lunes, 27 de septiembre de 2010

La deslegitimación de Felipe Calderón

A Felipe Calderón le está resultando extraordinariamente contraproducente su guerra de legitimación que le declarara a la delincuencia organizada a las pocas semanas de haber tomado posesión de su cargo metiendo al Ejército mexicano en dicha guerrita. Las cosas se le salieron completamente fuera de control, y de ser un Presidente cuya legitimidad ha sido cuestionada por millones de mexicanos que están convencidos de que el escasísimo porcentaje de votos que le dió su supuesto triunfo sobre el candidato de la izquierda Andrés Manuel López Obrador fue gracias a un fraude electoral magistralmente planificado y puesto en acción en julio del 2006, ha pasado a ser un Presidente que es considerado como un simple Presidente de membrete sin autoridad real para poder ejercer su cargo. Esto es, ha perdido legitimidad en los hechos. Y esto no lo dice un pequeño grupo de intelectuales de izquierda resentidos por la forma en la cual Felipe Calderón refrendó al PAN-Gobierno un segundo sexenio en el poder. Lo dijo uno de los principales medios de comunicación de la franja fronteriza en la zona norte que, tras el asesinato de uno de sus reporteros, dejó ya de publicar reclamos y exigencias en sus planas a un Felipe Calderón que no ha hecho absolutamente nada que haya producido resultados concretos para mejorar la deteriorada seguridad en el Estado de Chihuahua, haciéndolo a un lado para dirigirse mejor directamente a la delincuencia organizada para tratar de determinar la forma en la cual se puede llegar a un arreglo o acuerdo con la delincuencia organizada para poner un alto a la matanza innecesaria de periodistas y editorialistas. En efecto, Felipe Calderón ha pasado a segundo término con la publicación del editorial de El Diario que salió a la luz el domingo 19 de septiembre del 2010, y ha dejado de ser considerado ya por tan importante medio de comunicación como la persona quien gobierna en México, relegado en los hechos a una mera figura decorativa que porta la banda presidencial, pronuncia discursos patrioteros y optimistas, dá a conocer cifras alegres previamente maquilladas, pero que en los hechos carece en realidad de autoridad alguna que valga la pena hacer valer, un hombre que hoy se proclama como Presidente como podría proclamarse Batman o Supermán sin serlo en los hechos.

A continuación se reproduce íntegro el texto completo del editorial que causó conmoción alrededor del mundo entero y cimbró a Los Pinos hasta sus cimientos:

¿Qué quieren de nosotros?
Editorial
El Diario
19 de septiembre del 2010

Señores de las diferentes organizaciones que se disputan la plaza de Ciudad Juárez: la pérdida de dos reporteros de esta casa editora en menos de dos años representa un quebranto irreparable para todos los que laboramos aquí y, en particular, para sus familias.

Hacemos de su conocimiento que somos comunicadores, no adivinos. Por tanto, como trabajadores de la información queremos que nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para saber a qué atenernos.

Ustedes son, en estos momentos, las autoridades de facto en esta ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo, a pesar de que reiteradamente se los hemos exigido.

Es por ello que, frente a esta realidad inobjetable, nos dirigimos a ustedes para preguntarles, porque lo menos que queremos es que otro más de nuestros colegas vuelva a ser víctima de sus disparos.

Aun cuando todo el gremio periodístico de esta frontera ha sufrido las consecuencias de esta guerra en la que ustedes y el Gobierno federal se hallan, El Diario ha sido, sin duda, el medio más lastimado hasta el momento porque ninguno ha resentido la muerte de dos de sus colaboradores, como nosotros.

Ya no queremos más muertos. Ya no queremos más heridos ni tampoco más intimidaciones. Es imposible ejercer nuestra función en estas condiciones. Indíquenos, por tanto, qué esperan de nosotros como medio.

Esta no es una rendición. Como tampoco significa que claudicamos al trabajo que hemos venido desarrollando. Se trata de una tregua para con quienes han impuesto la fuerza de su ley en esta ciudad, con tal de que respeten la vida de quienes nos dedicamos al oficio de informar.

Frente al vacío de poder que respiramos los chihuahuenses en general, en medio de un entorno en el que no hay las garantías suficientes para que los ciudadanos puedan desarrollar sus vidas y actividades con seguridad, el periodismo se ha convertido en una de las profesiones más riesgosas y El Diario puede dar cuenta de ello.

