Los nuevos rostros de la represión

Tras el descalabro que significó el principio de una intentona de represión y censura emprendida en contra de comunicadores de primer orden por atreverse a ventilar públicamente “asuntos de salud” que supuestamente no son incumbencia de la gente aunque los indiciados sean personajes cuya actuación pública en sus cargos afecte las vidas de todos los mexicanos, el ataque en contra de la libertad de expresión tomó un nuevo cariz cuando, extrañamente, se recurrió a una jueza federal y a un desconocido al que se le dió una importancia inusitada, para tratar de asentar una nueva vía para tratar de imponer eventualmente en México una censura típica de los países de corte totalitario, utilizando para ello de pretexto a una película-documental titulada Presunto culpable:

El amago de censura contra Presunto culpable, miedo a la verdad: intelectuales
Carlos Paul y Reyes Martínez
LA JORNADA
4 de marzo del 2011

Intelectuales pidieron detener el amago de censura que significa la orden de suspender la exhibición del documental Presunto culpable, emitida por la juez federal Blanca Lobo:

cuya decisión calificaron como "miedo a la verdad" que expone este retrato del sistema judicial y la procuración de justicia en México.

Vicente Leñero, Paco Ignacio Taibo II, Estela Leñero, Luis de Tavira, David Olguín y Ana Francis Mor se manifestaron sobre el tema en sendas entrevistas con La Jornada.

Vicente Leñero, periodista y narrador, afirmó que la decisión judicial “es evidentemente un acto de censura contra el cine, por más que se le disfrace de otra cosa. Y es una demostración de que la censura existe todavía en nuestro ambiente cultural”.

En tanto, el historiador Paco Ignacio Taibo II lamentó la determinación y dijo: “Es la misma historia de siempre, el mismo proceso de censura. Creo que los productores de la película estarán contentos porque la reacción popular desde abajo será hacer de la cinta una de las más vistas en México. Los censuradores deberían entender eso, pero nunca aprenden. Sin embargo, es muy confuso el entramado jurídico”.

Agregó: “¿Qué está detrás de ese testigo?, ¿el sistema judicial porque se siente ofendido? Lo que pensamos todos los mexicanos es mucho peor que lo que se dice en el documental: es un sistema judicial ineficiente, incapaz y mediocre”.

Por su lado, el director de teatro Luis de Tavira manifestó que “el documental Presunto culpable pone en evidencia la manera tan terrible de la procuración de justicia en nuestro país, lo que no es un secreto para nadie sobre lo que puede esperar un ciudadano mexicano frente a ese sistema”.

Resaltó que “más grave y torpe sería practicar la censura con el argumento que se quiera. Es algo que no podemos permitir. Tenemos que protestar en cada ocasión con toda la energía del caso, porque nada bueno puede salir de ahí. Ese tipo de acciones (judiciales) son los argumentos del miedo a la verdad, que es lo único que puede darnos la libertad; es lamentable e inaceptable lo que está pasando”.

Por su parte, la dramaturga Estela Leñero encontró “escandaloso el que siempre se quiera ejercer la censura con tintes legales. La ley de nueva cuenta se utiliza según conviene a los intereses que la ejercen, y en el caso de Presunto culpable es muy claro. El objetivo es enfriar la película al darse cuenta del impacto que ocasionó al retratar la realidad y los intereses que hay detrás del descuido del sistema judicial y la procuración de justicia. Todos sabemos que eso es una práctica generalizada y ese cuestionamiento no fue del gusto de mucha gente. Buscaron y encontraron el pretexto para que alguien hiciera tal demanda.

“Es un vil y evidente ejercicio de censura en el que el Poder Judicial se respalda con la ley, manipulándola a su gusto.”

Un secreto a voces

El director escénico David Olguín dijo: “El argumento que da Roberto Hernández, realizador del documental, es muy claro en el sentido de ventilar los procesos judiciales de manera pública. Lo que hace ese documento cinematográfico es exhibir un secreto a voces. Sin duda se trata de un crudo retrato del sistema de procuración de justicia y algo así provoca una respuesta como la que está dando el Poder Judicial: una censura. Un acto de esa naturaleza lo que hace es publicitar ese documento estremecedor, por lo que se requiere de un movimiento colectivo para defenderlo”.

