Antinomias

Un tema recurrente en los tractos de la derecha ultraconservadora, sobre todo en mamotretos voluminosos como los elaborados por el famoso antisemita Salvador Borrego Escalante, es sobre el abuso en la impartición de la justicia en los países con regímenes comunistas, como en la ya difunta Unión Soviética, como en Checoeslovaquia cuando estaba gobernada por los comunistas, o como en Cuba. Uno supondría que, si se toma en serio a los alucinados de la derecha ultraconservadora, en caso de llegar ellos al poder entonces ellos se encargarían de ponerle el ejemplo a los comunistas de antaño sobre cómo debe ser un sistema imparcial de impartición de justicia, con fiscales incorruptibles, garantizándose en todo momento el respeto a los derechos  humanos, evitando en todo lo posible el castigar a inocentes y aplicando todo el peso de la ley a todos aquellos encontrados culpables de la comisión de delitos graves, sin judicializar la política y sin politizar la justicia.

Bueno, al menos en lo que respecta a la impartición de la justicia bajo los Nazis en Alemania cuando Hitler era dictador, el asunto ya es cosa juzgada por la misma Historia. Pero si nos remitimos a tiempos recientes, específicamente a México, podemos juzgar a la derecha ultraconservadora por la forma en la cual se llevó a cabo la procuración de justicia cuando esta gobernó a México por 12 años. En el sexenio más reciente, el de Felipe Calderón, para muestra basta un botón, el siguiente:

La fiscal, en entredicho
Columna Portarretrato
Raymundo Riva Palacio
21 de abril del 2013

Cuando el presidente Felipe Calderón designó a Marisela Morales como su tercera procuradora en el sexenio en la primavera de 2011, parecía el sueño de los panistas para el año electoral que se venía. Había sido funcional al Ejecutivo, y por sus antecedentes, existía la posibilidad de que, dado el momento y la necesidad, torciera la ley en beneficio de objetivos políticos. “Denme el beneficio de la duda”, replicó a este espacio cuando se le criticó. “Nunca lo he hecho y nunca lo voy a hacer”.

El 19 de abril de ese año se publicó en la columna Estrictamente Personal: “Morales es la metáfora de la burócrata que por disciplinada y gris llega a la cúspide de su carrera. Fue revivida por el entonces procurador Eduardo Medina Mora, que la nombró jefa de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), tras descubrir que sus mandos trabajaban para el narcotráfico. En una paradoja que marcó su destino, estaba tan excluida y arrumbada en la última fila de la SIEDO que no fue contaminada por la corrupción imperante.

“Entró al cargo empapada de miedo. No quería aparecer en conferencias de prensa y en las primeras en las que participó pedía que no le tomaran fotografías de la cara. Entró en la tormenta de la ‘Operación Limpieza’... Lo que sí le encargaron fue el llamado Michoacanazo, la acción en que se detuvo a una treintena de políticos michoacanos por su presunta vinculación con los cárteles de la droga. Prácticamente todos los detenidos se encuentran en libertad, en parte porque no se integraron al expediente todas las pruebas de que disponían las autoridades. La jefa de la SIEDO no hizo bien su trabajo, debido a lo cual una operación judicial de gran envergadura se convirtió en un asunto meramente político. Jurídicamente, se puede argumentar que fue un fiasco. No importó en su designación. La forma como se ha prestado a la politización de casos jurídicos parece ser hoy una virtud.

“El caso más famoso fue el desafuero contra el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, cuando lo acusaron de haber violado la suspensión de un amparo en el predio El Encino. El caso, paradigmático en el gobierno de Vicente Fox, lo construyó el procurador Rafael Macedo de la Concha, quien responsabilizó de ello a Morales, que era la coordinadora general de Investigaciones de la PGR… En vísperas de que se girara orden de aprehensión en contra de él, Fox fue persuadido del error político que estaba cometiendo –por una falta administrativa menor que alcanzaba fianza– y reculó.

“El desafuero de López Obrador causó el despido de Macedo de la Concha y el retiro temporal de la PGR de Morales, quien ya había abusado antes de su poder. En 2005 se le abrió una investigación por falsificación de pruebas y delitos contra la administración de justicia, por haber acusado a Benjamín Sánchez Magallán, ex coordinador de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada –antecesora de la SIEDO–, de sustracción de documentos del caso del crimen del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Morales lo acusó en 2003 de desaparecer la declaración del nuncio papal Jerónimo Prigione, por lo que lo arrestaron. Sánchez Magallán se amparó y la denunció por las irregularidades en su consignación”.

Cuando con esos antecedentes se le señaló de ser funcional a los intereses del Ejecutivo, ella protestó. Se le dio en aquél momento el beneficio de la duda y que, como se había escrito, cambiara la idea de que “por años ha chapaleado en el lodo, como soldado incondicional del Presidente en turno, a costa de la ley que está obligada a procurar”. Tres años después, con el PAN fuera del poder, las cosas se le volvieron a voltear. Esta semana, el tramo de la “Operación Limpieza” que le tocó realizar, se derrumbó y aquellos a quienes metió en la cárcel como parte de una purga de funcionarios contra el narcotráfico, la acusan hoy de falsificación de pruebas.

