Fracasos

Al cerrar el año del 2011 y concluír las cuatro quintas partes del trágico y gris sexenio de Felipe Calderón que muchos mexicanos quisieran no recordar, los fracasos del PAN-Gobierno indudablemente eran superiores a los publicitados logros. Son muchos los analistas, editorialistas y observadores que han dejado constancia al respecto. El siguiente editorial elaborado por un articulista que ha estado siendo saboteado duramente por las fuerzas ocultas que se han estado apoderando del gobierno federal en México muy bien pudiera titularse “Sin esperanzas”:

Sin alternativas
Rafael Loret de Mola
Analista Político
2 de diciembre del 2011

No hay mensaje peor para la población que la declaración sobre la ausencia de alternativas por parte de un gobierno copado. Tal significa que la emergencia, derivada de una crisis mal llevada, reduce las expectativas de futuro a las medidas que puedan tomarse en el cerrado círculo presidencial –¿no que se habían extinguido los autoritarismos?–, sin posibilidad de abrir expectativas con audacia y visión de futuro. Nunca como ahora los encargados de las funciones públicas se habían rendido tan fácilmente por falta de imaginación y, sobre todo, de talento.

Ya nos hemos referido al factor dominante en el presente, el de la mediocridad rampante de los funcionarios públicos, tratando de explicarnos la ausencia de perspectivas, de sendas por abrir, en un mundo rebosante de desafíos y presiones. Perdido el liderazgo latinoamericano, además, por la inconsistencia de la política exterior, plena de vaivenes e indefiniciones y corta de ideologías y firmeza, los representantes de la derecha en el poder han dilapidado cuanta autoridad moral atesoraron por sus antiguas y en ocasiones bravas batallas en pos de la democracia. Acaso cuando se revirtieron las tendencias, en la hora negra de la campaña presidencial de 2006, para favorecer la causa de la continuidad con toda la parafernalia presidencial de por medio, amén de los incorrectos excesos de la dirigencia patronal, se extravió todo rastro de decencia política. Desde entonces, todo ha sido remar en contra de las marejadas... sin poder superar las corrientes que conducen hacia los arrecifes.

En contexto así, alarma que el titular del Ejecutivo federal, en el consabido recuento sobre la primera mitad de su paralizante gestión –ninguno de los proyectos electorales esbozados ha podido aterrizar–, insista en que ha tomado constantes decisiones “difíciles” sin tener alguna otra opción que la de cargar a la población cautiva, la que produce como si tal fuera un pecado con una secuela interminable de penitencias, los costos de las mismas. Esto es: para que funcione el gobierno, de acuerdo a las tesis de los burócratas encumbrados, se requiere ir en contra de las banderas sociales y los intereses colectivos, reduciendo los satisfactores generales a costa de imponer nuevos yugos fiscales y tarifarios a una comunidad ahíta de demagógicos sustentos. Tal es el argumento central analizado sin las justificaciones ligeras, de oficio, de los panegiristas al servicio de la administración federal, ayuna de todo sentido de equidad.

Por ello lastima cerciorar que los grandes empresarios, algunos de ellos referentes intocables en la relación de los mayores multimillonarios del planeta, han sido privilegiados por la tolerancia del fisco y han acumulado adeudos múltiples con el fútil razonamiento de que con ello crean empleos –es más bien lo contrario- aun cuando evidencian una lamentable correlación entre la depauperación aparente de sus empresas y la bonanza económica de ellos mismos y sus socios y parentelas. No es razonable, insisto, que acumulen riqueza aquellos que pretextan estar casi quebrados.

En la misma línea, tanto durante el foxismo como en el régimen vigente, se habilitaron las ventas, a precios de oferta, de bancos y paraestatales llegándose al extremo incluso de liquidar, de una mañana a la otra, a la Compañía de Luz y Fuerza como efecto de la ausencia de diálogo y de las negociaciones fallidas en pos de la renovación de los cuadros sindicales. Los efectos los conocemos todos: sesenta mil familias al garete con una larga “cola” de protestas callejeras, huelgas de hambre y amenazas incesantes de un paro nacional que pondría a nuestra economía, de nueva cuenta, de rodillas ante la fiebre especulativa que tanto beneficia a los extranjeros, los grandes ganadores del oficioso abaratamiento nacional.

Pero todo ello se nos plantea como males necesarios porque, según insisten los defensores del gobierno en curso, cualquiera otra cosa sería tanto como permitir, y así lo ha dicho Felipe Calderón, que el país se nos deshaga en las manos. La misma filosofía, como apuntamos ayer, utilizada por Miguel de la Madrid y los miembros de su gabinete indecoroso en la falsa hora de la “renovación moral”, obviamente traicionada e infecunda, cuando, en realidad, surgieron las más perniciosas alianzas entre la clase política corrupta y las mafias en plan de ganar todas las subastas. Una vez más, la recreación de los hechos nos revela que, en el sector público, se puede tropezar diez veces con la misma piedra tratando de disimularlo.

En fin, si negativos son los saldos de cinco años de ejercicio en la Presidencia, más lo son las consecuencias de las justificaciones que no estimulan sino inhiben, como si la inercia fuera el mayor valor a conseguir con el ominoso modelo de dejar las cosas como están... posibilitando, claro, que los cómplices vuelvan a acomodarse mientras los demás pagamos los platos rotos. Otra vez, insisto, hacia la cuesta arriba.

Debate

Los cada vez más escasos defensores del señor Felipe Calderón, insisten en que debemos ver hacia delante, sin detenernos en juzgar al pasado, para así proveer a la colectividad de nuevos incentivos para su despegue definitivo. Esto es, expulsando a la historia y al análisis del contexto general para marchar sin rumbo ni coherencia alguna hacia los escenarios del porvenir. Vamos, como si México hubiera nacido apenas ayer y fuese necesario enseñarle a andar sin corregir los vicios originales. Lo he dicho muchas veces: no se puede construir el edificio de los nuevos tiempos sobre los cimientos podridos del pasado porque con ello sólo se estaría habilitado un colapso brutal.

Pese al criterio oficialista, obviamente sesgado, es el mandatario en funciones quien provee de elementos seriamente provocadores. Él mismo ha divulgado que los momentos más duros de su gobierno los sobrellevó asumiendo opciones “dolorosas”, según sus palabras, o de alto contenido explosivo, en las nuestras, porque sencillamente no avizoraba alternativa alguna que pudiera ser menos costosa socialmente hablando. Esto es: si debió asumir el paquete económico con una iniciativa que conllevaba muy altos precios comunitarios –es decir con sesgos empobrecedores–, ello se debió a que no tenía otra posibilidad salvo la de dejar a México en el camino de su inviabilidad.

Caramba, si hemos llegado a este punto terrible, en el que se pone en juego la propia supervivencia nacional, ello quiere decir que los once años de ejercicio del poder por parte de la eufórica derecha que ofreció un cambio estructural sin valor para culminarlo, no han servido salvo para asegurar el desarrollo y bonanza de una apretada y nueva aristocracia, intocable porque se asume moralmente irreprochable por cuantos golpes de pecho se da, obviamente contraria al modelo democrático que exige, en todo momento y circunstancia, la toma de acuerdos basada en los consensos generales y no en las apretadas decisiones de elite. Las diferencias entre las palabras y los hechos no dejan lugar a dudas.

