrecho y manipulado por los poderes fácticos, una posibilidad para nulificar el peligro de dominación de la conciencia nacional que presentan el duopolio hoy convertido en monopolio sería la nacionalización de ambas empresas (en realidad, se trataría de una estatización, ya que no se trata de empresas extranjeras), incautándoles todos sus recursos e indemnizándolas conforme a la Ley, enviando a sus propietarios y accionistas a casa para manipular y lavarle el cerebro a sus propios hijos y familiares en vez de hacerlo con toda una Nación.
“¡Pero es que la nacionalización de TELEVISA y TV AZTECA sería socialismo, sería comunismo!”, gritarán seguramente tanto los Diputados y Senadores del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Unión junto con los demás políticos lacayos que defienden a ultranza los intereses del monopolio.
¿Y qué si lo es?. ¿Realmente estaría peor el país si el monopolio televisivo estuviera en manos del Estado que estando en manos de los poderes fácticos que sólo ven por sus intereses personales siendo el primer interés el concentrar el 99% de la riqueza del país en manos de una minoría que no es ni siquiera el 1% de la población de México? Al menos en manos del Estado no habría empresarios amorales como Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego dictándole a México con su músculo desinformativo los rumbos que debería tomar el país para hacerlos aún más ricos.
En rigor de verdad, si se aplicara la Ley Federal de Radio y Televisión al pie de la letra (lo cual debería de haber sido la principal obligación del Presidente Felipe Calderón, un emanado el Partido Acción Nacional y una marioneta en Los Pinos al servicio incondicional del monopolio televisivo), el problema ya habría sido resuelto desde hace tiempo:
Artículo 4o.- La radio y la televisión constituyen una actividad de interés público, por lo tanto el Estado deberá protegerla y vigilarla para el debido cumplimiento de su función social.
Artículo 5o.- La radio y la televisión, tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y el mejoramiento de las formas de convivencia humana. Al efecto, a través de sus transmisiones, procurarán:
I.- Afirmar el respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana y los vínculos familiares;
II.- Evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud;
III.- Contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo y a conservar las características nacionales, las costumbres del país y sus tradiciones, la propiedad del idioma y a exaltar los valores de la nacionalidad mexicana.
IV.- Fortalecer las convicciones democráticas, la unidad nacional y la amistad y cooperación internacionales
El extraordinario maestro de generaciones Granados Chapa elaboró el siguiente trabajo al respecto sobre lo que hoy ya es formalmente un monopolio amoral que atenta en contra de los intereses de toda una Nación:
La república de TelevisaIndependientemente del decálogo, la porción objetable de este Acuerdo es el aviso de que se creará un “órgano ciudadano de observación” que examine el apego de los medios a esos criterios editoriales. Se trata de un amago de exclusión. Los medios suscriptores del Acuerdo formarán el catálogo de la “buena prensa”, como antaño lo hicieron corporaciones religiosas. Quedará fulminado todo aquel medio que falte a alguno de esos mandamientos, a juicio de los ciudadanos observadores. Y no se diga la situación marginal en que han quedado los medios no invitados o que no aceptaron participar en este Acuerdo. Se les coloca con esa omisión en calidad de sospechosos, como quiere hacer el gobierno con este semanario, al que ya dos veces ofendió colocando ejemplares de la revista con arsenales decomisados a bandas delictivas. La primera gran reacción de condena de este sistema inquisitorial ocurrirá, téngalo usted por seguro, cuando Ismael Zambada, El Mayo, o Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, respondan a los cuestionarios que les presentó Julio Scherer García, según relata en su libro Historias de muerte y corrupción, en la parte que en cierto sentido continúa la publicación de su encuentro con Zambada. En vez de considerar el valor periodístico, la utilidad social de conocer los móviles de quienes tienen en jaque al país, los falsos profesores de periodismo, inocuos e inicuos propagadores de una ética que no conocen ni por los forros, tendrían, quieren tener, piezas de ese calibre en las cuales cebarse.
Miguel Ángel Granados Chapa
Revista PROCESO
28 de marzo del 2011
Aunque faltan 15 meses para la elección constitucional, Televisa parece haber consumado su proyecto de construir la figura del presidente de la República. Ahora pretende algo más ambicioso. Quiere edificar la república misma. Quiere diseñar la clase de sociedad que Peña Nieto gobierne, el género de medios de comunicación que lo arropen, los criterios editoriales con que se transmita la información sobre la política de seguridad pública y las acciones del crimen organizado. No se propone trazar una raya, sino erigir un muro que divida a los participantes de los excluidos. Como si se tratara de un club gigantesco, Televisa se reserva el derecho de admisión a los territorios donde habitan los elegidos, el tipo de personas que protagonicen la vida pública y sean capaces de generar confianza. Nadie que no figure en el elenco preparado por Televisa tendrá existencia real. Quedará al margen, en la cuneta de la supercarretera.
Tal desmesurado propósito es el objetivo de Iniciativa México, un proyecto de propaganda que ya tuvo su primera edición el año pasado. Con enorme aparato se convocó a la presentación de ideas y tareas que dieran cuenta de las verdaderas capacidades de los mexicanos. Se presentaron miles de esos proyectos, en distintos rubros, algunos de los cuales fueron premiados para denotar que hay una porción de la sociedad que no pierde su tiempo ni espera auxilio gubernamental para su realización personal o de grupo.
Ahora se ha lanzado la segunda edición de Iniciativa México. Se alzó el telón el jueves 24, con una magna reunión ya no en un recinto privado (el exconvento de San Hipólito), sino en un auditorio público, el Museo Nacional de Antropología. El contenido de esta nueva edición es más claramente político que el primero. Televisa lo adopta más temprano que el año pasado, cuando comenzó en junio. Ahora se lanza en marzo, en plenos procesos electorales. Se refiere a la comunicación social relacionada con la violencia que genera la delincuencia organizada. Ya desde allí, desde la definición del tema, se adopta un punto de vista afín al del gobierno, que requiere alejar de sí la responsabilidad en la génesis de la violencia: ésta surge sólo por la actividad criminal, no porque la practica también el Estado.
La pieza ostensible de la Iniciativa México II es el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia. Televisa y sus aliados y dependientes prepararon una suerte de código de ética que parte del supuesto (que no se presenta como tal, pero es explícito) de que el manejo de la información colectiva “es esencial para la efectiva contención de la violencia que genera la delincuencia organizada”. Esto es, que una política informativa homogénea, uniforme, puede hacer que disminuya la violencia, como si difundirla fuera su causa. De ese razonamiento se desprendería fácilmente el corolario de que para suprimir la violencia no hay más que dejar de hablar de ella, de negarle a la sociedad la información que le hace falta para regular su vida.
Hay otros supuestos, algunos tácitos, en la formulación de los objetivos del Acuerdo. Se presume que la cobertura informativa de la violencia puede servir “para propagar terror entre la población”. Padecer los efectos directos de la violencia sin duda genera miedo, pero es difícil probar que la difusión de la violencia lo cause también. Un indicio de que no hay relación de causa-efecto entre difundir violencia y provocar miedo acaba de ser observado: hay gran violencia en Acapulco, de la que se sabe fuera del puerto, y sin embargo esa información no inhibió al turismo nacional para llegar en los puentes recientes. El del fin de semana pasado permitió que hubiera más del 90% de ocupación hotelera.
El Acuerdo enumera 10 criterios editoriales que deben aplicarse “sin demérito de la independencia editorial de cada medio”. En general, tales criterios son adecuados y compatibles aun para medios que no suscriben el Acuerdo. Algunos de ellos son, sin embargo, francamente ridículos. Los dos primeros están en ese caso. El inicial ordena “tomar postura en contra”. Instruye a (porque usa el verbo debemos) “condenar y rechazar la violencia motivada por la delincuencia organizada”, algo por completo innecesario, pues está “en la naturaleza de las cosas”, como se diría en el lenguaje de los autores del decálogo. El segundo es francamente chistoso. Cualquier medio debe evitar “convertirse en vocero involuntario de la delincuencia organizada”: ¿Cómo evitar un acto involuntario, puesto que es eso precisamente, algo que se comete sin querer hacerlo?