No son nuevas las imputaciones y ella misma, a lo largo de este tiempo, las fue negando. Contaba, en cambio, todo el trabajo que hacía. Desde que como jefa de la SIEDO viajó múltiples veces para hablar con “Jennifer”, el testigo protegido de la DEA y pieza central en la “Operación Limpieza”, y posteriormente como procuradora a Texas, para entregar información a jueces federales sobre ex gobernadores priistas en Tamaulipas. Como el caso del Michoacanazo, que inició Medina Mora y profundizó ella le costó la gubernatura al PRD –no la ganó el PAN porque el gobernador Leonel Godoy movió la maquinaria de la izquierda a favor del PRI en el último mes de campaña–, en Tamaulipas le costó dos puntos al PRI en la campaña presidencial y un desprestigio que afectó la imagen del candidato Enrique Peña Nieto.

Morales había regresado a la PGR con Medina Mora por recomendación del secretario de la Defensa, general Guillermo Galván, y se convirtió en su gente de confianza durante la “Operación Limpieza”. Cuando Medina Mora renunció por no querer usar la justicia para fines políticos contra el PRI, como sí hizo contra el PRD, propuso a Morales en la terna, pero el presidente se inclinó por Arturo Chávez, que tuvo un paso efímero por la PGR porque no aceptó mezclar la ley con la política.

Llegó el turno de Morales, quien siempre tenía en la punta de la boca una frase que repetía como si fuera la descripción de su vida: “Cuando te toca, aunque te quites; cuando no te toca, aunque te pongas”. ¿O no es así?, afirmó una vez ante su interlocutor como si fuera pregunta. No había, en efecto, mejor frase que se le aplicara, en todos los sentidos. Ese destino que tuvo en algún momento, ha girado caprichosamente ahora en busca de otro destino, muy ominoso, que la persigue.

Aquí hay más material de reflexión:

Operación limpieza: las farsas de la PGR
Anabel Hernández
Revista PROCESO # 1903
21 de abril del 2013

Una investigación basada en los documentos y declaraciones ministeriales del testigo protegido Jennifer apunta a que la exprocuradora Marisela Morales fue la responsable de las falsas declaraciones ministeriales contra el que fuera zar antidrogas, Noé Ramírez Mandujano. Este semanario tuvo acceso a información pormenorizada –y verificada– de su historial como informante a modo.

A Roberto López Nájera le falta un dedo, contactó al FBI a través de internet y tiene asignada la clave de testigo protegido Jennifer, que ahora nombra el desastre que fue el sexenio de Felipe Calderón en materia de procuración de justicia y combate al narcotráfico.

López Nájera se decía abogado de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y colaborador de Arturo Beltrán Leyva. Sergio Villarreal Barragán, El Grande, operador de los Beltrán Leyva, afirmó en una declaración ministerial que López Nájera era conocido en la organización como El 19 y afirmaba estar casado con una hija del general Jesús Gutiérrez Rebollo. Y uno de los acusados en la Operación Limpieza, que nunca fue detenido, reveló que López Nájera era un abogado de Acapulco, Guerrero, bajo de estatura y moreno, al que contractó tras un ataque sexual contra un familiar.

La historia del polémico acusador y la del titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Noé Ramírez Mandujano, se empezaron a entrecruzar en 2007.

El 20 de septiembre de ese año el procurador general Eduardo Medina Mora y Ramírez Mandujano fueron advertidos de que los Beltrán Leyva habían infiltrado a la SIEDO cuando se encontraban en la XIX Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en Jiutepec, Morelos.

Por entonces otra protagonista del escándalo, Marisela Morales, estaba fuera de la PGR. Su último cargo era el de titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia, que desempeñó de mayo a diciembre de 2005, en el sexenio de Vicente Fox.

A Morales se le vinculaba con el exprocurador Rafael Macedo de la Concha, con quien incluso se afirma que procreó un hijo. El general De la Concha renunció en abril de 2005 y fue enviado como agregado a la embajada de México en Italia.

Pero en aquel septiembre de 2007 un agente del programa Resolución 6 del FBI, adscrito a la agencia antidrogas estadunidense DEA en la embajada de su país en México y quien usaba el nombre de “Juan de Jesús”, buscó a  Mario Alzave Trujillo, entonces titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la SIEDO. Le dijo que se había comunicado por internet con un informante relacionado con los Beltrán Leyva, en aquel tiempo socios de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. Era Roberto López Nájera.

El hombre del FBI dijo que si la SIEDO le mandaba fotos de su personal, dicho informante podía reconocer a los exmilitares y exgafes (miembros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas  Especiales, GAFE) que estaban pasándole información a los narcos.

Arzate le transmitió la propuesta a Ramírez Mandujano y éste pidió que el estadunidense se la planteara directamente a Medina Mora. Sin indagar más, el procurador ordenó que las fotografías se enviaran enseguida.

Ramírez Mandujano le encargó la tarea al ingeniero Miguel Ángel Colorado González, coordinador técnico de la SIEDO. Minutos después, el agente del FBI recibió las fotos del personal de la Dirección General Adjunta de la Coordinación Técnica de la SIEDO, encabezada por el capitán Fernando Rivera Hernández.

