“Todos están en mi contra”

En la obra más conocida de Lewis Carroll titulada Alicia en el país de las maravillas, sin lugar a dudas el personaje más ruin, más intolerante, más autoritario, más duro, incapaz de aceptar o tolerar cualquier tipo de crítica, y ciertamente incapaz de reconocer error alguno, lo es la “Reina de los Corazones”:

que por cualquier motivo cuando hacía un coraje se iba en contra de cualquiera ordenándole a sus soldados: “¡Abajo con sus cabezas!”.

No muy diferente a la Reina de Corazones en el cuento de Lewis Carroll, poco antes de hacerse un favor a sí mismo y de hacerle un favor a la humanida entera al cometer su suicidio el dictador Nazi Adolfo Hitler despotricaba en contra de todo y de todos, incluyendo a aquellos que estuvieron a su lado hasta sus últimos momentos, acusándolos de haberlo traicionado, tronando como Júpiter tonante en lo que sería quizá su última rabieta histérica. Ciertamente Hitler, artífice supremo de las teorías bizarras acerca de “la gran conspiración judía masónica comunista” que sus alucinados admiradores insisten en perpetuar en la actualidad, culpó a los judíos de su derrota, lo cual se cobró por anticipado en los hornos crematorios de los campos de concentración. Pero en su estrepitosa caída, terminó culpando también a sus propios Generales incondicionales, a sus leales camaradas, de haberlo traicionado, de forma tal que Hitler (según Hitler) era el único que había tomado todas las decisiones correctas sin equivocar ninguna. Y habría terminado decapitando a todos los que le rodeaban con un hacha hasta quedar él sólo sin tener a nadie más a quien culpar.

Más recientemente, en México, se tiene un ejemplo de un ser casi paranoico que incapaz de reconocer error alguno e igualmente incapaz de remendar sus decisiones estúpidas está culpando ahora a cualquiera y a casi todos por las terribles consecuencias que su guerra de legitimación en contra de la delincuencia organizada con estrategias equivocadas y hechas al vapor le trajo a México, como puede apreciarse en la siguiente nota:

Considera Calderón demandar a quien critique su lucha anticrimen
EL UNIVERSAL
28 de noviembre del 2011

El presidente Felipe Calderón Hinojosa advirtió que analiza “todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes” han denunciado al Gobierno en foros y tribunales internacionales de cometer delitos contra la humanidad y crímenes de guerra, en el marco de la lucha contra el crimen organizado.

Además, Calderón Hinojosa defendió nuevamente su estrategia de seguridad, y rechazó categóricamente las imputaciones “falsas y calumniosas que un grupo de personas realiza ante la opinión pública y en instancias como la Corte Penal Internacional”.

“Las imputaciones al Gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia. Sin embargo, constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México, por lo cual, el Gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales”.

En un comunicado de prensa, el primer mandatario aseguró que su gobierno ha procedido legalmente en casos donde se han detectado y probado violaciones a derechos humanos e insistió que las fuerzas federales son desplegadas a petición de los gobernadores.

“El Gobierno de la República ordenó que se apoyara a tales autoridades y se combatiera a la delincuencia organizada con estricto apego a la ley. En estas acciones, las fuerzas federales cumplen con sus deberes constitucionales y legales, señaladamente los de cumplir y hacer cumplir la ley, preservar la Seguridad Interior del país, coadyuvar en el establecimiento de la Seguridad Pública y apoyar al Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos, y se han desempeñado bajo órdenes explícitas de actuar con pleno respeto a la ley, a las garantías individuales y a los derechos humanos de todas las personas”, expresó Calderón Hinojosa.

La Presidencia de la República consideró “absurdo” equiparar las acciones de un Gobierno democrático para garantizar la seguridad con delitos contra la humanidad, que se cometen por Estados “autoritarios”.

En los casos excepcionales, “tales violaciones, que por supuesto son repudiadas y castigadas por el Estado mexicano, no son, de ningún modo, sistemáticas ni mucho menos resultado de una política institucional”.

Para el Presidente de la República México tiene una “democracia vibrante, con poderes independientes y equilibrados entre sí, con instituciones de derechos humanos autónomas y un sistema de libertades y garantías y vigencia de derechos humanos como pocas naciones en desarrollo”.

Calderón Hinojosa enlistó una serie de reformas recientemente aprobadas por el Congreso que demuestran el compromiso del Estado con el respeto a los derechos humanos, como son los cambios en la Constitución en materia de Derechos Humanos, Penal, y de Amparo, y que constituyen la mayor ampliación de libertades y garantías de Derechos Humanos que se haya realizado en México en décadas.

“Estas reformas demuestran además, que el esfuerzo del Gobierno no se limita a enfrentar y combatir a la criminalidad, sino que ha emprendido una profunda reforma legal e institucional para mejorar substancialmente a los órganos encargados de la Seguridad y la Procuración y Administración de Justicia en todo el país”, indica el comunicado.

Agrega que “esta reforma se lleva a cabo a través de nuevas leyes y la transformación de instituciones como la Policía Federal o la Procuraduría General de la República, así como a través del impulso permanente a las entidades federativas para que realicen la depuración y fortalecimiento de sus cuerpos policiacos, ministeriales y judiciales”.

De este modo, el Presidente reformista, “legítimo”, el candidato presidencial de las manos limpias instalado en la Presidencia de la República “haiga sido como haiga sido” con una feroz guerra sucia mediática en consonancia con el duopolio de las televisoras a cambio de los favores que estas esperan y reciben del PAN-Gobierno y con el apoyo y respaldo absoluto de los infiltradores de la extrema derecha que a través del PAN están construyendo su gobierno paralelo secreto, ha advertido ya que se irá en contra de todos aquellos que se atrevan a criticar su lucha anticrimen.