Para los que estamos al frente de esta empresa editora, si bien nuestros objetivos y misión de bien informar a la comunidad siguen siendo los mismos de hace 34 años, en estos momentos no le hallamos sentido a seguir poniendo en riesgo la seguridad de tantos compañeros para que sus vidas tan valiosas sean utilizadas como vehículos de mensajes, cifrados o no, entre las diversas organizaciones, o de éstas hacia las autoridades oficiales.

Hasta en la guerra hay reglas. Y en cualquier conflagración existen protocolos o garantías hacia los bandos en conflicto, para salvaguardar la integridad de los periodistas que las cubren. Por ello les reiteramos, señores de las diversas organizaciones del narcotráfico, que nos expliquen qué quieren de nosotros para dejar de pagar tributo con la vida de nuestros compañeros.

Y es que del mensaje que uno de estos grupos dejó en una manta colocada ayer por la mañana en la esquina de Ejército Nacional y Tecnológico, se puede colegir que se adjudica el asesinato del reportero gráfico Luis Carlos Santiago Orozco, registrado el jueves por la tarde en un centro comercial.

La pancarta contiene un recado amenazador dirigido a supuestos comandantes y un comisario, en el que les advierten que les pasará lo mismo que a nuestro fotógrafo si no regresan una cantidad de dinero.

Desde que comenzaron a aparecer estos mensajes en mantas o pintas sobre paredes, El Diario no lo ha tomado como un juego, sobre todo porque han demostrado tener veracidad ya que varias de estas advertencias se han cumplido.

En cambio, a la vuelta de casi dos años del asesinato de nuestro compañero Armando Rodríguez Carreón, nos hallamos demasiado escépticos de que las supuestas autoridades de justicia que están por terminar su mandato nos entreguen un esclarecimiento confiable.

Han sido tantos los ofrecimientos, tantas las promesas de que el caso se aclararía sin que ninguno resultara cierto, que si a estas alturas nos presentaran a un presunto responsable del crimen lo primero que haríamos sería pasarlo por el tamiz de la duda.

El periódico no se va a conformar de buenas a primeras con el primer indiciado que le aseguren se trata del autor del atentado contra “El Choco”, porque contamos con información de que se anda buscando un “chivo” expiatorio para cargarle la culpabilidad de este crimen que para nosotros es tan delicado.

Si con ello pretendieran bajarle la presión al asunto, resultaría contraproducente porque lo único que conseguirían sería atraer una desconfianza mayor de la que, de hecho, ya mantienen entre el grueso de la ciudadanía ante los altos índices de impunidad que se registran.

En todo caso, para que El Diario aceptara un resultado a estas alturas tendría que ser avalado asimismo por organismos internacionales de periodistas, así como de derechohumanistas.

Hace cuatro años y medio, cuando Felipe Calderón Hinojosa aún se hallaba en campaña por la carrera presidencial, acudió a las instalaciones de El Diario para ofrecer una entrevista sobre diversos temas.

En ese encuentro con los trabajadores de la comunicación de este medio, el hoy presidente de la República respondió a una pregunta que se le planteó en torno a las garantías que ofrecería su administración federal para el buen desarrollo de la libertad de expresión y de sus representantes.

Calderón dijo que “en el caso de los asesinatos (de periodistas), así como yo estoy protegido por mi condición de candidato, creo que en la medida en que una actividad se desarrolle en beneficio de la comunidad y encierre peligrosidad también debe haber mecanismos que la protejan. Un periodista que ha sido amenazado o que realice una investigación contra el crimen organizado debe tener mecanismos de protección especial y qué bueno que se creó la fiscalía especial en esa materia”.

A la vuelta de estos años, la historia es bien conocida: el primer mandatario, para conseguir la legitimación que no obtuvo en las urnas, se metió –sin una estrategia adecuada–, a una guerra contra el crimen organizado sin conocer además las dimensiones del enemigo ni de las consecuencias que esta confrontación podría traer al país.

Introducidos sin pedirlo en el conflicto, los mexicanos –y de manera particular los juarenses– han estado al garete de decisiones erróneas que terminaron llevándoselos en medio, con los resultados ahora conocidos y, sobre todo, abominados por las mayorías.