Hay quienes tienen la impresión de que el gobierno del “cambio” (hacia la derecha) en México no vé las cosas así, las ve “color de rosa”, o por lo menos las trata de pintar insistentemente “color de rosa” en la creencia propagandística Hitleriana-Goebbelesca-Hollywoodesca de que si se insiste una y mil veces en que algo marcha bien, pues entonces de alguna manera la realidad se ajustará mágicamente a la fantasía:

Pobreza extrema, una realidad
Carlos Acosta Córdova y Juan Carlos Cruz Vargas
Revista PROCESO Num. 1831
3 de diciembre del 2011

Al finalizar cinco años de su gobierno, Felipe Calderón se vanagloria de una firme conducción macroeconómica y ha manejado mediáticamente los números “buenos”, hasta conseguir los interesados elogios de la directora gerente del FMI, Christine Lagarde. Sin embargo, un vistazo a las cifras oficiales del desempleo, el subempleo y la pobreza en México –sobre todo en comparación con otros países latinoamericanos– revelan una realidad bastante más pobre. Extremadamente pobre.

Muy propio de la época preelectoral, el presidente Felipe Calderón celebra exultante las buenas noticias económicas. Pero calla, ni pío dice, cuando los datos y las cifras dan cuenta de un saldo ominoso, sobre todo en el ámbito de lo social, de sus recién cumplidos cinco años de gobierno.

Apenas el 22 de noviembre, cuando el INEGI dio a conocer que la economía mexicana creció 4.5% en el tercer trimestre del año –cifra ciertamente inesperada, muy por arriba de lo estimado por los analistas y el propio gobierno–, Calderón se ufanó y gritó a los cuatro vientos lo bien que está el país. Chacoteó en Los Pinos, en una reunión con empresarios de la vivienda:

“Miren nada más: este tercer trimestre, amigas y amigos, para que se den una idea, los bancos, los analistas financieros, los empresarios más picudos, más destacados, todo mundo decía que la economía nacional iba a crecer 3.5% anual en el tercer trimestre… No creció 3.5, creció 4.5% a tasa anual, un 1% (sic) arriba de lo que se estaba previendo”.

(De haber hecho bien las cuentas, se hubiera desgañitado en el autoelogio, pues el aumento en la tasa de crecimiento no fue de 1% –sí de un punto porcentual– sino de casi 30%, 28.6% para ser precisos. Es muy común ese error. Un caso paradigmático fue cuando en 1995 el gobierno de Ernesto Zedillo subió la tasa del IVA del 10% al 15%, roqueseñal de por medio. Casi todo mundo dijo: “subió 5% el IVA”, cuando en realidad la tasa subió 50%, o bien, cinco puntos porcentuales. Que no es lo mismo).

Y eso le sirvió para decir que, “con todo y los líos que hay a nivel internacional”, estamos “en la ruta correcta”, con “una economía más fuerte, más sólida”, que avanza “por la senda del crecimiento y del empleo para las familias mexicanas que tanto queremos”.

Tres días después, el INEGI dio otra “buena” noticia: la tasa de desempleo en octubre fue de “sólo” 5%, contra el 5.7% de octubre del año pasado, lo que implicaba que unas 300 mil personas, en un año, de octubre a octubre, habían logrado ocuparse.

Calderón no dijo nada, porque sabe que una tasa de desocupación de 5% de la Población Económicamente Activa significa que 2 y medio millones de mexicanos, y sus familias, siguen sin trabajo, sin ingreso alguno, en el desamparo absoluto.

Y no dijo nada, también, porque el propio INEGI, en el mismo reporte sobre el empleo en octubre, reveló que la tasa de subocupación subió en ese mes a 9.3%, muy por arriba del 8.5% de octubre de 2010.

Eso quiere decir que hay en el país casi 4 millones y medio de mexicanos que, ciertamente, tienen un trabajo, pero que éste no les da para satisfacer sus necesidades básicas, por lo cual andan a la caza de uno o dos trabajos adicionales o de más horas en el que ya tienen.

Es decir, los trabajos recuperados o logrados por primera vez, son tan precarios, sobre todo mal remunerados, que por eso aumenta siempre la tasa de subempleo.

Pero en materia de empleo, el presidente siempre le da la vuelta al tema. La promesa electoral de ser el “presidente del empleo” se fue al basurero desde el primer año. Con crisis y sin crisis económica, en este sexenio se han registrado las tasas de desempleo, de subempleo y de informalidad más altas de la historia económica reciente del país.

Promesas incumplidas

En décadas, son contadas las veces en que el desempleo ha registrado tasas arriba de 5% de la PEA. En esta administración ha sido la constante, con periodos de tasas superiores al 6%, como en 2009, que significaron hasta 3 millones de personas en el desempleo absoluto y no menos de 10 millones –si se cuenta a los familiares de quienes perdieron el trabajo– en el desamparo total.

Ante una realidad que destruyó su promesa electoral, Calderón opta por magnificar el número de empleos formales. La última vez, en Cancún, hace tres semanas: festinó que en el país se han creado, en lo que va del año, 764 mil nuevos empleos, “pese a las adversidades financieras globales”. Pero todos los análisis coinciden, lo mismo entre especialistas que académicos: la mayoría son trabajos precarios, mal remunerados, de corta duración.

Si en el tema del desempleo el presidente nada dijo, de plano enmudeció el martes pasado, 29 de octubre. Muy temprano, en videoconferencia desde Santiago de Chile, la mexicana Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) daba a conocer el informe Panorama social de América Latina 2011, donde resaltó datos seguramente nada gratos para los oídos del presidente Calderón:

En 2010, de todos los países de la región, sólo en México y en Honduras habían aumentado la pobreza y la indigencia. En los demás se mantenían estables o iban francamente a la baja.

En México, según el informe de la Cepal, 36.3 de cada 100 personas están en condiciones de pobreza, cifra superior a la registrada en 2008, cuando la tasa de pobreza era de 34.8%. Si se considera una población de 112 millones 336 mil habitantes –según el censo nacional de 2010–, eso quiere decir que 46.8 millones de mexicanos son pobres.

En el conjunto de países de América Latina y el Caribe, la pobreza se ubicó en una tasa de 31.4%, en promedio. La de México estuvo casi 16% arriba.

Más lacerante aun es el dato del aumento de la indigencia que, según la Cepal, pasó de 11.2% de la población en 2008, a 13.3% dos años después. Es decir, hay en el país 15 millones de mexicanos sumidos en la indigencia. Si se suman las dos cifras, se tiene que hay en México –según la Cepal– casi 62 millones de personas con algún grado de pobreza, es decir, el 55% de la población.

Las mediciones que en México hace el gubernamental Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), señalan que para 2010 había 52 millones de pobres, incluidos los de pobreza extrema, que significan el 46.3% de la población del país.

El presidente Calderón, dicharachero y jocoso que es con las cifras buenas de la economía, esta vez calló. Aunque la muina y el mal sabor de boca le duraron poco. El miércoles, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, de visita en México, dio conferencia conjunta con Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, y el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Antes se había reunido en Los Pinos con el presidente Calderón, y en Banxico con su Junta de Gobierno.

Sus palabras fueron una melodía de ensueño para Calderón, un canto de sirenas que todos los medios informativos acogieron en sus principales espacios.

Algunos titulares, en portada y en interiores, de diarios y portales de internet: “México es el ejemplo a seguir”. “Buen manejo de las finanzas ante la situación externa”. “Elogia FMI la conducción económica de México”. “Lagarde elogia ante Calderón la fortaleza de la economía mexicana”.