En respuesta, López Nájera dijo reconocer plenamente al propio Rivera Hernández, Roberto García García y Milton Carlos Cilia Pérez como los que informaban a los Beltrán Leyva de los operativos en su contra. Añadió que en los días siguientes se reunirían con Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca, Morelos. Medina Mora ordenó que el ingeniero Colorado González espiara a los tres elementos señalados para corroborar el señalamiento.

Aunque Colorado era el jefe del capitán Rivera Hernández, éste no se le subordinaba ni le informaba nada; argumentaba que él era el enlace de la PGR con el grupo de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que la información podía fugarse.

Medina Mora se quejaba con sus subordinados de que no podía cambiar esa forma de operar, ya que estaba enfrentado con el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y si también chocaba con la Sedena, “entre ambos lo harían pedazos”.

El procurador tuvo que pedir la autorización del general Guillermo Galván Galván, titular de la Secretaría de la Defensa, para investigar a los militares imputados. El secretario dijo que si se comprobaba el dicho del informante, se actuaría conforme a derecho.

Sin embargo, el capitán Rivera Hernández se dio cuenta de que lo seguían y utilizó a la guardia para amenazar al personal de Colorado. Esto se le informó a Medina Mora.

Ramírez Mandujano le pidió al procurador que cambiara de área a los militares sospechosos para que dejaran de filtrar información mientras se les investigaba. Medina Mora le prometió trasladarlos al área de trata de personas del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a la delincuencia (Cenapi), donde no tendrían información relacionada con el narcotráfico, pero ese cambio nunca se realizó.

El siguiente editorial muestra un convencimiento de cómo al caerse la tramoya de la justicia charra administrada por uno de los peores gobiernos en tiempos recientes (de derecha ultraconservadora tenía que ser), la vida de uno de los acusados y hoy liberados se encuentra en peligro por lo mucho que sabe:

Tomás Ángeles, un enemigo peligroso para Calderón
Editorial
Revista Siempre!
20 de abril del 2013

A cuatro meses de haber dejado el cargo como procuradora general de la república, Marisela Morales —con sobrepeso y la misma gruesa capa de maquillaje que esconde sus verdaderas facciones— se pasea en los centros comerciales desconfiada, insegura y en compañía de un guardia.

Se trata, evidentemente, de una abogada dedicada a hacerle el trabajo sucio al poder y a su país.

Su obra cumbre durante el sexenio de Felipe Calderón fue acusar al entonces subsecretario de la Defensa Nacional, general de división Tomás Ángeles Dauahare, de proporcionar información a los hermanos Beltrán Leyva; de facilitar el aterrizaje en Cancún de aviones cargados de cocaína y de recibir a cambio dinero sucio.

Prueba de que se trató de una venganza política, urdida por el mismo Calderón, es que la Procuraduría General de la República, hoy encabezada por Jesús Murillo Karam, decidió —a falta de evidencias— remitir su desistimiento a un juez para que ordene su libertad.

El caso Ángeles Dauahare pone en evidencia los turbios manejos de lo que llamó el exmandatario la “guerra contra el narcotráfico”, amén, claro, de ser un vivo ejemplo de cómo la Procuraduría General de la República fue utilizada como un instrumento de presión y venganza política.

¿Qué razones o motivos tuvo Calderón para encarcelar a Ángeles Dauahare, pero sobre todo para ensuciar su nombre?

Quienes lo conocen dicen que se trata de uno de los militares más destacados del Ejército, con una hoja de servicio impecable.

¿Acaso el pecado del general consistía en ser un crítico de la ilegalidad con que el gobierno venía manejando la lucha contra los cárteles? ¿Se opuso a que el Ejército atacara a unos e ignorara a otros?

Si hay un hombre que conoce a detalle los operativos de una guerra que dejó cien mil o más muertos, que costó al Estado mexicano miles de millones de pesos y dio al país un enorme desprestigio internacional por no obtener resultados, ese hombre se llama Tomás Ángeles Dauahare.

La lealtad de este general a las instituciones, su disciplina y manejo de la seguridad nacional, la información a la cual tenía acceso lo convirtió en un militar peligroso para Calderón. Sobre todo cuando muchos lo consideraban el favorito para ocupar la titularidad de la Secretaría de la Defensa Nacional durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Hoy queda en evidencia que la eliminación política del general era imprescindible para quienes buscaban que la red de intereses construida en torno al combate a los cárteles no resultara afectada al producirse el cambio de gobierno.

Calderón le debe una explicación al país sobre las razones que tuvo para torcer, como lo hizo, la aplicación de la ley, en un contexto que exigía exactamente lo contrario: un sistema de justicia penal que permitiera consolidar en tribunales el combate a la delincuencia organizada.

En lugar de esa optimización, la pasada administración dejó el aparato en ruinas. El procurador Murillo Karam ha sido muy cuidadoso al insistir en la urgencia de construir un nuevo sistema de justicia y en no dar detalles sobre las condiciones en las que encontró la Procuraduría General de la República. Pero es evidente que su antecesor permitió que la institución estuviera al servicio de la ilegalidad y de la politización de la justicia.