En realidad, lo que ese precepto pide a los medios es un sesgo deliberado que altere el sentido de la información. Ordena “omitir y desechar la información que provenga de las organizaciones delictivas”. Se refiere sin duda a los narcomensajes, que en mantas y cartulinas anuncian acciones o sentencian a personajes. Si se procede como ese mandamiento prescribe, se corre el riesgo de hacer incomprensible la información, carente de uno de sus elementos, que puede darle sentido.
Los criterios restantes son en general admisibles, compartibles. Algunos proceden de manuales elementales de periodismo, como “dimensionar adecuadamente la información”, o de ordenamientos legales, como “no prejuzgar culpables” y “cuidar a las víctimas y a los menores de edad”. Hasta creería que resultaron de un ejercicio de autocrítica de las televisoras, que presenta como culpables a recién detenidos al hacerse mera extensión de los interesados e ilegales mensajes de las autoridades de procuración de justicia o de seguridad pública, las cuales los condenan aunque tiempo más tarde, ya sin la difusión adecuada, los jueces los exoneren porque son inocentes o porque sus responsabilidades no fueron probadas.
El código periodístico de la Iniciativa México, es decir, de Televisa, manda “proteger a los periodistas” y “solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros y medios”. Son palabras huecas en boca de periodistas que se pusieron con soberbia por encima de la solidaridad que el gremio quiso mostrarles durante y después de la crisis de julio pasado, cuando reporteros y camarógrafos de televisión fueron secuestrados. A la marcha de protesta contra esa acción no acudieron los involucrados, y hasta rechazaron el gesto de aquellos a los que no consideran dignos de ser llamados sus compañeros. En casos más recientes, en vez de solidarizarse con reporteros y medios puestos en entredicho, las televisoras fueron las autoras del entredicho, al formular arteras acusaciones que no se sustentan de ninguna manera. Ese fue el caso de Ricardo Ravelo, el reportero de Proceso, y la revista misma, así como el del diario Reforma, todos ellos señalados como perpetradores de delitos, cuando sólo habían cometido el de desnudar acciones políticas, no informativas, de Televisa.
Obviamente, periodistas del calibre de Miguel Ángel Granados Chapa y Carmen Aristegui, así como otros como ellos que no venden sus conciencias, jamás pueden aparecer en programas editoriales como Tercer Grado del pulpo TELEVISA. Tal es la calidad de la información que se puede esperar del pulpo mediático avorazado y manipulador.
De cualquier modo, para quienes les cause espanto la idea de que las transmisiones al aire de la televisión puedan quedar bajo monopolio y control del Estado (lo cual sería tanto como pasar el control del monopolio televisivo de un ente privado a un ente burocrático sin rostro) por el espantajo del modelo comunista al estilo soviético, hay otra opción, la cual consiste en abrir los canales de televisión al aire en México a inversionistas extranjeros (suizos, franceses, alemanes, chinos, lo que sea) que estén interesados en hacer buenos negocios en México y que estén dispuestos a competir comercialmente en contra del monopolio TELEVISA-TV AZTECA, bajo la advertencia severa de que si tienen la menor intención de incurrir también en la política interna del país manipulando descaradamente a la opinión pública como lo hace el monstruoso monopolio televisivo de México entonces se les quitarán sin consideración alguna las licencias para operar, porque México ya tiene bastantes problemas con los juniors Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego como para andarse echando otros alacranes encima de la misma especie.
En la política en México en los tiempos del Yunque y del PAN, en los tiempos de la democracia simulada, en los tiempos de concertacesiones ocultas, en los tiempos de los ejércitos invisibles conformados por caballos de Troya y quintacolumnas de traidores y soplones infestando todos los estratos de la sociedad y del gobierno federal, todo tiene un costo, nada es gratis. El principal y más importante de los enormes beneficios económicos recibidos por el monopolio TELEVISA-TV AZTECA a cambio de ser el sostén principal del putrefacto PAN-Gobierno y sus dependencias dizque autónomas consiste en cerrarle la entrada a cualquier otra alternativa de competencia que no forme parte de la mafia televisiva, garantizándole al pulpo sus ganancias astronómicas que se contabilizan diariamente en millones de pesos de los cuales el pueblo no ve ni siquiera las bicocas por la vía de los impuestos. ¡Y vaya que se les ha protegido sus vastos intereses económicos al pulpo a cambio de seguir idiotizando a las masas manteniéndolas dóciles y sumisas arrodilladas ante los caprichos de los nuevos poderes de facto!:
Cancela la Cofetel posibilidad de una tercera cadena de televisión abierta
Jenaro Villamil
Agencia APRO
25 de enero del 2012
Con el voto en contra sólo del comisionado presidente Mony de Swaan, cuatro de los cinco integrantes del pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) decidieron echar abajo la posibilidad de una tercera cadena de televisión abierta, en sistema digital, y aplazaron la votación para modificar la política de la Televisión Digital Terrestre, aprobada en julio de 2004, que benefició ampliamente a las dos televisoras dominantes del país: Televisa y TV Azteca.
En una larga sesión, este miércoles 25 de enero, la mayoría de los comisionados decidió ignorar la consulta pública, organizada por la propia Cofetel, que arrojó un apoyo mayoritario a favor de la licitación de una tercera cadena de televisión digital.
De acuerdo con el comunicado emitido por Cofetel, la mayoría de los comisionados “resolvió aplazar la votación del proyecto (de una tercera cadena de televisión abierta) y que el mismo no sea integrado en la agenda de futuras sesiones del pleno hasta considerar que han quedado atendidos elementos que están fuera del ámbito de competencia de la comisión. No se definió fecha para que el tema sea analizado nuevamente”.
En relación con el cambio de política de Televisión Digital Terrestre (TDT), también cuatro de los cinco comisionados de Cofetel decidieron “aplazar la votación” para que se reformen, adicionen y deroguen diversas disposiciones que modificaban el estándar tecnológico y cortaban los plazos del 2021 al 2015 para el famoso “apagón analógico”.
La decisión contraviene el acuerdo tomado el 12 de septiembre de 2011, cuando la mayoría del pleno de comisionados aprobó modificar la política de TDT, aprobada en 2004 e iniciar un proceso de mejora regulatoria.
El 15 de noviembre del mismo año, la Suprema Corte de Justicia resolvió desechar la controversia promovida por el Congreso de la Unión contra el decreto presidencial del 10 de septiembre de 2010 que acortó los plazos para el “apagón analógico”. Desde ese momento, era claro que la decisión estaba en manos de la Cofetel.
El 11 y 18 de enero de 2012, la Unidad de Sistemas de Radio y Televisión de Cofetel presentó al pleno tanto el proyecto de respuesta al dictamen total, como el proyecto de modificación a la política de TDT que recoge diversos comentarios recibidos durante el proceso de mejora regulatoria y armoniza algunos aspectos del proyecto del decreto presidencial.
El comunicado de Cofetel advierte que “en ambas sesiones los comisionados hicieron observaciones que fueron atendidas por el área sustantiva en aras de fortalecerlo”.
Presiones y megafusión
La decisión de la mayoría de integrantes de Cofetel se adopta en medio de intensas presiones de las dos grandes televisoras (Televisa y TV Azteca) para que se aprobara la megafusión de ambas en la compañía Iusacell y para evitar que antes de que terminara el sexenio de Felipe Calderón se concretara la posibilidad de una tercera cadena de televisión.
El martes 24 de enero, en una hermética sesión, los cinco comisionados de la Comisión Federal de Competencia resolvieron sobre la megafusión en Grupo Iusacell, pero aplazaron dar a conocer los detalles de su resolución hasta que se notifique a los agentes económicos involucrados, es decir, a Televisa y a TV Azteca.