También: “México va bien, pero no puede descuidarse: FMI”. “Banxico, un paso delante de la Fed (Reserva Federal de Estados Unidos) y el BCE (Banco Central Europeo): Lagarde”. “FMI: Copia Europa las recetas de Carstens”. “Reconoce el FMI las políticas fiscal, financiera y monetaria de México”. “Manejo de crisis de México, ejemplo para países: Lagarde”.

Y muchos otros titulares en ese sentido. Como para bailar de gusto. Tanto que se preocupa Calderón por la imagen violenta de México en el mundo. Tanto que se enoja porque en México se habla mal del país. Pero vino madame Christine Lagarde –así la presentaron en la conferencia de prensa– y sus palabras, una sinfonía jubilosa, lo conectaron con las nubes.

Pero la alegría terminó muy pronto. Al día siguiente de que los medios saturaron sus espacios con los dichos de Lagarde, el Coneval echó a perder la fiesta. El viernes 2 presentó los resultados del estudio La medición de la pobreza municipal 2010, realizado por vez primera. Y dejó en claro que la excelsa conducción macroeconómica del país –a decir de Lagarde, los propios funcionarios y aun del presidente– ha sido incapaz de frenar el deterioro de las condiciones de vida de la población.

El dato general de dicho estudio es que de los 2 mil 456 municipios que hay en el país, en mil 3 de ellos el 75% de su población es pobre. Es decir, tres de cada cuatro habitantes de cada uno de esos municipios es presa de la pobreza.

Pero ese es un promedio. En el detalle, la realidad es aun más dramática. Hay municipios en los que prácticamente ningún habitante se salva de la miseria. Una muestra del Coneval:

En San Juan Tepeuxila, Oaxaca, el 97.4% de sus pobladores son pobres. En Aldama y en San Juan Cancuc, ambos en Chiapas, el 97.3%. En Mixtla de Altamirano, Veracruz, 97%. Chalchihuitán, Chiapas, 96.8%. Santiago Textitlán, Oaxaca, 96.6%. San Andrés Duraznal, Santiago el Pinar y Sitalá, Chiapas, 96.5%. San Simón Zahuatán y Coicoyán de las Flores, Oaxaca, 96.4%. Santa María Quiegolani, Oaxaca, y Larráinzar, Chiapas, 96.3%. Chanal, Chiapas, 96.1% y Pantelhó, también en Chiapas, 96%.

De hecho, según el Coneval, son 190 municipios del país, la mayoría en áreas rurales, los que concentran la mitad de la población en situación de pobreza, es decir, tienen carencias graves en más de uno de estos ámbitos: ingreso, educación, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social.

Pero aquellos son los municipios donde prácticamente toda la población es pobre. Hay otros –algunos repiten– donde la pobreza asume grados de marginación extrema, indigencia o pobreza extrema. Como se le quiera llamar a una situación en la que la gente prácticamente se muere de hambre… en un país elogiado internacionalmente por su conducción macroeconómica, con una economía que está dentro de las 15 más grandes del mundo.

‘Los logros’

Una muestra del Coneval de los municipios con los más altos porcentajes de población en pobreza extrema es la siguiente:

Cochoapa el Grande, Guerrero, 82.6%. San Simón Zahuatlán, Oaxaca, 80.8%. San Juan Cancuc, Chiapas, 80.5%. Mixtla de Altamirano, Veracruz, 80.3%. Chalchihuitán, Chiapas, 79.8%. Coicoyán de las Flores, Oaxaca, 79.7%. Aldama, Chiapas, 78.8%. Santos Reyes Yucuná, Oaxaca, 77.4%. San Juan Petlapa, Oaxaca, 77.2%. Metlatónoc, Guerrero, 77%. Tehuipango, Veracruz, 76.8%. Huautepec, Oaxaca, 76.5%. Sitalá, Chiapas, 74.6%. Santa Lucía Miahuatlán, Oaxaca, 73.9%, y San Martín Peras, Oaxaca, 73.6%.

Pero como las elogiadas políticas macroeconómicas sí han logrado hacer de México un país más desigual, el Coneval también presentó los municipios con menos cantidad de pobres:

La delegación Benito Juárez del Distrito Federal sólo tiene un 8.7% de su población en condiciones de pobreza; San Nicolás de los Garza, Nuevo León, 12.8% Guadalupe, Nuevo León, 13.2% la delegación Miguel Hidalgo, 14.3%, y San Pedro Garza García, Nuevo León, 15.2%.

De hecho en las grandes ciudades del país, sobre todo en esos municipios, la pobreza en su dimensión de “extrema” es muy menor, según los datos del Coneval:

En la delegación Benito Juárez del Distrito Federal y en San Pedro Garza García, Nuevo León, sólo el 0.4% de su población está en pobreza extrema. En San Nicolás de los Garza, Nuevo León, y en Miguel Hidalgo, Distrito Federal, el 0.5%. En Huépac, Sonora, el 0.6%. Villa de Álvarez, Colima, 0.8%. En Guadalupe, Nuevo León; Allende, Coahuila; Corregidora, Querétaro, y en Azapotzalco, en el DF, 0.9%.

En Aquiles Serdán, Chihuahua, sólo el 1% de sus habitantes viven en pobreza extrema. En San Juan de Sabinas, Coahuila, y en Apodaca, Nuevo León, el 1.1%. En Monclova, Coahuila, el 1.2%, y en Coyoacán, Distrito Federal, 1.3%.

Esos son algunos de los “logros” sociales de la elogiada política económica de México. Otros que vale la pena mencionar, ahora que inicia el sexto y último año de gobierno de Felipe Calderón, son los siguientes:

Cuando inició su gobierno, el INEGI registraba 1.6 millones de desempleados, que eran el 3.6% de la PEA. En el tercer trimestre de 2011 –último dato trimestral de la institución–, ya eran 2. 76 millones de desempleados, el 5.6% de la PEA.

Es decir, Calderón acaba su quinto año de gobierno con más de un millón 601 mil desempleados más de los que había al inicio de su administración.

En el subempleo estaban, al final de 2006, 3 millones de personas, el 7% de la población ocupada. Ahora hay un millón 166 mil 300 más, pues la subocupación –en las que están las personas que no la “libran” con el trabajo que tienen– suma ahora 4 millones 174 mil 327 trabajadores, casi el 9% de la población ocupada.

El caso de la informalidad es más revelador del grave problema del empleo en el país. Al término de 2006 había 11.4 millones de informales, el 26.6% de la población ocupada. Hoy hay 2.8 millones más en la informalidad, pues ese sector suma ya a 14 millones 200 mil personas, el 28.7% de la población ocupada.

Se puede decir también que los empleos de casi tres de cada 10 personas ocupadas son informales, con todo lo que ello implica: sin prestaciones, sin seguridad social, baja remuneración y toda la desprotección posible.

El hecho es grave, pues ya no falta mucho para que la informalidad alcance el número de trabajadores formales, afiliados al IMSS, que suman 15.3 millones de personas.

En materia de salarios, también la presidencia del empleo sale debiendo. En 2007, primer año de gobierno calderonista, el salario mínimo diario promedio era de 48 pesos con 88 centavos; en 2011 es de 58 pesos con 6 centavos. Un “generoso” aumento nominal de 11 pesos en cinco años.