Ana Francis Mor, actriz e integrante del grupo de teatro-cabaret Las reinas chulas, opinó que querer sacar de la cartelera cinematográfica un documental así es como buscar tapar el sol con un dedo. Es muy sabido que el sistema de procuración de justicia en nuestro país está para llorar, que funciona muy mal. Por eso es muy valioso un documental que justo retrata eso y que gracias a que está ahí pueden ocurrir cosas distintas”.

También destacó la labor de los realizadores de lo que consideró “una iniciativa ciudadana muy importante. En la sociedad civil nos hemos encontrado con que nos tenemos que proteger a nosotros mismos, que no podemos contar con el Estado para que garantice nuestros derechos y ese documental es una muestra más de ello. Me parece que a las autoridades les va salir más caro el escándalo, cuando la sociedad civil ya no está para eso”.

Sobre lo anterior, el siguiente análisis abre una perspectiva aterradora sobre la diversidad de tácticas y estrategias a las cuales parecen estar recurriendo las fuerzas más obscuras y ultraconservadoras de México para aplastar las pocas libertades que aún les quedan a los mexicanos:

La película: seis verdades y seis incógnitas
José Elías Romero Apís
Excélsior
11 de marzo del 2011

El escándalo ha estado empapado de confusión y desconcierto. Película acusada, perseguida, encarcelada unos días, liberada otros días y hoy en “libertad provisional”, cuyo affaire nos obliga a precisar, lo que podemos, y a dejar planteado lo que no podemos resolver.

Primera verdad. El entonces testigo y, después, quejoso y amparista, no tenía ningún derecho subjetivo de naturaleza autoral ni intimal como para que le tuvieran que pedir permiso con el fin de exhibir su imagen.

La legislación autoral tan sólo protege obras del hombre, pero no de la naturaleza. Por eso se puede retratar a los volcanes, los animales y hasta a las personas. Los medios impresos y electrónicos lo hacen a diario sin necesidad de permiso del dueño del rostro.

Tampoco había derechos a la intimidad en una audiencia que es pública por disposición constitucional y, en consecuencia, lo más alejado de la intimidad.

Segunda verdad. Si no había derechos subjetivos no puede haber violación de derechos subjetivos.

Tercera verdad. Si no hay violación de derechos, no hay violación de garantías individuales, de acuerdo con el 14 constitucional.

Cuarta verdad. Si no hay violación de garantías, no procede el juicio de amparo ni la suspensión del acto reclamado.

Quinta verdad. Por si fuera poco, al ya estar en aplicación el acto reclamado y al haber intereses públicos que pueden afectarse, como la libertad de expresión, no podía concederse la suspensión provisional, independientemente de que fuera un caso, que no lo es, en los que al final hubiere que conceder la suspensión definitiva.

Hasta aquí estas verdades, reducidas a su mínima expresión porque hay muchos desconciertos.

Si el espectador de este circo no es abogado y se siente confundido por el caudal de comentarios y discusiones, no se preocupe. No está mal en sus facultades de entendimiento.

La materia de amparo es de las más complejas de entender, incluso para los abogados experimentados.

Tampoco es extraño que un juez de amparo no entienda el amparo aunque, por otra parte, hay juzgadores muy conocedores y hasta sabios.

Ahora vamos con aquella masa oscura que no ha permitido ser conocida ni identificada.

Primera incógnita. ¿Quién está atrás del amparista?

Por lo que nos han dicho, este es un individuo de cortos alcances económicos y hasta culturales.

Pertenece a ese gran porcentaje de mexicanos que, desgraciadamente, no pueden pagar los miles o cientos de miles que los abogados cobramos por la tramitación de un juicio de amparo.

Segunda incógnita. Luego entonces, ¿a quién molesta la exhibición de la película o beneficia su prohibición?

Se ha hablado de la justicia local capitalina, de la justicia federal, de las procuradurías de justicia y de todo el sistema mexicano de enjuiciamiento, ¿o de ajusticiamiento?

Tercera incógnita. ¿Por qué la velocidad insólita e inusual en la tramitación de estos procesos? Algunos de ellos suelen tardar de dos a cuatro meses en su procesamiento.