A la luz de estas cosas, resulta una pérdida lastimosa de los limitados recursos del erario público el que se haya creado una dependencia gubernamental como COFETEL que dizque se encargaría de regular la competencia en México, cuando esta inútil dependencia es precisamente la que violenta rutinariamente y de forma metódica el Articulo 28 de la misma Constitución que claramente dice que “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas...”. Obviamente, a los poderes fácticos el papel en el que está plasmada la Constitución de México les sirve únicamente para una sola cosa: como papel de sanitario.
El siguiente analista dá un resumen de cómo el monstruo fue creciendo hasta terminar conviertiendo al poder del Estado en un instrumento bajo su control:
Ya no es lo que fue: el Estado
Lorenzo Meyer
Analista Político
25 de enero del 2012
Verdades Evidentes. A cualquiera que se interese en el núcleo duro del proceso político en México y el mundo, le resultará evidente que hoy la autoridad gubernamental a duras penas puede controlar las conductas de las grandes concentraciones de capital y, en ocasiones, ni eso. En nuestro país, un ejemplo es el caso de la Comisión Federal de Competencia (CFC), cuyo presidente declaró, como forma de pedir auxilio, que los dos gigantes que dominan la televisión abierta en México –Televisa y Televisión Azteca, que concentran el 94.4% de la audiencia– le presionaban para que aprobara la unión de ambas televisoras en Iusacell para ofrecer el llamado “cuádruple play” (telefonía fija, móvil, televisión e internet). Sin embargo, una vez tomada la decisión, la CFC se quedó muda, intentando pasar desapercibida. Parecía que en vez de regir quería pasar desapercibida.
La constitución mexicana prohíbe la existencia de monopolios y prácticas monopólicas. Sin embargo, lo que hoy intenta el gobierno ya no es que se cumpla con la norma, sino apenas contener o desacelerar el avance de un proceso monopólico muy agresivo.
De Soldado a Jefe del Jefe. En sus orígenes, la industria de la televisión mexicana estaba claramente subordinada a la voluntad presidencial, centro de un régimen político autoritario. En una célebre declaración, Emilio Azcárraga Milmo afirmó “Soy soldado del PRI y del presidente” (citado por Carlos Monsiváis, Proceso, 20 de abril, 1997, p. 58). Como bien lo explican Claudia Fernández y Andrew Paxman, el ser soldado del PRI y del presidente significaba entonces, ente otras cosas, la subordinación total del contenido de los noticieros de Televisa a las necesidades políticas del régimen hasta llegar a la desinformación –sobre todo en tiempos electorales–, en una sociedad donde las mayorías sólo se informan de política por la televisión. Esa relación de subordinación le resultó extraordinariamente fructífera a la televisión pero fue a costa del interés nacional (El Tigre. Emilio Azcárraga y su imperio Televisa, México: Grijalbo-Mondadori, 2001, pp. 381-417 y 483-510).
La situación anterior ha sufrido un gran cambio, de casi 180°, en los últimos veinte años. De soldado, el consorcio televisivo se convirtió en general y comandante en jefe del gobierno. Hoy el subordinado es el Estado. Y es que el sometimiento original de los grandes monopolios mexicanos a la voluntad presidencial, experimentó un cambio notable cuando coincidieron dos procesos, uno local y otro mundial: la caída del sistema priísta y el triunfo mundial de la lógica del mercado, la privatización, la desregulación neoliberal y el consecuente aumento de los excluidos y de la concentración de la riqueza a nivel global. El resultado ha sido lo que vivimos hoy en México (y en otros países, notablemente Estados Unidos), donde el Estado ha perdido mucho de su antiguo control, y en ocasiones todo, sobre las grandes concentraciones de capital. El resultado final es que la sociedad –ese 99% del que hablan los “indignados” y los “occupy Wall Street”– se ha quedado más desprotegida de lo que ya estaba.
La Teoría. En la ciencia política tradicional se desarrolló un enfoque para examinar la relación Estado-sociedad, que solía colocar al Estado en el extremo superior de un espectro de distribución del poder y a la masa ciudadana en el otro. Y para explicar la relación entre la poderosa maquinaria política y burocrática estatal y la multitud de individuos aislados, casi inermes, se ponía el acento en el espacio intermedio, ocupado por las organizaciones que servían para unir y mediar entre ambos extremos: partidos, ONGs, iglesias, etc. Así, en un sistema democrático, una sociedad civil fuerte se movilizaba para impedir que el Estado avasallara a la sociedad y para que el ciudadano hiciera llegar sus demandas a las instituciones de gobierno y vigilara su cumplimiento. En contraste, en el sistema totalitario, el Estado impedía la creación de organizaciones ciudadanas independientes y en cambio creaba las corporaciones, desde sindicatos hasta clubes deportivos, pasando por empresas, instituciones educativas, culturales, etc., que le servían para controlar y manipular toda la vida social. En algún punto intermedio, combinando características de los dos modelos básicos, se encontraba el régimen autoritario, como ese que dominó en México en el siglo del PRI. Pues bien, ese enfoque tradicional donde el gran aparato estatal se encontraba en el extremo de la mayor concentración de poder, ya no explica bien lo que está aconteciendo en el siglo XXI, al menos no en México.
Un historiador inglés y uno de los grandes intelectuales públicos de nuestra época, Tony Judt, sugiere un cambio en el modelo Estado-sociedad clásico. En un ensayo publicado en 1997, Judt indicó que para entender la situación actual debemos colocar al Estado ya no en la cima del espectro de la distribución del poder, sino apenas en el medio. Y es que a partir del triunfo en la Guerra Fría del capitalismo global, en muchos países el Estado ha perdido tanto terreno que ha sido degradado dentro de la estructura nacional e internacional del poder. Por esa razón muchos gobiernos son ya meros intermediarios entre las grandes concentraciones privadas de poder económico y una sociedad que impotente ve como se está destejiendo la red de protección de las mayorías que alguna vez se tejió al dar forma al Estado benefactor, (Reappraisals. Reflections on the forgotten twentieth century, Nueva York: Penguin, 2008, pp. 423-424).
Judt no está cierto del destino final del proceso anterior, pero le ve serias fallas. Admite lo obvio, que el Estado siempre será un mal administrador, pero sostiene que el mercado, sobre todo el global, no es la vía para enfrentar demandas como la salud pública, la educación, la cultura, la protección del medio ambiente, la infraestructura, etcétera. Dejado a su propio arbitrio, la libre circulación de bienes y capitales desemboca en una concentración excesiva de recursos en manos privadas y se convierte en una amenaza a la libertad, a la democracia, a los derechos sociales adquiridos y a la armonía colectiva.
Hoy el Estado es la principal defensa del individuo frente a la creciente fuerza del capital y a lo impredecible del actual proceso de cambio. Si finalmente se acepta que el Estado se degrade hasta quedar como una entidad semi-impotente, como pareciera indicar su evolución en México, terminaría por ser un problema incluso para los ganadores del proceso. Tarde o temprano, la tendencia oligárquica a la concentración de los beneficios y privilegios, acabará con lo que queda de legitimidad de un orden político donde la justicia formal y la sustantiva brillen por su ausencia.
La Experiencia. Durante buena parte del siglo XIX, la sociedad mexicana vivió los efectos de un Estado pobre, inútil y corrupto; repetir en el siglo XXI esa experiencia es inaceptable. En aquel período histórico, la debilidad del Estado redundó en el fortalecimiento de los cacicazgos locales, en debilidad frente al enemigo externo, ascenso del bandidaje y la inseguridad, deterioro de la infraestructura, imposibilidad de planear las inversiones de largo plazo, impotencia de la legalidad, desconfianza del futuro, polarización social y, finalmente, la pérdida de la oportunidad histórica de disminuir la distancia que nos separaba de los países que entonces marcaron la dirección y ritmo del desarrollo.