Pero en términos reales ofende la situación: esos 58.06 pesos de salario mínimo diario de hoy, tenían un poder de compra, a octubre pasado, de apenas 10.06 pesos a precios de 1994, según datos de la Secretaría del Trabajo.

Por otra parte, la grandilocuencia con la que las autoridades publicitan la cantidad de nuevos empleos generados, choca frontalmente con el dato de que cada vez son más las personas que trabajan y sólo perciben un salario mínimo.

Al terminar 2006, 2 millones 527 mil 451 personas tenían un ingreso de “hasta un salario mínimo”, según los tabulados del INEGI. Al quinto año de Calderón, en el tercer trimestre, ya eran 6 millones 100 mil los que tenían esa magra percepción.

Pues sí, más trabajos, pero mal pagados.

Esos son algunos de los saldos de la exitosa conducción macroeconómica del país, ensalzada por el Fondo Monetario Internacional.

Felipe Calderón hubiera deseado tener en su equipo de propaganda gubernamental a gente tan talentosa como los hermanos Grimm, ellos sí le podrían haber armado unas buenas historietas para contárselas a los mexicanos en las fiestas decembrinas disfrazado de Santa Claus. Pero a falta de escritores inventivos como ellos, no le queda más remedio que recurrir a mitómanos como Antonio Solá, a quienes el paso del tiempo ha desgastado restándole credibilidad a sus guerras sucias mediáticas y sus paraísos artificiales, exhibiéndolos como los vulgares Pinochos que son. ¡Ah, sí, y no se olvide que si alguna familia en México no le bastan sus seis mil (devaluados) pesos para vivir sin problemas, pues entonces ha de ser porque están malgastando su dinero en las casas de apuestas o lo están tirando por la ventana, según el decir oficial. Es por ello que, cinco años después de haberse apoderado de la silla presidencial, las fantasías elucubradas bajo el slogan Vivir Mejor que cada día que pasa convencen a menos gente que día tras día comprueba en sus propios bolsillos que, lejos de “vivir mejor”, los precios de los alimentos más básicos y ancestrales se encarecen día tras día. Y ya ni siquiera hablemos de artículos considerados por muchos en México como suntuarios, como la carne arrachera, la langosta de mar, el caviar, las trufas de chocolate y el brandy Dom Perignone, porque esas delicatessen sólo están hoy al alcance de quienes se apoderaron de la silla presidencial en el año 2000 y se aferran al poder rehusándose a perder sus inmerecidos privilegios.

Pero los fracasos del descalabro que ha significado para México la presencia de la derecha ultraconservadora en el poder federal no está limitado a la cosa económica; está también la debacle de la seguridad pública que Felipe Calderón le está dejando al país y que se irá sin resolver cuando deje su cargo. A casi 5 años de distancia, con las cinco sextas partes del sexenio calderonista consumido, las cifras indicaban un sonoro fracaso en la torpe estrategia de la guerra de legitimación emprendida por Felipe Calderón sacando al Ejército mexicano de los cuarteles para llevar a cabo labores de policía que no le correspondían a la vez que metió en la Procuraduría General de la República (la dependencia federal encargada de investigar todo tipo de delitos relacionados con la delincuencia organizada ligada al narcotráfico) a lo más corrupto e inepto que pudo haber encontrado entre las filas de la derecha de todo México:

Aumenta el gasto... pero no la seguridad
Claudia Salazar
Agencia Reforma
8 de noviembre del 2011

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), refutó los logros reportados en materia de Seguridad Pública en el Quinto Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón.

En un análisis enviado a la Comisión de Vigilancia de la ASF, el órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados afirma que el aumento en el presupuesto para ese rubro no se ha traducido en una disminución de delitos en el país.

El organismo de la Cámara de Diputados documentó que en el periodo 2006-2009 no se redujo el número de ilícitos a nivel nacional, ya que la tasa de crecimiento anual fue de 7.4 por ciento, al pasar de 10 mil 735 a 13 mil 287 ilícitos por cada 100 mil habitantes.

Señala la ASF que en el programa sectorial de Seguridad Pública 2007-2012 se planteó disminuir al menos 10 por ciento el número de delitos federales cometidos por cada 100 mil habitantes, meta que no se ha alcanzado.

“Por lo que las acciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), no alcanzaron resultados relevantes en la tarea de revertir la tendencia en los niveles de incidencia delictiva”, advierte en el documento titulado “Consideraciones en torno al Quinto Informe de Gobierno, en el Marco del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012”.

“Los delitos más sensibles para la sociedad o de alto impacto tampoco disminuyeron. Las acciones realizadas por la SSP no han sido suficientes para alcanzar el punto de inflexión en que se comience a revertir la incidencia de dichos delitos”, añade el texto.

Incluso, para reforzar su tesis, el órgano de fiscalización en su análisis abarca toda la gestión panista a nivel federal, es decir, a partir de 2001.

El documento señala que en el periodo 2001-2009, el presupuesto ejercido por la SSP y sus Órganos Administrativos Desconcentrados se incrementó en 26 mil 311 millones de pesos, es decir, en un 363.2 por ciento.

“El incremento del presupuesto ejercido entre 2001 y 2009 no estuvo asociado a un decremento de la incidencia delictiva, ya que ambas variables aumentaron al mismo tiempo, en lugar de correlacionarse inversamente”, expone.

El texto indica que en el Informe de Gobierno se resalta un incremento en 75.6 por ciento de la cobertura del Programa Comunidad Segura, con lo que se llegó a 79 municipios de alta incidencia delictiva, en comparación con los 45 registrados durante el mismo periodo anterior.

Los anteriores señalamientos en contra del PAN-Gobierno no parten de algún izquierdista resentido por el presunto fraude electoral llevado a cabo en las elecciones presidenciales del 2006, ni son producto de algún vocero de los partidos de oposición. Son cifras dadas por una dependencia del mismo gobierno federal. Y demuestran contundentemente, con hechos y cifras frías, que la decisión calderonista de obtener con acciones espectaculares una legitimación como Presidente que no pudo obtener claramente en las urnas (y obtener además las simpatías y el apoyo de Washington con algo que ni siquiera le habían pedido los norteamericanos) emprendiendo una guerra estúpida terminó siendo, tal y como se había advertido gravemente que ocurriría, un sonoro fracaso.

El mismo día que apareció publicada la nota anterior, fue publicada también la siguiente nota:

Perdemos lucha vs tráfico de armas: procurador de EU
Notimex/Associated Press
8 de noviembre del 2011

El procurador general de Justicia, Eric Holder, dijo ayer ante senadores que Estados Unidos está perdiendo la batalla para detener el flujo ilegal de armas hacia México, al criticar la actuación del Congreso en este aspecto.

Por ello, demandó al Congreso cumplir con su responsabilidad de ayudar a resolver la “crisis de Seguridad Pública” del tráfico ilegal de armas a México y a poner fin a los “juegos políticos cínicos” por el fallido operativo “Rápido y Furioso”, que permitió que rifles AK-47 y de otro tipo llegaran al mercado negro.

“Debemos ser cuidadosos para no perder de vista el problema crítico que esta defectuosa investigación ha puesto de relieve: estamos perdiendo la lucha para detener el flujo ilegal de armas hacia México”, dijo en su declaración.

Hasta el 20 de octubre se habían recuperado 276 armas en México y 389 en Estados Unidos.