Sólo hay un obstáculo en la cacería de brujas Macarthista que Felipe Calderón pretende emprender con “espada de PGR” en mano en contra de sus acusadores: son miles y miles los que lo acusan. Y algunos de ellos están ansiosos en ser “castigados” por Felipe Calderón con toda la dureza de la ley a sabiendas de que esa represión venida desde la cúspide del poder lo único que logrará será convertirlos en héroes haciéndolos entrar por la puerta grande a las páginas de la Historia:

Se pondrá a disposición de PGR jurista que acusó a Calderón ante CPI
Pedro Matías
Agencia APRO
28 de noviembre del 2011

Ante el “amago” del gobierno federal de proceder legalmente contra los 23 mil ciudadanos mexicanos que recurrieron a la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar al presidente Felipe Calderón por crímenes de guerra y de lesa humanidad, el jurista Juan José López Villanueva anunció que a partir de mañana se pondrá a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR).

Entrevistado al término del Foro “Los alcances de la reforma constitucional federal y local en materia de derechos humanos”, el jurista declaró: “El señor (Felipe Calderón) ya perdió los estribos” y por ello mismo, dijo, “mañana vamos a ir a la PGR y nos vamos a poner a disposición constitucional del Ministerio Público Federal”.

En virtud de que es uno de los 23 mil firmantes del expediente de 700 páginas, en las que se documentan 470 casos de presuntos abusos y violaciones a los derechos humanos cometidos durante este sexenio, el abogado del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia agregó: “Yo veo con mucha sorpresa la postura del gobierno federal. Me parece que es un amago que no podemos pasar por alto quienes apoyamos esta medida y hemos estado muy atentos al devenir histórico del país”.

En lo personal –subrayó–, considero que “deben empezar a deslindarse responsabilidades políticas, jurídicas e históricas en contra de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, el primer responsable de la tragedia nacional y que ha convertido a nuestro país en un terreno de cadáveres y personas desaparecidas”.

Durante su participación en el foro, añadió:

“Si las cosas van como siguen, estamos hablando de que esta administración va a sumar cerca de 100 mil víctimas propias de una guerra civil, entre desaparecidas y ejecutadas”.

Y ante el “amago”, en el entendido de que quizás van a ser demandados por la vía penal y civil, el jurista insistió: “Hago acuse de recibo y con mucho gusto le responderemos (a Calderón) en los tribunales nacionales e internacionales”.

Por lo pronto, adelantó que este martes “vamos a ir a la PGR, y si otros quieren sumarse a la causa, bienvenidos, hay que movilizar a la sociedad porque tenemos que parar esta masacre”.

López Villanueva subrayó que, con su actitud, el presidente Calderón lo único que demuestra es “miedo”. Y es que, añadió, “no creo que pueda dormir tranquilo, no creo que se pueda ir a la cama y abrazar a su familia con 50 mil muertos en el país”.

Remató:

“El presidente de las manos limpias no creo que esté con la conciencia tranquila, entonces creo que hemos tocado un nervio neurálgico: el miedo”.

Este es pues el principal problema que tendrá Felipe Calderón, no le bastarán todos los recursos de la Procuraduría General de la República para “castigar” a todos aquellos que se atrevan a cuestionar su infalibilidad, sapiencia y sabiduría con las que cree haber gobernado al país. Ni siquiera con 10 mil veces la cantidad de abogados y agentes ministerios públicos federales con que actualmente cuenta la PGR le alcanzaría a Felipe Calderón para “hacer justicia” en contra de quienes le critiquen su guerra de legitimación, porque son ya millones de mexicanos que están arrepentidísimos de haber votado por él y de haber aportado al PAN millones de pesos para que pudiera vencer al izquierdista al que habían acusado en el 2006 de que sería “un peligro para México” si llegaba a la Presidencia de la República. A cinco años de distancia, en la mente de muchos mexicanos ya está perfectamente claro quién es el que realmente era (y es) un peligro para México. Y le harían falta a Felipe Calderón miles de cárceles porque se necesitarían demasiadas celdas para encarcelar a todos aquellos que lo están acusando (entre ellos Spectator, aunque esto ya no le será tan fácil).

El otro problema que tendrá Felipe Calderón es que los hechos documentados harán casi imposible que cualquier Juez por incondicional que sea a la causa del PAN-Gobierno le pueda dar la razón al Presidente de las minorías ultraconservadoras de México:

La fiesta punitiva de Calderón
Gloria Leticia Díaz
Revista PROCESO Num. 1830
26 de noviembre del 2011

Con las detenciones, legales, ilegales y hasta arbitrarias, perpetradas por elementos de las Fuerzas Armadas – en los primeros ocho meses de 2011 fueron privadas de su libertad 64 mil 820 personas–, el país parece inmerso en una “fiesta punitiva”, dice a Proceso Silvano Cantú, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Las cifras desusadas indican que en el país prevalece, en los hechos, un estado de excepción…

Las detenciones masivas de ciudadanos presuntamente implicados en delitos federales durante la guerra emprendida por las autoridades federales contra el narcotráfico han derivado en una “fiesta punitiva”, una muestra de que el gobierno de Felipe Calderón recurre más a “la restricción de libertades y al uso desproporcionado de la fuerza” que al aparato de inteligencia e investigación, considera Silvano Cantú Martínez, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Director de Incidencia e Investigación de la organización, Cantú es responsable de la redacción de un informe financiado por la Unión Europea en el cual aborda, entre otros temas, esa “desproporcionada práctica” de arrestos por delitos federales durante la actual administración por parte de las Fuerzas Armadas.

Con base en solicitudes de acceso a la información, durante los primeros ocho meses de 2011 la CMDPDH documentó los casos de 64 mil 820 personas que fueron privadas de su libertad. Además, según datos proporcionados por la Procuraduría General de la República (PGR), entre enero y septiembre último efectivos de las secretarías de la Marina Armada de México (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena) realizaron 8 mil 675 detenciones.

