LyFC: La otra versión
Aprovechando arteramente un día sábado 10 de octubre seguido después del domingo 11 por un 12 de Octubre “Día de la Raza” -que en muchos negocios y oficinas públicas es un día feriado- se unió con el sábado y el domingo anteriores para no dar tiempo suficiente para reaccionar, ése día en lo que hoy se conoce históricamente como el decretazo Felipe Calderón se presentó -nuevamente- como el “gran salvador de México”, y a través de los canales de televisión en un tiempo exclusivo para él -sin derecho de réplica- determinó la extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro (LyFC) argumentando que desde su creación el organismo descentralizado no había cesado de recibir transferencias presupuestarias cuantiosas, las cuales lejos de disminuir se habían visto incrementadas en los últimos años. El decreto -publicado el domingo 11 de octubre del 2009 que es un día inusual para el manejo de asuntos oficiales en virtud de que las dependencias públicas no suelen trabajar en días feriados- fue acompañado de un despliegue impresionante de fuerza en el cual cientos de efectivos de la Policía Federal tomaron sorpresivamente las instalaciones centrales de la empresa, desde donde se controlan las operaciones a nivel nacional, ocupando también otras 10 instalaciones, entre ellas las de Cuernavaca, Necaxa, Pachuca y Ecatepec.
El anuncio del “decretazo” dado por Felipe Calderón fue seguido por una intensa campaña propagnadística sumamente favorable al Presidente Calderón a través del duopolio televisivo, como si nuevamente estuviese en juego la permanencia del PAN en el poder como en el 2006. Independientemente de que el sorpresivo “decretazo” llegó justo a tiempo para desviar la atención de la opinión pública del alza tributaria pretendida por un Presidente cada vez más empequeñecido ante el contraste de sus promesas luminosas en campaña como candidato y la cruda realidad de un país sumiéndose en la crisis y el desempleo -a la vez que Brasil bajo el izquierdista “AMLO brasileño” Luiz Inacio Lula da Silva se convertía en futura sede de las Olimpiadas en rumbo a convertirse la cuarta potencia económica mundial- y hacer al pueblo de México olvidarse temporalmente de una sangrienta narco-guerra iniciada por el mismo Calderón que le ha costado ya al país miles de muertos y que seguramente le seguirá costando a México muchos muertos y mucha sangre mucho tiempo después del feliz día en el que Felipe Calderón haya dejado de des-gobernar a México. Ese será el verdadero legado de Felipe Calderón para la posteridad.
En toda historia, hay dos versiones. El pueblo de México ya recibió a raudales la versión oficial que glorifica a Felipe Calderón, cortesía de los noticieros de las televisoras monopolizadoras de las cadenas nacionales que forman parte de los terribles poderes fácticos de México, una historia según la cual Felipe Calderón sólo está viendo por los intereses de México como Nación y nunca por los intereses de algún particular. Lo justo es que escuchemos la otra versión de la historia, empezando con el siguiente editorial:
El SME, un estorbo para el negocio de la fibra óptica: Mario Govea
Nora Rodríguez Aceves
Revista Siempre!
19 de octubre del 2009
La extinción de Luz y Fuerza no sólo es una agresión a la empresa, es una agresión muy fuerte hacia el movimiento laboral en México, es una agresión al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), obviamente al desaparecer la empresa el sindicato pierde su razón de ser y como hasta la fecha es la única agrupación que se opone a la privatización de la industria eléctrica y en general de la industria energética, es la piedra en el zapato para el gobierno federal, afirma Mario Govea, miembro del Comité Nacional de Estudios de la Energía.
Luego de que el pasado sábado la policía federal y militares ocuparon las instalaciones de la compañía de Luz y Fuerza, el gobierno federal públicó en una edición extraordinaria del Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, argumentado su ineficiencia operativa y financiera, así como los altos costos que representa para el gobierno federal mantenerlo, lo cual “no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público”.
Sin embargo, más allá de esta oposición y de todo lo que se pueda argumentar, expresa Mario Govea a Siempre! “lo que está detrás de esta dinámica de liquidación de la empresa es el interés del gobierno federal y la iniciativa privada por la fibra óptica. Aquí atiende Luz y Fuerza el 1.04 por ciento del territorio nacional, se concentra el 30 por ciento de la demanda de todo el país, es un mercado cautivo ideal para la iniciativa privada y sobre todo para las empresas trasnacionales, entonces el problema de las telecomunicaciones, en el caso de Teléfonos de México, ellos nada más se circunscriben en la transmisión de voz y en el caso de la fibra óptica que son más de 35 kilómetros instalados en Luz y Fuerza sería la transmisión de voz, datos e imágenes a través de la red eléctrica no se necesitarían instalación de teléfono especial nada más con la pura instalación eléctrica tendrían todas esas ventajas a través de la tecnología PLC que son comunicaciones y fuerza en línea, eso es muy atractivo, y atrás de todo esto hay dos ex secretarios de Energía que están esperando ya nada más que les firmen el negocio, es decir, hicieron una empresa entre Canales Clariond y Ernesto Martens y ya tienen una empresa asociada con una compañía española para quedarse con este negocio, pero obviamente les estorba el Sindicato Mexicano de Electricistas y es al que quieren eliminar”.
La empresa de dos ex secretarios
Lo que llaman PLC –Power Line Communications— que posibilita la transmisión de voz y datos a través de cualquier línea eléctrica doméstica o de baja tensión se basa en un módem conectado a cualquier enchufe que permite, por ejemplo, el acceso a Internet de alta velocidad.
“Es lo que ya se está usando en varios países, principalmente, en Alemania, Francia, España, Austria, Suiza, Reino Unido, Colombia y Chile y es esto lo que ya quieren implementar aquí, pero obviamente no a la mexicana, si TV Azteca o Televisa piensan que el negocio será para ellos, están muy equivocados, porque hay una empresa que formaron dos ex secretarios de Energía, Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens, y esa empresa está asociada con la empresa española WL Comunicaciones, quien ya tiene apalabrados estos contratos, y sólo están presionando al gobierno federal para que saque ya al personal del SME para que ellos puedan entrar, es decir, el negocio se está retrasando por la falta de decisión gubernamental”.
Esto, apunta Govea Sansón, “lo han estado planeando desde hace mucho tiempo, no es nuevo, desde que estaba como coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados Felipe Calderón y Juan Camilo Mouriño era el secretario de la Comisión Técnica, ya estaban planeando todo esto y se han atrasado y ahora ya los están presionando para que lo hagan antes de que termine el sexenio, pues ante el resultado de las pasadas elecciones de julio vieron que ya no podrán volver a salir electos para la Presidencia de la República y como hace 200 años perdieron la guerra de Independencia, la guerra de la Revolución, también perdieron la Reforma, ahora quieren rescatar algo de todo lo que se perdió para la iniciativa privada, esa es la guerra que está en el fondo de este problema”.
Para que no haya confusión, Govea Sansón aclara que la red de fibra óptica de 21 mil kilómetros que instaló la Comisión Federal de Electricidad paralela a su red eléctrica no tiene nada que ver con la que tiene Luz y Fuerza, pues “son redes diferentes, Luz y Fuerza está en el 1.04 por ciento del territorio nacional, es un círculo pequeñito dentro de la República lo que atiende, pero son más de 35 kilómetros de fibra óptica que tiene instalados y esta red es la que quieren”.
“Con Vicente Fox se hicieron pruebas del PLC en Morelia, en Jocotitlán, Estado de México, en varios lugares, en las rancherías donde no tenían líneas telefónicas, pero sí tenían servicio de electricidad y funcionó bien, por lo tanto ahí no tiene ningún problema para hacer negocio, porque la CFE y el SUTERM (Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana) nunca se opondrá a que entre todo el que quiera siempre y cuando le den por ahí una tajada del pastel, pero aquí sí, aquí la materia de trabajo se defiende muy fuertemente a través del SME y, Francisco Hernández Juárez en el 2004 a través, ya la pruebas se había hecho con CFE, pedía que el Sindicado Mexicano de Electricistas los apoyara, argumentando que era su materia de trabajo, que ellos tenían que manejar lo de la fibra óptica, sin embargo ellos en su contrato no tiene más que la transmisión de voz, no tenían la transmisión de datos y de imagen, por eso no se podía defender la postura de Teléfonos de México, el negocio obviamente era para Carlos Slim no era para los telefonistas”.
El triple play
La diferencia está en que la red de Telmex sólo transmite voz y la red de fibra óptica de Luz y Fuerza es para la transmisión de imágenes, datos y voz, mejor conocido como triple play. Y según lo que yo entendí es que ya el SME estaba preparado para ponerla en servicio, pero se quedó en la puertita, el gobierno se esperó hasta que ya estuviera listo todo para decir: bueno ahora sí ya entramos nosotros y ustedes ya se retiran por improductivos, por ineficientes y por los altos costos que representan y todo lo demás”.
Para el especialista en materia de energía eléctrica, “esto es lo que hay atrás de la desaparición de Luz y Fuerza, es uno de los problemas, el otro problema que ellos argumentan es los costos, que es una empresa que sale demasiado cara, que su contrato colectivo, pero si eso fuera realmente el objetivo deberían de liquidar al sindicato de los maestros que tiene un millón de empleados y de ellos 100 mil son aviadores, nada más cobran, pero no trabajan sólo andan en actividades electorales y también está el caso del sindicato de petroleros, también es otro problema igual salvo que como son sindicatos que no se oponen a los designios gubernamentales, oficiales, siempre se mide con dos varas a los sindicatos: los que están con el gobierno y los que están en contra de las agresiones a la propiedad de la nación”.
Es muy interesante, señala el ingeniero, “que se le achaque a Luz y Fuerza que tiene demasiadas perdidas, sí, pero pérdidas auspiciadas y propiciadas por la misma administración, no le dan inversión suficiente, es decir, si se suministra el 30 por ciento de la demanda mínimo, el 30 por ciento del presupuesto al sector eléctrico le debe corresponder este organismo descentralizado, sin embargo, ni siquiera llega al 15 por ciento de lo que le autorizan a Comisión Federal, en este caso le están autorizando el 13 por ciento, nunca llegamos al 18 por ciento de presupuesto para Luz y Fuerza, y en las zonas turísticas de la República como son Acapulco, Cancún, Vallarta, Zihuatanejo, Los Cabos, Comisión Federal tiene más del 50 por ciento de pérdidas y no por asentamientos irregulares ni mercados sobre ruedas. ¡No!, ahí es la evasión que hacen del pago de la energía los grandes hoteles en contubernio con las autoridades, con CFE”.
La danza de las pérdidas
“Cínicamente, Elías Ayub reconoció que no nada más en las partes turísticas sino que también en Sinaloa, Nayarit, Colima tienen más del 50 por ciento de pérdidas, pero qué curioso, el promedio, desde hace más de 10 años, de pérdidas de CFE está en el 10 por ciento, yo no sé cómo le hacen. Por eso tienen al señor Agustín Carstens ahí, que las cuentas siempre le deben de cuadrar, todo el promedio de todas las pérdidas de CFE les da 10 por ciento y Luz y Fuerza es la que incrementa todas sus pérdidas. Lo curioso es que a Luz y Fuerza la agarran como caja chica de Comisión Federal de Electricidad”.
“Desde la nacionalización de la industria eléctrica condenaron a que ya no creciera en su parque de generación luz y fuerza y que toda la energía que distribuyera se la iba a comprar a Comisión Federal, por eso, le compra el 96 por ciento de sus necesidades de energía a CFE, pero a un precio más alto, cinco por ciento más caro que lo que le vende Luz y Fuerza a los industriales. En esas condiciones, por cada peso que ingresa por concepto de ventas de Luz y Fuerza le tiene que pagar uno 20 a Comisión Federal. Es una empresa que entre más vende más pierde, pero obviamente así está diseñada por las autoridades que rigen el sector eléctrico para que sirva como caja chica y que Comisión Federal pueda ostentar que es una empresa de clase mundial para que sea sujeta de créditos, sin embargo, desde el año 2000, que empezaron a instalar los productores privados la energía éstos le están haciendo a la CFE lo que CFE hizo con Luz y Fuerza: CFE ya no puede generar, desde 2001 su tasa de crecimiento es negativa es menos 3.2 por ciento anual o sea cada año comisión baja en generación, pero los que están incrementando el 60 por ciento sus rentas son los productores privados”.
El conflicto es político
Para el integrante del Comité de Estudios sobre la Energía, este conflicto es más político que económico y “atrás de todo esto está la agresión a eliminar el SME, es lo que les está estorbando y hacer negocio con la fibra óptica, con la venta de energía en la capital de la República, ahí se ve cual es la intención de la iniciativa privada, apoderarse del mercado central que es el que tiene luz y fuerza del centro con personal del Sindicato Mexicano de Electricistas”.