Holder llamó a los legisladores a fortalecer el trabajo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) frente a recientes acciones enfiladas a socavar sus capacidades y debilitar sus funciones.

“Por desgracia, la Cámara de Representantes votó este año para dejar a los agentes en la oscuridad cuando individuos compran múltiples armas semiautomáticas en armerías de la frontera suroeste”, remató.

Holder habló así al testificar ante el Comité Judicial del Senado, donde reconoció que la operación “Rápido y Furioso” constituyó una defectuosa respuesta al problema del tráfico ilegal de armas hacia México, pero no fue la causa.

Dijo que “Rápido y Furioso”, bajo la cual se permitió el ingreso a México de más de dos mil armas de alto calibre, no sólo fue un operativo mal concebido sino que también fue ejecutado de manera defectuosa.

“Quiero ser claro: cualquier instancia de “dejar caminar las armas” es inaceptable. Esta operación fue defectuosa en su concepción, así como en su ejecución”, enfatizó.

Lamentó que los efectos de “Rápido y Furioso” se sentirán durante varios años. “Por desgracia, sentiremos sus efectos en los próximos años, ya que las armas que se perdieron durante esta operación seguirán apareciendo en escenas del crimen aquí y en México”, dijo Holder

La operación es objeto de una investigación del inspector general del Departamento de Justicia y el mes pasado se dio a conocer la existencia de otro operativo durante la administración de George Bush, “Receptor Abierto”, en el que 350 armas entraron a México de 2006 a 2007.

Holder, objeto de una agresiva supervisión de los republicanos tras la revelación del operativo, reconoció que en algunas instancias el Departamento de Justicia ofreció información imprecisa al respecto, pero insistió que no constituyeron faltas graves.

“Creo que tratar de determinar cuándo o cómo se tuvo conocimiento de esta operación es una distracción”, dijo al recordar que poco después de haber sido informado al respecto a fines de enero pasado, ordenó una investigación en febrero.

Gran parte del interrogatorio de los senadores republicanos Chuck Grassley y John Cornyn se centró en la inconsistencia en las fechas referidas inicialmente por Holder sobre el grado de su conocimiento del operativo en testimonios dados en la Cámara de Representantes.

Carnyn, quien dijo que Texas -su estado- ha sido afectado de manera negativa por el flujo de armas que el operativo facilitó, cuestionó a Holder sobre su manejo personal del caso del agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry, muerto en Arizona a fines de 2009.

Un arma encontrada en el lugar de los hechos fue relacionada posteriormente con el operativo originado en la oficina local de la ATF en Phoenix, Arizona.

Cornyn presionó en forma reiterada a Holder para saber si había contactado a la familia de Terry después de esta revelación o si había ofrecido disculpas, sugiriendo que él tendría responsabilidad en ese incidente.

“Es injusto asumir que los errores de ‘Rápido y Furioso’ contribuyeron directamente a la muerte del agente Terry”, reviró Holder.

La senadora demócrata por California dio a conocer cifras del Departamento de Justicia según las cuales de las 94 mil armas recuperadas en México entre 2006 y 2011, más de 64 mil tuvieron como punto de partida Estados Unidos.

Holder debe testificar el 8 de diciembre ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

La operación consistía en permitir que los compradores testaferros salieran de una armería situada en la zona de Phoenix con fusiles automáticos AK-47 y otras armas al parecer enviadas a los cárteles de la droga de México, en lugar de detener a los compradores y confiscar las armas en el lugar.

El objetivo era seguir la pista de las armas hasta que fueran a parar a manos de los líderes de la banda, incluyendo a capos de la droga en México, que desde hacía tiempo habían burlado la acción de la justicia. Empero, la ATF perdió el rastro de unas mil 400 de más de 2 mil armas envueltas en la operación y cuya adquisición atrajo las sospechas de los investigadores de “Rápido y Furioso”.

Hasta el 20 de octubre se habían recuperado 276 armas de “Rápido y Furioso” en México y 389 en Estados Unidos.

A la vez que aparecía lo anterior, el Presidente panista Felipe Calderón, en vez de responderle al aspirante presidencial Republicano Rick Perry su afirmación políticamente oportunista (e ignorante) de que los cárteles del narcotráfico mexicano son una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos (llegando al extremo de proponer el envío de tropas estadounidenses (¿unilateralmente?) a territorio mexicano en caso de resultar electo Presidente de los Estados Unidos) con algo apropiado como “los drogadictos norteamericanos son una amenaza para la seguridad nacional de México”, Calderón estaba más preocupado en movilizar una cantidad gigantesca de recursos federales para garantizarle su triunfo a su propia hermana por la gubernatura de Michoacán:

No sólo la Auditoría Superior de la Federación en México, por un lado, y el Procurador General de Justicia de Justicia Eric Holder, por el otro, admitieron que la guerra contra las drogas iniciada por Richard Nixon en 1971 y que terminó siendo llevada a cabo militarmente no en los Estados Unidos sino en Colombia y ahora en México es un soberano y contundente fracaso. La conocida organización internacional Human Rights Watch externó las mismas preocupaciones al respecto:

Fracasa guerra antinarco de Calderón: Human Rights Watch
Gloria Leticia Diaz y Miguel Cabildo
Agencia APRO
9 de noviembre del 2011

El incremento de 65% en las tasas de homicidios, la impunidad en más del 90% de los casos y un aumento preocupante de violaciones a derechos humanos durante el gobierno de Felipe Calderón son el reflejo de “una política de seguridad pública que fracasa seriamente”, porque “no ha logrado reducir la violencia”, considera Human Rights Watch (HRW).

“En vez de fortalecer la seguridad pública en México, la ‘guerra’ desplegada por Calderón ha conseguido exacerbar un clima de violencia, caos y temor en muchas partes del país”, puntualiza la organización en el documento entregado al mandatario por el presidente de la organización internacional, Kenneth Roth, y su representante para América, José Miguel Vivanco.

El documento de 236 páginas, es duro desde su título: Ni seguridad, ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y torturas en la ‘guerra contra el narcotráfico’ en México, y es una secuencia de un primer informe publicado por HRW en 2009 llamado Impunidad uniformada. Uso indebido de la justicia militar en México para investigar abuso cometidos durante los operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública.

En esta nueva entrega, la organización con sede en Nueva York, da cuenta de 170 casos de tortura, 39 desapariciones forzadas y 24 ejecuciones extrajudiciales. En todos éstos, ocurridos desde que Calderón asumió la Presidencia, habría indicios de que miembros de fuerzas armadas o policíacas fueron responsables de los agravios.

En conferencia de prensa, luego de dialogar con Calderón durante dos horas y 20 minutos –el encuentro estaba programado para media hora–, José Miguel Vivanco aseguró que, contrario a la actitud que tomó en 2009 con el primer informe en que negó que militares cometieran abusos en contra de la población civil, en esta ocasión Calderón concedió que “podrían ocurrir” violaciones a derechos humanos durante el combate la narcotráfico “pero que no era parte de su política”.

Vivanco mostró también una actitud muy moderada durante la conferencia: se abstuvo de pronunciar la frase “guerra contra el crimen organizado”, y optó por definirla como “política de seguridad”. Aseguró que al principio del encuentro hubo tensión, pero se fue difuminando cuando los representantes de HRW comenzaron a presentar casos documentados en los estados de Chihuahua, Nuevo León, Tabasco, Guerrero y Baja California.