En ese contexto, los periodistas también fueron arrastrados a esta lucha sin control, sin que el presidente pensara en aquel compromiso proferido en la sala de juntas de El Diario, porque los trabajadores de los medios han sido amenazados, han realizado investigaciones sobre el crimen organizado y han estado en medio de esta guerra como testigos privilegiados a la vez que intimidados, pero aun así nunca recibieron de su gobierno los “mecanismos de protección especial” que subrayó como indispensables.

Las únicas armas de defensa que hemos tenido quienes nos dedicamos al oficio, han sido la búsqueda de la verdad, el manejo de las palabras, así como nuestras máquinas de escribir –hoy computadoras– y cámaras fotográficas.

El Estado como protector de los derechos de los ciudadanos –y, por ende, de los comunicadores– ha estado ausente en estos años de belicosidad, aun cuando haya aparentado hacerlo a través de diversos operativos que en la práctica han sido soberanos fracasos.

El viernes pasado, tras el crimen del fotoperiodista Luis Carlos Santiago Orozco, El Diario publicó un editorial en el que enfatizaba esta ausencia al cuestionar “¿A quién exigimos justicia?” En ese mismo tenor se hallan los ciudadanos que no saben ya a quién recurrir para pedir ayuda.

Hace apenas unos días los colegios de médicos adelantaron la posibilidad de hacer una huelga de sus servicios como medida de presión hacia los gobiernos para conseguir respuestas, tras de que varios de sus colegas han sido secuestrados y algunos asesinados a pesar de que se pagó el rescate por ellos.

Otros, como los comerciantes y empresarios también han contemplado acciones de presión, como aplicar una huelga de pagos de impuestos y derechos, de los que vive el gobierno.

Es tanta la falta de justicia, es tanta la desolación e impotencia que sienten todos los sectores, que no sería descabellado comenzar a aplicar acciones que realmente le duelan a quienes tienen la obligación de hacer más por salvaguardar la seguridad de la ciudad, del estado y del país.

En contraste, el mayor obligado en proteger a los ciudadanos se pierde en disquisiciones estériles en torno a si México está igual o peor que Colombia hace veinte años, afirmación emitida por la secretaria de Estado de EU, Hillary Clinton, avalada por medios tan serios como el Washington Post, o bien, se encarga de ofrecer circo a los connacionales a través del oneroso gasto utilizado en las celebraciones por el Bicententario, recursos que mejor debería haber empleado en reforzar las pálidas estrategias de seguridad.

No contento con lo anterior, el primer mandatario pontifica sobre la paz en el país como si se tratara de algo real, al enviar una carta a cada una de las familias de la nación en la que, entre otras cosas y de manera retórica, subraya que el blanco del color de nuestra bandera nacional es el de “la paz que hemos conquistado”.

Tal afirmación es una burla para los juarenses que se ahogan en un baño de sangre y que de paz es de lo que menos saben en estos tiempos.

En Ciudad Juárez hemos llegado a un punto en el que es necesario –y urgente– adoptar otro tipo de medidas para obligar a las autoridades establecidas por ley, a ofrecer respuestas más contundentes, porque la capacidad de tolerancia de tantos ciudadanos dolidos ha rebasado ya sus límites.

El Diario, por lo pronto, asume la postura manifestada en los primeros párrafos, de llamar a los grupos en pugna a que expresen qué es lo que quieren de nosotros como comunicadores.

De víctimas a verdugos

Como si los atropellos, atentados y demás intimidaciones en contra de los medios de comunicación no fueran suficientes, ayer la secretaria de Educación y Cultura del Gobierno estatal, Guadalupe Chacón Monárrez, vino a ponerle más sal a la herida al declarar que somos los culpables del terrorismo psicológico que se vive en la ciudad.

Ahora resulta que, además de víctimas, en la mente de la funcionaria somos los victimarios al culparnos de terroristas por sólo cumplir con nuestra tarea de informar a la comunidad de lo que está sucediendo en esta frontera.

El terrorismo, y esto debe quedarle muy claro a la secretaria de Educación, viene de otras fuentes, no de los medios de comunicación que somos el vehículo para informar de lo que sucede en esta ciudad.

De manera específica Chacón Monárrez se refirió al caso de la escuela primaria y el kínder del norponiente en donde no sólo los padres de familia, sino los mismos maestros, viven con el temor de que algo pueda pasarles ante las amenazas recibidas de parte de un grupo de extorsionadores.