Y aun cuando las peticiones de la CMDPDH tuvieron que ver con las personas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público durante ese periodo por efectivos de la Semar y la Sedena (folios 000700172811 y 000700172711, respectivamente), el pasado 20 de octubre, por separado, la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional de la PGR emitió una sola respuesta para ambos casos:

“En relación a la solicitud e información en comento, y una vez analizada la información que posee esta Unidad Administrativa me permito informar que en el periodo enero-agosto de 2011, se contabiliza un total de 64 mil 820 personas detenidas a nivel nacional por los delitos contemplados en el Código Penal Federal”.

Además, por separado, las respuestas incluyen información de las 32 delegaciones de la PGR acerca del número de personas puestas a disposición del Ministerio Público federal por parte de soldados y marinos en el periodo de enero a septiembre de 2011.

De acuerdo con los documentos, la Semar entregó a la PGR mil 84 personas en 18 entidades: 207 en Veracruz, 193 en Tamaulipas, 141 en Nuevo León y 91 en Guerrero. La Sedena, a su vez, puso a disposición del MP a 7 mil 591 personas: 583 en Baja California, 601 en Guerrero, 645 en Nuevo León y mil 141 en Tamaulipas.

No obstante, los datos entregados por la PGR a la organización difieren de los que maneja la Sedena en su sitio en internet, en el que reporta 39 mil 120 capturas durante el sexenio calderonista. De éstas, 10 mil 363 fueron arrestos efectuados entre enero y octubre de este año, lo que significa que entre septiembre y octubre la Sedena detuvo a 2 mil 772 personas, o bien que no proporciona la información completa a la PGR.

Aun así, la cifra de 64 mil 820 detenciones proporcionada a la CMDPDH es impresionante, sobre todo si se toma en cuenta que en 2008 la PGR informó que del 1 de diciembre de 2000 al 30 de septiembre de 2006 se capturó a 79 mil 595 miembros de siete organizaciones delictivas, según los datos entregados por la PGR al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), que a su vez puso a disposición de la comisión.

En otras palabras: los arrestos efectuados durante los primeros ocho meses de 2011 equivalen a 81.43% de los que se hicieron a lo largo del sexenio de Vicente Fox.

Abusos castrenses

Silvano Cantú Martínez comenta que su organización solicitó un desglose más detallado de las aprehensiones por delitos federales.

Y apunta: “La cifra desproporcionada implica que hay un uso privilegiado de la restricción de libertades a través del uso de la fuerza pública y militar sin estándares establecidos”.

Cantú insiste en que la información proporcionada por la PGR es una clara muestra de que en México “hay un estado de excepción institucionalizada en el que las Fuerzas Armadas realizan detenciones sin tener atribuciones para estar al frente de persecuciones o acciones penales. Ese es el botón de muestra más claro de la militarización de la justicia penal; ya se rebasó la militarización de la seguridad pública, que de por sí era preocupante”.

Hasta ahora, dice, en el desarrollo de su investigación la comisión no ha obtenido datos en torno al número de personas detenidas por las Fuerzas Armadas que fueron consignadas ante un juez; tampoco se sabe a cuántas de ellas se imputó algún delito específico.

La proporción de mil detenciones cada mes por miembros de la Marina y la Defensa en lo que va de 2011 “es alarmante –insiste el activista–, sobre todo porque las efectúan personas que carecen de capacitación y atribuciones legales. A ello se debe también que se hayan presentado más de 5 mil quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra las tropas de las Fuerzas Armadas durante el actual sexenio”.

Preocupa aún más, según el abogado de la CMDPDH, que al lanzar a las Fuerzas Armadas a la calle con carta abierta para realizar detenciones “no se haya tomado en cuenta el nivel de letalidad del Ejército, que en los últimos tres años y medio aumentó 465%”.

Cita al respecto el estudio Uso y abuso de la fuerza letal por parte de las fuerzas federales, realizado con base en la información proporcionada por las dependencias federales a partir de solicitudes interpuestas ante el IFAI por Carlos Silva, Catalina Pérez Correa y Rodrigo Gutiérrez, adscritos al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

La investigación indica que entre enero de 2008 y mayo de 2011 la participación del Ejército en la guerra contra el narcotráfico ha causado mil 598 muertes y 253 heridos; la relación es de 12 muertos por cada herido.

“Estamos hablando de un nivel de letalidad que no debería deambular por las calles. Esas cifras confirman los exhortos de diferentes organismos internacionales, entre ellos del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, cuyos integrantes pidieron a Calderón regresar a los soldados a los cuarteles”, resalta Cantú.

El informe de HRW

La estrategia de Calderón ha dejado un saldo de violaciones a derechos humanos alarmante. En su más reciente informe titulado Ni seguridad ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la “guerra contra el narcotráfico de México”, presentado el miércoles 9 por su director para América, José Miguel Vivanco, Human Rights Watch (HRW) incluye expedientes de 170 casos de tortura, 39 desapariciones forzadas y 24 ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por miembros de fuerzas de seguridad y castrenses en Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco.

Con base en información proporcionada por la Sedena, el documento confirma que las aprehensiones que la dependencia reporta en su sitio en internet fueron realizadas en “condición de flagrancia”. HRW aclara que “el Ejército no pudo proporcionar registros de cuántos de estos detenidos finalmente fueron acusados de la comisión de delitos o fueron condenados”.

En el momento en que la organización con sede en Estados Unidos solicitó la información, la suma de detenciones en el gobierno calderonista era de 31 mil 252 personas. Al terminar octubre la cifra sobrepasaba los 39 mil.

“En la mayoría de los casos documentados, los informes militares justificaban las detenciones en flagrancia, alegando que los soldados estaban respondiendo a denuncias y avisos civiles, que llegaban a ellos a través de números telefónicos y direcciones de correo electrónico creadas por el Ejército”, apunta el documento.