“No es gratuito lo que publicó La Jornada sobre que están secuestrando y levantando a los trabajadores, porque definitivamente no es atender Guadalajara, está habiendo muchos apagones en todo lo que es la zona de influencia de Luz y Fuerza, es un personal altamente especializado, el personal de Comisión Federal vino a capacitarse a Luz y Fuerza para poder desempeñar su trabajo, todavía cuando yo laboré en la empresa, se crearon comités de normalización para que las diferentes áreas, Hermosillo, Monterrey, Gómez Palacio, vinieron a capacitarse para homologar los criterios de operación, para que todos ellos pudieran aprender la manera de trabajar como lo hacía Luz y Fuerza, ahora no hay memoria, ahora resulta que ellos vendrán a decir cómo se debe de trabajar”.
“Nos quisieron vender la idea de que con la tecnología de punta se tenía que dar un mejor servicio, llevaron al personal a que vieran cómo se paraban las torres que se caían cuando entraban huracanes y todo eso, con helicópteros y un despliegue de tecnología impresionante y preguntaron cuándo se podría hacer eso en Luz y FDuerza y todos contestamos nunca, a nosotros no se nos caen las torres, nosotros sí las cimentamos bien, lo hacemos con material de primera, jamás se caen las torres aquí en la ciudad de México, a ellos sí porque lo hacen con contratistas y es algo que no declaran, declaran que tienen 75 mil trabajadores en toda la República lo que no dicen es que tiene más de dos mil 500 contratistas que duplican ese personal, pero eso no contabiliza para sus indicadores nada más los de base, por lo tanto, todas las cifras, todos sus indicadores están maquillados, su eficiencia es la mitad de lo que declaran y aun así con todo eso la eficiencia de Luz y Fuerza es superior a la que ellos tienen, pero obviamente ellos tiene el poder, ellos tienen los medios de información a su disposición y son los que dicen su versión y nosotros estamos impedidos de acudir a los medios a declarar o a mostrar cuál es la verdad, cuál es la realidad de este sector”.
En rigor de verdad, el “decretazo” dado por Felipe Calderón no es una acción que a los panistas se les pueda achacar como exclusiva de ellos. También sus antecesores se distinguieron con esas acciones espectaculares de dudoso beneficio para México, como la estatización de la Banca mexicana ordenada -en contra de la Constitución que específicamente prohibía en aquél entonces tal acción en contra de la Banca- junto con la imposición del control cambiario por el frívolo y despilfarrador José López Portillo que nunca quiso aceptar y reconocer su culpabilidad en haber convertido a México en el país con la mayor deuda externa del planeta. Y si hemos de hablar de decretazos contra los sindicatos laborales dados antes del ascenso del panismo al poder, aquí tenemos un ejemplo de ello.
Calderón, como Echeverría, contra el sindicalismo
Plaza Pública
Miguel Angel Granados Chapa
Una grave frustración de la transición democrática mexicana ha sido el gatopardismo, el que las cosas cambian sin cambiar, y en que los gobernantes surgidos de la alternancia se diferencian de los anteriores en que son exactamente iguales. Tal engaño queda patente una vez más con motivo del ataque del presidente Calderón al Sindicato Mexicano de Electricistas, análogo y en cierto modo prolongación del que emprendió Echeverría contra la Tendencia Democrática de los trabajadores electricistas. El 11 de octubre de 2009 es equivalente, como acto autoritario violento, al 15 de julio de 1976. En cada una de esas fechas se buscó suprimir, eliminar de la escena pública a agrupaciones gremiales combativas que existían por la voluntad de sus miembros y no dependían por lo tanto de la voluble voluntad gubernamental.
La historia del golpe de Echeverría a los electricistas es la historia reciente del sindicalismo en ese ramo (y llegó a su culminación, por cierto, una semana después de la agresión contra el Excélsior de Julio Scherer; he sostenido, por otro lado, que la expulsión del célebre periodista del diario desde el que estaba transformando a la prensa mexicana, fue parte de una estrategia para silenciar atropellos como el que estaba en curso contra los electricistas democráticos).
A partir de que el Estado mexicano se convirtió en propietario de la industria eléctrica, el 27 de septiembre de 1960, se modificó no sólo la estructura empresarial de ese ramo sino, por consecuencia, también su organización laboral. Hasta aquella fecha, existían tres agrupaciones de trabajadores de la electricidad: el sindicato nacional, que contrataba con la CFE y estaba organizado a la manera tradicional cetemista, en torno a un hombre fuerte, Francisco Pérez Ríos, cercano a Fidel Velázquez; una federación de 52 pequeñas agrupaciones sindicales, dirigida por Rafael Galván y que en ese mismo 1960 se transformó en Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (STERM); y el Mexicano, que durante décadas había sido la contraparte laboral de la Mexican Light and Power.
A mediados de esa década, y por razones técnicas y políticas, se inició un movimiento unificador de las empresas y los sindicatos. Por un lado, se hizo necesario integrar la industria, conectar sus heterogéneas porciones. Por otra parte, se pretendió fundir en un solo gremio, bajo la égida del sindicato cetemista, a las agrupaciones del ramo. Cuando la Impulsora Eléctrica Mexicana, surgida de la compra de las pequeñas empresas con las que contrataba Galván, quedó fusionada con la CFE, el sindicato nacional quiso dar una tarascada al STERM, y peleó y ganó la titularidad del contrato colectivo. Para que la derrota no fuera tan abrumadora, y en lo que a poco se reveló como una trampa, Echeverría propició la fusión de los dos sindicatos y así nació, el 20 de noviembre de 1972, el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), bajo la conducción de Pérez Ríos. La denominación del gremio naciente anunciaba la pretensión de incorporar a sus filas a los miembros del SME, pues mientras éste existiera haría vano el propósito de llamar único al SUTERM.
Fue imposible la convivencia entre las dos formas de sindicalismo. Se generó una Tendencia Democrática dentro del SUTERM, que paulatinamente fue perdiendo presencia y fuerza, aun en los sitios donde había regido el antiguo STERM. En ese tiempo murió Pérez Ríos, única forma de que abandonara su posición de secretario general, que había ocupado durante décadas. Lo reemplazó automáticamente, sin elección porque ese modo no formaba parte de sus usos y costumbres, el secretario del Trabajo del comité, Leonardo Rodríguez Alcaine. Treinta años después, a la muerte de este líder, transitó por la misma ruta su secretario del Trabajo y pariente, Víctor Fuentes del Villar, que llega ya a los cuatro años de su indiscutido liderazgo.
En más de medio siglo, sólo tres dirigentes, con los que el gobierno pueda entenderse. Por eso convino al gobierno desbaratar el enclave democrático en el SUTERM y sentar las bases para la supresión del SME. La Tendencia Democrática inició una huelga en reclamo de prestaciones y respeto a su representatividad, y la noche del 15 de julio de 1976 una embestida militar, junto con miles de esquiroles, rompieron el paro obrero y echaron a la calle a los antiguos galvanistas, en operaciones de las que parecen calcadas las de ahora.
Previamente, el gobierno de Echeverría había puesto en liquidación a la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza, con la que contrataba el SME. El proceso se echó a andar de manera tortuosa, lenta, y a él se resistió el sindicato, que veía como desenlace la inclusión de sus miembros en el agrupamiento dirigido por Rodríguez Alcaine. Por esa capacidad de no rendirse la liquidación no prosperó, se quedó en mera denominación, pues la empresa siguió operando normalmente. El gobierno de Miguel de la Madrid pretendió reavivar el procedimiento liquidador pero se topó de nuevo con la fortaleza sindical, que en 1987 realizó una huelga, breve pero suficiente para probar su potencia. A ella apeló Carlos Salinas cuando, en busca de votos verdaderos, demandó los del SME, y se comprometió a poner fin al estado legalmente precario en que operaba la empresa. Por eso creó, ya al cabo de su mandato, el organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro, que ahora está en jaque.
Fox llegó al gobierno con la intención de eliminar esa empresa y diezmar a su sindicato. Para eso estableció un régimen absurdo, en que LyF compra cara, a CFE, la energía que debe vender barata. Esa extravagancia financiera obliga a subsidiar el funcionamiento de la empresa que surte de fluido eléctrico a la porción central del país, la más productiva en el conjunto nacional. A remediar ese déficit se destinan sumas como los 42 mil millones de pesos que este año debió aportar el gobierno a una empresa que deliberadamente ha sido deteriorada, crítica situación que se atribuye al abuso de sus trabajadores y su organización gremial. Ciertamente, el contrato colectivo suscrito por el SME es ventajoso para sus trabajadores en muchos sentidos, pero en general contiene cláusulas que deberían regir en muchas otras empresas públicas y privadas, cuya mano de obra es maltratada y frente a cuyas magras prestaciones las de los electricistas parecen de lujo.
Pero no lo son menos las del SUTERM, aunque cuando es necesario hacerlas disminuir la acción se realiza sin que nadie proteste porque el sindicato carece de activa vida interna y se controla de arriba abajo. Por eso el año pasado aumentó en cinco años el término para las jubilaciones, algo que en el sindicato del Seguro Social significó una afrenta a la que se opusieron los damnificados. Se mantienen, sin embargo, gajes como los que, practicados en el SME, irritan a sectores sensibilizados por la propaganda: la cláusula 67 del contrato entre el SUTERM y la CFE exonera de pago a sus trabajadores. Siendo que el consumo doméstico promedio es de 285 kilovatios, es gratuito para ellos el suministro de 350, y el excedente se cobra a sólo un centavo por kilovatio.
El lance actual contra el SME dista de haber concluido. Ni siquiera ha entrado en su fase final. Mientras no lo declare la autoridad laboral, la Junta de Conciliación y Arbitraje, subsisten las relaciones de trabajo entre el sindicato y la empresa en liquidación. Y aun si se decretara su terminación, apenas se encargue formalmente de la operación la CFE, tendrá que responder a las obligaciones laborales como patrón sustituto.
Digo, si de respetar la ley se trata.
La dupla derecha-ultraderecha enquistada firmemente en las redes del poder federal en México tal vez diga al compararse la acción tomada por Felipe Calderón con la acción tomada en su tiempo por Luis Echeverría: si mis antecesores los del PRI lo hicieron, ¿por qué yo no? Pero siendo así, habría que preguntarles en qué consiste entonces exactamente el “cambio” que le prometieron al pueblo de México en caso de llegar al poder.
En cuanto a la ineficiencia de la cual acusó inmisericordemente Felipe Calderón a la liquidada empresa al justificar televisivamente su decretazo, hay algunas cosas que omitió mencionar quizá porque convenientemente se le olvidaron, que al fin y al cabo al pueblo de México también se le olvidan. Bueno, no exactamente, como podemos verlo en el siguiente análisis.
Complicidades y apatía
Jesús Cantú
Agencia APRO
21 de octubre del 2009
El presidente Felipe Calderón y su gabinete se empeñan en culpar al Sindicato Mexicano de Electricistas por la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC), pero omiten que, al menos, cuatro aspectos centrales en la crisis de la paraestatal son responsabilidad principal de la administración y no de los trabajadores: los 25 mil millones de pesos de robo de luz mediante conexiones ilegales; la cartera vencida de 7 mil millones de pesos; los miles de millones de pesos que se fugan por las tarifas especiales y las concesiones a las grandes empresas, y la tarifa de transferencia de la electricidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a mayor costo del que LFC cobra a sus usuarios.
Además, no se toman en cuenta los altos sueldos de los 71 principales mandos; es decir, casi 10% de los 786 trabajadores de confianza de la empresa, que, según difundió el periódico Excélsior, ganaban más de 1 millón 400 mil pesos anuales y gozaban de la misma condonación del pago de 700 kilovatios bimestrales que los trabajadores sindicalizados.
Es incontrovertible que la situación económica de la empresa era deplorable, como lo evidencia la afirmación de que únicamente en el sexenio calderonista los subsidios llegarían a 300 mil millones de pesos, según declaró el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. También lo es que el unificar la prestación del servicio eléctrico en una sola empresa permitirá abatir costos administrativos y aprovechar las economías de escala.
Asimismo, es cierto que los dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) vivían en la opulencia, como lo constata el lienzo charro que se encuentra en la propiedad de su dirigente, y que varias de las condiciones del contrato colectivo más que prestaciones eran verdaderos privilegios que se traducían en crecientes costos para el organismo. Pero para llegar a esos privilegios y excesos, los dirigentes sindicales tuvieron la colaboración o complicidad de gobernantes y administradores, ya sea por debilidad, negligencia o simple comodidad.