La detención del exsubsecretario de la Defensa se produjo justo dos meses antes de las elecciones presidenciales, cuando todo indicaba que el candidato del PRI iba a ser el ganador, y los medios de comunicación jugaban con la baraja de candidatos a ocupar cargos en el primer círculo del futuro presidente.

Después de su justa liberación, es obligado preguntar: ¿qué sigue para este general? ¿Cómo y hasta dónde puede ser reivindicado su prestigio? ¿Qué van a hacer el Ejército y el gobierno para limpiar su nombre? Pero, sobre todo, para protegerlo.

Por las declaraciones que dio la noche de su liberación, Tomás Ángeles Dauahare no está dispuesto a retirarse. Tampoco, asegura, a ser un problema para el gobierno. Sin embargo, mientras viva seguirá siendo una pieza clave para conocer el trasfondo de la política implementada por Felipe Calderón en contra del crimen organizado.

Sabe lo que pocos saben. Su vida peligra. Eso es un hecho.

En la misma revista, una semana después se publicó lo siguiente:

Infamia al general Ángeles Dauahare
José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
Revista Siempre!
27 de abril del 2013

Autoproclamado durante toda su carrera pública como campeador del Estado de derecho, Felipe Calderón Hinojosa se ufana como el paradigma defensor de leyes y de los procedimientos legales que rigen la república mexicana.

Así lo acreditan la infinidad de intervenciones del otrora legislador michoacano, del dirigente panista, del candidato a diversos puestos de elección popular y del cuestionado presidente de la república, quien escudado en la defensa del Estado de derecho lanzó el país a una guerra no convencional, que detonó con una flagrante violación constitucional al ordenar la salida de las fuerzas armadas de sus cuarteles, negándoles —durante todo su mandato— el necesario marco jurídico para sustentar su participación cotidiana en acciones no contempladas por nuestra Carta Magna para las instituciones armadas del Estado mexicano.

No contento con su obcecación por someter al Ejército al innecesario desgaste inherente a la falta de normatividad para asumir funciones policiales en diversas regiones del país, Calderón redujo la Procuraduría General de la República a una mera dependencia operada al antojo de su vengativo carácter, como de ello da testimonió el michoacanazo, estratagema judicial que distorsionó y evidenció el uso faccioso de la justicia por parte de quien alardeaba sobre un irrestricto apego a la ley.

A fin de cumplir con aviesos objetivos —y violar con ello la legalidad—, en materia judicial, Calderón y sus secuaces fincaron en la inmoralidad y la ilegalidad su “guerra contra el crimen organizado”, sosteniendo sus actos con denuncias arregladas, presentadas por los llamados testigos colaboradores, burda implantación del modelo estadunidense que otorga a delincuentes arrepentidos canonjías y concesiones a cambio de delaciones que en ese país conllevan exhaustivas pesquisas, y que en el nuestro se concreta a la credibilidad absoluta que el ministerio público otorgó a las acusaciones lanzadas por personajes de dudosa confiabilidad.

En ese contexto se ubican las acciones enderezadas en contra de funcionarios a quienes inconsistentes imputaciones de los testigos protegidos —acusaciones auspiciadas por el entreguismo presidencial hacia las autoridades estadunidenses—, que desembocaron en arrestos ejemplares que llevaron a las cárceles de alta seguridad a servidores públicos inocentes, para beneplácito de la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Janet Napolitano.

La prueba palmaria de la doble moral de Felipe Calderón se patentiza ante su impulsivo e irracional patrocinio para ordenar la detención de seis integrantes del Ejército Mexicano, arrestados con base en las acusaciones del testigo colaborador preferido de su administración —el narcodelincuente Roberto López Nájera, identificado como Jennifer—, quien afirmó la vinculación de los detenidos con el narcotráfico, grave imputación que no se investigó previamente a la detención de los militares señalados por su delator.

Por ello, la liberación por falta de pruebas del exsubsecretario de la Defensa Nacional, el general Tomás Ángeles Dauahare, demuestra los niveles de infamia a los que llegó una administración que se jactó de defender a ultranza el Estado de derecho y que en realidad contravino la premisa —que atinadamente enarboló el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, durante su mandato— de que al Estado de derecho sólo lo defiende el propio Estado de derecho.

El país entero fue testigo del uso faccioso del aparato de justicia cuando fue gobernado por la derecha reaccionaria, al igual que los alemanes fueron testigos del uso faccioso de su aparato de justicia cuando fue gobernado por la ultraderecha en los tiempos de Hitler, demostrando que los fascistas de hoy son iguales a los fascistas de ayer, no han cambiado en nada.

Las derechas y derechas ultrarreaccionarias de México están ansiosas por volver a ocupar la silla presidencial en el futuro, para darle a México más de lo mismo que documentan los anteriores articulistas. Y para ello están volviendo a echar mano de los mismos discursos viscerales y vitriólicos del pasado que tan buenos resultados les dieron, recurriendo a la exculpante por comparación diciendo “pero es que ellos hicieron cosas iguales o peores que nosotros” como si ello fuera gran justificante y gran consuelo, recurriendo a las mismas mentiras y falacias que han estado manejando en su propaganda tendenciosa profetizando reiteradamente la instalación de un super-gobierno mundial controlado por marxistas encubiertos. A ver quién les cree en esta ocasión.