HRW agrega que “dada la escasa transparencia” del Ejército, no se sabe cuántas denuncias recibe ni cuáles son los criterios para actuar en consecuencia, pero “sí es evidente que el Ejército no solicita autorización judicial”. Además, mediante entrevistas con autoridades civiles los investigadores del organismo confirmaron que “son muy pocas las ocasiones que el Ejército las consulta antes de poner en marcha este tipo de operativos, que suelen tener como resultado detenciones en flagrancia”.

Y llama la atención que “el Ejército esté solicitando por su cuenta este tipo de avisos y respondiendo a ellos sin supervisión civil ni autorización judicial (lo que) supone una ampliación significativa, y en gran medida encubierta, de su rol en los operativos de seguridad pública”.

Para ilustrar la forma en que actúa el Ejército, la organización incluye dos casos en los que estuvieron implicadas cuatro personas detenidas “en flagrancia” en Ciudad Juárez, Chihuahua, por tropas de la Sedena.

El primero sucedió el 20 de febrero de 2010 y se refiere a la incursión de soldados en un bar de la ciudad fronteriza. En el operativo los soldados detuvieron a tres personas, a las que golpearon, vendaron los ojos y subieron a vehículos militares:

“Luego fueron trasladados a un lugar donde, tras desnudarlos, recibieron distintos tipos de tortura, como asfixia con bolsas de plástico, descargas eléctricas, golpizas y amenazas de muerte, hasta que aceptaran confesar que trabajaban para un cártel.”

En la audiencia de garantía, los soldados declararon que habían recibido una llamada anónima según la cual en el bar mencionado había dos sicarios de La Línea. Al llegar al sitio, agregaron, vieron a dos hombres “cuyas características coincidían con la descripción del informante” que intentaron escapar, pero “fueron aprehendidos en flagrancia”.

No obstante, cinco testigos respaldaron la versión de las víctimas y desmintieron la versión de los soldados; además, los certificados médicos confirmaron que los detenidos presentaron huellas de tortura, por lo que las autoridades castrenses tuvieron que liberarlos.

El otro caso incluido en el informe de HRW es el de Jesús Torrijos Barrón, cuya casa fue allanada por soldados la madrugada del 11 de junio de 2008. Y a pesar de que fue sacado de su domicilio con violencia por elementos del Ejército, éstos lo presentaron tres días después y expusieron en su reporte que lo habían detenido en flagrancia.

Torrijos Barrón estuvo preso hasta septiembre de 2008. Recuperó su libertad luego de que se comprobó que el informe de sus captores carecía de veracidad.

Lo peor del caso es que al sacar al Ejército de los cuarteles para efectuar labores propias de las policías, metiéndolo en una guerrita que en los menos de 12 meses que le quedan a Felipe Calderón en la silla presidencial no hay ya esperanza alguna de que se pueda ganar, Felipe Calderón puso al Ejército mexicano en una situación humillante haciéndolo partícipe de lo que es ni más ni menos algo que ningún Ejército en ninguna parte del mundo desea experimentar: una derrota. Y esto ha llevado a situaciones verdaderamente dolorosas como cuando, según rumores de algo que se comentó ante un militar mexicano cuando estaba fuera de México en una conferencia que tuvo lugar en Sudamérica, uno de los que estaban presentes en un foro de discusión y debates le echó en cara al militar mexicano la siguiente observación: “Esa guerra ya la perdieron (refiriéndose al Ejército mexicano y a la guerra contra las bandas del narcotráfico), porque las únicas guerras que el Ejército en México puede ganar son aquellas en las que las tropas bien armadas con superioridad numérica aplastante se enfrentan en contra de civiles desarmados masacrándolos en una plaza pública con el apoyo de tanquetas y fusiles de alto poder” (la alusión a lo sucedido en México en 1968 es aquí más que obvia). Sin lugar a dudas, doloroso el comentario, pero confirmado en parte por los hechos.

Quizá lo que más le cala hasta la médula a Felipe Calderón es haber sido denunciado ante el Tribunal Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, porque eso ciertamente le debe hacer mella a su “prestigio internacional”. Lo cual le amplía su lista negra de personas en contra de las cuales querrá descargar todos los recursos del poder que le queda en sus manos, aunque entre tales personas se incluya a legisladores que están de acuerdo con la acusación:

La querella contra Calderón en La Haya, reflejo del error estratégico ante el crimen
Andrea Becerril, Roberto Garduño y Fernando Camacho
LA JORNADA
27 de noviembre del 2011

La demanda interpuesta ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente Felipe Calderón, miembros de su gabinete de seguridad y el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, por cometer delitos de guerra y de lesa humanidad en la lucha con el narcotráfico, es pertinente y necesaria debido a la imposibilidad de juzgar dichos crímenes en el país, y para visibilizar aún más el estado de “emergencia nacional” en el que se vive todos los días, consideraron activistas de derechos humanos.

En tanto, senadores y diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) advirtieron que la denuncia refleja la inconformidad entre buena parte de los mexicanos por los costos de la "errada" estrategia oficial contra el crimen organizado.

Consideraron que si bien no se puede asegurar que el Ejecutivo federal sea culpable de la muerte de 50 mil mexicanos, en la llamada guerra contra las drogas “sí tiene una enorme responsabilidad en este ominoso fenómeno”.

El senador perredista Arturo Núñez señaló que, independientemente de si la Corte de la Haya le da entrada a la denuncia, es un aviso para el gobierno federal, que insiste en mantener al Ejército en tareas policiacas, en considerar daños colaterales a los miles de muertos y desaparecidos, y en permitir la impunidad con que actúan los responsables de seguridad pública.

En entrevista por separado, Víctor Hugo López, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, (Frayba) con sede en Chiapas, señaló que la fundamentación del expediente que presentó el abogado Netzaí Sandoval es “oportuna y consecuente debido a la tragedia nacional que vivimos hoy. No es posible que ocurran masacres casi a diario y el Presidente siga insistiendo en que no va a parar su estrategia de lucha contra la delincuencia organizada”.