El mejor ejemplo de esa apatía es el convenio de productividad firmado junto con el nuevo contrato colectivo de trabajo en marzo de 2008, pues los reportes del convenio muestran un cumplimiento de metas aceptable. Sin embargo, el secretario de Gobernación aseguró en entrevista con Leonardo Curzio, el martes 13, que lo que los llevó a tomar la decisión fue “la imposibilidad de seguir proyectando por la vía de los acuerdos con el sindicato la modernización de la empresa”.
Y resulta que, de acuerdo con las evaluaciones trimestrales del convenio de productividad, en diciembre de 2008 el grado de cumplimiento fue de 93.8%, un porcentaje muy aceptable. Es posible verificar este dato en un documento proporcionado por la misma LFC que puede obtenerse en:
http://www.ifai.org.mx/descargar.php?r=./
pdf/sesiones_publicas/doctos/2009/&a=3014.pdf
pdf/sesiones_publicas/doctos/2009/&a=3014.pdf
De los 26 indicadores establecidos, 12 mostraban porcentajes de cumplimiento de 100% o más y, contrario a lo que se ha afirmado, algunos eran importantes desde el punto de vista del servicio al usuario o la economía de la empresa. Por ejemplo, el tiempo de restablecimiento del suministro o las reconexiones tras los cortes por falta de pago, en el primer caso; o el precio por poste por línea de distribución o por kilómetro de línea de transmisión e, incluso, el costo de nómina comparado con el de administración.
Otros nueve indicadores se encontraban al menos en 90% de cumplimiento, y entre éstos estaba precisamente el relativo a las pérdidas por robo de electricidad, que mostraba, de acuerdo con la evaluación de la empresa, un cumplimiento de 98%. Cuatro parámetros más estaban entre 85% y 90% y únicamente uno, la revisión del medidor a solicitud del cliente, en un escaso 44%.
La empresa, culpable
Si las metas no eran suficientes para revertir la situación que afrontaba LFC, eso era estricta responsabilidad de la empresa y no del sindicato. La compañía no debió firmar un convenio de productividad con metas inútiles, por más que, como le declaró Gómez Mont a Curzio, el problema “surge del poco espacio de autonomía que ya tenía la administración de Luz y Fuerza del Centro; todo tenía que ser discutido y negociado con el sindicato. Las decisiones se acababan tomando en función de los intereses y las decisiones del sindicato y no de los intereses de los usuarios. Sí llegamos a una situación en la cual la dirección de la empresa estaba acotada por la situación sindical y se tenía que romper con eso”.
Sin embargo, muchas decisiones que no pasaban por el sindicato afectaban gravemente la situación económica de la compañía. Una de ellas es la que tiene que ver con el robo de energía eléctrica, pues, como señaló el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, a Excélsior, para corregirlo inclusive se recurriría a la fuerza del Estado, “pues es al fin del día un robo el hecho de que los usuarios engañen a la autoridad al no pagar el costo real del suministro eléctrico”.
Pero además, conforme a una información publicada por el diario tapatío El Informador, el 6 de agosto de este año, en el informe del avance de cumplimiento de las metas del convenio de productividad al primer semestre de 2009, se explicaba que el retraso en dicho indicador se debió a que la empresa “no dispuso de los recursos necesarios para la adquisición de los materiales necesarios para acelerar el programa de reducción de pérdidas y las acciones propuestas, como la integración del Sistema de Supervisión y Control de Facturación y Cobranza, a pesar de que el 31 de julio del año pasado recibió autorización para un incremento presupuestal por 184 millones de pesos, recursos que serían destinados para este propósito”.
Tampoco parece responsabilidad del sindicato la cartera vencida, que de acuerdo con lo declarado por Carstens, asciende a 7 mil millones de pesos. Así, entre robos y morosos, Luz y Fuerza dejó de recibir 32 mil millones de pesos.
El exsubsecretario de Energía durante la primera parte del sexenio de Fox, Nicéforo Guerrero, declaró a La Jornada que el gran problema de LFC es “la torpeza en el manejo y la falta equilibrada de la venta de energía eléctrica para la Ciudad de México. Si la CFE le vendiera al costo la electricidad, se la tendría que pasar a 3.5 centavos por kilovatio, y LFC la podría vender a 8 centavos, y eso equilibraría totalmente la balanza”. Y señaló que la CFE le cobra a LFC precios más altos de los que le aplica a los industriales.
Resulta difícil creer que el sindicato participó en estas decisiones, pues más allá de que están totalmente fuera de su ámbito de competencia, estaría actuando en contra de sus propios intereses, por más que el mismo Calderón haya señalado en su mensaje a la nación, el pasado domingo: “Además, debido al contrato colectivo de trabajo, casi todas las decisiones tenían que tomarse pidiéndole permiso a la representación sindical, lo cual hacía que esas decisiones, más que obedecer a tus necesidades o a las necesidades y problemas de los ciudadanos, obedecieran, en muchas ocasiones, a las preocupaciones e intereses del sindicato”.
Este rechazo absoluto a la actuación y falta de colaboración del SME contrasta con el trato y reconocimiento que le dispensan a otros sindicatos, particularmente al SNTE y al de Pemex, como puede leerse en las respuestas de Gómez Mont, al ser cuestionado al respecto por Curzio: “…con todos ellos buscamos espacios de compromiso para modernizar y mejorar los servicios públicos del país; con unos hemos encontrado mejores márgenes para caminar para adelante. Aquí los márgenes se habían estrechado de una manera fundamental, todos estamos convocados a la responsabilidad, todos tenemos que trabajar mejor, todos tenemos que encontrar los espacios para hacerlo.
No es lo mismo cuando hemos podido lograr desde espacios políticos para la modernización de Pemex o los acuerdos para la calidad educativa en donde pues son procesos, son procesos en donde se van formando compromisos para avanzar en otros caminos a lugares donde ya prácticamente la administración de la empresa estaba copada por el sindicato”.
El mismo 13 de octubre, Gómez Mont le dijo a Carlos Loret de Mola: “gracias a Dios” no hay otro sindicato como el SME, pues “si no, la situación del país sería mucho más grave, ¿no?”. Lo mismo piensan Calderón y su gabinete.
Con el fin de ir ganando tiempo mientras se consumaba la extinción total del Sindicato Mexicano de Electricistas, la Secretaría de Gobernación abrió un “diálogo” del que no tardaron en darse cuenta que sólo les estarían dando “atole con el dedo”. El lunes 19 de octubre del 2009 el dirigente del Sindicato Martín Esparza Flores anunció el sindicato se retiraba de la mesa de negociaciones instalada desde el viernes anterior con la Secretaría de Gobernación, acusando al Gobierno Federal de continuar con una campaña de linchamiento en contra del sindicato y de los trabajadores y considerando como una burla el programa que anunció el domingo el secretario del Trabajo, Javier Lozano, destacando que por un lado el gobierno federal panista señalaba a los trabajadores como vagos y por otro les dicen que les darán empleo. "¿En dónde los van a contratar así, con esa imagen que han creado?", cuestionó, insistiendo en que en el marco de la campaña en contra de los trabajadores estaban jugando un papel fundamental dos empresas de televisión del país y reiteró que detrás del decreto de extinción de LyFC continúan los intereses del ex funcionario Fernando Canales Clariond en el negocio del fibra óptica.
El “decretazo” dado por Felipe Calderón a la mitad de un sexenio considerado nefasto por una cantidad creciente de analistas y observadores tanto de México como del extranjero en realidad puede ser visto como un ejercicio de práctica en rumbo a las elecciones presidenciales del 2012, un ejercicio de práctica en manipulación de medios, manipulación de información, manipulación de la opinión pública aparejada con el despliegue de un aparato represor e intransigente que intenta crear la ficción de que se está ganando la guerra cuando en realidad se está perdiendo, emulando la labor de los propagandistas Nazis en plena Segunda Guerra Mundial. Y si alguien duda de que Felipe Calderón pueda ser capaz de llegar a tales extremos como sucedió cuando trataron de remover a Andrés Manuel López Obrador de la contienda presidencial con aquél desafuero de triste memoria, tal vez desearían ver lo que de Felipe Calderón tuvo que decir en su momento otro distinguido colega panista:
Calderón según Castillo Peraza:
“mezquino, desleal...”
Alvaro Delgado
Revista PROCESO
18 de octubre del 2009
Luego de casi tres años de ejercicio del poder, cuya legitimidad no ganará ni con el manotazo policiaco-militar que echó a la calle a 43 mil trabajadores electricistas --y que sólo ratifica que la promesa de crear empleos fue siempre un mal chiste--, Felipe Calderón es congruente con lo que de él decía su maestro Carlos Castillo Peraza: “Inescrupuloso, mezquino, desleal a principios y a personas”.
Tan categórica -y precisa- definición hizo Castillo Peraza luego de que padeció desdenes y maltratos de Calderón que derivaron en la ruptura de una relación cuya entraña describe el periodista Julio Scherer García en Secuestrados, su más reciente libro.
Scherer García describe episodios clave en la relación entre ambos, que llegaron a la cumbre en el Partido Acción Nacional (PAN), que comenzó a romperse con la derrota de Castillo Peraza, en 1997, cuando buscó la jefatura de Gobierno del Distrito Federal (GDF).
Escribe Scherer García: “Vencido, conoció la antesala, calentando una silla y perdiéndose en la lectura de periódicos y de revistas para apartarse de los desaires que lo acosaban. Calderón Hinojosa se mostró distante, frío como un grillete que corta. Castillo Peraza optó por su renuncia al partido. No hubo en ella melindres ni reclamos.”
A la muerte de su antecesor en el PAN, el 9 de septiembre de 2000, Calderón buscó, vía telefónica, a Scherer García. Quería saber qué pensaba Castillo Peraza de él.
“Respondí con la verdad. Por un tiempo la reconciliación sería imposible. Castillo Peraza le había perdido estima por el trato que había recibido de quien fue su secretario general en el edificio azul y por el abandono de los principios de Acción Nacional que había jurado cumplir. Me dijo, don Felipe, que acaso en un distante futuro podrían reiniciar una amistad que a ambos les hiciera bien.”
Ahora el semanario Proceso publica, en el número que está en circulación, dos cartas de Castillo Peraza a Calderón, hasta ahora desconocidas, que describen la personalidad de quien, formalmente, gobierna el país desde el 1 de diciembre de 2006.
En efecto, además de lo que dijo a Scherer García, y que de suyo es preocupante, Castillo Peraza describe en una de las cartas el talante prepotente, colérico y receloso de Calderón, pero también algo que debería ser motivo de deliberación por ser de inobjetable interés público y que explica su estilo personal de ejercer el poder: El consumo inmoderado de alcohol.
En la carta escrita el 31 de octubre de 1997, quizá la última antes de su renuncia cinco meses después -el 28 de abril de 1998-, Castillo Peraza describe el “sentimiento de frustración, de hastío y de hartazgo” que había entre colaboradores de Calderón, el “dolor” por el reclamo por no haber usado el cargo de secretario de relaciones internacionales “en mi beneficio personal” y su preocupación por el consumo de alcohol.
De hecho, la carta de Castillo Peraza obedeció a que Calderón canceló, sin avisarle, una reunión que tendrían la noche del 30 de octubre, justo el día en que éste se encontró con el perredista Andrés Manuel López Obrador -que negociaban entonces una acción conjunta ante el PRI-, tras lo cual se marchó a una comida privada.
“Ahora tengo que añadirte que me pareció desconsiderado de tu parte no haber acudido a la cita de anoche, sin siquiera haber avisado, y que me dolió y preocupó haberme enterado por boca de subalternos menores que el presidente del partido salió de la oficina 'muy bien servido'.”
Castillo Peraza se refiere con este eufemismo a la borrachera de Calderón y usa otro para aludir a otras francachelas, como se enteró en una reunión privada en Cocoyoc, Morelos, donde le llamó la atención -le dice a Calderón en la carta- “un tema reiterado de conversación: El de las aventuras más que frecuentes -etílicas y demás- de algunos de tus colaboradores”.
Y apunta: “Entendí o creí entender entonces por qué la vida comienza después de las diez de la mañana en el CEN, e incluso a esa hora los escritorios están poblados de tasas de café, vasos de refresco y comestibles; por qué es difícil encontrar a alguien entre las tres y las seis (a veces hasta las siete) y por qué en días como el de ayer, a las ocho de la noche, ya no hay virtualmente a quién dirigirse en las oficinas de Ángel Urraza (la vieja sede del PAN).”
A partir de su charla con colaboradores del CEN, Castillo hace un retrato de Calderón:
Las quejas generalizadas son que, al parecer, nadie puede darte gusto, que das órdenes y las cambias, que pides trabajos intempestivamente -lo que frena las tareas en curso-, que invades las competencias de todos y cada uno de ellos, que los maltratas verbalmente en público y que mudas constantemente de opinión, tardas en tomar decisiones, das marcha atrás, no escuchas puntos de vista de tus colaboradores y haces más caso a “asesores de fuera” que a los miembros del equipo que quisiste fuese el tuyo.