Fueron los propios padres de familia los que se acercaron a este periódico para expresar el miedo que sentían –y sienten– por la seguridad de sus hijos. Las amenazas no las vertió El Diario como tampoco este medio es el que infundió entre los progenitores la iniciativa por denunciar las intimidaciones recibidas.

Ante esta situación, ¿qué esperaba la funcionaria? ¿Que sólo escucháramos a los padres de familia y los regresáramos a sus casas? ¿O que los mandáramos a poner la denuncia correspondiente ante Averiguaciones Previas cuando ellos mismos manifestaron que no confían en la autoridad porque no hace nada al respecto?

El reportero que los escuchó hizo lo que tenía qué hacer: escribir la nota correspondiente y entregarla al editor, quien también cumplió con su función y su responsabilidad de publicarla porque se trataba de un asunto de trascendencia en el que estaba de por medio la integridad de numerosas personas, sobre todo niños.

El terrorismo no lo propició la información divulgada, de la cual se hicieron eco el resto de los medios de la ciudad, sino quienes amagaron a los menores, a sus padres y a los maestros. Pero, sobre todo, lo han venido ocasionando quienes, teniendo la responsabilidad y la capacidad de frenar estos hechos, no lo han hecho, ya sea por omisión, por negligencia o incluso por colusión.

Dice la secretaria de Educación que ella no se puede imaginar que alguien les falte al respeto a los niños, y que pudo tratarse de una broma de mal gusto. Se nota que la funcionaria no vive en esta ciudad, en donde menores de edad, infantes y hasta bebés han sido masacrados. Quien no perdona la burla es ella con sus comentarios, que seguramente no serán del agrado de tantos padres de familia que han perdido a sus hijos de violenta manera.

Tiene toda la razón Hernán Ortiz, antropólogo e investigador de la UACJ, quien le respondió a Chacón Monárrez que no se debe culpar a los medios del terrorismo que desde hace tiempo padecemos, sino a la incompetencia que han demostrado los gobiernos, en lo cual coincide con nuestros comentarios vertidos párrafos atrás.

“Quiero decirle a los medios, con todo respeto, que no nos convirtamos en copartícipes de esto, ya que el terrorismo psicológico se logra a través de la comunicación”, dijo la funcionaria.

¿Qué es lo que nos quiere decir con lo anterior? ¿Que dejemos de publicar? ¿O que sólo divulguemos noticias “buenas” o “positivas”, como en otras ocasiones se ha polemizado al respecto? Los medios recogemos y publicamos todo lo que acontece en la ciudad, ya será el lector el que le dé la connotación de “bueno” o “malo” a lo que lee, escucha o ve.

En todo caso, es la secretaria de Educación la que tiene la gran responsabilidad de que los niños que en estos momentos se estén educando, salgan con una mentalidad bien formada para que no sean los delincuentes del mañana.

Es una cortina de humo lo que ha levantado Chacón Monárrez, para esconder la incapacidad de autoridades que no han hecho bien su labor.

El virtual desconocimiento de Felipe Calderón como el verdadero Presidente gobernante y el reconocimiento de que en esa zona fronteriza colindante con los Estados Unidos (el mayor consumidor de drogas ilícitas del planeta) la verdadera autoridad es la delincuencia organizada y a ella es a la que hay que dirigirse y con ella es con quien hay que negociar para paliar aunque sea un poco la crisis de inseguridad ha causado tales reverberaciones en las mismas cofradías clandestinas de la ultraderecha que después de que un tipo con una voz muy parecida a la del juramentado Yunquista César Nava que afirmó ser César Nava, el presidente nacional del Partido Acción Nacional, se comunicó con El Diario de Ciudad Juárez para decirle a los reporteros que le había pedido a Felipe Calderón tratar de llegar a un acuerdo o negociación con la delincuencia organizada para apagar un poco el fuego (al menos por el tiempo suficiente para que el Partido Acción Nacional pueda repetir un tercer sexenio en el poder en las elecciones presidenciales del 2012 como parte del plan encubierto para someter al pueblo de México a un gobierno paralelo secreto bajo la agenda de la ultraderecha), se suscitó un escándalo nacional que orilló al mismo César Nava a negar públicamente el 20 de septiembre del 2010 haberle pedido a Felipe Calderón pactar una tregua con la delincuencia organizada e inclusive negando haber sido el que hizo la llamada telefónica al medio de comunicación (se trata del mismo tipo que negó haber firmado un pacto con el PRI en relación con la cuestión electoral en el Estado de México y que tras ser desmentido y exhibido le pusieron en su curul una piñata Pinocho en el mismo Congreso de la Unión):