“Teníamos que poner un caso sobre la mesa”, dijo Vivanco tras recordar que hace dos años Calderón descalificó a las organizaciones de derechos humanos que documentaron abusos cometidos por las fuerzas armadas.

“Hasta hace pocos años –rememoró– el presidente Calderón sostenía públicamente que aquí no había ningún caso de violación a derechos humanos (…) En una oportunidad lo dijo en Guadalajara a un costado del presidente (Barack) Obama y nos desafió a todas las organizaciones de derechos humanos a que le exhibieran un caso”. Ahora HRW le presentó 233 expedientes.

Vivanco explicó que los casos presentados fueron elegidos cuidadosamente por el equipo de investigación dirigido por Nik Steinberg, que decidió detallar sólo aquellos en los que la inocencia de las 233 personas fuera irrebatible.

“No quiere decir que aquellas personas que cometen delitos no tengan derechos, pero de lo que se trataba era descartar cualquier indicio de descalificación, las víctimas que presentamos son gente humilde, de oficios que podríamos decir invisibles, que no tenían antecedentes en las dependencias policiales de haber cometido un solo delito en su vida”, agregó Vivanco.

Según el activista, ante la contundencia de la información, Calderón se mostró “cambiado, al menos en el lenguaje y dijo que no excluía el que se hayan y se estén produciendo violaciones a derechos humanos, y que eso no forma parte de sus política; no fue el mismo presidente que nos afirmaba categóricamente que aquí no había casos de violaciones a derechos humanos, sino que se podían producir abusos y que se comprometía a revisar los casos documentados por HRW, pero hay muchos más casos documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por organismos locales, por lo menos”.

Sobre la política emprendida por el gobierno de Calderón para combatir la delincuencia organizada, Vivanco puntualizó que en materia de derechos humanos “el resultado es lamentable, muy negativo”, aunque aclaró que en ningún momento la organización sostiene que “esto forma parte de una política de Estado”, sino de que “hay unas prácticas como la tortura que son más o menos sistemáticas” y que involucran a algunas autoridades militares.

Tras insistir en que corresponde al gobierno federal corregir la política de seguridad, Vivanco insistió en que “la descalificación a priori” de las víctimas mortales de la lucha contra el narcotráfico, de los más de 45 mil muertos, “da la sensación de que las autoridades de seguridad pueden actuar con carta blanca, sin controles”.

En el documento se destacan datos de la incompatibilidad entre el número de muertes violentas y el escaso interés de las autoridades por abrir investigaciones, pues de los 45 mil asesinatos atribuidos al narcotráfico, la Procuraduría General de la República (PGR) sólo integró 997 averiguaciones previas, en tanto que sólo existen 22 sentencias condenatorias durante el gobierno de Calderón.

De los abusos cometidos por miembros de las fuerzas armadas en los cinco estados de referencia, recibieron información de que se integraron mil 615 expedientes por parte de la Procuraduría de Justicia Militar, pero hasta ahora no hay un solo militar condenado por violaciones a derechos humanos en esas entidades.

Para realizar el documento, HRW realizó 200 entrevistas a víctimas y autoridades, y formuló 60 solicitudes de información. El informe también fue presentado a los titulares de la PGR, de las secretarías de Gobernación, de Seguridad Pública, de Marina y de Relaciones Exteriores.

Vivanco y su equipo se reunieron también con ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y con legisladores.

Calderón: crimen organizado, el que viola los derechos

Más tarde, la Presidencia de la República dio a conocer, a través de un comunicado, la respuesta que dio Calderón a los representantes de HRW.

Según la presidencia Calderón afirmó: “Los criminales son la principal amenaza para los derechos humanos de los mexicanos. Son ellos quienes, mediante la comisión de delitos agraviantes, como el homicidio, el secuestro y la extorsión, violan de manera sistemática las garantías fundamentales de los ciudadanos y sus familias.

“De ahí la obligación ética y legal del gobierno, de desplegar todos los medios a su alcance para que, bajo el principio de corresponsabilidad, se fortalezca la presencia de la autoridad en aquellas comunidades con mayor rivalidad delincuencial”, dijo Calderón a los activistas.

El presidente estuvo acompañado por los secretarios de Gobernación, José Francisco Blake Mora; de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, y la procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez.

Para la PGR sí hay avances en derechos humanos

Con el propósito de dar a conocer los avances de la Procuraduría General de la República en materia de protección y defensa de los derechos humanos, la titular de la PGR, Marisela Morales, se reunió hoy con integrantes de la organización internacional Human Rights Watch (HRW), encabezados por Kenneth Roth.

En un comunicado, la PGR precisó que en esta reunión se mostraron los esfuerzos de la dependencia por abatir la impunidad e investigar efectivamente aquellos delitos relacionados con violaciones a garantías fundamentales, tales como la tortura, así como destacar los avances en la puesta en marcha del sistema penal acusatorio en México y las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos.

La funcionaria federal dijo que en la PGR se constituyó, como línea estratégica de acción, el fomento y difusión de la cultura de la protección a los derechos humanos.

Asimismo, se puso en marcha un programa permanente de promoción, fortalecimiento y capacitación en la materia, cuyo fin primordial es generar confianza en la sociedad de que en las acciones de la PGR se prioriza el respeto a los derechos humanos.

Morales Ibáñez ratificó que, bajo el gobierno de Felipe Calderón, México ha avanzado en la defensa y garantía de los derechos humanos, además de impulsar una apertura y transparencia sin precedente, facilitando la observación internacional de sus prácticas.

También expuso que la PGR mantiene una estrecha colaboración con las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Seguridad Pública y Marina, con la finalidad de sumar esfuerzos en el combate al crimen organizado.

Luego resaltó la importancia de la participación de las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos, así como la permanente colaboración entre ellas, para el seguimiento de un objetivo común: atender de manera inmediata y eficaz a todos aquellos que han sido vulnerados en sus garantías fundamentales.

Asimismo, reconoció que las organizaciones civiles constituyen un elemento de diálogo fundamental que permite construir conjuntamente el quehacer gubernamental.

Finalmente, Marisela Morales aseveró que la procuración de justicia es un derecho humano fundamental y que, ante una delincuencia cada vez más organizada, temeraria y retadora, el Estado mexicano debe apoyarse en un marco jurídico adecuado, que dote de solidez a las instituciones y las provea de los mecanismos e instrumentos que permitan combatir la actividad criminal con decisión, contundencia y eficacia.

Más tardó la organización derechohumanista Human Rights Watch en dar a conocer los resultados de este análisis que los ideólogos y propagandistas encargados de “desmentir la Historia oficial” en las células clandestinas de la extrema derecha mexicana en “acusar” a Human Rights Watch de ser “una organización controlada por la judería internacional para promover el marxismo a nivel mundial” (pese a que la misma organización ha sido una de las que más duramente ha cuestionado los excesos cometidos en contra de la población civil palestina a manos de soldados israelíes a los cuales se les ha “pasado la mano” y que no han sido enjuiciados por los excesos en los cuales han incurrido).