Se refirieron a contrataciones hechas por ti sin siquiera avisar al responsable del área afectada, y de “saltos” de autoridad de tu parte y de parte de Cocoa (su hermana Luis María Calderón), que producen desorden, inseguridad y disgustos en tu estructura “staff”. Salvo Toño Lozano, todos los ahí presentes expresaron sobre él poco más o menos sentimientos análogos y, lo que es peor, algunos manifestaron que ya esta situación se les volvía personalmente “insoportable” y opinaron que era perjudicial para el CEN y dañina para el partido.
Llamó mi atención que nadie pudiera dar opinión decidida y clara, y que todos manifestaran en su turno de dar a conocer sus planes y proyectos “a ver qué dice Felipe”, con inseguridad y con un sentimiento de que tú no confías en ellos. Esto ha trascendido y se comenta en círculos externos, tanto políticos como sociales.
Y sí, quienes lo conocen o lo están conociendo, saben que Calderón procede de tan arbitraria manera.
Y sí, también Adolfo Hitler, el héroe máximo de la ultraderecha encubierta de México, procedía de una manera arbitraria. Y también dejó no sólo a Alemania sino a Europa entera en ruinas.
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POST SCRIPTUM:
Algún tiempo después de que por mandato imperial Felipe Calderón liquidara a la compañía Luz y Fuerza del Centro argumentando a través de una intensa campaña mediática estar obrando en bien de la Nación, apareció la siguiente nota que se reproduce tal y como apareció:
Fibra óptica: obras en lo obscurito
Rosalía Vergara
Revista PROCESO
15 de noviembre del 2009
En las calles de las colonias Cuauhtémoc y San Rafael de la Ciudad de México, donde los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro protestan por la extinción de la compañía, cada noche cuadrillas de obreros con maquinaria trazan en el suelo una alambicada ranura. Se trata del tendido de fibra óptica que lleva a cabo WL Comunicaciones, la empresa con la que pretendía competir el Sindicato Mexicano de Electricistas en el mercado del triple play antes de que Calderón lo sacara de la competencia.
El martes 10 de noviembre, alrededor de las 22:00 horas, una decena de trabajadores perfora con taladros hidráulicos el concreto en la acera de la calle de Sullivan esquina con Sadi Carnot, en la colonia Cuauhtémoc de la Ciudad de México, para instalar una red de fibra óptica propiedad de WL Comunicaciones.
Un letrero pintado en una manta y colocado sobre la excavadora, lo confirma: "La empresa WLCOM construye obra para WLCOM que cuenta con una concesión de la SCT para construir una red pública de fibra óptica".
Al preguntarle qué tipo de obra están realizando, un trabajador contesta: "La delegación Cuauhtémoc nos dio permiso". Otro interviene: "No podemos decir nada, hable con el supervisor".
Sólo trabajan de noche. En esas calles los obreros colocaron unos plásticos fosforescentes color naranja para advertir de su presencia a los automovilistas; instalaron unos focos con luz blanca. Alguien vigila en un automóvil Jetta negro, placas 530-RWF, sin logotipo.
No hay letreros convencionales para informar qué tipo de obra se realiza ahí, ni avisaron a los vecinos. El encargado de una sastrería ubicada en Sadi Carnot y el mesero del restaurante Sully Barignoran que lo que están haciendo los hombres que trabajan en la acera es instalar un red de fibra óptica.
Los trabajadores no están bien equipados. Un hombre joven que corta el concreto se cubre del polvo con la capucha de su chamarra; los que cavan la línea con picos, los que barren el cascajo y lo recogen con palas, sólo se abrigan con un chaleco, también naranja.
La reportera y el fotógrafo de Proceso siguen la línea de fibra óptica recién instalada en la colonia Cuauhtémoc. En la esquina de Río Marne y Río Lerma está una coladera de concreto que dice: "Peligro: fibra óptica. WLCOM".
Irónicamente, hay otra de estas coladeras en la esquina de Río Lerma y Río Neva, cerca de la entrada principal del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), liderado por Francisco Hernández Juárez, diputado federal por el PRD. Otra más está en Río Rhin y Paseo de la Reforma. La fibra óptica está colocada de manera paralela a la red eléctrica de la extinta Luz y Fuerza del Centro.
La línea tiene cinco centímetros de ancho por ocho centímetros de profundidad, aproximadamente, y está construida a un metro 25 centímetros de la banqueta, dejando espacio para que se estacionen los coches en la calle. Se nota que se está perforando el concreto de manera apresurada porque la línea serpentea.
Esta instalación va dirigida a dependencias del gobierno federal, su clientela potencial. Por ejemplo, sobre Paseo de la Reforma la perforación lineal se detiene frente a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en La Palma, donde se construye el Arco Conmemorativo del Bicentenario de la Independencia.
Y también, algún tiempo después de que fuera publicado este trabajo, otro conocido editorialista externó las siguientes observaciones:
¡Regresa, LyF!
Sergio Sarmiento
Jaque Mate
6 de septiembre del 2010
“¡Luz y Fuerza, regresa, te perdonamos!”. El clamor se generaliza en el centro del país donde los aumentos de los cobros de la Comisión Federal de Electricidad sugieren que la razón real de disolver Luz y Fuerza del Centro fue aplicar un aumento importante de las tarifas de electricidad.
En un principio el problema fueron los apagones. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) explicó que eran consecuencia de actos de sabotaje del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). En algunas zonas los apagones se prolongaron durante días o semanas, pero se dijo que eran lugares con fuerte presencia del SME y donde los trabajadores de la CFE no podían entrar porque eran agredidos por militantes del sindicato.
La mayoría de los usuarios comprendió las explicaciones y se mostró paciente. La gente estaba dispuesta a esperar que la CFE tomara el control de la situación y el servicio mejorara. El recuerdo de los abusos cometidos durante décadas por trabajadores y funcionarios de Luz y Fuerza del Centro (LyF) promovía la paciencia. En nada ayudaban a su causa los militantes del SME al realizar constantes manifestaciones y bloqueos de calles que irritaban a la población y la predisponían contra el sindicato.
Si las quejas que recibo en mi programa de radio son un indicador fidedigno, el número y la duración de los apagones han bajado de manera significativa en las últimas semanas. Los equipos de trabajo contratados por la CFE han regularizado de forma gradual el servicio.
Pero el cobro por el servicio amenaza con destruir cualquier apoyo que pudiera haber tenido el gobierno en su plan para reemplazar a LyF con la CFE. Un número importante de hogares están recibiendo recibos con incrementos de dos, tres o 10 veces lo que pagaban con anterioridad. Lo peor es que los recibos ahora son mensuales, pero con cantidades muy superiores a las que antes se cobraban por bimestre.
Los esfuerzos de los usuarios por resolver estos cobros excesivos llamando al teléfono establecido por la CFE para ese propósito, el 071, sólo lleva a que se les ordene: “Usted pague, ya después revisamos”. En algunos casos se pretende que las personas cubran por electricidad más de lo que ganan mensualmente. La prepotencia que tanto daño le hizo a LyF en su trato con el público está afectando también a la CFE.
Me dice la secretaria de Energía, Georgina Kessel, que es falso que se esté aplicando un alza generalizada en las tarifas de electricidad. El problema, me dice, es que el sistema de cobranzas de LyF era muy deficiente. Pero el número de familias que están sufriendo alzas fuera de toda proporción es creciente y la negativa de revisar los abusos con prontitud y respeto convierte en rehenes a quienes deberían ser clientes. La CFE abusa de la fuerza que le da el monopolio.
Hace algunas semanas el presidente Felipe Calderón me decía en una entrevista que el momento más positivo de su sexenio lo dio el operativo para disolver LyF y tomar sus instalaciones. Fue una acción que pudo haber terminado en violencia o con el SME atrincherado en las instalaciones. Pero la victoria será pírrica si el acto se utiliza nada más para aplicar un aumento de tarifas fuera de toda proporción razonable y se deja a los usuarios sin ningún mecanismo de defensa ante los abusos del monopolio.
Hay mucho material adicional que ha estado apareciendo acerca de una historia que tiene mayor trasfondo que lo que Felipe Calderón y TELEVISA le han querido hacer creer al pueblo de México, como podemos leerlo en el siguiente editorial:
Luz y Fuerza: A un año del golpe
Gran Angular
Raúl Rodríguez Cortés
EL UNIVERSAL
13 de octubre del 2010
Al decretar la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y ante el incontrovertible hecho de haber dejado en la calle a 44 mil 500 trabajadores, Felipe Calderón ordenó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que recontratara al mayor número posible, bajo nuevas condiciones laborales y un nuevo arreglo institucional.
Al cabo de un año, el mayor número posible de recontratados resultó más bien bajo: mil 250 (ni tres por ciento) de los 28 mil 480 que aceptaron liquidarse. Los otros 16 mil 20 siguen en pie de lucha, con las vías legales cerradas y un ofrecimiento de diálogo obligado por una huelga de hambre que incluso llevó al secretario de Gobernación, Francisco Blake, a reconocer el carácter social del problema y a exhortar al sector privado, por lo tanto, a contratar a los electricistas arrojados al desempleo en medio de la crisis. Pero ese diálogo ha sido hasta ahora una simulación más del gobierno federal que de ribete se escandaliza de la radicalización de la protesta.
Argumento central para decretar la extinción fue el del “barril sin fondo”; esto es, la ineficiencia en el desempeño y la corrupción en la administración de fondos. Dijo Calderón, en su momento, que las transferencias de recursos públicos a LyFC sumarían 41 mil millones de pesos en 2009 y, alarmado, que podrían alcanzar los 240 mil millones de pesos en 2012. Además, ¡horror!, 240 millones de pesos de pasivo laboral. Y súmele: mal trato a 22 millones de usuarios, pésimo suministro de energía y abusos del liderazgo sindical.
Pero lo que no nos dijo —aunque aquí se lo habíamos recordado— es que por órdenes de Hacienda, LyFC estaba obligada a comprar a la CFE el kilowatt/hora a 1.53 pesos y a venderlo a los industriales a 89 centavos. Tampoco mencionó que la mayoría de los consumidores no comerciales lo pagaba a 1.20 pesos y menos nos dijo que el gobierno condonó a la CFE hasta en tres ocasiones sus deudas y a LyFC nunca. Omitió, asimismo, que los salarios representaban menos de 7 por ciento del costo de operación y ocultó que la Presidencia encabezaba una enorme lista de dependencias públicas que no le pagaban el consumo de energía a la hoy extinta paraestatal.
El SME, es cierto, incurrió en procesos internos no transparentes y acaso en abusos respecto a los beneficios obtenidos vía el contrato colectivo de trabajo. Pero esa exacción, ¿no era igualmente tolerada y por lo tanto cometida por los propios funcionaros del gobierno, por su ex director, Jorge Gutiérrez Vera —involucrado en la CFE en casos de corrupción—, o por los integrantes de su Junta de Gobierno, entre otros, el entonces secretario de Hacienda Agustín Carstens, su sucesor ahora y hace un año titular de la Sedesol, Ernesto Cordero, o la secretaria de Energía, Georgina Kessel? Ellos también debieron haber sido señalados como responsables del “insostenible” gasto de LyFC.
Calderón ofreció que con la extinción se abaratarían tarifas y mejoraría el servicio, otra de tantas promesas incumplidas. Sólo en el primer semestre de este año —según datos de la propia CFE— las tarifas aumentaron en términos reales 9.6 por ciento y es de terror esperar que tan inflado llegará el próximo recibo. Y de los apagones y su atención mejor ni le cuento. Usted debe ser uno más de los muchos afectados. No por nada aumentaron 31 por ciento —entre octubre de 2009 y octubre de 2010— las quejas ante la Profeco presentados contra la publicitada empresa de clase mundial.
Lo descrito ofrece la oportunidad de vislumbrar la razón de fondo de la extinción de LyFC, y la pretendida destrucción del SME: librar un obstáculo enorme para profundizar las políticas privatizadoras del sector energético (las empresas privadas, principalmente españolas generan ya 40 por ciento del consumo nacional) y posibilitar la entrega a intereses privados y a precio de ganga, del codiciado botín de la red de fibra óptica tendida a lo largo de años por LyFC y la CFE con millonarios recursos públicos.