Agregó que es previsible que Calderón y sus aliados se resistirán a ser juzgados o admitir su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad, como ha ocurrido con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por eso es necesario que los organismos de la sociedad civil presionen para hacer efectivo el acceso a la justicia.

Raúl Ramírez Baena, presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, afirmó que la acción de Netzaí Sandoval es “muy oportuna”, porque pone en perspectiva los delitos de lesa humanidad que ocurren en el país, en particular las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada y la tortura.

En muchos de ellos, alertó, hay complicidad del Estado mexicano por acción, omisión o aquiescencia, y se ven afectados ciudadanos inermes sin relación alguna con el crimen organizado. "Hay una evidente ruptura del estado de derecho y del debido proceso", como lo comprueban las decenas de abusos que ha documentado esta organización civil en el estado de Baja California.

El senador Ricardo Monreal recalcó que seguramente habrá más denuncias en tribunales internacionales, a las que Calderón tendrá que hacer frente, tarde o temprano, por los 50 mil muertos y casi 10 mil desapariciones forzadas en lo que va de su sexenio.

“Si ciudadanos mexicanos acuden a tribunales en el extranjero es porque aquí se les niega la justicia, de hecho la justicia no existe en nuestro país. Estoy seguro que muchos de los funcionarios que hoy se vanaglorian con su estrategia fallida contra el narcotráfico, sin importar la muerte de miles de inocentes ni las violaciones a derechos humanos, van a terminar siendo juzgados en La Haya y otras instancias internacionales.”

El senador Arturo Núñez Jiménez expuso que estará atento al desarrollo de esa demanda ante la CPI, a la que, si el tribunal le da entrada, pondrá en la mira internacional la responsabilidad de Calderón y de los secretarios de la Defensa, Marina y Seguridad Pública en la muerte de inocentes, o en la desaparición de civiles y en la violación de derechos humanos de civiles, durante operativos contra narcotraficantes y demás criminales.

En la Cámara de Diputados, el grupo parlamentario del PAN consideró que Felipe Calderón no es responsable de esos miles de muertos, porque los gobiernos locales (municipales y estatales) son los que no han logrado brindar seguridad a sus gobernados.

Óscar Arce Paniagua (PAN) adelantó que la denuncia no prosperará porque “los delitos de lesa humanidad son perseguidos cuando el mandatario o el funcionario da la orden de que se cometan. Los asesinatos han sido del crimen organizado y en los que tiene jurisdicción la Federación son muy pocos, porque aunque deben ser investigados por el fuero federal, los estados no aportan los elementos que sustenten su inclusión”.

En contraste, el coordinador del Partido del Trabajo, Pedro Vázquez, indicó que Felipe Calderón y su actuación sí conllevan responsabilidad porque ha lanzado al Ejército a las calles, sin sustento legal y constitucional, con la intención de investigar y perseguir delitos que sólo corresponden a la autoridad civil.

Jaime Cárdenas, diputado del PT, respaldó la denuncia “que se ha difundido por la política de violación a derechos humanos en un combate a la delincuencia que tiene muchas consecuencias, y a pesar de que estará difícil que prospere es de suma importancia que se haya elevado ante un organismo internacional”.

Pero no sólo activistas de derechos humanos han considerado que al Presidente Felipe Calderón “se le pasó la mano” en sus amenazas proferidas en contra de cualquiera que no esté en disposición de alabarle las bondades de su gobierno. También en el Congreso de la Unión han arreciado las críticas en contra del hombrecillo al cual el saco presidencial le quedó demasiado grande, aunque los panistas (como era de esperarse, sobre todo los plurinominales que no representan a nadie) han salido para defenderle su desgastada imagen.

En la misma revista que la anteriormente citada, otro editorialista expone varias razones del por qué a Felipe Calderón no le es tan fácil lavarse las manos cual Poncio Pilatos para desentenderse de la responsabilidad que le toca por el desastre en el que su imperiosa necesidad de legitimarse así como su vanidad y su soberbia metieron al país:

El enjuiciamiento que viene
Julio Scherer Ibarra
Revista PROCESO Num. 1830
26 de noviembre del 2011

La cauda de víctimas de la guerra de Felipe Calderón contra el crimen organizado arrastra innegables responsabilidades. La decisión unilateral de iniciar una espiral de violencia tiene consecuencias para quien la tomó y para quienes la ejecutaron. En el ordenamiento jurídico nacional están claramente identificadas las de carácter administrativo, civil y penal. Esta es, en resumen, la tesis que expone Julio Scherer Ibarra en su libro de reciente aparición El dolor de los inocentes (Grijalbo, 2011), obra de la que –con autorización del autor y de la editorial– se reproducen aquí fragmentos de la Introducción y del Capítulo 4: “Las responsabilidades”

Los inocentes (sobre todo las madres, las embarazadas y los niños) ya hacen sentir su presencia en el trasfondo de la guerra iniciada por Felipe Calderón hace cuatro años y medio. A decir de algunos, murieron a consecuencia del azar; pero ocurre que el azar es un presente cargado de historia. Ciertamente no fueron casuales la presencia de las Fuerzas Armadas de México en la batida contra el crimen organizado ni la respuesta de los delincuentes a la movilización en su contra. Las personas que han muerto o desaparecido desde el comienzo del conflicto son la cifra incierta de una guerra que ha traído zozobra e incertidumbre al país.

Hoy nadie es capaz de predecir si la guerra se prolongará en el fragor de la refriega terrible o si se apaciguará, poco a poco o de manera súbita. Este libro, en su simple descripción de los hechos, lleva, sin embargo, a una conclusión: la de que tarde o temprano, antes o después, la voz acusadora de los muertos del “azar” y los desaparecidos que no reaparecen habrá de resonar en la República con el clamor de que se haga justicia y se actúe contra los responsables de su tragedia.