Hoy ya se dejan sentir las desventajas crecientes para el grueso de los mexicanos de un Estado que no puede tener un fisco fuerte, que no es capaz de cumplir con su papel de proveedor de servicios públicos de calidad, que es inepto para poner límites efectivos al crimen organizado, que no puede hacer frente con eficiencia a emergencias ambientales –la sequía o las inundaciones, por ejemplo– y que en su defensa del interés de la mayoría es puesto contra las cuerdas por los intereses monopólicos de una minoría que, en la práctica y como bien se ha señalado, “no tiene llenaderas” ni visos de autocontrol.
Como lo señala el analista al final de su trabajo, la voracidad del pulpo es prácticamente ilimitada, y sus programas de caridad pública como el TELETON (en estas cosas, TELEVISA jamás pierde un solo centavo, ya que los artistas y demás participantes nunca han recibido compensación económica alguna por sus presentaciones, y los costos del tiempo-aire los absorben las patrocinadoras comerciales del pulpo que siempre están presentes en todos sus eventos) tienen como único objetivo el disimular la desmedida codicia de estas empresas supra-capitalistas para las cuales el pueblo de México es un lacayo que debe someterse a sus intereses económicos. Y en este caso ni siquiera es posible parodiar el viejo refrán norteamericano que decía “lo que es bueno para la General Motors, es bueno para los Estados Unidos”, porque al menos en lo que respecta a México, el dogma del pulpo televisivo vendría siendo “lo que es bueno para las televisoras, es bueno... para las televisoras”, o mejor dicho, “lo que es bueno para el duopolio hoy monopolio de televisoras es bueno... para el duopolio-monopolio de televisoras”.
Cartonista: Gallut
Fuente: Revista PROCESO
Fuente: Revista PROCESO
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POST SCRIPTUM:
Confirmando algo que ya se estaba cocinando a espaldas (y en contra) del pueblo de México, el 14 de junio del 2012 el duopolio televisivo que constituye uno de los engranajes principales de los terribles poderes fácticos que están gobernando al país a través de sus títeres por medio de una telecracia obtuvo los parabienes del gobierno calderonista para afianzar su garra sobre los medios de comunicaciones audiovisuales, como puede apreciarse en el siguiente editorial:
De este modo, tal y como se anticipaba desde hace tiempo atrás, faltando escasas dos semanas para llevarse a cabo las elecciones presidenciales en México la Comisión Federal de Competencia (CFC) autorizó el acuerdo para que TELEVISA adquiriera el 50% de Iusacell, con lo cual el duopolio formalmente pasó a convertirse en un monopolio con dos mafias criminales de alta escuela, TELEVISA y TV Azteca, repartiéndose el pastel, evidenciándose con ello el poder desmedido que han logrado amasar los dos consorcios televisivos en México que juntos conforman ya un pulpo monstruoso y acaparador en gran escala. Tratando de ocultar la gravedad del hecho, se utilizó como elemento distractor una supuesta serie de requisitos que el duopolio se había comprometido a cumplir dando su “palabra de honor” para ello, a sabiendas de que a la primera oportunidad se burlarían socarronamente de las promesas empeñadas para “portarse bien”. En efecto, una vez concretada la fusión, el primer paso lógico consistió en violar socarronamente la palabra empeñada al obtenerse el aval de las instancias encargadas de autorizar la fusión:
Duopolio se consolida y va por más
Jenaro Villamil
Agencia APRO
15 de junio del 2012
El desenlace del proyecto de fusión de Televisa y TV Azteca, a través de la sociedad al 50% en el Grupo Iusacell, la tercera empresa de telefonía celular más importante del país, no dejó satisfechos a los involucrados, a los especialistas ni a las principales empresas vinculadas con las telecomunicaciones y con la industria publicitaria del país.
En todo caso los más satisfechos fueron los operadores de Los Pinos, que consideran esta medida como uno de los mejores legados del calderonismo en esta materia, aunque la decisión se haya tomado en uno de los momentos más delicados del proceso electoral federal y en medio de severas críticas de los jóvenes universitarios y de la prensa extranjera al poder desmedido que concentran las dos mayores empresas de televisión abierta en México.
Con un voto dividido de cuatro contra uno, la aprobación de la Comisión Federal de Competencia (CFC), el organismo responsable de evitar las prácticas monopólicas, está condicionada al cumplimiento de siete medidas –entre ellas la licitación de una tercera cadena de televisión digital terrestre– y, si éstas no se cumplen en dos años, “detonará automáticamente el mecanismo de disolución” de la sociedad Televisa-Iusacell.
Esta sociedad, anunciada en abril de 2011, implicó que Televisa invirtiera mil 565 millones de dólares de la empresa en deuda convertible en acciones y 37.5 millones de dólares en capital, es decir, un total de mil 600 millones de dólares.
El 24 de enero pasado, por tres votos contra dos, el pleno de la CFC rechazó la fusión. Pero en esta ocasión, tras intensas negociaciones y presiones de Televisa a través de sus funcionarios y mediante los representantes de Los Pinos, la CFC decidió aprobarla a cambio de estas siete condiciones.
Las otras seis condiciones son: la no discriminación en la venta de publicidad en las pantallas de Televisa y de TV Azteca a las otras compañías de telecomunicaciones (Telcel, Nextel, MVS y Telefónica, entre otras); la prohibición de las “ventas atadas” a la contratación de servicios de Iusacell y la venta separada de contenidos de televisión abierta y de restringida, segmentos en donde Televisa y TV Azteca acaparan el 88% de las frecuencias (224 concesiones para Televisa y 180 para TV Azteca), el 90% de los contenidos y el 57% de la publicidad en medios.
La CFC también estableció como requisitos la prohibición del llamado “empaquetamiento” de los canales de televisión abierta a los concesionarios de televisión restringida y la prohibición de que Televisa participe en la empresa Total Play, de TV Azteca.
La resolución incluye un anexo firmado por los secretarios de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, y el de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, así como el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Mony de Swaan, y el presidente de la CFC, Eduardo Pérez Motta, para que se publique la convocatoria para la licitación de las frecuencias de televisión abierta en tecnología digital “a más tardar el 30 de noviembre de este año”, un día antes de que termine la administración calderonista.
El acuerdo indica que los secretarios de Estado y los presidentes de los órganos reguladores “manifiestan su compromiso de conducir, procurar y/o apoyar, en la esfera de sus atribuciones, los procesos regulatorios y la toma de decisiones” para que se licite puntualmente la licitación de la tercera cadena.
Este documento no establece ninguna sanción a los funcionarios que incumplan lo establecido. Especialistas involucrados en las negociaciones consideraron que se trata de un “acuerdo de buena fe”.
Los primeros en reaccionar fueron los voceros y representantes jurídicos del Grupo Salinas, concesionario de TV Azteca y de Iusacell. Luis Niño de Rivera calificó de “onerosas, restrictivas, excesivas y muy duras” las condiciones de la CFC.
Niño de Rivera afirmó que uno de los requisitos “más graves” es el plazo de dos años para disolver la sociedad en caso de no licitarse de manera exitosa una tercera cadena de televisión abierta: “Si no se lleva a cabo la licitación por razones ajenas a las empresas, ¿en qué precepto legal puede sustentar la CFC para disolver la existencia de la inversión? Yo esperaría que no se llegue a ese extremo ridículo”.
Más cauto, el Grupo Televisa envió un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores, señalando que analizará los términos y condiciones impuestos por la CFC para aceptarlos o impugnarlos en un plazo de cinco días, a partir del 14 de junio.
Este anuncio benefició al conglomerado en la Bolsa Mexicana de Valores. La cotización de sus acciones cerró con un alza de 3.5%, después de haber perdido más de 20% al conocerse el rechazo inicial a la fusión en febrero pasado.