Tratando de impedir las manifestaciones que los ex-trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas de la empresa Luz y Fuerza estaban llevando a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México, los panistas-Yunquistas estuvieron movilizando todos sus recursos mediáticos tanto oficiales como privados para presionar a los manifestantes a que abandonaran sus reclamos al gobierno calderonista, lo cual por cierto no tuvo mucho éxito. El siguiente trabajo dá un recuento fiel de estas intentonas:
El pretexto dado por Felipe Calderón para liquidar a la compañía Luz y Fuerza fue presuntamente para acabar de tajo con la corrupción que decía que imperaba en dicha empresa, arguyendo que al poner sus activos en manos de la Comisión Federal de Electricidad la empresa estaría mucho mejor administrada que antes. Como siempre, el tiempo resulta el mejor juez en todas estas cosas:
Defender el Zócalo es defender al país
Martín Esparza Flores
Revista Siempre!
3 de septiembre del 2011
Hasta la saciedad, los panistas y grupos extraviados de la ultraderecha se desgarran las vestiduras en una maquillada defensa del Zócalo de la ciudad de México; acusan al Sindicato Mexicano de Electricistas de tenerlo secuestrado pero olvidan, deliberadamente, que ese espacio es y ha sido por antonomasia histórica centro de los grandes movimientos sociales y políticos del país, e inalterable punto de expresión de todos los mexicanos.
Por eso, cuando habla del Zócalo, la derecha poco a nada puede reclamar de sus derechos históricos, de hecho sus antepasados nunca han estado ni estarán presentes en las decisiones nacionalistas y patrióticas que se han vivido en la añeja plancha. Los antepasados de los panistas no estuvieron presentes en la Marcha de la Lealtad en que los cadetes del Heroico Colegio Militar escoltaron al presidente Francisco I. Madero del Castillo de Chapultepec a Palacio Nacional, el 9 de febrero de 1913. En esa fecha, la gente se arremolinó en el Zócalo para expresar su apoyo al apóstol de la democracia.
Los grupos de la derecha de entonces apoyaron más tarde al traidor y tirano Victoriano Huerta cuando, tras asesinar brutalmente a Madero y Pino Suárez, se agazapó en el poder tras un golpe de Estado.
La reacción panista tampoco apoyó al general Lázaro Cárdenas durante la expropiación petrolera de 1938; el 18 de marzo de ese año, miles y miles de mexicanos, gente del pueblo, trabajadores, campesinos y amas de casa, llenaron al tope el Zócalo para patentizar su apoyo a un presidente patriota. Fue una de las expresiones más limpias y espontáneas de un pueblo decidido a apoyar las decisiones nacionalistas de Lázaro Cárdenas.
Era también la muestra de la fuerza de un pueblo que obtenía beneficios directos en las fábricas y en el campo, en contra de los principios doctrinarios de una ultraderecha antinacionalista.
En el Zócalo capitalino también se cristalizó la nacionalización de la industria eléctrica el 27 de septiembre de 1960; de igual forma, en esa fecha histórica el pueblo de México abarrotó el Zócalo para estar presente en el mensaje enviado desde Palacio Nacional por el presidente Adolfo López Mateos; minutos después, el mandatario bajó a la plancha de la Plaza de la Constitución a convivir con la gente. Las emotivas crónicas de entonces relatan cuando, por ejemplo, un grupo de cilindreros se organizaron para hacer una valla al jefe del Ejecutivo. Tampoco los panistas asomaron siquiera las narices.
Pero ahora, cual plañideras de una ideología transformada, para desgracia del país, en gobierno, señalan a un movimiento de resistencia como el encabezado por el SME de apropiarse del Zócalo, que dicen, “es de todos los mexicanos”, y en efecto, así es: el histórico espacio es de todos los mexicanos, pero de aquéllos que se lo han ganado a pulso. ¿Cuándo la derecha ha defendido el país, cuándo ha estado presente en el Zócalo al lado de las causas del pueblo?
Hoy, los panistas demandan y exigen que levantemos nuestro plantón, pero dicha exigencia no se hace extensiva al gobierno emanado de su partido que ha convertido el país es un gigantesco camposanto, que tiene a millones de mexicanos sin empleo y al borde de la miseria, que está entregando día a día nuestro petróleo y nuestra electricidad a empresas extranjeras.
Por eso, es necesario que el pueblo se manifieste nuevamente en la defensa del Zócalo y de sus libertades ciudadanas y grite a los cuatro vientos a los panistas, que no hay motivos de celebración este mes de septiembre, porque ellos se han encargado de trocar el mes patrio por el mes de las traiciones a la patria.
El pueblo debe hacerse escuchar y por eso la convocatoria para el próximo día primero de septiembre para que juntos celebremos el movimiento de Mexicanos Indignados, a que ha convocado el SME.
Defender el Zócalo contra las decisiones arbitrarias y autoritarias de la derecha es defender el país. Hagámoslo.
El pretexto dado por Felipe Calderón para liquidar a la compañía Luz y Fuerza fue presuntamente para acabar de tajo con la corrupción que decía que imperaba en dicha empresa, arguyendo que al poner sus activos en manos de la Comisión Federal de Electricidad la empresa estaría mucho mejor administrada que antes. Como siempre, el tiempo resulta el mejor juez en todas estas cosas:
Quedará impune saqueo en la CFE
Alvaro Delgado
Revista PROCESO
22 de octubre del 2011
Si el enriquecimiento de Néstor Moreno Díaz, el funcionario fugitivo que adquirió un yate y un automóvil Ferrari producto de sobornos, exhibió la corrupción en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), un fraude por más de 300 millones de pesos cometido por uno de sus subordinados, Alejandro Morales Méndez, apunta a que el saqueo en esa institución es también una práctica impune.
En efecto, pese a estar preso, Morales Méndez logró que más de 100 millones de pesos en propiedades -casas de lujo, ranchos, terrenos y cuentas bancarias- no le sean incautados para reponer por lo menos una tercera parte del dinero que robó a la CFE para adquirirlas.
Y es que al mismo tiempo que Moreno Díaz recibía sobornos de la empresa Lindsey Manufacturing por otorgarle contratos de la CFE, como acreditó una investigación en Estados Unidos, Morales Méndez robaba claves de acceso de sus empleados para hacer transferencias de recursos de la paraestatal a cuentas bancarias suyas y de sus familiares.
De acuerdo con el expediente del caso, que ocurrió durante la gestión de Alfredo Elías Ayub como director de la CFE, Morales Méndez, encargado del manejo de recursos financieros de la Subdirección de Transmisión, transfirió 308 millones de pesos de la cuenta de la paraestatal en HSBC a las suyas y las de algunos parientes, entre 2003 y 2007, aunque luego se supo que esa práctica la venía realizando desde 1999.
Así como los órganos de control de la CFE no detectaron los sobornos a Moreno Díaz, director de Operación nombrado por Elías Ayub, tampoco lo hicieron con las operaciones financieras de Morales Méndez hasta que una cajera, María Elena Guerrero Escamilla, descubrió y denunció el fraude.
Pero la justicia en México cometió una aberración: La sentencia a Morales Méndez por el robo de los más de 300 millones de pesos a la CFE, cuatro años y seis meses, es la misma que se impuso a Guerrero Escamilla, que sólo tiene en contra pruebas como su clave de acceso bancaria (password) que le fue hurtada y el testimonio de un empleado de Noé Peña –un alto ex funcionario allegado a Moreno Díaz– que resultó ser falso.
“Es una sentencia absurda, porque son cuatro años y seis meses para el que se robó 300 millones de pesos y se benefició a él y a su familia, que para María Elena, que no tiene un cinco en su bolsa ni en su única cuenta bancaria ni de sus familiares. ¡Es una incongruencia del juez”, afirma Alejandro Ortega Sánchez, abogado de Guerrero Escamilla.
–¿Es un caso parecido al del premiado documental Presunto culpable?
–Es peor –dice el abogado–, porque María Elena no sólo es inocente, sino que descubrió cómo se estaba robando a la CFE, detuvo las transferencias que estaban en curso y presentó la denuncia.
Pero mientras la cajera ha sido privada de su libertad a pesar de ser inocente, Morales Méndez no tiene de qué quejarse, dice el abogado: “Si dividimos 300 millones de pesos entre los cuatro años y seis meses de la sentencia, veremos que él gana cinco millones y medio cada mes. Le conviene estar en la cárcel”.
Encubrimientos
Esta historia del mayor fraude documentado en la CFE, dirigida durante 12 años por Elías Ayub –desde el gobierno de Ernesto Zedillo hasta marzo de este año–, no se explica sin la protección al más alto nivel de la que aún goza Morales Méndez, dice Ortega Sánchez.
Es la misma protección, relaciona el abogado, que se le dio a Moreno Díaz, quien recibió sobornos entre 2002 y 2009 y que las autoridades mexicanas sólo intervinieron hasta 2010, cuando se conoció públicamente la investigación que se hizo en Estados Unidos por la violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
Morales Méndez, quien jerárquicamente dependía de Moreno Díaz, trabajó en la CFE hasta 2005 y dos años después seguía haciendo transferencias de la cuenta de la paraestatal en el banco HSBC a sus cuentas personales, aun en horarios inusuales, sin que los órganos de control de ambas instancias las percibieran.
“Hay protección al más alto nivel de la CFE, desde luego, porque los flujos de dinero tenían que ser detectados”, insiste el abogado, quien dice que el propio banco entregaba estados de cuenta a la paraestatal donde se establecía, inclusive, que las transferencias se hacían en horario no contemplado en el contrato con HSBC.
En efecto, conforme a los registros obtenidos a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de los que Proceso tiene copia, hay transferencias realizadas a las 5, 6 y 7 de la mañana a cuentas de Morales Méndez, su esposa Dora Alicia Hernández García y de su primo Crisógomo Morales González.
Por ejemplo, el 6 de julio de 2006 –cuando ya no era funcionario–, Morales Méndez transfirió de la cuenta de CFE a una suya en HSBC un millón 875 mil 489 pesos, a las 7:19 de la mañana; el 15 de agosto siguiente hizo otra transferencia, a las 6:48 a.m., por 758 mil pesos, y al día siguiente realizó una más, a las 6:18 horas, por un millón 689 mil 521 pesos.
El mismo 6 de julio de 2006, Morales Méndez realizó otras dos transferencias, a las 7:22 y 7:26 de la mañana, pero a una cuenta de su primo Crisógomo Morales González: una fue por un millón 452 mil 781 pesos y la otra por un millón 874 512 pesos.
Justamente a la cuenta de Crisógomo fueron a parar varias de las transferencias que supuestamente hizo la cajera Guerrero Escamilla en julio de 2006, quien sin embargo se percató del fraude sólo hasta el año siguiente, el 20 de junio de 2007, cuando llegó a su oficina y vio que su computadora estaba encendida y estaban en proceso transferencias.
Ella misma narró cómo ocurrieron las cosas en una carta manuscrita que envió a Felipe Calderón el 23 de agosto de 2007 desde la penitenciaría de Santa Marta Acatitla, que también dirigió al entonces procurador Eduardo Medina Mora, a la secretaria de Energía, Georgina Kessel, ya Elías Ayub, director general de la CFE:
El pasado 20 de junio de 2007, me percaté de un cuantioso fraude que se estaba llevando a cabo en la caja de la Subdirección de Transmisión, Comisión Federal de Electricidad, en donde presto mis servicios desde hace 21 años e inmediatamente lo denuncié ante mis superiores.
Al participar en la investigación, grande fue mi sorpresa al descubrir que se había utilizado, entre otros, mi password para realizar transferencias indebidas a cuentas personales, destacando entre ellos a quien fue mi jefe inmediato anterior. Ese mismo día por la noche fue robado de mi computadora el disco duro, el cual contenía información vital para mi defensa.
El Ministerio Público decidió cambiar mi situación jurídica de testigo a indiciada, terminando en mi detención, y deseo ratificar ante ustedes mis declaraciones hechas anteriormente, en el sentido de que jamás proporcioné mi password a persona alguna y niego tajantemente haber participado en ningún tipo de fraude en contra de la Comisión Federal de Electricidad, empresa a la que respeto profundamente, pues me ha dado sustento a mí y a mi familia y nunca mantuve ninguna relación de amistad ni comercial con las personas que se vieron beneficiadas económicamente con el desvío de dinero.
Como se ha comprobado, no poseo bienes muebles e inmuebles y los que tengo son producto de mi salario. He demostrado a través de mis estados de cuenta y propiedades que ni yo ni ninguno de mis familiares nos hemos visto beneficiados.
Mi honestidad en el trabajo puede se constatada no sólo por el desempeño y resultados obtenidos, sino por la opinión de mis superiores y compañeros.
Me encuentro detenida injustamente porque soy inocente y si tuviera que denunciar nuevamente lo haría porque creo en mis principios, en Comisión Federal de Electricidad, en la justicia y en México.