Sin embargo, varias de estas instancias fueron tramitadas en unas cuantas horas y he escuchado, aunque no me consta, que estaban resueltas desde antes de iniciarse.

Cuarta incógnita. ¿Cómo puede resolverse favorablemente una demanda que no tiene ni pies ni cabeza?

Este es un caso que pudo haberse hasta desechado de entrada por ser notoriamente improcedente, como lo ordena la ley, y menos darle una rápida y cómoda victoria.

Esto contrasta con las muchas ocasiones en que nos cuesta todo un “calvario” obtener la protección judicial, no obstante que nos asistan argumentos válidos, procedentes y hasta inteligentes.

Quinta incógnita. ¿Por qué han surgido tantas voces importantes y famosas, aunque oficiosas e inoportunas, para defender actuaciones judiciales ajenas e indefendibles?

Por último, se me dirá que anuncié seis y me quedé en cinco.

La última es la conclusión. La sexta verdad es que lo que conocemos huele muy mal, pero la sexta incógnita es que puede ser que hieda peor.

Independientemente de que la corrupción imperante en el sistema judicial de México, la cual no mejoró en lo absoluto en los 10 años de desgobiernos panistas, tenía muy buenas razones para tratar de impedir la exhibición del documental Presunto culpable, varios analistas han hecho ver que, de salirse con la suya la Jueza utilizada para tal propósito, sentaría un precedente jurídico catastrófico: usando las mismas razones y los mismos pretextos para censurar y bloquear a la película “Presunto culpable”, se podría bloquear y censurar todo, absolutamente todo, lo que pueda exhibir y exponer las cosas malas que están sucediendo en México, aunque se trate de verdades documentadas con hechos y testimonios irrefutables. Estos poderes absolutistas de censura y represión del libre flujo de información es precisamente algo que ha distinguido a los regímenes totalitarios. En la Alemania Nazi, nada, absolutamente nada que pudiera cuestionar la forma en la cual Hitler estaba llevando al país a la catástrofe, podía ser publicado en la prensa o exhibido en algún documental. Lo mismo ocurrió en la España fascista de Francisco Franco. De igual manera se repitió esto mismo en el Chile de Augusto Pinochet y en la Argentina de la dictadura militar.

Con el fin de facilitar este tipo de golpes que acumulados uno tras otro están llevando a México paulatinamente hacia la instauración de una dictadura de extrema derecha, los conspiradores han estado incrustando gente afín a ellos en los más altos niveles del gobierno federal, y el Poder Judicial no es ninguna excepción a la regla, ya que este mismo poder en donde labora la Jueza Blanca Lobo ha sido penetrado al más alto nivel. Están en todas partes.

Si la Jueza Blanca Lobo (la cual hace honor a su apellido) no es más que otro engranaje dentro de una vasta maquinaria de infiltración que se ha estado apoderando paulatinamente del gobierno federal de México con la finalidad de consolidar la instalación de un gobierno paralelo sometido a las directivas secretas emanadas de los acuerdos tomados por un grupúsculo pequeño pero poderoso y extraordinariamente peligroso, esto explicaría la forma en la cual la Jueza se prestó a la intentona de sentar el precedente jurídico que obviamente quería sentar, y no se trataría tanto de lo que ella quiere sino de lo que otros -gente sin rostro que presuntamente la estarían utilizando- quieren. Las incógnitas señaladas por el analista José Elías Romero Apís necesariamente abren una nueva interrogante, porque en el México en donde ha estado operando y sigue operando libremente la Organización Nacional del Yunque, todo puede suceder.

En el siguiente editorial el analista pone sobre la mesa de discusión las terribles repercusiones del terrible precedente que las personas ocultas detrás de un virtual don nadie utilizado como fachada exterior para impulsar la instauración de una censura totalitaria están tratando de impulsar en México por todos los medios posibles:

Las miserias del Ministerio Público
Columna La República
Humberto Musacchio
Revista Siempre!
13 de marzo del 2011

Imaginemos que un periódico pública la foto de un testigo de cargo en el momento de rendir su declaración durante un juicio por homicidio. Supongamos también que el mismo medio impreso informa que el testigo, confrontado con el acusado fue incapaz de identificarlo como el culpable del delito que se juzga, lo que propicia una revisión del caso y un tribunal de circuito acaba por exonerar al acusado.