El comisionado presidente de la CFC, Eduardo Pérez Motta, declaró a la prensa que si las empresas no aceptan en cinco días, tienen la libertad de no concentrarse: “Si el perro ya no existe, ya no hay rabia. Nosotros atacamos la rabia a través de estos compromisos y, si no les gusta, pues ya no hay perro y ya no hay rabia. Es una decisión que está en manos de ellos”.
Observadores consultados por Proceso coinciden en que, acepten o no las condiciones del regulador, Grupo Iusacell ya ganó porque la inyección de mil 600 millones de dólares del Grupo Televisa permitió sanear las finanzas de la empresa, que tenía severos problemas con su deuda.
Además, existe un “plan B” por si no aceptan las condiciones de la CFC: la alianza con la empresa española Telefónica Movistar, la segunda empresa más importante de telefonía móvil en el país, hasta hace meses un enemigo acérrimo del Grupo Iusacell y que se mantuvo al margen de la guerra de las dos televisoras contra Telcel-Telmex, de Carlos Slim.
Dos días antes de que se conociera la resolución de la CFC, el Grupo Iusacell firmó un acuerdo con Telefónica para aumentar la penetración del servicio móvil y beneficiar a más de 27 millones de usuarios, a través del servicio de roaming y de la ampliación de 36 mil kilómetros de fibra óptica que permitirá aumentar la calidad, cantidad y velocidad de los servicios.
Telefónica y el Grupo Iusacell afirmaron que a través de esta alianza tendrán cerca del 30% del mercado de telefonía móvil que controla Telcel.
Juan Abellán, presidente ejecutivo de Telefónica, dijo que la alianza busca beneficiar la competencia, en contra de “un monopolio que ha impedido que millones de mexicanos accedan a los beneficios de la tecnología por los altos precios de los servicios”, en clara referencia a Telcel.
Unos meses antes de esta resolución, la CFC le canceló la “megamulta” de 1 mil millones de dólares a Telcel a cambio de que cumpliera cinco condiciones en materia de interconexión. Esta resolución dejó sin efecto, en los hechos, el acuerdo que establecieron Telefónica y Telcel en diciembre de 2010 en materia de tarifas de interconexión, que aceleró la disputa entre las televisoras y Slim.
Nextel, que fuera socio del Grupo Televisa en la polémica Licitación 21 de la banda 1.7Ghz, afirmó que no resultará afectado si se concreta la fusión Televisa-Iusacell:
“En nuestro escenario más competido ya habíamos descontado que se diera la unión”, afirma Gustavo Cantú, vicepresidente de Nextel en México. Antes de que se diera a conocer la resolución de la CFC, la Fundación Nextel convocó a un concurso para documentar la “propiedad cruzada de los medios” de comunicación en México, en referencia a los riesgos de la alianza entre las dos televisoras más importantes.
Nextel es el cuarto operador por usuarios del país, con cerca del 4% del mercado, mientras que el Grupo Iusacell tiene cerca del 6%, de acuerdo con los datos de la Cofetel.
Concentración televisiva
Jorge Fernando Negrete, director de Mediatelecom, escribió un detallado análisis sobre la fusión señalando que “usuarios ganan en telefonía y pierden en televisión”.
Afirma que “si bien la licitación de una nueva cadena de televisión nacional es un paso importante para favorecer la competencia en el sector, que además podría aportar las condiciones necesarias para una mayor diversidad e inclusión en televisión, la entrada de un nuevo competidor no garantiza necesariamente y de manera automática la generación de mejores condiciones”.
Para el especialista, además del compromiso de licitar una tercera cadena se requiere “fortalecer los medios públicos y comunitarios, así como la producción nacional independiente, al tiempo que se permita que otros operadores de telecomunicaciones puedan proveer televisión y producir contenidos audiovisuales”.
Negrete considera que la clave está en garantizar “un pleno crecimiento de las compañías proveedoras de contenidos”, tanto en televisión abierta como en televisión restringida. En ambos casos Televisa domina ampliamente en contenidos y, junto con TV Azteca, acapara el 95% de inversión publicitaria del país dirigida a televisión abierta, valuada en 33 mil millones de pesos anuales, o el 58% de toda la inversión publicitaria del país (que incluye radio, prensa, revistas, cine, internet y otros medios digitales).
“Dada la cobertura, el nivel de inversión publicitaria que acaparan, la audiencia cautiva que poseen ambas compañías y el poder político que han alcanzado a través del uso de un medio de comunicación tan relevante como es la televisión abierta, Televisa y TV Azteca han sido señaladas como la constitución de un duopolio que restringe la entrada de nuevos competidores, mantiene una posición dominante en la distribución de contenidos y establece prácticas anticompetitivas en contra de anunciantes”, resume el director de Mediatelecom.
Negrete considera que la prohibición de “venta de contenido no empaquetado o atado” en televisión restringida (donde el Grupo Televisa domina en más del 55% a través de sus filiales Cablevisión, TVI, Cablemás y Sky) es una medida “que parece quedarse corta”, ya que no obliga a la transmisión o retransmisión gratuita de los canales de televisión abierta (canales 2, 5, 9 y 4, propiedad de Televisa) en los sistemas de televisión restringida que no son de la empresa de Azcárraga Jean. Esta medida es conocida como must carry, must offer.
Mediatelecom recordó que, hasta ahora, a pesar de una resolución de la CFC, Televisa no ha cumplido con las condiciones que se le dictaron para adquirir Cablemás, la tercera empresa más grande del país. Entre esas condiciones está la venta del 32% de la participación de Cablemás en PCTV, la unión de compañías cableras que controla y negociar en paquete los contenidos para televisión restringida.
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) también reaccionó en contra de la fusión. En su comunicado, su presidenta Aleida Calleja considera que los comisionados de la CFC violaron la Constitución y la Ley Federal de Competencia:
“Con esta decisión, la CFC ha querido configurar un monopolio convergente que se enfrenta a las principales empresas de telecomunicaciones de este país, pero con ello no protege el interés público ni el bienestar de los consumidores. Ha pretendido equilibrar el mercado de las telecomunicaciones, pero erradicó de un plumazo la escasa competencia que existía en radiodifusión, fusionando a las dos televisoras que concentran la casi totalidad del mercado audiovisual”.
Señala que la decisión de la CFC fue por “instrucción presidencial” y acusa a Felipe Calderón de ser “el responsable directo del otorgamiento de privilegios y prebendas a través de organismos reguladores como la CFC y la Cofetel, capturados por los intereses político-electorales de la actual administración”.
El especialista Ramiro Tovar Landa, académico del ITAM, también consideró que las condiciones impuestas por el organismo antimonopolios “no resuelven en absoluto el riesgo de colusión” entre Televisa y TV Azteca. “La entrada de una nueva televisora no tienen efecto alguno en las conductas colusivas potenciales o incluso actuales que se pueden dar o se están dando en los mercados en donde participan”.
Operación de Los Pinos
La presión sobre los cinco comisionados de la CFC (Eduardo Pérez Motta, Rodrigo Morales Elcoro, Luis Alberto Ibarra Pardo y Cristina Massa, quienes votaron a favor, y contra Miguel Flores Bernés, quien mantuvo su voto en contra) se intensificó en las semanas previas a la fecha límite para dar a conocer la resolución final, el 15 de junio.
Los encuentros más duros se realizaron entre el vicepresidente de Televisa, Alfonso de Angoitia, y los representantes de la CFC. Se llegó a plantear la posibilidad de que Televisa se deshiciera de alguna de sus tres cadenas de televisión abierta, especialmente el Canal 9. La empresa de Emilio Azcárraga Jean se negó tajantemente.
Desde Los Pinos, la vocera presidencial Alejandra Sota comenzó a operar para destrabar la negociación sobre la licitación de la tercera cadena de televisión digital, que se quedó atorada en la Cofetel. El anuncio de que este organismo licitará en “un plazo máximo de 18 meses” la tercera cadena de televisión digital se hizo días antes de que se tomara la decisión en la CFC.