Es por ello que desde este lugar les solicito no un favor, sino su intervención para que se me imparta justicia y aboguen por que mi caso sea revisado y se castigue a los verdaderos culpables.
La carta fue formalmente recibida por aquellos a quienes estaba dirigida, pero el ruego de Guerrero Escamilla fue ignorado, a pesar de que el testimonio del testigo de cargo, René Trejo Orduña, fue desacreditado y se comprobó que su clave de acceso le fue hackeada, luego de un peritaje al sistema del banco.
Ni justicia ni nada
Luego de que el 20 de junio de 2007 Guerrero Escamilla descubrió las transferencias en curso, por casi 4 millones de pesos, lo reportó de inmediato a su jefa, Diana Patricia Gutiérrez Molina, pero la Procuraduría General de la República (PGR) procedió contra ambas.
A la funcionaria que hizo el descubrimiento le fincó responsabilidades por el delito previsto en el artículo 113 bis, párrafo primero de la Ley de Instituciones de Crédito, ya que utilizó un sistema electrónico interno para hacer los depósitos a través del sistema Mysap-R3 conectado a cuentas bancarias de HSBC, instalado precisamente por Morales Méndez para el manejo de los recursos financieros.
Morales Méndez, quien fue detenido por la PGR cinco meses después de la captura de Guerrero Escamilla, el 7 de noviembre de 2007, ya había cometido robos desde 1999, como consta en un oficio de la Dirección de Finanzas de la CFE fechado el 30 de abril de 2008.
El primer desvío lo realizó el 29 de abril de 1999 por 168 mil pesos a su cuenta en HSBC número 4009820770 y casi un año después, el 17 de mayo del 2000, desvió otros 273 mil 856 pesos a la misma cuenta. Y después de otras dos transferencias por alrededor de 200 mil pesos, en agosto de ese año, el 29 de noviembre, aumenta la cifra: 490 mil 520 pesos.
Es decir, durante ocho años Morales Méndez puedo hacer centenares de transferencias sin que los órganos de control de la CFE y del banco HSBC hayan detectado nada, lo cual implica que ha contado con complicidades, mientras que a Guerrero Escamilla se le acusa sólo por su clave bancaria que le fue robada, afirma el abogado Ortega Sánchez.
“El único sustento de la acusación y la sentencia a María Elena es que se utilizó su password para transferencia de unos 20 millones de pesos, pero muchos datos acreditan que ella no tuvo ninguna participación. Uno de ellos es que no obtuvo ningún tipo de beneficio para ella ni para nadie de su familia, que es un elemento muy importante, y otro es que ella fue la que descubrió ese tipo de transferencia, y en lugar de recibir un agradecimiento, lo que recibió fue la cárcel”.
Y destaca una paradoja: aunque Morales Méndez está preso, logró que le devolvieran muchas de las propiedades que adquirió con el dinero robado a la CFE, porque ganó un amparo a la PGR.
“En un principio le aseguraron sus bienes, más de 50 casas, cinco ranchos y dinero en efectivo que tenía en las cuentas –más de 20 millones de pesos–, que sumaban más de 100 millones, que del gran total que se había sustraído a CFE era más del 30 por ciento pero, a través de un juicio de amparo, Alejandro Morales logró un desaseguramiento”, puntualiza.
Ortega Sánchez trató de evitar que se devolvieran los bienes producto del delito al ex funcionario, para tener pagada la reparación del daño y obtener la libertad de Guerrero Escamilla, pero el juez le dijo que sólo lo podía promover la parte ofendida, la CFE.
–¿Y lo hizo la CFE?
–No lo hizo, no entendemos por qué la CFE no pidió que se aseguraran los bienes de Alejandro Morales. Se ve una protección desde dentro de parte de funcionarios, y contra ellos no se fue la CFE. Al contrario, inventaron un testigo con una versión completamente falsa. No hay duda: había una línea para irse en contra de la gente de abajo y no ver a la gente de arriba, la que realmente lo estaba ayudando a llevarse esos casi 300 millones de pesos.
Insiste: “¿Cómo los taparon? Agarrando a los de abajo que había involucrado el propio Alejandro Morales a través de su password. Ahí se ve claramente la protección, que también se ve a él porque no le quisieron asegurar sus bienes. ¿Cómo los va a repartir después? No sabemos qué tipo de compromisos haya adquirido.”
El caso de Guerrero Escamilla es complejo, porque ahora resulta que un magistrado consideró que el delito que se le imputa no es del fuero federal, sino común, lo que implicaría iniciar un nuevo proceso después de cuatro años de estar presa.
Y mientras se resuelve este conflicto de competencias en el cuarto Tribunal Colegiado, cuya magistrada ponente es Elvia Díaz de León, Guerrero Escamilla ya perdió también su empleo sólo por haber descubierto y denunciado el fraude por más de 300 millones de pesos.
Ortega Sánchez promovió una denuncia contra Morales Méndez por el robo del password de Guerrero Escamilla y otra contra el testigo Trejo Orduña por dar falso testimonio, pero la PGR no ha hecho nada. “Ahí no actúan, no hay justicia ni hay nada”.
He aquí otros hechos de los que vale la pena estar al tanto:
CFE y su Cártel de la Electricidad
Amenaza devorar infraestructura en zona centro
Martín Esparza
Revista Siempre!
14 de enero del 2012
Oculta bajo el camuflaje oficial de la supuesta eficiencia, la corrupción en Comisión Federal de Electricidad es un cáncer que ya empezó a dañar los tejidos de la infraestructura eléctrica en la zona centro del país, tal y como lo ha hecho en el resto del territorio nacional.
Desde el cierre de Luz y Fuerza en octubre del 2009, cientos de compañías contratistas obtuvieron de los funcionarios de la CFE, la patente de corzo para tomar por asalto los puestos de trabajo que venían desempeñando los 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, obteniendo como recompensa un jugoso botín que hasta octubre del 2011 alcanzaba los 10 mil millones de pesos, pero entregando a cambio un deficiente y pésimo servicio a los usuarios.
La CFE les dio el oro, pero ellos le entregaron cuentas de vidrio, sin ningún reclamo.
Ahora que la autonombrada “Empresa de Clase Mundial” se dispone a abrir de par en par las redes subterráneas del Centro Histórico a empresas privadas para su supuesta renovación, es pertinente hacer un recuento, con su adicional ribete, de las tropelías que han cometido los funcionarios de CFE y que siguen sin castigo, a pesar de representar millonarios daños al erario nacional, como sucedió con el botón de muestra de Sinaloa donde el representante legal de la empresa y cercano al ex director Alfredo Elías Ayub y al prófugo Néstor Moreno Díaz, Francisco Ladislao Rodríguez Retes, cometió un fraude de mil 320 millones de pesos, aún no recuperados.
Pero no sólo en Sinaloa se cuecen quebrantos a la paraestatal que Felipe Calderón tanto ha publicitado y defendido como modelo de honestidad y transparencia, en entidades como Baja California Norte sigue impune el prevaricante caso de la firma extranjera Sempra Energy, que a través de los prestanombres de su filial en México, Gasoducto Rosario S. de R. L., ha vendido desde el año 2000, y bajo el leonino concepto de take or pay, gas natural a CFE para abastecer la Termoeléctrica Presidente Juárez, de Playas de Rosarito.
Se preguntará el lector en qué consiste dicho sistema y por qué es desventajoso para CFE y las finanzas públicas a las que todos los mexicanos le entramos con nuestra aportación, vía impuestos. Pues sucede que en el mismo se establece la obligación de la CFE a pagar un consumo mínimo, aun cuando no utilice la totalidad del gas importado, incluyendo además otra cláusula super ventajosa para la trasnacional: el gas que Comisión Federal no consume lo debe revender a la filial de Sempra Energy, a un costo 20 por ciento menor del adquirido.
Sí, leyó usted bien. Los funcionarios de CFE a los que el Presidente no se cansa de poner en las mismas nubes son un remedo del popular Juan Garabato, es decir: Compran caro, pero venden barato. Claro, echando a la basura el dinero de los mexicanos, no el suyo. Parafraseando al mimo Cantinflas: “Ahí está el detalle”.
La sesuda y nacionalista operación de la “Empresa de Fraude Mundial” le ha costado a la nación, del 2000 al 2009, pérdidas del orden de los 23 millones de dólares; es decir, que más de 320 millones de pesos se han esfumado de los recursos públicos para llegar libres de polvo y paja a las cuentas bancarias de Sempra Energy. Y quién lo diría, amparados bajo un contrato leonino, pero con validez legal. Vaya desfachatez. ¿No le parece?
Pero si alguien duda de que México es el campeón de la impunidad, baste con señalar que desde el 2006 la Auditoría Superior de la Federación detectó las mencionadas irregularidades y recomendó acciones inmediatas para detener la impune sangría a los recursos públicos. Pero nadie le hizo caso, y menos el ex director, Alfredo Elías Ayub, capo de esa mafia que por más de una década consolidó el “Cártel de la Electricidad” en nuestro país, tan poderoso y dañino como el del Chapo Guzmán.
Y ahora que las llamadas “mufas” del Centro Histórico de la Ciudad de México siguen tronando como chinampinas por la irresponsable falta de mantenimiento y pericia de CFE y sus contratistas, la empresa anuncia una licitación para atender la red eléctrica subterránea en dicha zona, dando un plazo de cinco meses (junio de 2012) para la conclusión de los trabajos, incluyendo en el proyecto el instalar equipos de medición, seguramente sus anunciados medidores de prepago, sin el consentimiento de los usuarios.
Así, bajo esta estrategia implementada por el gobierno y solapada por los dirigentes del Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana con el que el SME, firmó en 1985 el Convenio de Delimitación de Zonas, CFE rehúye nuevamente la responsabilidad de asumirse como patrón sustituto, violando la Constitución y las leyes que de ella emanan.
Es conducente preguntarse si a los funcionarios de CFE les asiste la indispensable calidad moral para seguir otorgando por doquier, contratos desventajosos a particulares y trasnacionales, siempre bajo una sospechosa opacidad y discrecionalidad. Hasta el momento, el esquema ha beneficiado y enriquecido a unos cuantos, no importándoles afectar a millones de usuarios con altos cobros y un pésimo servicio.
Es momento de que los sectores sociales exijan del gobierno una puntual vigilancia a CFE para evitar que los nuevos capos que ahora controlan “El Cártel de la Electricidad” sigan haciendo de las suyas, porque ese cáncer que ha carcomido la industria eléctrica en el país ahora amenaza con devorar la infraestructura de la zona centro. Todos debemos impedirlo.
Transcurridos dos años y medio después del golpe dado por Felipe Calderón en contra de Luz y Fuerza del Centro, apareció nueva información que no se tenía en ese entonces y que muy posiblemente habría demeritado el impacto propagandístico dado a la acción tomada por el gobierno calderonista:
El SME, Calderón y sus documentos secretos
José Antonio Almazán González
LA JORNADA
20 de marzo del 2012
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) ha sido, durante dos años cinco meses, una enorme piedra en el zapato del actual gobierno, que está obsesionado en dar un golpe mortal a la creciente resistencia social, imponer su contrarreforma laboral y sacar adelante sus planes privatizadores de la electricidad y la fibra óptica en la zona centro del país, antaño la región más transparente de México, hoy concentradora de 32.7 por ciento del producto interno bruto.
El plan de Calderón contra el SME –diseñado desde la óptica de un golpe de Estado, en un área exclusiva y estratégica para la nación– se propuso eliminar a un sindicato democrático y nacionalista, cuyo contrato colectivo de trabajo resume las mayores conquistas obreras en México. Parte medular de su estrategia aniquiladora consistió en ocultar información, documentos y expedientes, cuyo conocimiento, de haberse hecho públicos desde octubre de 2009, habrían destroncado su criminal proyecto. Sin embargo, como resultado de la heroica lucha del SME, recientemente se logró desclasificar cuatro documentos cuyos contenidos exhiben, pública y legalmente, el cúmulo de mentiras sobre las cuales se buscó sustentar el inconstitucional e ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Vayamos por partes y comencemos a contar la historia.
El plan de exterminio, elaborado desde una perspectiva militar, contempló la toma de alrededor de 400 centros de trabajo calificados de estratégicos para la seguridad nacional (plantas de generación, subestaciones eléctricas, centros de operación y distribución, etcétera) y esperar, con soldados disfrazados de PFP con armas de alto calibre, la reacción violenta del SME para masacrar a los trabajadores electricistas. Así, con la presencia de agentes del Ministerio Público se buscaba que dieran cuenta de los delitos inventados de sabotaje, motín, rebelión, agresión física, daño del patrimonio a la nación, pandillerismo, privación ilegal de la libertad agravada, etcétera, cuyo resultado final sería el encarcelamiento masivo y selectivo de los trabajadores electricistas y la dirección del SME.