Los antecedentes los conocemos todos: después de los comicios del año 2006 y la llamada “guerra sucia” que los caracterizó, plagada de abusos y francos desacatos a las leyes electorales,1 Felipe Calderón Hinojosa se lanzó contra el crimen organizado, y, especialmente, contra el narcotráfico. En esta guerra vio la oportunidad de acreditarse como un patriota que, desde la Presidencia de la República, velaría como nadie por la seguridad del país. Comandante supremo de las Fuerzas Armadas, recurrió al Ejército y la Marina para luchar contra los cárteles de la droga.

Sin embargo, el tiempo demostraría que el presidente, al comenzar su mandato, no tenía noción del conflicto descomunal que desataría en la República. De los cárteles nada sabía; del narcotráfico enquistado en las altas y bajas esferas del país tampoco tenía noticia. Pronto ofrecería el espectáculo lamentable del hombre que camina entre la bruma y regiría su actuación como gobernante en principios distantes de la descarnada política. En los hechos, afirmaría que la violencia se combate con la violencia y que a la postre habría de ganar el más fuerte, en este caso, el Estado.

Las consecuencias que siguieron a esta conducta pública implican una alta responsabilidad por parte de la cabeza del Ejecutivo. Si el Estado es el titular exclusivo y legítimo de la fuerza, es inevitable, como corolario, que el uso de la desmesurada capacidad bélica de la autoridad debe contemplarse con prudencia. El recurso de las Fuerzas Armadas, el gran aval del gobierno, subraya el fracaso de una política capaz de ofrecer los niveles mínimos de seguridad y bienestar a los que el pueblo tiene cabal derecho. El Estado, sin más, apostó a su mejor carta y así, automáticamente, devaluó el resto de la baraja.

Si bien es formalmente legítima, la utilización de la fuerza pública puede convertirse, en los hechos, en otra forma extrema de violencia. El poder no debe ir más allá de los parámetros éticos y jurídicos que distinguen a un Estado de derecho, de suerte que violentar o menospreciar estos límites daría origen a un quiebre paulatino de las instituciones, fundamento real y visible del Estado de derecho.

La condena

(…)

Felipe Calderón hizo valer su cargo eminente y tomó decisiones sin sustento legal. A la vuelta de su historia, escucha ya los más serios cuestionamientos acerca de su quehacer. ¿Cuál es su responsabilidad?

Para establecerla, debemos examinar distintas clases de responsabilidad. La responsabilidad política, en primer lugar, “es aquella que tienen los funcionarios federales cuando con su conducta violen los intereses públicos fundamentales y su buen despacho, y también la que tienen los funcionarios estatales cuando con su conducta incurran en violación a las leyes federales y a las leyes que de ellas emanen, o por el manejo indebido de fondos o recursos federales”.2

Las responsabilidades jurídicas, por su parte, pueden ser administrativas, civiles y penales. Por lo que respecta a las responsabilidades de los servidores públicos, la jurisprudencia de nuestro país establece lo siguiente:

De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 108 y 114 de la Constitución Federal, el sistema de responsabilidades de los servidores públicos se conforma por cuatro vertientes: a) la responsabilidad política para ciertas categorías de servidores públicos de alto rango, por la comisión de actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho; b) la responsabilidad penal para los servidores públicos que incurran en delito; c) la responsabilidad administrativa para los que falten a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en la función pública, y d) la responsabilidad civil para para los servidores públicos que con su actuación ilícita causen daños patrimoniales. Por lo demás, el sistema descansa en un principio de autonomía, conforme al cual para cada tipo de responsabilidad se instituyen órganos, procedimientos, supuestos y sanciones propias aunque algunas de éstas coincidan desde el punto de vista material, como ocurre tratándose de las sanciones económicas aplicables tanto a la responsabilidad política, a la administrativa o penal, así como la inhabilitación prevista para las dos primeras, de modo que un servidor público puede ser sujeto de varias responsabilidades y, por lo mismo, susceptible de ser sancionado en diferentes vías y con distintas sanciones.3

Han sido múltiples las consecuencias derivadas de la guerra, más allá de la flagrante violación cometida en su origen. Entre esas consecuencias destacó la forma como se hicieron llegar a las Fuerzas Armadas caudales inmensos. El asunto es particularmente grave para una sociedad con las enormes carencias de nuestra cartera, insuficiente para atender los rezagos seculares que padecemos. Paralelamente a tales cuestiones habría que esclarecer el soporte legal con el que actuó Calderón y precisar el uso que las Fuerzas Armadas dieron a la riqueza confiada a sus manos. Todos deberíamos saber de qué manera y conforme a qué criterios fueron utilizados los recursos públicos para emprender y sostener durante tan largo tiempo la guerra sin el cabal sentido de la coherencia.

Resulta válido vaticinar que estas tareas, apenas esbozadas aquí, en su momento habrán de ser tomadas en sus manos por grupos e instituciones que ya han expresado su malestar por el comportamiento del Ejecutivo. En el tema se impone la ilegalidad en la que ha incurrido el Ejecutivo, comportamiento del que pueden derivar responsabilidades administrativas, civiles y penales, todas por dilucidar.

Desde el punto de vista administrativo, no podrían pasarse por alto o minimizarse las faltas u omisiones del poder federal en cuestiones internas que atañen a entidades estatales, como ocurre con los bienes patrimoniales de éstas:

La responsabilidad administrativa es aquella en la que incurren los servidores públicos cuando, en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, su conducta contraviene las obligaciones contenidas en el Código de Conducta Administrativo que previenen las 24 fracciones del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.4

Desde el punto de vista civil, la responsabilidad se da en aquellos casos en los que se afectan intereses de terceros. Como mero ejemplo, llama la atención por su complicada sencillez el caso siguiente: en el supuesto de que una mansión de narcos hubiera sido vendida a precios irrisorios a una familia común y corriente que sabía con quién negociaba, ¿qué destino tiene el inmueble? El inmueble habría sido punto de partida de un escándalo entre las familias enteradas del caso. ¿Debe el gobierno o no hacerse del suntuoso bien? ¿Debe la familia pagar impuestos mínimos o sumas mayores? ¿Debe la familia pagar deudas acumuladas y exigidas por la hacienda pública? ¿O sencillamente nada ocurrió y el caso se archiva sin más? Como quiera que sea, el juego sucio aparece por doquier. ¿Tiene el Estado derecho de intervenir en problemas que él mismo complicó? ¿Qué papel habría de tener el Estado, visto que la autoridad desató la contienda y se comprometió a asumir el costo de los daños colaterales? La cita siguiente da luz sobre el tema:

Se entiende como responsabilidad patrimonial del Estado la obligación que tiene éste, como ente jurídico, de reparar a los particulares los daños causados con motivo de su actuación […]. Es evidente que existe una estrecha vinculación entre la responsabilidad patrimonial del Estado y el régimen de responsabilidades de los servidores públicos, toda vez que la primera se genera por la actuación de los servidores públicos en su calidad de autoridades o representantes del Estado […]. Esta actuación de los servidores públicos puede ser dolosa o por negligencia, pero en ambos casos el Estado está obligado a reparar el daño causado a los particulares por la conducta de sus servidores públicos.5

Habría que agregar: es inexcusable la responsabilidad objetiva civil de los servidores públicos en aquellos casos en que su conducta afecta a terceros. En este capítulo, dicha responsabilidad es regulada particularmente por la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Finalmente, es factible la intervención penal en los casos de acción u omisión del servidor público que incurre en delitos que sobrepasan los límites administrativos.

No puede pasar inadvertido que, desde el punto de vista penal, al presidente de la República, durante el tiempo en que funja como tal, no se lo puede enjuiciar por traición a la patria y delitos graves del orden común, tal y como lo establece el segundo párrafo del artículo 108 constitucional. Sin embargo, al término de su ejercicio sexenal podría comparecer ante la justicia, a fin de que respondiera por delitos graves acaecidos en sus años de gobernante.

Durante esta guerra han sucedido innumerables hechos que podrían constituir delitos. Los integrantes de la delincuencia organizada, obviamente, son responsables plenos de sus acciones. Simultáneamente, y como en toda guerra, existe la posibilidad de que los agentes del Estado (los miembros de las Fuerzas Armadas y las fuerzas públicas de seguridad) también hayan incurrido en hechos delictivos.

Los delitos que podrían haber cometido los agentes del Estado se enmarcan, por ejemplo, en el ámbito de ilícitos perpetrados contra el patrimonio de la Federación. Si los funcionarios no hicieron nada para detener el despojo más allá de las facultades de que estuvieran investidos para actuar, estamos frente al ejemplo típico de la complicidad, moneda de uso en las instituciones corruptas. Se da en los casos del servidor público que ejerce violencia sobre terceros a los que pretende someter a sus intereses, con lo que abre un espacio enorme a la vejación y a la humillación. En un sistema como el nuestro, la lacra del abuso de autoridad es parte ya de nuestra viscosa cultura política.

Por el homicidio tendrían que responder las personas que durante la guerra hubieran dado muerte a algún sujeto sin que concurrieran en el hecho los argumentos del crimen per se, esto es, la alevosía, la ventaja y la traición. La tortura, por su parte, es en sí misma la expresión nítida del mal, la complacencia, el gusto nefando en el sufrimiento del otro, y como tal debe ser perseguida, no importa quién la haya ejercido.

Perogrullo diría que una guerra trae consigo, inevitablemente, legiones de muertos, lesionados, desaparecidos y torturados, entre ellos, muchos inocentes. Sin entrar en la miseria cuantitativa, ese dolor podría adjudicarse a las partes en pugna. Al solo enunciado de estas líneas se agrega, obvia, la consideración siguiente: ¿quién paga por los inocentes, quién reivindica su muerte, quién los vela, quién debe quererlos para siempre por la sola y contundente razón de que nada debían, de que tenían la conciencia en paz y aun así cayeron abatidos? ¿Habrá manera de evitar un llamado a cuentas a la autoridad que engendró tanto dolor? ¿Quién podría detener el grito del infortunio y de qué manera habría que proceder para encarar un futuro huérfano? Sólo queda un camino a la vista: el alivio del hambre y la sed de justicia que padece la República, entrañable y dolida.

Es importante recalcar que NADIE (ni siquiera Spectator) está acusando a Felipe Calderón de haber ordenado las más de 50 mil muertes que le ha dejado a México su sangrienta guerrita. Pero algo de lo que ciertamente es culpable Felipe Calderón es de haber insistido con terquedad y obcecación en continuar con su misma estrategia cuando el fracaso estaba a la vista a los dos o tres años de haber sacado al Ejército de los cuarteles para iniciar esa desastrosa aventura. De hecho, al sacar al Ejército a las calles sin un plan de acción y sin objetivos de lo que sería un triunfo bien fijados (nunca se definió lo que sería considerado como una victoria, y mucho menos se puso fecha alguna para regresar al Ejército a los cuarteles), Felipe Calderón incurrió en lo que no puede ser considerado menos que un abuso de su autoridad como Comandante en Jefe del Ejército. Y si hubiera pedido primero la autorización al Congreso de la Unión para sacar al Ejército de los cuarteles en esta aventura, al menos podría haber repartido hoy parte de la culpa y la responsabilidad. Pero decidió abusar de su autoridad actuando solo y creyendo que por actuar solo de él y sólo de él sería el mérito de la victoria, el triunfo de haber “acabado con las bandas de la delincuencia organizada de México”. Quería llevarse consigo y reclamar para sí toda la gloria y el mérito, obteniendo con acciones espectaculares la legitimidad que no pudo obtener en las urnas en el 2006, y en lugar de ello ahora tiene que asimilar toda la responsabilidad y toda la culpa. Más aún, al aferrarse neciamente a la misma estrategia equivocada sin cambio alguno faltándole menos de 12 meses para entregar el poder, esa responsabilidad y culpabilidad crecen exponencialmente hasta ponerle la soga en el cuello.