Cuatro de los cinco comisionados de este organismo regulador votaron a favor. Sólo José Luis Peralta mantuvo su oposición al proyecto encabezado por el presidente, Mony de Swaan.
En paralelo, distintas fuentes consultadas confirmaron que en Los Pinos también se planea una reestructuración de la banda de 2.5 Ghz, considerada una de las más valiosas del espectro, para permitir servicios de banda ancha en internet por vía inalámbrica.
La mayor parte del espectro (190 Mhz) está en manos de MVS, de Joaquín Vargas. La negociación en Los Pinos es otorgarle el refrendo a esta empresa para que pueda operar la empresa Banda Ancha para Todos a cambio de que el Grupo Televisa también tenga la posibilidad de rentar en esta banda, siempre y cuando no sea accionista del consorcio encabezado por MVS.
El otro gran tema pendiente es la liberación de la banda de 700 Mhz, conocida como “dividendo digital”. En ésta es donde las televisoras transmiten sus actuales señales analógicas. Televisa y TV Azteca poseen el 88% de las concesiones analógicas, pero también el 78% de los llamados “canales espejo” que el gobierno mexicano les otorgó para la transición hacia la televisión digital.
La negociación más fuerte en Los Pinos y en Cofetel es la devolución de los canales espejo que se les otorgó a las dos grandes televisoras y la liberación de la banda 700 Mhz, considera uno de los activos más importantes a nivel mundial para impulsar el internet de banda ancha móvil.
Es la última pieza de negociación entre el gobierno de Felipe Calderón y las televisoras, en vísperas de las elecciones federales del 1 de julio.
De este modo, tal y como se anticipaba desde hace tiempo atrás, faltando escasas dos semanas para llevarse a cabo las elecciones presidenciales en México la Comisión Federal de Competencia (CFC) autorizó el acuerdo para que TELEVISA adquiriera el 50% de Iusacell, con lo cual el duopolio formalmente pasó a convertirse en un monopolio con dos mafias criminales de alta escuela, TELEVISA y TV Azteca, repartiéndose el pastel, evidenciándose con ello el poder desmedido que han logrado amasar los dos consorcios televisivos en México que juntos conforman ya un pulpo monstruoso y acaparador en gran escala. Tratando de ocultar la gravedad del hecho, se utilizó como elemento distractor una supuesta serie de requisitos que el duopolio se había comprometido a cumplir dando su “palabra de honor” para ello, a sabiendas de que a la primera oportunidad se burlarían socarronamente de las promesas empeñadas para “portarse bien”. En efecto, una vez concretada la fusión, el primer paso lógico consistió en violar socarronamente la palabra empeñada al obtenerse el aval de las instancias encargadas de autorizar la fusión:
Televisa-Iusacell, franco desafío a la CFC
Jenaro Villamil
Agencia APRO
10 de julio del 2012
En franco desafío a una de las condiciones principales que impuso la Comisión Federal de Competencia para autorizar la fusión entre Grupo Televisa y Grupo Iusacell, Alfonso de Angoitia, vicepresidente del corporativo de San Ángel, anunció que Emilio Azcárraga Jean será nombrado copresidente de la empresa de telefonía móvil.
Una de las siete condicionantes que impuso la CFC para aprobar la sociedad al 50% entre Grupo Televisa y Grupo Salinas, ambos concesionarios de las dos cadenas de televisión que acaparan el 95% del espectro nacional, fue la separación de la industria televisiva del manejo administrativo de Iusacell.
Una de las condicionantes calve del documento emitido por la CFC en pasado 6 de junio, es muy clara cuando establece:
“El Consejo de Administración de Iusacell no puede incluir empleados de otras empresas de Grupo Televisa y Grupo Salinas que estén directamente involucrados en el negocio de la televisión abierta o restringida. Los principales directivos de Iusacell deberán estar completamente desligados de la administración de cualquier otra empresa de Grupo Televisa y Grupo Salinas.”
¿Acaso va a renunciar Azcárraga Jean a su doble condición de presidente y director general de Televisa para irse a la aventura de integrarse como “copresidente” de Grupo Iusacell? ¿Qué hará la CFC ante este franco desafío a una de las resoluciones más polémicas de este sexenio que no dejó satisfechos ni a los especialistas, ni a los consumidores ni a las propias empresas involucradas?
El anuncio de la incorporación de Azcárraga Jean a la administración de Grupo Iusacell fue hecho por Alfonso de Angoitia, vicepresidente de Televisa, en rueda de prensa con analistas del mercado, realizada este 10 de julio. Un día antes, Televisa reportó una caída de 16% en su utilidad neta en el segundo trimestre del año, debido a un ajuste de su inversión en Iusacell, además de una pérdida cambiaria derivada de la depreciación del peso.
Entrevistado por la agencia CNN-Expansión, el comisionado Miguel Flores Bernés, quien fue el único de los cinco integrantes del pleno que votó en contra de la resolución, especuló:
“En el Consejo de Administración (de Iusacell) el compromiso es que haya, primero, consejeros independientes al 100 por ciento. Y después se pusieron varias condiciones para los que son independientes. También se estableció que algunos funcionarios que estuvieran directamente relacionados con la venta de publicidad y con la venta de producción y venta de contenidos no podían ser parte del Consejo. Pero los presidentes podría ser que no encajen en estos supuestos. Podría ser, no me voy a aventurar.”
El colmo de la falta absoluta de competencia y de la concentración entre Televisa y TV Azteca es que veamos muy pronto a Ricardo Salinas Pliego integrarse al Consejo de Administración de Televisa.
Los antecedentes más inmediatos de esta decisión apuntan a un creciente desafío de Televisa, ya no sólo como poder mediático, sino como poder político y regulador:
–En el consorcio hubo un profundo descontento por el encuentro entre Eduardo Pérez Motta, presidente del organismo antimonopolio, con un grupo de representantes del movimiento #YoSoy132 el fin de semana pasado. Los jóvenes demandaron ser observadores y garantes en las bases de licitación de la próxima tercera cadena de televisión, que es otra de las condicionantes que argumentó la CFC para autorizar la concentración.
–El movimiento #YoSoy132 se ha convertido en una pesadilla para Televisa. Acostumbrados a ser los dueños del teatro, tras bambalinas, los directivos de la televisora nunca se imaginaron que antes y después del proceso electoral presidencial del 1 de julio ellos se convirtieran en el centro de las protestas por el sesgo informativo, los antecedentes como corporativo con serios conflictos de interés con Enrique Peña Nieto y por su declarada intención de expansión monopolista.
–El sábado 7 de julio, después de la multitudinaria marcha anti Peña Nieto, convocada por una red de organizaciones a través de las redes sociales, un grupo de jóvenes se fueron a aguarle la transmisión de la boda del cómico Eugenio Derbez. El enlace matrimonial fue preparado como un “acontecimiento especial”, como si se tratara de imponerle a las audiencias la importancia de la “Familia Peluche”.
A las puertas del templo de Regina, en el Centro Histórico, llegaron jóvenes que estuvieron en la marcha. Durante la transmisión, en vivo, se escucharon los gritos de “¡Fuera Televisa!” y “La Prole quiere Mole”, entre muchas otras consignas.
–Estos acontecimientos han recrudecido las medidas internas de control y de vigilancia en Televisa. El imperio se siente observado, atacado y puede contraatacar.
Esta decisión, quizá, es un ejemplo de lo que puede suceder en los próximos meses.
Así es como se manejan estos voraces pulpos supra-capitalistas. He aquí una de las muchas razones por las cuales los dueños y los accionistas de estas empresas que forman parte de los poderes fácticos de México se mantienen empeñados en convertir a México en una pseudo-democracia teledirigida, en una telecracia conducida por ellos a través de sus noticieros desinformadores y sus encuestas amañadas, todo con el único fin de poder seguir amasando mucho dinero a manos llenas mostrando una voracidad que carece de límites.