Asimismo, tanto en el terreno jurídico laboral como en el Legislativo, los documentos (expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas) que dan cuenta de la guerra de exterminio contra el SME fueron minuciosamente ocultados al amparo de los artículos 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que facultan al gobierno a reservar información cuando su difusión pueda ocasionar riesgos para la seguridad nacional, seguridad pública y defensa nacional. O bien, como sin tapujos lo reconoció el comité de información de la SHCP el 12 de abril de 2010, cuando su difusión pueda “causar un serio perjuicio a… las estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen estado”. Por supuesto, se refieren al juicio de amparo promovido por el SME contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Pues, como el gobierno reconoce. "debido a que la mayoría de los documentos contenidos en dicho expediente no han sido aportados en los juicios referidos en el párrafo anterior ni son del conocimiento de las partes actoras en los mismos, se ha concluido que su difusión causaría un serio perjuicio a las estrategias procesales de esta dependencia". En otras palabras, las mentiras de Calderón quedarían al descubierto y corren el riesgo de perder el juicio y el amparo promovidos por el SME.
A la Cámara de Diputados fueron enviados el 13 de octubre de 2009 dos de los documentos reservados por Calderón: el informe de la desincorporación mediante extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro y su diagnóstico. Pero eran los tiempos de la alianza entre el PAN y el PRI y no se promovió una controversia constitucional y menos aún prosperaron los esfuerzos de transparentar el proceso de la liquidación de Luz y Fuerza, exigiendo la desclasificación de su expediente completo. Ambos documentos fueron finalmente desclasificados el pasado 23 de febrero y de su análisis se desprenden conclusiones que tienen valor legal:
1) No existen razones que demuestren que la quiebra técnica de Luz y Fuerza obedeció al costo de los salarios y prestaciones de los trabajadores del SME. Por el contrario, del mismo análisis se desprende que la causa fundamental de su deliberada debacle financiera tuvo como origen el elevado precio de la energía comprada en bloque a CFE. 2) Como se lee en la página 12 del informe de la desincorporación, el gobierno preparó un plan contingente para reprimir al SME a partir de supuestos disturbios sociales y actos de sabotaje a la infraestructura eléctrica. 3) El gobierno nunca demostró la inconveniencia de Luz y Fuerza desde el punto de vista de la economía nacional y el interés público.
Finalmente los otros dos documentos desclasificados: la carta de la secretaria de Energía Georgina Kessel a la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, del 28 de septiembre de 2009, validando la propuesta de extinción de Luz y Fuerza, y las Bases para su desincorporación, constituyen pruebas claras y contundentes en favor de la figura de patrón sustituto y la imposibilidad reconocida de concluir la extinción de Luz y Fuerza, pues se trata de bienes nacionales afectos exclusivamente a la prestación del servicio público de energía eléctrica. Las mentiras de Calderón han quedado al desnudo y, por el mayor interés de la nación, el expediente completo de Luz y Fuerza debe ser desclasificado, para dar paso al patrón sustituto y restablecer la legalidad constitucional en materia eléctrica.
Al continuar transcurriendo el tiempo, se han seguido conociendo nuevos datos que van aclarando lo que realmente sucedió detrás del decretazo presidencial ordenado aquél sábado 10 de octubre del 2009 echando recurso de justificantes que alguna vez se esgrimieron como válidas y que terminaron cayendo solas por su propio peso:
Aflora la suciedad del golpe a Luz y Fuerza del Centro
Arturo Rodríguez García
Revista PROCESO # 1859
16 de junio del 2012
Aspectos elementales como descripciones detalladas de los activos y pasivos de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro siguen siendo escamoteados por el gobierno de Felipe Calderón, que en octubre de 2009 disolvió el organismo descentralizado y trasladó su infraestructura a la Comisión Federal de Electricidad. Este ocultamiento de cifras correspondientes a los estados financieros de LFC prevalece no obstante la reciente desclasificación de algunos de los documentos relativos al proceso de extinción, los cuales muestran ya, con todo, evidencias claras de la naturaleza perversa del decreto calderonista.
A punto de que se cumplan tres años del decreto mediante el cual el presidente Felipe Calderón extinguió la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, prevalece la opacidad en lo relativo a los inventarios de la infraestructura de la empresa y la incógnita respecto de lo qué sucederá en octubre próximo, cuando venza la entrega en comodato de los bienes del organismo descentralizado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El pasado 22 de febrero, la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y un grupo de diputados del PRD lograron que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI) ordenara la desclasificación de una serie de documentos sobre la extinción de LFC, toda vez que el gobierno de Calderón había determinado mantenerlos en reserva por un periodo de 12 años, lo que fue considerado improcedente por el IFAI.
Entre la información desclasificada figura el convenio mediante el cual el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) asumió la administración de LFC y de un plumazo la otorgó en comodato a la CFE.
El comodato es un tipo de contrato consistente en otorgar a una persona física o moral el usufructo de un bien de manera gratuita pero con un plazo establecido de restitución. Para este caso, el comodato vence en octubre próximo y, de no haber ninguna acción en contrario, se prorrogará por tres años más.
La operación de extinción de LFC se inició con la negativa de la Secretaría del Trabajo, el 5 de octubre de 2009, de conceder la toma de nota al dirigente del SME, Martín Esparza. El mismo día la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación dictaminó en secreto la extinción.
Durante los primeros minutos del 11 de octubre de 2009, Calderón emitió el decreto referido mientras miles de policías federales y soldados tomaban las instalaciones del organismo que abastecía de electricidad a la región centro del país y se realizaban los trámites administrativos para la extinción, considerados inconstitucionales por la dirigencia del SME.
El convenio millonario
El decreto emitido por Calderón estipuló que la administración de LFC recaería sobre el SAE; en su artículo 2 señala que a esta instancia se le otorgaron las “más amplias facultades para actos de administración, dominio y pleitos y cobranzas, y para suscribir u otorgar títulos de crédito, incluyendo aquéllas que, en cualquier materia, requieran poder o cláusula especial en términos de las disposiciones aplicables, así como para realizar cualquier acción que coadyuve a un expedito y eficiente proceso de liquidación”.
También ordenó que el SAE tomara el control y dispusiera de todos los bienes, derechos, activos, juicios, obligaciones, pasivos, contratos, convenios y recursos de LFC.
“(El SAE) tomará de inmediato las medidas necesarias para que los bienes del organismo que se extingue que estén afectos a la prestación del servicio público de energía eléctrica en el área geográfica en la que hasta antes de la expedición del presente decreto venía prestándolo Luz y Fuerza del Centro, así como los demás que sean necesarios para dicho servicio, sean utilizados para tal fin conforme a lo dispuesto en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.”
Bastaron 25 minutos para que el SAE asumiera el control de LFC, recibiera un oficio de la Subsecretaría de Electricidad de la Secretaría de Energía y redactara el convenio para otorgar en comodato a la CFE los bienes del organismo extinto, así como los derechos accesorios y asociados a dichos bienes.
El trámite fue celebrado por el director del SAE, Luis Miguel Álvarez Alonso, y por el entonces director de Operación de la CFE, Néstor Félix Moreno Díaz, actualmente preso tras ser acusado de enriquecimiento ilícito por un monto de 34 millones de pesos.
Luego de las declaraciones de rigor, en las que los funcionarios acreditan su personalidad jurídica y la procedencia de sus acciones, la primera cláusula del convenio establece que el “pone a disposición de CFE los bienes” citados en el oficio de la Subsecretaría de Electricidad. También dispone que sean devueltos los bienes que no sean necesarios para la prestación del servicio público de energía eléctrica.
La segunda cláusula señala que a partir de la firma del convenio la CFE se haría cargo de la operación, mantenimiento y seguridad de los bienes. La tercera faculta a la paraestatal para que realice facturación y cobranza pendientes y entregue al SAE los recursos, y ordena la presentación de un informe mensual sobre el particular, entre otros puntos.
Con generalidades, sin cifras ni especificación alguna, el SAE asumió la extinción y entregó a la CFE los bienes referidos, cuyo valor es de varios cientos de miles de millones de pesos.
Por ejemplo, en el comodato se asentaron sin especificaciones ni costos los listados de plantas de generación, líneas de transmisión, subestaciones eléctricas y cientos de inmuebles. En una pequeña lista identificada como “Otros bienes necesarios para la prestación del servicio público de energía eléctrica”, se lee que éstos se componen de lo siguiente:
Vehículos y equipo de transporte; mobiliario y equipo diverso; materiales contenidos en almacenes; materiales, muebles y equipos de proveedores recibidos con posterioridad al 10 de octubre; subestaciones móviles; plantas de emergencia; torres de emergencia; información administrativa y jurídica; bases de datos de los sistemas de facturación, comercialización, transmisión, control y distribución, y proyectos y obras en proceso.
Fue hasta el 26 de agosto siguiente cuando el SAE y la CFE ratificaron el comodato ante el notario público número 14 del Distrito Federal, Maximino García Cueto.
Inventarios difusos
Luego de conocer las condiciones en que se realizó el convenio y luego el comodato, el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, sostiene que la entrega de los bienes de LFC a la Comisión Federal de Electricidad debe declararse nula por violar el procedimiento que se estipuló en los artículos transitorios del decreto.
En entrevista con Proceso, Esparza explica que el decreto instruye al titular del sector para que publique las bases de desincorporación en los tres días hábiles siguientes a la publicación del decreto; pero, afirma, en virtud de que el convenio se celebró 25 minutos después, cuando ya era domingo, día no hábil, se violó el procedimiento establecido por el mismo Calderón.
“La gran pregunta ahora es respecto al SAE, que le transfirió todos los bienes de la CFE en comodato. Nadie sabe qué va a pasar con la infraestructura y eso lo tiene que resolver el Congreso, no el Ejecutivo”, advierte, y señala que el SAE no ha informado sobre el patrimonio de LFC, lo que constituye otra irregularidad.
“Ellos debieron tener acta de entrega-recepción de lo que les dieron a administrar y no la tienen. Debieron elaborar un inventario de la infraestructura y registrarla en la Dirección de Bienes Nacionales. Luego, abrir una página que se pudiera consultar por todos los interesados, pero a la fecha no se ha integrado ningún informe sobre los inventarios”, afirma.
El dirigente sindical asegura que durante estos años y debido a las lagunas jurídicas, lo que ocurrió con Luz y Fuerza del Centro bajo el SAE y la CFE es que saquearon sus instalaciones, vehículos y herramientas. Hay, dice, vehículos que se compraron en licitaciones con montos en dólares pero que ya no se utilizaron, lo mismo que contratos con terceros, como con ABB, de subestaciones encapsuladas que no se instalaron.
“Calderón se ufana de la extinción de LFC. No hace mucho dijo que había acabado con una empresa ineficiente y corrupta, pero no dice cómo es que no hay nadie sancionado ni investigado por corrupción y aplica sanciones a corruptos si era parte de su responsabilidad, no como la extinción. Lo único que provocó fue un saqueo horrible que, por las omisiones del SAE, nadie está observando.”
La desclasificación
La justificación de Felipe Calderón para extinguir LFC fue que la empresa no era sostenible “por su probada ineficiencia operativa y financiera”, lo que la hacía inconveniente para la economía nacional y el interés público.
Con una enumeración de razones y recitando cifras millonarias que pintaban al organismo descentralizado como incapaz de sostenerse, el mandatario extinguió LFC y ordenó que se reservaran los documentos relacionados con el procedimiento.
Desde que Luz y Fuerza del Centro quedó extinguida, el SME ha insistido en la inconstitucionalidad del decreto y brindado una serie de argumentos que no han podido sustentarse debido a que el gobierno federal clasificó los documentos que respaldaban el decreto, de manera que cuando el asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los trabajadores no pudieron comprobar sus dichos, refiere Martín Esparza.
Con la desclasificación de cuatro documentos, el SME considera que ha empezado a encontrar las claves de la ilegalidad que no había podido comprobar.
Esa información, dada a conocer por Esparza en el programa radiofónico de Carmen Aristegui y cuya copia tiene Proceso, está constituida por una carta de la entonces titular de la Secretaría de Energía, Georgina Kessel; por el comodato; por las bases de la extinción, y por un diagnóstico mediante el cual se intentó fundar y motivar la medida.
Al contrastar el contenido de los documentos con el acta de la última sesión del órgano de gobierno de LFC, celebrada en junio de 2009, así como con los estados financieros del organismo, Martín Esparza descalifica lo sostenido por Calderón en el sentido de que el organismo era insostenible y causaba un daño económico al país imputable a los trabajadores.
El acta de la última sesión de la junta de gobierno, celebrada apenas cuatro meses antes de la extinción, en ningún momento contempló la extinción y hasta fueron aprobados los estados financieros.