Otro analista que ha dejado constancia de la enorme tragedia que ha sido para la Nación el estar siendo gobernada por un Presidente títere de los poderes fácticos y de las fuerzas ocultas de la extrema derecha que se han enquistado en el erario nacional, colaborador del medio informativo que fue galardonado con el prestigioso Premio María Moors Cabot 2011 para orgullo y gloria de México, es el que elaboró el siguiente trabajo:

Desastre, fracaso total
Luis Javier Valero
EL DIARIO
3 de septiembre del 2011

Esperar que en el último informe –para fines prácticos– Felipe Calderón hiciese una reflexión, a fin de modificar una buena parte de sus políticas de gobierno, era un sueño. Parece pesadilla. Una vez superado el trámite burocrático de entregar el texto del informe y los anexos estadísticos, como prácticamente hacen todos los titulares del Poder Ejecutivo, estatales, municipales y el federal, Felipe Calderón se rodeó de la clase política, de la élite empresarial y de una buena parte de los suyos para hacer un largo, muy largo autoelogio, y a su administración.

No pudo evitar –nadie lo puede hacer– el tema de la inseguridad y a este aspecto de la vida nacional le dedicó la mayor parte de su discurso. Como en todos los temas, a pesar de reconocer fallas, y de adjudicarles a los otros una buena parte de las responsabilidades, finalmente, dijo que estaba en la senda correcta para afrontar tan serio reto para su administración.

A lo largo del documento hay un eje central: Todo se ha mejorado en el país.

Miente.

No solamente lo dicen los ciudadanos en la calle –así lo muestran, una y otra vez todas las encuestas, en las que sale permanentemente con bajas calificaciones– también los especialistas en distintas ramas de la economía o de la vida social… y los anexos estadísticos entregados por su administración al Congreso de la Unión.

Vamos, ni siquiera en el tema de seguridad pública sale bien librado. Tercamente insiste en mantener la actual estrategia (si es que hay alguna) y en apostarle a usar a las fuerzas armadas preferentemente en tal tarea para hacerle frente a los delincuentes, “hay que enfrentarlos con toda la fuerza del Estado y con lo mejor que tenemos, que son nuestras Fuerzas Armadas, que son nuestras instituciones Federales, que son las fuerzas públicas reintegradas en muchos estados de la República”.

Y lanzó su propio reto: “Mi compromiso es concluir el sexenio con instituciones Federales de seguridad y procuración de justicia renovadas, confiables y conformadas por elementos honestos y bien capacitados”.

A la vista de los resultados se antoja que, ni en éste que es su principal frente, y a pesar de haber sometido al país a una cruenta y dolorosa experiencia, la de lanzar a las calles a las fuerzas armadas, hay noticias esperanzadoras, el fracaso es absoluto.

De acuerdo con los indicadores del Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012, la PGR obtiene solamente el 12% de sentencias condenatorias sobre los detenidos involucrados en delitos relacionados con el narcotráfico, índice menor al obtenido por el gobierno de Vicente Fox, que en 2006 lograba 13.9% y que, incluso frente al año anterior, es menor pues en 2010 se alcanzó el 13.7%. (Nota de Gustavo Castillo García, La Jornada, 3/IX/11).

No es el único índice negativo. “La efectividad en la erradicación de cultivos ilícitos de mariguana y amapola disminuyó 46 por ciento, y la detención de presuntos responsables de delitos relacionados con el tráfico de drogas cayó 58.16 por ciento”. (Ibídem).

El desastre es total, a pesar de los miles de elementos militares y policiacos lanzados a las calles y de las sumas multimillonarias para sostener la “guerra” de Calderón, el decomiso de armas a grupos criminales descendió 33.5 por ciento y el de vehículos 34.5, “de acuerdo con datos del quinto Informe de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa”.

Son de escándalo. En 2011 se destruyeron 11 mil 100 hectáreas menos sembradas de mariguana en relación al año anterior cuando la cifra fue de 18 mil 600 y, en este, 7 mil 500 hectáreas de ese cultivo. Igual sucedió con las plantas de amapola. En 2010 se destruyeron 15 mil 500 hectáreas y ahora 11 mil.

Declarada la guerra a los cárteles de la droga, “para que ésta no llegue a tus hijos”, resulta que en 2010 se incautaron 10 millones 410 mil unidades de dosis de mariguana y cocaína, y este año 4 millones 92 mil dosis.

Todos los renglones están a la baja. En “2010 se decomisaron 2 mil 333 toneladas de mariguana y en este año 888 toneladas; en cuanto a cocaína, en 2010 fueron 9.8 toneladas y en este año 6.3; de goma de opio en 2010 fue una tonelada 195 kilos y en 2011, 933 kilos; en heroína en 2010 se registraron 373 kilos y este año 281 kilos”.

Y pueden presentar a miles de individuos en la TV, señalados por ser de los principales “capos” pero en el ataque a la estructura de los cárteles las cifras son abrumadoramente desalentadoras: “En 2010 se reportó el decomiso de 17 millones 382 mil 106 unidades de sicotrópicos y en este año 137 mil 195 unidades”, igual sucede con el decomiso de vehículos, en 2010 fueron 18 mil 724 y en el presente año, 12 mil 266; en 2010 decomisaron 33 mil 545 armas y este año 22 mil 158 y en un índice que tanto presumen, el de las detenciones, el resultado también fue catastrófico, en 2010 detuvieron a 18 mil 522, y este año 7 mil 751 personas.

Convertido el tema de los exámenes de control de confianza a las policías y sus mandos, en una polémica y agria discusión entre el PRI y el PAN, Calderón sólo aspira a que para mayo del 2012, “todos los mandos medios y superiores, y al menos la mitad de todos los elementos operativos de las corporaciones policiacas y ministeriales, hayan aprobado las pruebas de control de confianza”.

Pero no son los únicos indicadores negativos de la actual administración. Aspirante a ser recordado como el presidente del empleo, se ufanó de la creación de “más de 800 mil empleos formales netos, es decir, ya descontadas las bajas y las renuncias. Y en lo que va de 2011, se han creado –dijo– casi medio millón de empleos formales netos más”.

La realidad es distinta.

Durante los cinco años de la actual administración, el crecimiento económico promedio es de sólo 1.5%, frente a una tasa de crecimiento poblacional de alrededor del 1.8%, demostrativo de que el país no crece en la proporción necesaria, amén del rezago acumulado, fruto de las crisis de la década anterior. Y si no hay crecimiento, la tasa de desempleo lo resiente de manera inmediata. En septiembre del 2009 se alcanzó la más alta en la historia, de 5.95% cuando antes iniciar este sexenio fue de 3.59 por ciento, aseveró la consultoría Vanguardia Investment.

Según Roberto Galván, presidente de la firma, “para lograr un millón de empleos cada año, la economía debería crecer 5 por ciento, pero en lugar de ello el número de mexicanos desocupados se incrementó en un millón en lo que va del sexenio. En 2006 el número de personas desocupadas formalmente era de 1.6 millones. Cifras recientes arrojan 2.6 millones”, (Nota de La Jornada, 3/IX/11).

Más aún, y a pesar del tono optimista de Calderón acerca del impulso ofrecido a la economía nacional por las obras públicas construidas, Galván sostuvo que el crecimiento de la industria de la construcción a lo largo del sexenio, es de menos del 1% -0.95%, “muy lejos de las tasas de 8 por ciento que se requieren para que sean compatibles con un crecimiento del PIB de 5%”. (Ibídem).