El siguiente trabajo dividido en dos partes reseña cómo el rostro más visible de los poderes fácticos en México, el duopolio televisivo, está situado entre los principales enemigos de la democracia en México, y reseña su modus operandi:
El siguiente trabajo dividido en dos partes reseña cómo el rostro más visible de los poderes fácticos en México, el duopolio televisivo, está situado entre los principales enemigos de la democracia en México, y reseña su modus operandi:
Intolerancia del duopolio televisivo
Telecracia vs. democracia/VII-IX
Javier Esteinou Madrid
Revista Siempre!
18 de agosto del 2012
No obstante las demandas de múltiples instituciones, grupos y personajes sociales para solicitar la difusión en cobertura nacional del primer debate presidencial, el duopolio televisivo decidió practicar el bullying electoral sin reticencias, ni más justificación que hacer prevalecer el negocio del futbol profesional por encima de cualquier prioridad nacional.
De esta forma, la intolerancia de los concesionarios que controlaban el 90% de la penetración televisiva en el país puso a competir en audiencia el primer debate político con dos programas de entretenimiento de alto rating.
Así, la primera disputa de los candidatos presidenciables efectuado desde el World Trade Center de la ciudad de México sólo se transmitió en televisión por el Canal 11 (Politécnico Nacional), Canal 22 (Conaculta), Canal 34 (TV Mexiquense), Milenio TV, CNN en Español, Canal 5 (Televisa), Canal 40 (TV Azteca), repetidoras para las 32 entidades del país y señales especiales de Internet.
En este sentido, desconociendo que los empresarios de la televisión comercial privada funcionan en México en base a concesiones jurídicas que les otorga el Estado para funcionar a partir del interés público, el duopolio televisivo excluyó este escenario constitucional y retó al propio Estado mexicano, rebelándose para no transmitir a través de los principales canales de televisión dicho encuentro. De esta forma, menospreciando toda la gran inversión material, física, cultural y humana que realizó el IFE en los últimos 2 años para preparar la construcción de una “democracia de alta intensidad” en el país que reflexionara y discutiera sobre las grandes contradicciones de crecimiento nacional, el poder mediático minimizó tal evento.
Paradójicamente, mientras esta realidad electoral sucedía en México, en ese mismo marco histórico, en los Estados Unidos donde también se preparaban las elecciones presidenciales para la Casa Blanca, la National Football League (NFL) —una de las ligas de futbol americano más rentables del mundo—decidió no interferir con el proceso de sucesión electoral del presidente Barack Obama, y por primera vez, en toda su historia empresarial norteamericana, modificó la inauguración de su temporada deportiva moviéndola para el 5 de septiembre, con el fin de evitar obstaculizar el discurso del presidente Obama en la Convención Demócrata del 2012.
De igual forma, en idéntico contexto, a 4 días de las elecciones en la segunda vuelta en Francia, los candidatos al gobierno francés en el 2012, Nicolás Sarkozy y François Hollande, celebraron un fuerte, frontal y enriquecedor debate electoral que fue televisado por todas las cadenas públicas y privadas del país.
Sin embargo, pese a las restricciones impuestas por el duopolio televisivo, los resultados de penetración del evento fueron sorprendentes, pues por una parte, el partido de futbol “Monarcas-Tigres” —transmitido por el Canal 40 de TV Azteca— obtuvo 9 puntos de rating, y el debate presidencial transmitido por el Canal 5 de Televisa en cobertura abierta alcanzó una penetración superior promedio a 10.4 puntos de rating y en la parte final obtuvo hasta 12 puntos de audiencia.
Incluso, un mes después este éxito de la cultura política televisiva se volvió a repetir cuando el segundo debate presidencial, realizado el 10 de junio del 2012, tuvo un interés más notable en la población al registrar 100% de mayor penetración con 22.6 puntos de rating en todo el país. Así, el día del encuentro el rating del debate político rebasó la penetración de las principales televisoras con su programación comercial, pues el Canal 2 de Televisa registro un rating de 17.4 puntos y el Canal 13 de Televisión Azteca obtuvo 5.2% puntos.
Por otra parte, en las redes sociales el debate entre los candidatos presidenciales alcanzó un éxito sorprendente, pues al menos en Twitter el encuentro por la sucesión presidencial derrotó al partido de futbol transmitido por Televisión Azteca a la misma hora, ya que tales tópicos futboleros tuvieron escasa presencia como temas relevantes o trending topics en esa red social.
Así, no obstante las limitaciones impuestas por el poder mediático, las consecuencias de la difusión del encuentro sobre la opinión pública también fueron importantes, pues las encuestas de opinión posteriores a la transmisión del primer debate reflejaron un cambio importante en las preferencias de intensión del voto al dejar a Enrique Peña Nieto con 46.9%, Josefina Vázquez Mota con 26.2%, Andrés López Obrador con 23.7 % y Gabriel Quadri con 1.9% de preferencia electoral.
Empero, no satisfechos los concesionarios privados con el boicot a la difusión de la primera discusión política, y sin considerar el significativo impacto positivo que este motivó en la opinión pública nacional, al día siguiente las industrias electrónicas privadas, particularmente las audiovisuales, intentaron desviar la atención del país señalando que lo más destacado del debate no fueron los contenidos que se expusieron sobre la problemática del futuro del país, sino fue la presencia sexy y frívola de la edecán argentina Julia Orayen, una conejita modelo de Playboy en 2008.
Así, subrayaron que lo visualmente fundamental no fue la sustancia ideológica expuesta por los contendientes presidenciales, sino el muy atrevido escote que la modelo lució ante las cámaras durante 1 minuto en un vestido blanco muy enfundado para entregar a los precandidatos al inicio de la competencia unas boletas jerarquizadas, con el fin de definir los turnos de las participaciones, llevándose con ello estelarmente la noche política.
La ofensiva critica mediática contra el IFE en el posdebate fue tan grande, especialmente de la telecracia, que el presidente del organismo, Leonardo Valdés, pidió disculpas públicas a la sociedad y a los candidatos por la infortunada participación de la edecán, atribuyéndole a la casa productora del evento la responsabilidad de introducir a la mujer como “objeto de distracción”.
Todo ello comprobó que pese a los obstáculos interpuestos por la telecracia, la transmisión de la discusión política sobre el futuro del país fue un éxito, pues suscitó más interés en los auditorios que la difusión del entretenimiento deportivo o espectacular en México.
La actitud sensible de la teleaudiencia para enfrentar la solución de los grandes conflictos de nuestro desarrollo nacional desmitificó el lema popular de que “¿pá que veo el debate, si ya sé de qué se va a tratar?… mejor veo el fut”, y eligió mayoritariamente atender la polémica sobre el desarrollo de la nación.
De esta forma, mediante ese comportamiento empresarial intolerante, el duopolio televisivo, por una parte, confirmó su tendencia mediática para boicotear sistemáticamente el avance de la apertura de los sistemas comunicativos de gobernabilidad nacional —con el fin de seguir conservando los enormes privilegios unilaterales e ilimitados que ha conquistado por décadas al aliarse al funcionamiento del viejo autoritarismo político en el país— y, por otra parte, ratificó que su principal interés es oponerse a la edificación de la democracia.
Altanería del duopolio mediático
Telecracia vs. democracia/VIII-XIV
Javier Esteinou Madrid
Revista Siempre!
31 de agosto del 2012
A través del fuerte desafío ejercido por el poder mediático como poder fáctico contra el Estado nación mexicano y la incapacidad notable de la clase política para ejercer su autoridad rectora a favor de las mayorías nacionales, se confirmaron las siguientes 11 realidades en el ámbito nacional y en particular en el terreno de la comunicación política:
1.- El comportamiento empresarial intolerante el duopolio televisivo corroboró su tendencia mediática de oponerse a la edificación de la democracia en México, con el fin de evitar que este proceso pudiera crear otro proyecto abierto y plural de comunicación social que pusiera en peligro sus intereses monopólicos ya conquistados.