El caso de los generales arrestados por órdenes que tuvieron que haber sido giradas directamente por Felipe Calderón tiene una conclusión (que veremos más abajo), porque ningún funcionario público se atreverá a detener a un oficial de alto rango del Ejército mexicano a menos de que una autoridad suprema lo ordene. Y en México, solo hay un hombre que actualmente cuenta con tanto poder para ordenar tal cosa, y ese hombre es el que despacha en Los Pinos.

Pero empezamos este trabajo con el título de antinomias, y vale la pena aclarar tal cosa para quienes nunca hayan escuchado esa palabra en sus vidas o que ignoren su significado.

Antinomias. Esto es parte de un procedimiento que consiste en buscar los argumentos contrarios a una propuesta o postulado, para que de este modo, teniendo todos los puntos de vista contrarios, las antinomias, sea posible extraer la verdad usando el sentido común. Es una vieja herramienta de la filosofía formalizada por Immanuel Kant.

La mañana del viernes 5 de julio del 2013, después de haber sido echados a prisión por una administración de corte derechista acusados de tener nexos con el narcotráfico, varios militares de alto rango del Ejército mexicano fueron liberados al no encontrar el juez pruebas en su contra excepto las declaraciones de un testigo protegido mentiroso que, ese sí, era un delincuente al servicio del narco:

Deberá PGR liberar a otros cinco militares
Agencia APRO
4 de julio del 2013

A nueve días de la liberación del mayor Arturo González Rodríguez, acusado de proporcionar información al cártel de los Beltrán Leyva dentro de la “Operación Limpieza”, la Procuraduría General de la República (PGR) alista la liberación de cinco militares detenidos durante la administración de Felipe Calderón por supuestos nexos con el narcotráfico.

De acuerdo con el abogado José Ordóñez González, el Juzgado Tercero publicó ayer el acuerdo por el que la dependencia encabezada por Jesús Murillo Karam presentó conclusiones no acusatorias contra los generales Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas y Rubén Pérez Ramírez, además del teniente coronel Isidro Silvio Hernández y el mayor Iván Reyna Muñoz.

Autoridades ministeriales confirmaron la decisión del Ministerio Público Federal de no continuar con el juicio, y comentaron que están a la espera de que Murillo Karam ratifique las conclusiones no acusatorias presentadas ante el juez Tercero de Procesos Penales con residencia en Toluca, Raúl Valerio.

Los militares quedarán en libertad inmediatamente después de que se dé esa ratificación, añadieron.

Los cinco militares mencionados, junto con el general Tomás Ángeles Dauahare, fueron acusados de presuntos vínculos con el cártel de los Beltrán Leyva, pero la PGR determinó que no hay pruebas que sustenten los dichos de testigos protegidos como Jennifer y el narcotraficante Sergio Villarreal Barragán, El Grande.

El 26 de junio, luego de cuatro años y medio de reclusión, el juez primero de Distrito en el Penal de “El Rincón”, en Nayarit, Mauricio Fernández de la Mora, absolvió y ordenó la libertad del mayor Arturo González Rodríguez, al estimar que la acusación de colaborar con la organización criminal provenía de testigos protegidos “mentirosos y mendaces”.

Con base en el fallo de la causa penal 38/2009, el juzgador consideró que no podía considerar culpable a González Rodríguez con base en los dichos de testigos protegidos “mendaces y mentirosos” como Jennifer y María Fernanda, artífices de la “Operación Limpieza”. En su sentencia, el impartidor de justicia estableció que María Fernanda ni siquiera conocía al mayor.

Los testigos protegidos acusaron al militar de proporcionar a los Beltrán Leyva y a Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, información de las Secciones Segunda y Séptima del Estado Mayor de la Defensa, sobre los movimientos del entonces presidente Felipe Calderón. También lo acusaron de reclutar militares para el cártel de los Beltrán, capacitar a sus grupos de escoltas a través de una empresa de seguridad privada de su propiedad y abastecerlos de armas.

Al final, el juez consideró que ninguna de las acusaciones fue probada, y en el caso de Jennifer se trata de declaraciones que fueron rendidas en el extranjero ante una autoridad que era incompetente y sin abogado, razón por la que tampoco tenían validez.

González fue capturado el 23 de diciembre de 2008 en Chiapas, con base en una orden de localización y presentación librada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), derivado de una denuncia anónima que lo involucraba con el narcotráfico.

A cinco años de haber sido lanzada la “Operación Limpieza”, de un total de 13 funcionarios que fueron encarcelados por su supuesta protección al narcotráfico, 10 ya fueron absueltos y liberados por falta de pruebas, entre ellos Noé Ramírez Mandujano, extitular de la SEIDO (antes SIEDO), y Gerardo Garay Cadena, excomisionado de la Policía Federal, los principales acusados.