No es seguro que la Corte Penal Internacional dé entrada a la denuncia interpuesta por 23 mil ciudadanos en contra de Felipe Calderón, como tampoco aún suponiendo que le den entrada a la denuncia se pueda anticipar la decisión que podrían tomar los jueces del Tribunal Penal Internacional en lo que podría terminando ser sin duda uno de los casos más espinosos que hayan caído en sus manos. Pero sin necesidad de tener que esperar hasta que tales cosas ocurran, hay otros jueces que pueden emitir su veredicto inapelable sobre la responsabilidad que pueda haber tenido Felipe Calderón en la comisión de esos delitos de lesa humanidad. Y esos jueces serán los electores que irán a votar en el año 2012 en las elecciones presidenciales en México. Y puesto que ninguno (y se subraya, NINGUNO) de los aspirantes del PAN a ocupar la silla presidencial en lo que vendría siendo un tercer sexenio del PAN en el poder ha repudiado abiertamente y con toda la dureza posible la estrategia fallida de Felipe Calderón en su guerra de legitimación, la opción es más clara que nunca: votar por perpetuar al PAN-Gobierno por otros seis años en el poder (y junto con ello a la ultraderecha encubierta, principalmente los agentes y militantes juramentados dentro de la Organización Nacional del Yunque) con todas las consecuencias que ello significará para México (muy posiblemente otros 50 mil ó 100 mil cadáveres junto con las viudas y huérfanos que dejen tras de sí), o sacar con un puntapié bien dado al PAN de Los Pinos por la vía pacífica propinándole el voto de castigo más duro y castigando a los panistas-Yunquistas justo en donde más les puede doler: quitándoles poder. Que es lo único que realmente les preocupa y les importa a fin de cuentas, mucho más que 50 mil ó 100 mil o medio millón de cadáveres que sus arrogancias le puedan costar al país. Y enviarle de paso a Felipe Calderón el mensaje claro de que tiene a muchos más mexicanos en su contra que los que pudiera haberse imaginado ni siquiera en sus peores pesadillas.

En una entrevista radiofónica celebrada a fines de noviembre del 2011, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), representante de los mismos pulpos que apoyaron al PAN y a Felipe Calderón en el 2006 con una cantidad masiva de recursos económicos para impedir que el izquierdista Andrés Manuel López Obrador pudiera sacar al PAN (y al Yunque) de Los Pinos, preocupado ante la caída vertical del PAN en las encuestas y mostrando inquietud ante la posibilidad de que el pueblo de México pueda echar fuera al PAN de la silla presidencial, dijo sin poder esconder su preocupación que el retorno del PRI al poder no era inminente. A lo cual se puede agregar que la permanencia del PAN por un tercer sexenio tampoco es inminente, siendo el hartazgo del PAN entre la población más que obvio. (Si el PAN, recurriendo a sus artes chuecas, a la ayuda mediática de TELEVISA, y a sus propagandistas del miedo, lograra evitar su anticipada caída en el 2006, ello significaría por lo menos 18 años de la recalcitrante derecha panista en el poder. Se recuerda que el dictador Porfirio Díaz duró 30 años en el poder, y al final de cuentas tuvo que ser echado del mismo por una insurrección armada que terminó costándole a México un millón de muertos.)

Entregarle la banda presidencial en el 2012 precisamente al mismo izquierdista al cual Felipe Calderón y sus cómplices Yunquistas calumniaron en el 2006 señalándolo como todo “un peligro para México” sería posiblemente la mayor bofetada en la cara que el pueblo de México le podría dar al hombre vanidoso, soberbio y ególatra al que nadie puede sacar de sus promocionales televisivos “Vivir mejor” en donde los actores que dizque representan al pueblo aparecen silbando de felicidad por la supuesta paz y prosperidad que el PAN-Gobierno le han dado al país en más de una década. Es dudoso que Felipe Calderón pudiera aguantar esa ceremonia de transferencia de poder sin correr el riesgo de sufrir un paro cardiaco o una embolia. Por otro lado, e igualmente duro para Felipe Calderón, entregarle la banda presidencial en el 2012 al candidato priista Enrique Peña Nieto sería un golpe colosal al ego de Felipe Calderón, porque sería recordado en los libros de Historia como el Presidente panista que regresó al PRI a Los Pinos, fallándole al juramento solemne que le hizo a su propio padre en su lecho de muerte. Y no sólo sería recordado por generaciones venideras como el Presidente panista que regresó el PRI a Los Pinos. Lo más seguro es que sería recordado como el último Presidente del PAN en la silla presidencial, porque tomando en cuenta la forma en la cual los panistas tradicionales, los neopanistas, y los Yunquistas que infiltraron al PAN le fallaron a México desentendiéndose de todas sus luminosas promesas de un “cambio” que nunca se dió, no quedaría mucho estómago entre los mexicanos para regresar al poder a quienes llegaron al mismo presentándose como hermanas de la caridad siendo que eran lobos disfrazados con piel de oveja. Y peor aún para los panistas, en caso de regresar el PRI al poder, a las mañas que ya tenía el PRI como partido hegemónico seguramente sumaría las nuevas mañas inventadas por el PAN-Gobierno (tales como la politización de la justicia en tiempos electorales), con lo cual sería prácticamente imposible para el PAN volver a repetir la hazaña lograda en el año 2000 cuando llegó al poder con sus promesas de cambio. Cualquiera de las dos posibilidades, ya sea un triunfo electoral del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, o el regreso del PRI a Los Pinos, serían para Felipe Calderón un golpe mucho más duro para su inmensa egolatría que los más de 50 mil muertos que su estrategia fallida en contra de la delincuencia organizada le ha costado al país. Seguramente pensando en tal justicia, muchos mexicanos están afilando ya sus credenciales de elector para tomar venganza y ajustar cuentas con el PAN-Gobierno en las elecciones presidenciales del 2012, pegándoles duramente justo en donde más les duele.