Y ya encarrerados en esto de imaginar, pongamos por caso que el testigo que nada atestiguó acusa al hipotético periódico de daños y perjuicios en su honor y en su honra, pues en esa foto sale despeinado y el texto de la información lo pinta como un testigo falso, inventado por la fiscalía para incriminar a un ciudadano que por añadidura estaba a kilómetros del lugar de los de los hechos.

El testigo, quien vive en la miseria, de repente aparece representado por abogados de los que cobran más caro y exigen reparación del daño y que se retire de la circulación ese periódico que ha puesto en evidencia la frecuente ilegalidad en que trabaja el Ministerio Público y la indolencia e irresponsabilidad con que se manejan algunos jueces (y no pocos), pues el que lleva el caso ni siquiera conoce al acusado.

Los defensores del despeinado hallaron a una juez a modo, a la que le vale sorbete la libertad de expresión y ésta accede a retirar de la circulación el periódico de marras, pues daña la buena reputación del falso testigo y lo expone a juegos de escarnio a los que es tan afecto el pueblo mexicano. Poco le importa a la juez que el periódico se hubiera limitado a publicar fotos y textos de un juicio que es público en tanto que se ventila un asunto de interés para la sociedad, como lo es todo homicidio; y, si hiciera falta, informar sobre la actuación de los funcionarios al servicio del Estado es un derecho inherente a la democracia.

El caso hipotético que aquí se narra tiene muchas semejanzas con la decisión de Blanca Lobo Domínguez, juez decimosegunda de Distrito en Materia Administrativa, de suspender la exhibición de la película Presunto culpable, cinta que desnuda las miserias del Ministerio Público y la falta de profesionalismo —por decir lo menos— de quienes deberían impartir justicia.

Es, para no darle vueltas, un atentado a la libertad de expresión. La juez Lobo Domínguez ya dio el primer paso. ¿Qué sigue? ¿Sacar del aire estaciones de radio y canales de televisión no gratos para el Poder Judicial? ¿Impedir la circulación de impresos? ¿Establecer la censura previa? Falta que lo permitamos.

De cualquier manera, Spectator le tiene muy malas noticias a la Jueza Blanca Lobo: no se saldrá con la suya. Las comunicaciones electrónicas y el intercambio instantáneo de información a través de la red mundial de información están pulverizando todas estas intentonas de censura y bloqueo de información que tanto usted como los que están detrás de usted están tratando de llevar a cabo. Eso se acabó. Y por otro lado, Spectator no tiene la menor intención de remover su fotografía de este documento como tampoco tiene la menor intención de “difuminar” su rostro para que sea irreconocible, el pueblo de México tiene el pleno derecho de conocer la cara de la persona que está en estos momentos en el ojo del huracán, ya que lo que está haciendo usted no es un asunto privado sino un asunto bastante público que atañe a todos los mexicanos. Desde luego, tiene usted en estos momentos la terrible facultad de usar sus poderes omnímodos como Juez del poder federal para emitir una orden judicial con el fin de que todos los documentos de Spectator sean bloqueados en México. ¿Y sabe una cosa? Spectator se lo agradecería profundamente, no sólo porque la medida sería futil e inútil al volver a ser reproducidos en cuestión de unas cuantas horas todos los documentos de Spectator en otro medio como Wordpress o inclusive en el mismo Blogger, sino que el mundo entero tanto dentro como fuera de México se interesaría sobremanera en tomar conocimiento sobre los materiales que una Jueza de México quiere impedir que sean leídos por el resto de los mexicanos, multiplicando aún más con ello la gran cantidad de hits que están siendo acumulados por Spectator en Internet. ¡Adelante! Make my day. Tome usted en cuenta que si los conspiradores que ha estado denunciando Spectator desde el 2006 hubieran creído que bloquear los trabajos de Spectator en México les hubiera sido de ayuda, desde hace mucho tiempo que lo habrían hecho, y se trata de gente muchísimo más poderosa que usted. De cualquier manera, Spectator no pasará aquí dictamen alguno sobre su proceder público, y dejará que sea el mismo pueblo de México el que la juzgue a usted. Y de hecho, la Jueza ha sido juzgada ya por la opinión pública, tal vez se haya percatado de ello.