Dos días después de que Ramírez Mandujano fue absuelto por los tribunales de las acusaciones que el gobierno de Calderón presentó en su contra en 2008, ocurrió la liberación del general Ángeles Dauahare, que en mayo de 2012 fue acusado, junto con Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez, así como el teniente Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz, de proporcionar a la organización criminal de los hermanos Beltrán Leyva información sobre las acciones del gobierno federal en su contra, por lo menos durante 2007, a cambio de dinero.

En su edición 1891, la revista Proceso dio a conocer que el caso del general Dauahare, quien dejó la cárcel el pasado 17 de abril, se le empezó a derrumbar al gobierno calderonista horas antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación liberara a la ciudadana francesa Florence Cassez.

De acuerdo con la nota firmada por Jorge Carrasco, a la PGR de Jesús Murillo Karam le iba resultar difícil sostener las acusaciones de delincuencia organizada fincadas por su antecesora Marisela Morales con el apoyo del entonces subprocurador Cuitláhuac Salinas y el teniente coronel de infantería y ahora coronel Avigaí Vargas Tirado, uno de los enclaves que tuvo el Ejército en la PGR durante el gobierno de Calderón.

Y así fue.

Requerida judicialmente por el abogado defensor del divisionario, Ricardo Sánchez Reyes Retana, la PGR aseguró que no tenía manera de comprobar que el general retirado fue protector del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, cargo por el que el gobierno de Calderón le enderezó la acusación de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

En un escrito entregado al juez Tercero de Distrito en Procesos Federales con sede en el penal del Altiplano, en Toluca, Estado de México, Raúl Valerio Ramírez, la dependencia respondió al abogado que las declaraciones de los “testigos protegidos colaboradores” no estaban corroboradas de manera convincente, salvo el hecho de que el encausado fue servidor público de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Los militares, inocentes ante la Ley, pero de cualquier modo encarcelados por la administración del derechista conservador y reaccionario Felipe Calderón en su “guerra” contra el narco, no quedaron muy conformes con su simple liberación:

Exigen militares liberados castigo a responsables de esta “villanía”
LA JORNADA
5 de julio del 2013

Agraviados por haber pasado más de once meses en prisión por una acusación que nunca se pudo comprobar de tener vínculos con el narcotráfico, esta madrugada fueron excarcelados del penal de máxima seguridad del Altiplano, los generales Rubén Pérez Ramírez, Roberto Dawe González y Ricardo Escorcia Vargas, además del teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto. Pese a la molestia que les causó su detención y encarcelamiento, los militares aseguraron que no tienen sed de venganza, pero sí pidieron a las autoridades que se castigue a los responsables de esta “villanía”.

En punto de la 1:40 horas de este viernes, los generales y el teniente coronel cruzaron juntos la ultima garita del Centro Federal de Readptación Social para encontrarse con sus familiares y abogados que durante más de cinco horas los esperaron en el exterior del penal bajo una incesante lluvia. Ya libres, rechazaron tener interés en contrademandar a ex funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), responsables de su aprehensión en mayo del año pasado, pero dijeron que este asunto no puede quedar sin castigo.

Rubén Pérez y Ricardo Escorcia agradecieron “la buena disposición” que tuvo la administración federal que encabeza Enrique Peña Nieto, para hacer justicia en este caso, y para no continuar con la farsa que se inventaron en el gobierno de Felipe Calderón, “tal vez para justificar su guerra contra el narcotráfico” dijo en general Pérez.

Horas antes, el juzgado tercero de distrito en materia penal federal había decretado la libertad inmediata de los generales, el teniente y del mayor Iván Reyna Muñoz —que no salió por tener una acusación pendiente por el delito de extorsión en Querétaro—, luego de que la PGR entregara conclusiones no acusatorias en el proceso que se les instruyó por presuntos vínculos con el cártel de los Beltrán Leyva.

El expediente lo inició la anterior administración federal y lo consignó la PGR a cargo de la entonces titular Marisela Morales. La imputación sólo se sustentaba en dichos de testigos protegidos que luego cayeron en contradicciones.

“La verdad fue una situación difícil. Estoy muy molesto. Me siento agraviado, fue una villanía lo que se hizo y qué bueno que se hizo justicia. Espero que la investigación que hacen las autoridades, no deje de castigar a los a los responsables de todo esto” dijo el general Pérez.

“Claro que hay resentimiento (con la anterior administración federal) por cómo se manejaron las cosas. También lamento que la institución a la que represento, se le haya agraviado de esta forma, pero bueno, ya serán las autoridades las que determinen lo conducente”, agregó.

De su lado, Ricardo Dawe, dijo que a pesar del agravio que sufrió ahora no queda más que mirar para adelante, y esperar a que la PGR investigue y castigue a los responsables toda esta situación.

“La verdad no me explico, ni idea tengo quien haya sido el responsable de haberme metido en este problema. Espero que las instancias investiguen quién cometió estas anomalías que hubo y que terminaron con este “usted disculpe”, apuntó.

Ricardo Escorcia, dijo que aunque no sabe a ciencia cierta quién fue el que orquestó todo esta situación que los mantuvo más de un año en prisión, se imagina que el ex presidente Felipe Calderón y con la ex procuradora Marisela Morales mucho tuvieron que ver, “porque al final ellos son los que daban las órdenes, o al menos eso es lo que dice la constitución”.