Y si no hay crecimiento económico, ni empleo, lógicamente la pobreza aumenta. Así es, contrariamente a las festivas frases de Calderón de que hay mejores condiciones de vida para la mayoría de los mexicanos, a lo largo de su sexenio 10 millones de personas ingresaron a la pobreza patrimonial, con lo que la mitad de la población ya se encuentra en tales condiciones, además, uno de cada 4 mexicanos no tiene los ingresos suficientes para adquirir la canasta básica alimentaria. Es decir, 56 millones de mexicanos son pobres, y de ellos, la mitad –23 millones de personas– son más pobres aún. Tales datos se encuentran en la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH).

Más. México ocupa el primer lugar de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en cuanto a la tasa más alta de pobreza infantil. El gasto público que el gobierno realiza por niño es mucho menor que el promedio de ese organismo: tan sólo la inversión en la primera infancia apenas llega a 39 mil 600 pesos por infante, comparado con los 274 mil 700 pesos de la OCDE.

Tal realidad no pasó por las frases presidenciales, por el contrario, Calderón afirmó que centraron sus objetivos en materia económica en mantener “en orden la economía, alinear las políticas públicas hacia la competitividad y brindar certeza jurídica a las empresas. Eso es, precisamente lo que hemos hecho”, sin pensar, para nada, en el fortalecimiento del mercado interno.

¡Ah, pero eso sí, “las reservas internacionales llegaron el día de ayer, a casi 137 mil millones de dólares, que es la cifra más alta de la historia, y que es suficiente para cubrir 2.3 veces, más del doble que el total de la deuda externa del Gobierno Federal”

No es todo, en el curso de la semana abordaremos otros aspectos del V informe de Felipe Calderón. Un desastre que, por desgracia, es tragedia nacional.

El V Informe de Gobierno de Felipe Calderón al que hace alusión el editorialista, un show montado con una coreografía digna de Hollywood en el Museo Nacional de Antropología precedido con la transmisión masiva de cápsulas publicitarias en radio, televisión, prensa y hasta por teléfono, así como unos diálogos ciudadanos, y al cual se invitó a un conglomerado selecto amigable que le garantizara interrupciones esporádicas con aplausos de cortesía en varias partes de su discurso oficialista, un informe repleto de cifras alegres desbordando por doquier, en realidad no pasó de ser un cuento de hadas que posiblemente ni siquiera el mismo Felipe Calderón se lo creyó, aunque ciertamente hizo su mejor esfuerzo por pintar las cosas “color de rosa” habido el hecho de que sería su último informe de gobierno antes de llevarse a cabo las elecciones presidenciales para la selección nacional de su sucesor. Y aunque el acto estaba programado para llevarse a cabo originalmente en el Auditorio Nacional, fue cambiado de lugar a última hora a causa del atentado narco-terrorista en el cual apenas unos días antes cerca de 50 personas fueron quemadas vivas en el Casino Royale de la ciudad de Monterrey. De este modo, ni siquiera su propio informe de gobierno pudo escapar a la sombra de la terrible inseguridad con la cual la guerra de legitimación de Felipe Calderón enlutó al país.

A estas alturas, y para que le quede bien claro al Secretario de la Defensa Nacional Guillermo Galván Galván: La lucha armada en contra la delincuencia organizada emprendida por Felipe Calderón para legitimar su Presidencia con acciones espectaculares ha sido un soberano fracaso. Ni han disminuído los índices de drogadicción en los Estados Unidos (por el contrario, han aumentado), ni han disminuído los índices de drogadicción en México (en donde también han aumentado), ni han disminuído apreciablemente las ganancias multimillonarias de los cárteles de la droga, y salvo golpes menores de poca monta que se han dado como la detención de uno que otro narcosubmarino que posiblemente no representa ni la centésima parte de la flotilla de narcosubmarinos que se están utilizando para hacer llegar cocaína colombiana a los Estados Unidos, tampoco se han mermado en forma apreciable las fabulosas ganancias obtenidas por los cárteles de la droga, y en los Estados Unidos, el principal proovedor de armas para la delincuencia organizada en México, no hay iniciativa alguna en el Congreso estadounidense para prohibir la fabricación y venta de armas de fuego a la población civil atendiendo las presiones ejercidas por el poderoso lobby que representa la National Rifle Association (uno de los poderes fácticos dentro de la democracia norteamericana) a grado tal que ni siquiera el Presidente Barack Obama ha presentado una iniciativa al respecto.

A menos de que de un día para otro se mueran los millones de drogadictos norteamericanos que están financiando con su vicio a los cárteles de la droga mexicanos, lo cual no va a ocurrir, lo único que se puede hacer es reconocer la grave situación como un problema de salud pública, algo que al menos en México se debería de haber hecho en lugar de utilizar a las tropas del Ejército mexicano para combatir a la delincuencia organizada.

Pero el problema es que ni Felipe Calderón ni quienes lo alentaron a emprender tamaña estupidez, una estrategia fallida que le ha costado a México más de 50 mil cadáveres sumados al costo social enorme y desproporcionado de las viudas y huérfanos que esos miles de mexicanos muertos ha traído consigo, están dispuestos a aceptar la responsabilidad que les toca por lo que hicieron (lo cual en cierta forma los convierte culpables en haber incurrido en delitos de lesa humanidad).

La verdadera prioridad del panismo y sus infiltradores los Yunquistas nunca fue ni ha sido acabar con la delincuencia organizada en México, algo que jamás país alguno en la Historia de la humanidad ha podido lograr (excepto algunos países comunistas en tiempos de totalitarismo), sino retener el poder federal a toda costa, inclusive a costa del derramamiento estéril de la sangre de miles de mexicanos a consecuencia de las acciones de legitimación del panismo en el poder. De hecho, la fracasada guerra de Calderón les ha ayudado a desviar los reflectores mundiales que de otra manera estarían cayendo directamente sobre la forma en la cual ha estado operando la extrema derecha mexicana y la forma en la cual se ha estado apoderando del gobierno de México empezando por el gobierno federal y por algunos gobiernos estatales tales como los gobiernos de Jalisco, Guanajuato y Baja California.

Por su parte, los aspirantes panistas a la silla presidencial, lejos de repudiar la catastrófica y torpe guerra emprendida por Calderón ofreciendo otras alternativas, ya han declarado en el 2011 que en caso de ganar cualquiera de ellos la Presidencia de México en el 2012, le seguirán dando continuación a la “guerra” de Calderón tal y como él la ha estado llevando a cabo (en el cartón, el orador está pronunciando desde la palestra del Partido Acción Nacional las palabras “Continuaremos con la política de seguridad del Presidente Calderón”):

Título: Fuerzas vivas

Cartonista: Naranjo

Fuente: Revisa PROCESO

O sea, más de lo mismo. Esto, desde luego, en caso de ganar. Falta ver si el pueblo de México les permitirá a los panistas-Yunquistas que con la ayuda de TELEVISA, TV AZTECA y Radio Fórmula lo timen de nuevo para así continuar sumando otros 50 mil o 100 mil cadáveres en un funesto tercer sexenio panista como preludio a la virtual destrucción del país o la instalación de un gobierno fascista de corte totalitario con un cada vez más ultraderechizado PAN transmutado a un PNY (Partido Nacional del Yunque), un PNSM (Partido Nacional Socialista de México), o algo similar.

Fracaso, tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso.

¿Merecen el Partido Acción Nacional, la Organización Nacional del Yunque, y los demás poderes fácticos que respaldan a la derecha y a la ultraderecha nacional, seguir gobernando a México? Ellos así lo creen, y están preparándose para repetir un tercer sexenio en el poder después de que Felipe Calderón haya entregado la banda presidencial a su sucesor.