“Lo que decimos es que Felipe Calderón mintió a la sociedad; por eso reservaron los documentos”, dice.
Añade que, si el asunto hubiera sido un problema económico, se debió dirimir en la instancia laboral competente, pero como no era posible fundar ni motivar una acción de ese tipo, una vez decretada la extinción, a los tres días el SAE demandó la terminación de las relaciones laborales por causas fortuitas y de fuerza mayor.
Para Esparza, el caso del SME ejemplifica el interés del gobierno federal por aplicar mecanismos como los que prevé la reforma laboral que tanto promueve Calderón en sus discursos. La decisión de poner fin a las relaciones laborales por causas de fuerza mayor se aplicó también contra los trabajadores de la sección 65 del sindicato minero, quienes, aun cuando después de mucho litigar obtuvieron el reconocimiento legal de su huelga, fueron dejados en la calle.
Lo que se desprende del informe relativo a los documentos desclasificados es en realidad un alegato sin fundamento, tratando de atribuir a los trabajadores la debacle financiera de LFC, cuando el propio diagnóstico deja ver que el problema financiero fue provocado, afirma.
Para ejemplificar lo anterior, Esparza sostiene que el costo del Contrato Colectivo del Trabajo (CCT) con todo y prestaciones representa 6% de los ingresos de LFC, mientras que se le resta importancia al hecho de que LFC tuvo ingresos por 50 mil millones de pesos, pero compró electricidad por 60 mil millones a la CFE.
El problema, dice, es que la CFE vendía a LFC la electricidad por encima del valor industrial, pero a esta última se le impedía vender a un precio superior al valor industrial. Además, se le impidió avanzar en el desarrollo de generación propia, pues el propósito era entregar la generación a particulares. Añade: “Esos documentos demuestran que la quiebra no fue debido al costo del CCT ni exceso de personal. Las propias cifras que señala el gobierno muestran que los salarios nunca fueron causantes del mal desempeño de LFC”.
Además, indica, los documentos hacen proyecciones de pasivos a 2030, pero mezclan las cifras con las que había al momento de la extinción, generando una crisis financiera virtual para el organismo, pero que no existe. Aunque la SCJN resolvió que el decreto era constitucional, hay dos aspectos que son significativos para el SME. El primero tiene que ver con el hecho de que la Corte dejó a salvo los derechos laborales de los trabajadores, por lo que aún se desahogan miles de demandas en las instancias laborales. Por otra parte, la sentencia consideró que el SME no pudo probar que se falseó la viabilidad financiera.
“No lo pudimos probar -insiste Martín Esparza- porque esos documentos estaban reservados, pero ahora que los tenemos estamos pugnando en instancias internacionales para que se instruya al Estado mexicano la restitución del procedimiento y, ahora sí, poder demostrar que todo fue una farsa de Felipe Calderón con la que dejó en la calle a 44 mil trabajadores.”
Por increíble que parezca, ¡aún hay más!
Al acercarse el ocaso del nefando sexenio calderonista poniendo fin a lo que está pasando ya a los libros de Historia como la docena trágica, el balance sobre la única empresa que quedaba en el país para la producción y suministro de la energía eléctrica ciertamente dejaba mucho que desear, como lo deja en claro el siguiente trabajo:
El mismo articulista dió seguimiento al anterior trabajo con los siguientes hechos:
Sin duda alguna, con la histórica expulsión del Partido Acción Nacional de la silla presidencial a resultas del descalabro propinado en las urnas por el pueblo de México a la derecha ultraconservadora el primero de julio del 2012, se seguirán conociendo nuevos detalles sucios que los panistas-Yunquistas no querían que se conocieran no sólo en torno al asunto de la liquidación de LyFC sino en torno de muchos otros asuntos. No pueden impedir ya que el juicio histórico caiga sobre ellos porque a partir del mes de diciembre del 2012 su tiempo se les acabó.
Al acercarse el ocaso del nefando sexenio calderonista poniendo fin a lo que está pasando ya a los libros de Historia como la docena trágica, el balance sobre la única empresa que quedaba en el país para la producción y suministro de la energía eléctrica ciertamente dejaba mucho que desear, como lo deja en claro el siguiente trabajo:
CFE y SUTERM: corrupto amasiato
¿Qué dice Felipe Calderón?
Martín Esparza Flores
Revista Siempre!
4 de agosto del 2012
Sería conveniente preguntarle a Felipe Calderón si en la agonía de su sexenio aún se siente con la fuerza y los argumentos necesarios para defender la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y seguirla publicitando como una empresa de “clase mundial”. Los hechos demuestran que la paraestatal no sólo está en quiebra sino que ha terminado por entregar la generación de energía eléctrica a las trasnacionales, a las cuales tan sólo este año, y de manera obligatoria, deberá pagar por la compra de su energía, nada menos que 180 mil 548 millones de pesos.
La empresa “modelo” de Calderón, y que le sirvió de acicate mediático para justificar la extinción de Luz y Fuerza del Centro, tendrá de acuerdo a sus propios estados financieros, al cierre del segundo trimestre del 2012, un pasivo total de 849 mil 467 millones de pesos; o sea, un 12.24 % más que en el mismo periodo de 2011, que fue de 756 mil 768 millones de pesos.
Por si esto no fuera poco, gracias al encubrimiento y pernicioso amasiato entre los directivos de la CFE y los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), de filiación cetemista, se ha permitido el robo de los ahorros que desde 1950 han generado los casi cien mil trabajadores de esta organización y que ascienden a 638 mil millones de pesos.
Sucede que mañosamente, y como ya es costumbre, el gobierno de Calderón a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (léase el nombre del inefable Javier Lozano Alarcón y su incondicional discípula, Rosalinda Vélez Juárez) instruyó a la Junta Especial núm. 5 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que retardará el cumplimiento de los laudos en favor de por lo menos 8 mil 600 afectados, cuya parte proporcional por lo aportado durante su vida laboral supera el medio millón de pesos para cada uno.
El asunto, que sigue esperando la puntual aplicación de la ley, tuvo como antecedente una ardua lucha jurídica en los Tribunales Colegiados Sexto, Tercero, Octavo y Décimo Cuarto, en materia de trabajo del Primer Circuito, del Distrito Federal, los cuales presionaron a la Junta para que emitiera el laudo a favor de los defraudados.
La situación se hubiera mantenido oculta en los sótanos de la ilegalidad sexenal de no ser porque un grupo de legisladores del partido Movimiento Ciudadano presionaron desde el seno de la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso para que el máximo órgano legislativo reciba tanto de la Secretaría del Trabajo, como de la Secretaría de Energía, de la Función Pública, y sobre todo de la CFE, los informes relacionados con la desaparición de multimillonario fraude que se cobijó de 1950 a 1990, bajo la figura de un fondo mutualista, el cual fue sustituido en abril de 1990, por mutuo acuerdo de la CFE y el entonces dirigente del SUTERM, Leonardo Rodríguez Alcaine, por un seguro colectivo obrero, según quedó establecido en la cláusula 26 de Contrato Colectivo correspondiente al bienio 1990-1992.
Tanto el SUTERM, encabezado por Víctor Fuentes del Villar, como la CFE, ahora dirigida por Jaime González Aguadé, tendrán mucho que explicar no sólo a los trabajadores de ese sindicato sino a todo el país sobre la desaparición de los cuantiosos recursos públicos que debieron ser manejados con honestidad y transparencia por ambas partes, y que ahora son la muestra más palpable del grado de corrupción y complicidad que han mantenido por décadas ambas partes en la “empresa de desastre mundial”, que para colmo de sus males se encuentra en quiebra y a merced de las trasnacionales.
¿Qué dirá ahora Felipe Calderón de su “ejemplar” CFE?
El mismo articulista dió seguimiento al anterior trabajo con los siguientes hechos:
Calderón y su mentirosa fábrica de sueños
Martín Esparza Flores
Revista Siempre!
25 de agosto del 2012
Patético que al finalizar su sexenio, Felipe Calderón siga echando mano a inexistentes realidades para justificar sus errores; en sólo unas semanas hemos visto sus esfuerzos por buscar la metamorfosis que lo convierta en el bienhechor de la nación al que incluso, según sus palabras, no le ha importado arriesgar su vida en aras del bien público.
Su mayor problema es que ya nadie le cree y tan no le creyeron en todo este tiempo millones de mexicanos, que su voto fue en contra del PAN. Por ejemplo, en la celebración del 75 aniversario de la CFE, sacó de su fábrica de sueños una larga lista de irrealidades sobre la extinción de Luz y Fuerza del Centro, en octubre del 2009, y puso nuevamente como empresa modelo a la Comisión Federal de Electricidad.
Nos faltaría espacio para enumerar las mil y un mentiras que el mandatario citó en su extenso discurso al que, obvio, aplaudieron sólo sus selectos invitados especiales y amanuenses, presentes en el acto por el mero protocolo oficial donde se enteraron, entre otras gracejadas, que el abuelito de Calderón, Luis Hinojosa, le hizo también al lucrativo y ventajoso contratista de la luz —vendía a peso cada foco—, antes de que el general Cárdenas fundara la CFE en 1937, y acabara con quienes hacían de la prestación del servicio una verdadera usura en las zonas apartadas del país.
Pero entremos en materia: asegura Calderón que siendo secretario de Energía, en las postrimerías del sexenio de Vicente Fox, hizo negociaciones con el SME para evitar la huelga, y afirma: “Llegamos a un convenio de productividad con el sindicato, entonces de Luz y Fuerza, el SME”.
Ante tal falsedad no podemos más que denunciar al país a voz en cuello: ¡Miente Calderón¡ Nunca estando en dicho cargo firmó convenio alguno con el SME. El convenio a que se refiere se firmó en marzo del 2008 y proponía de parte de los trabajadores, entre otras opciones viables para sanear las finanzas de Luz y Fuerza, la creación de una empresa paralela que utilizara la fibra óptica del organismo público, para ofrecer a los seis millones de usuarios de la zona centro el servicio de voz, imagen y datos, a bajo costo, allegando a Luz y Fuerza recursos por más de cien millones de pesos anuales.
En su mensaje, más cercano al guión de Alicia en el País de las Maravillas que a la realidad nacional, Felipe Calderón se la pasó felicitando lo mismo a ex directores de la CFE, como Alfredo Elías Ayub, que a personajes como el líder del SUTERM, “don Víctor Fuentes”, como le llamó cortesanamente Calderón, mismo que ha desaparecido 600 mil millones de pesos de los ahorros de sus trabajadores. A ellos, los felicitó por el “maravillo proyecto” y la “maravillosa realidad” de la autocalificada como “Empresa de Clase Mundial”. Sólo que la realidad supera a la ficción y la paraestatal enfrenta un cuantioso endeudamiento; es víctima de la privatización a manos de las trasnacionales; es ejemplo de la más vergonzosa corrupción y ha terminado por aniquilar la economía popular con sus altas tarifas. ¿Es esto motivo de festejo?
Se ufana de que CFE pasó de la noche a la mañana de tener de 28 millones a 35 millones de usuarios y asegura que esa intervención se hizo sin incidentes ni interrupciones. Dos rayas más al percudido tigre; si como el mismo mandatario acepta, CFE pasó a operar la infraestructura eléctrica de la zona centro quiere decir que jurídicamente no ha desaparecido la materia de trabajo y en consecuencia debe hacerse responsable, como patrón sustituto, de las obligaciones laborales con los trabajadores del SME y sus jubilados. ¿Hasta cuándo asumirá tal responsabilidad?
¿Que no hubo incidentes ni interrupciones? La Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal lo desmiente: del 2010 a la fecha se han registrado un total de 63 incidentes graves desde electrocutados hasta importantes cortocircuitos en las líneas de distribución. En total, 60 trabajadores tanto de CFE como de sus empresas contratistas han resultado con lesiones graves por la impericia para realizar el trabajo que antes realizaban los miembros del SME. Tres de ellos han muerto.
Y por último, asegura Calderón que CFE es una empresa “limpia” cuando en el 80 por ciento de su generación de energía, usa gas. ¡Vaya con la fábrica de sueños del Presidente!
Sin duda alguna, con la histórica expulsión del Partido Acción Nacional de la silla presidencial a resultas del descalabro propinado en las urnas por el pueblo de México a la derecha ultraconservadora el primero de julio del 2012, se seguirán conociendo nuevos detalles sucios que los panistas-Yunquistas no querían que se conocieran no sólo en torno al asunto de la liquidación de LyFC sino en torno de muchos otros asuntos. No pueden impedir ya que el juicio histórico caiga sobre ellos porque a partir del mes de diciembre del 2012 su tiempo se les acabó.
posted by Spectator2006 at viernes, octubre 23, 2009
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