“Pese a todo no tengo resentimiento contra nadie. Bien lo dice el Salmo 98 y el 101: la venganza no es mía, la venganza es de Dios. … Claro que tiene que haber justicia, pero esa no lo imparto yo”, dijo.

Los generales Rubén Pérez y Roberto Dawe adelantaron que en breve se reportarán con sus superiores, ya que son miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras que Escorcia dijo que se dedicará a descansar ya que es un general retirado.

El teniente coronel Isidro Silvio Hernández Soto no dio declaraciones a su salida de la cárcel, mientras que el mayor Iván Reyna Muñoz, también absuelto por el juez, no fue liberado por tener una causa pendiente en su contra.

No queda duda alguna que un muy ingrato Felipe Calderón, no conforme con sacar al Ejército mexicano de los cuarteles para meterlo en una guerra estúpida para la cual el Ejército no estaba preparado y en la cual no hubo triunfo alguno ni proclamación de victoria al concluir el último insano sexenio de la derecha conservadora de México, decidió sacrificar a varios de sus más leales militares en pago a su lealtad y a sus servicios refundiéndolos en prisión hasta el último día en el que estuvo atornillado en una silla presidencial a la cual llegó por un triunfo tan cuestionado que todavía millones de mexicanos lo siguen considerando como un presidente ilegítimo y espurio. Y los militares habrían seguido en prisión, de no ser porque el pueblo de México expulsó al ultraderechizado Partido Acción Nacional del poder en el 2012. De haber sido Josefina Vázquez Mota la sucesora de Felipe Calderón, los militares habrían seguido pudriéndose en prisión por otro sexenio en virtud de que esta amoral mujer le habría cubierto el trasero a su amoral predecesor y correligionario político.

El principal culpable, el principal responsable del encarcelamiento de los militares, es sin duda alguna el entonces Presidente Felipe Calderón. Tuvo sus cómplices al cometer este acto de injusticia, al igual que Hitler tuvo sus cómplices cuando envió a millones de judíos a los hornos crematorios. Pero el peso de la culpa por tamaña arbitrariedad e injusticia reace sobre los hombros de este enano al cual el saco le quedó demasiado grande.

¿Y en dónde estaba Felipe Calderón mientras los militares humillados y vejados por él de tal manera se preparaban para salir de prisión y quedar reivindicados ante el pueblo de México? Pues, paseándose en Europa, promoviendo para México un “estado de derecho”. ¿Cómo el que él mismo le dió al país a lo largo de seis penosos y dolorosos años?:

Calderón presume en España su gobierno: “de estado fallido al milagro mexicano”
Alejandro Gutiérrez
Revista PROCESO
3 de julio del 2013

En un escenario totalmente controlado y bajo el cobijo del expresidente español José María Aznar, Felipe Calderón ofreció hoy aquí su primera conferencia fuera de Estados Unidos, en la que destacó que “el gran reto de México es ser un país de leyes” para que se consolide el Estado de derecho.

En su larga intervención, Calderón resaltó que medios de comunicación que llegaron a hablar de “Estado fallido” durante su gobierno, hoy se refieren al “milagro mexicano”.

El expresidente de México aprovechó el rígido modelo en su comparecencia en el campus de verano de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que encabeza Aznar, para evitar responder a las preguntas de la prensa, argumentando que está en su año de “voto de silencio”.

“No quisiera hacer declaraciones. Estoy en año de voto de silencio. Quiero ser cuidadoso y por lo menos un tiempo estar así, una disculpa”, se justificó ante los reporteros al finalizar su conferencia celebrada en la localidad de Guadarrama, al norte de Madrid.

En su intervención ante un público conformado básicamente por estudiantes, el exmandatario mexicano afirmó que “el gran reto de México es ser un país de leyes” para que se consolide el Estado de derecho, porque “para que haya comercio tiene que creerse en la libertad humana y para que haya inversión tiene que haber estado de derecho”.

Asimismo, en este ambiente a modo, se dedicó a defender durante 45 minutos las reformas económicas y políticas que puso en marcha su gobierno frente a la crisis económica de 2009 y destacó el papel de apertura de México en el comercio internacional durante su gestión.

Calderón no pronunció una sola palabra sobre el país que dejó como consecuencia de su guerra contra el narcotráfico, ni de los alrededor de 70 mil asesinados reconocidos oficialmente, más de 24 mil desaparecidos y decenas de miles de desplazados como consecuencia de esa estrategia.

No dijo una palabra sobre la denuncia que se formuló en su contra en la Corte Penal Internacional de La Haya, por violaciones “sistemáticas y generalizadas contra los derechos humanos”. Tampoco habló de la pelea al interior de su partido en México, Acción Nacional, donde el grupo de su discípulo Ernesto Cordero pelea contra el dirigente nacional, Gustavo Madero.

Solo se dedicó a presumir supuestos logros en materia económica

“Las claves estuvieron no sólo en enfrentar con fuerza y firmeza la crisis expandiendo y luego contrayendo, aportando competitividad y eso radica en la inversión en capital humano y físico, así como en el comercio, allí veo la potencialidad de la relación atlántica”, dijo.