2.- La actitud prepotente de los monopolios informativos constató el desprecio por la democracia y la debilidad de los actores políticos y de sus instituciones frente al poder fáctico de las televisoras, como también el nulo interés de estas empresas oligopólicas por respetar el derecho a la información y los procesos plurales del país. Así, dichas empresas optaron por proporcionar “pan y circo” para las mayorías al priorizar el derecho superior de los televidentes para recibir con mayor cobertura informativa el futbol y los concursos de los “nuevos valores musicales” infantiles; que actuar responsablemente ante lo que fue uno de los comicios más importantes para definir el destino de la nación en el 2012 y que sólo se practica cada 6 años en el país.
3.- Este capítulo de la historia de la comunicación política nacional exhibió la debilidad del Estado mexicano frente a los poderes fácticos mediáticos cuando se oponen al avance de la construcción de la democracia en México, y que desde el derrumbe del presidencialismo metaconstitucional, se constata que abdicó ante el poder mediático.
4.- La acción desafiante de los poderes fácticos mediáticos hacia el Estado fue producto, por una parte, de un gobierno cada vez más débil que no tuvo capacidad para ejercer su autoridad rectora y regular el funcionamiento social de los medios de comunicación electrónicos; y por otra parte, de los legisladores que fueron ineptos y omisos para crear una nueva ley que democratizara la radiodifusión nacional.
5.- La consolidación de la democracia no se puede cristalizar sin la “construcción de la ciudadanía”, pero esta función no es responsabilidad exclusiva del Estado y sus instituciones, sino también de los medios de difusión colectivos.
6.- A pesar del gran interés mostrado por los ciudadanos para conocer las diversas propuestas de cambio para el país formuladas por los distintos partidos políticos en la fase de cambio de poderes públicos, los propietarios de los grandes medios de difusión electrónicos impusieron un cerco informativo eludiendo difundirlas en gran cobertura.
7.- El sabotaje al debate fue un elemento más de fuerza que ejercitó el poder mediático en su empeño por impulsar la contrarreforma electoral, con objeto de regresar al viejo modelo de comunicación política electoral privado que les dejaba ganancias millonarias y les permitía presionar coyunturalmente a los candidatos, partidos y funcionarios para obtener más privilegios monopólicos.
8.- Para el poder de la telecracia es más importante realizar el “business publicitario” que contribuir a la concientización ciudadana sobre los grandes problemas de la agenda nacional, con la cual se opuso a la creación de la democracia deliberativa en México.
9.- El duopolio, acostumbrado a imponer sus privilegios por encima de la sociedad, sabe que cada vez más puede ir más lejos sin ninguna consecuencia, porque ni el gobierno ni los partidos harán nada para detenerlo.
10.- El fallido intento de TV Azteca para entorpecer la difusión del debate presidencial y la reticencia de Televisa para darle toda la cobertura posible confirmaron las consecuencias indeseables que tiene para el país la desmedida concentración de muchas frecuencias de televisión en manos de solamente dos empresas.
11.- Finalmente, este capítulo de la historia de la comunicación político-electoral demostró que el poder mediático ya no es el cuarto poder, sino ahora el primer poder político que está por encima del IFE, de los poderes públicos y de los órganos constitucionales de gobierno legítimos. Por ello, ahora es prioritario preguntarse y esclarecer qué poder está por encima del otro en la república. ¿Quién determina y hace valer el interés general? ¿Quién manda en el país?
Dicha realidad atestiguó, una vez más, el grado en el que poder mediático ha conquistado una enorme fuerza histórica con la que ahora subordina al poder legítimo del Estado nación derivado de la Independencia y la Revolución Mexicana. Por ello, es necesario tomar conciencia que históricamente hoy estamos ante un nuevo tipo de Estado híbrido que es el que domina a principios del tercer milenio en México y no frente el Estado republicano derivado de los movimientos emancipadores de la historia nacional que tardó más de 200 años en construirse en el país.
¿Hasta qué extremos está dispuesto a llegar el impío duopolio-monopolio de televisoras, aberrante fenómeno de ambición de poder y voracidad desmedida único en el mundo, con tal de mantener acaparado en sus manos el espectro nacional de radiofrecuencias e impedir que puedan entrar otros competidores al mercado que les puedan poner en riesgo su predominio total y su garra sobre los televidentes cautivos? ¿Hasta qué extremos están dispuestos a llegar inclusive al costo de paralizar el avance tecnológico digital de México manteniendo al país atrasado? La siguiente nota periodística lo dice todo:
TV Azteca y Televisa boicotean la TV digital
Carla Martínez
Agencia REFORMA
2 de octubre del 2012
Televisa y TV Azteca han interpuesto ocho amparos en conjunto, para detener el proceso de transición hacia la TV digital en México, lo que podría afectar también la licitación de nuevos canales de TV abierta, advirtió Mony de Swaan, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
“Estamos enfrentando ocho amparos contra el proceso hacia la Televisión Digital Terrestre (TDT) de dos empresas televisivas”, indicó.
Estos amparos, podrían retrasar el apagón analógico y a su vez la licitación de canales de TV abierta, mencionó el presidente de la Cofetel.
“También está estrechamente vinculada con la rentabilidad que tienen los posibles interesados en participar en nuevos canales de televisión”, dijo el presidente del regulador durante la segunda Semana Nacional de Políticas Pro Consumidor.
Televisa y TV Azteca estarían incumpliendo una de las obligaciones impuestas por la Comisión Federal de Competencia (CFC) cuando autorizó su asociación a través de Iusacell.
La obligación impuesta por la CFC tanto a Televisa como a Iusacell indica que si la licitación de canales nuevos de TV digital abierta no se lleva a cabo de manera exitosa en un lapso de dos años desde que las empresas fueron notificadas, se disolverá la sociedad y se aplicará una multa de hasta el 10 por ciento de los ingresos anuales de las empresas involucradas.
En entrevista aparte, el presidente de la Cofetel dijo que el Estado podría rescatar la banda de 700 MHz en caso de que las empresas detuvieran la transición hacia la TV digital.
“En buena medida lo que estamos buscando es despejar la banda de 700 y despejar la banda de 600 mediante la aplicación de la tecnología digital y la compactación que ésta permite y moveríamos a los concesionarios de las partes alta del espectro a las partes bajas, si no podemos transitar de manera ordenada como lo han hecho ya 25 países creo que la opción sería el rescate”, señaló el funcionario
En tanto, Bernardo Altamirano, titular de la Profeco, dijo que durante 2011 interpusieron cuatro demandas de acción colectiva en defensa de los consumidores y contra empresas de telecomunicaciones, de las cuales han ganado una, perdido una y las otras dos se encuentran en proceso.
De este modo, transcurrió muy, pero muy poco tiempo para que TV Azteca y TELEVISA faltaran a su “palabra de honor” y a sus promesas realizadas a la Comisión Federal de Competencia a cambio de que la entidad gubernamental le permitiera al duopolio convertirse en monopolio televisivo, amo y señor absoluto de México. En efecto, mintieron, porque ni TV Azteca y TELEVISA tienen “palabra de honor” cuando de cumplir su palabra empeñada se trata, y menos cuando se trata de proteger sus desmedidos intereses y privilegios acaparándolo todo, y menos en el caso de TELEVISA cuando hay razones para suponer que esta empresa está dedicada también al narcotráfico internacional. De cualquier modo, y a decir verdad, en la Comisión Federal de Competencia no se chupan el dedo, sabían muy bien que los buitres del duopolio televisivo no tenían la menor intención del mundo de cumplir con lo pactado, sabían muy bien que los dueños de ambas empresas estaban mintiendo, pero todo fue parte del show para tratar de legitimar ante el pueblo de México el acrecentarle irresponsablemente a la hidra de dos cabezas su garra sobre un pueblo cautivo.
posted by Spectator2006 at jueves, enero 26, 2012
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