Propugnó que América, Europa y África deben aprovechar su capacidad para expandirse mediante el comercio y la inversión.

Tras criticar las medidas proteccionistas de algunos países del G-20 o incluso de Brasil, Calderón resaltó la decisión de su gobierno de seguir abriendo a México a los tratados internacionales, hasta llegar a 44 acuerdos que abarcan a más de mil millones de consumidores en el mundo, que permitió reducir las tarifas arancelarias del 11 al 4 por ciento.

Repasó las medidas contracíclicas que adoptó su gobierno en plena crisis, primero para ayudar a la expansión y luego el ajuste en el déficit público.

En un mensaje que en España es motivo de gran debate sobre el déficit público, Calderón explicó que en el caso de México la clave fue que se tuvo claridad que esas medidas debían ser temporales, porque hacerlas permanentes tiene consecuencias muy negativas, justo esto es lo que le está pasando a Europa.

Asimismo, defendió su decisión de cerrar la compañía eléctrica Luz y Fuerza del Centro, cuyo operación calificó de “caótica” y “brutal”, con “un sindicato capaz de movilizar a miles y con amenazas de retirar la luz en toda la ciudad de México y zona metropolitana” y que “se negaba a la instalación de computadoras”.

Aseguró que pese a que está previsto en la ley, “ningún presidente había podido con la encomienda de cerrarla (LyFC)”.

El expresidente presumió que México tiene una deuda del 32% del Producto Interno Bruto (PIB) frente al 65% que es la media de los países de la OCDE.

Apabulló con más datos, al señalar que dejó las reservas del Banco de México dos veces y media del total de la deuda externa mexicana, y que el déficit público en México será cero.

Tras la participación de Calderón estuvo presente la bloguera cubana Yoani Sánchez.

Por su parte, durante la introducción a la conferencia, José María Aznar destacó la presidencia de Calderón, “que es digna de ser reseñada”, y “su coraje y determinación” de combatir a la criminalidad organizada, cuyos “valores” dijo compartir.

El exmandatario y aún consejero de Endesa, de cuya empresa eléctrica es broker y que es una firma con amplia presencia en México, bromeó diciendo que en Guadarrama sí podía decir lo que quisiera (a favor de Calderón) y no como le sucedió en 2006 “por desconocer parte de la realidad mexicana, cuando en la sede de tu partido, Acción Nacional, expresé mi deseo que ganaras la presidencia de México y casi me cuesta que me arresten”, dijo entre risas.

Fue notoria la ausencia del embajador de México en España, Francisco Ramírez Acuña, y de personal de la embajada en el evento, la cual es habitual en estos actos. Sin embargo, el portavoz de la embajada, Bernardo Graüe, sí confirmó que Ramírez Acuña recibió a Calderón a su llegada a España, en el aeropuerto de Barajas, de la capital española.

Quien sí estuvo en la conferencia fue Luis del Rivero, el destituido presidente de Sacyr ValleHermoso, la constructora con la que PEMEX sindicó sus votos en el consejo de administración de la petrolera Repsol.

Por la tarde, Calderón participó en un encuentro en la Fundación Internacional para la Libertad, que preside el premio Nóbel Mario Vargas Llosa. Está previsto que esta misma noche abandone España.

Y en esto consiste precisamente la antinomia. Porque hay dos visiones contradictorias.

Saque el lector, de estas contradicciones opuestas, saque la verdad del asunto. Aunque a estas alturas, la mayoría del pueblo de México ya emitió su juicio histórico sobre lo que realmente es la derecha ultraconservadora en el poder. Y lo que le puede suceder a México si los derechistas por algún milagro del destino, ya sea con un apretado y cuestionado triunfo obtenido en las urnas con sus guerras sucias mediáticas y sus propagandistas de corte neo-Nazi, o con un golpe de estado al estilo del ultraderechista chileno Augusto Pinochet, toman el poder en sus manos implantando un regimen de corte dictatorial tipo fascista. Ya sabemos cómo gobiernan, ya sabemos lo que se puede esperar de ellos. Sin duda alguna.

Estos son los militares de alto rango a los cuales Felipe Calderón abusando de sus facultades presidenciales echó a la cárcel para así demostrarle a quienes todavía lo escuchen que “nadie está por encima de la ley” (excepto, desde luego, el Señor Presidente):

 

Lo procedente sería que a Felipe Calderón le tocara su turno de ser enjuiciado por varios delitos, empezando por el de abuso de poder. Sin embargo, esto no ocurrirá jamás porque los panistas, sabiendo de antemano que sus próceres en la silla presidencial serían tan corruptos o inclusive mucho más corruptos que sus predecesores, no movieron un solo dedo para reformar la Constitución quitándole al Presidente de México la inmunidad (y la impunidad) que lo sitúa por encima de los demás mexicanos que sí pueden ir a prisión por delitos mucho menores que los delitos en los que incurrió Felipe Calderón. En el fondo, los panistas, los neopanistas, y los ultraderechistas infiltrados dentro del PAN, siempre supieron que eran unos corruptos. Y en los hechos lo demostraron a plenitud.