Título: Desmentido
Cartonista: Hernández
Fuente: LA JORNADA


El siguiente editorial de un conocido editorialista es bastante claro:

Poder de facto
Sergio Sarmiento
Columna Jaque Mate
21 de septiembre del 2010

Hay una angustia indudable en el editorial “¿Qué quieren de nosotros?” de El Diario de Ciudad Juárez publicado el domingo 19 de septiembre. No es sólo el hecho de que este periódico, conocido por su independencia, pregunte a un grupo de criminales: “Queremos que nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para saber a qué atenernos.” Hiriente es el comentario que señala: “Ustedes son, en estos momentos, las autoridades de facto en esta ciudad, porque los mandos institucionales no han podido hacer nada para que nuestros compañeros sigan cayendo, a pesar de que reiteradamente se los hemos exigido.”

El Diario ha sufrido los homicidios de dos de sus colaboradores, el joven fotógrafo Luis Carlos Santiago Orozco, asesinado el 16 de septiembre, y el reportero Armando Rodríguez, en noviembre de 2008. Ha sido además víctima de otras agresiones. Ninguno de los ataques ha sido aclarado. Si bien uno puede argumentar que es demasiado pronto para tener resultados en el caso de Santiago Orozco, las autoridades no han podido ofrecer tampoco resultados sobre el de Armando Rodríguez, cuya muerte al parecer quedará sin resolverse como las de cientos o miles de juarenses.

El que un periódico de la estatura de El Diario tenga que hacer su petición a “las autoridades de facto” debe preocuparnos. Cuando un gobierno pierde el monopolio del uso de la fuerza, pierde también su autoridad. Los gobernados quedan indefensos. El derecho es reemplazado por la ley del más fuerte.

Mientras México paga este costo en homicidios y miedo, los estadounidenses, que son la razón por la cual estamos peleando esta guerra contra el narco, aumentan su consumo de drogas. La Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAHMSA) ha señalado que el número de estadounidenses que utiliza drogas de manera consuetudinaria aumentó de 8 a 8.7 por ciento entre 2008 y 2009. Entre los jóvenes de 18 a 25 años el consumo se elevó más, de 19.6 al 21.2 por ciento; pero incluso entre los “viejitos” de 50 a 59 años, quienes están perfectamente conscientes de lo que hacen con su cuerpo, el consumo habitual se ha más que duplicado al pasar de 2.7 a 6.9 por ciento.

No sólo en la Unión Americana está aumentando el consumo. La Encuesta Nacional de Adicciones de México revela que los usuarios habituales de drogas ilegales han pasado de 4.6 a 5.2 por ciento.

Si debemos juzgar el éxito de la política de represión del consumo y el tráfico de drogas por el número de personas que utilizan estas sustancias debemos reconocer un fracaso. Las autoridades a ambos lados de la frontera buscan convencernos de que sus esfuerzos son un éxito porque hay más decomisos, arrestos y muertes, pero no podemos olvidar que la justificación de esta guerra ha sido siempre el impedir que la gente use drogas.

De hecho, quizá la represión no pueda obligar realmente a la gente a dejar de emplear estas sustancias. Lo que sí ha hecho es generar decenas de miles de homicidios y un vacío de poder que hace que hoy un periódico respetado como El Diario tenga que acudir públicamente al narco para que éste aclare cuáles son las nuevas reglas del juego ante la desaparición de los poderes legales en lugares como Ciudad Juárez.

ARTISTAS ASESINOS

El propio Diario lo reportaba ayer. ¿Se acuerda de los cuatro miembros de la banda de los Artistas Asesinos de Juárez detenidos por la Policía Federal el 5 de julio? Fueron presentados ante los medios en el D.F. como presuntos responsables de 55 homicidios. Después se les regresó a Juárez para ser procesados en el fuero local por robo a mano armada y privación ilegal de la libertad. Ahora el fiscal ha retirado los cargos y el juez no ha tenido más opción que dejarlos en libertad. ¿Fueron víctimas de un montaje o son homicidas que el Estado no pudo juzgar?

Ni tardo ni perezoso, el vocero del gobierno federal panista en materia de seguridad, Alejandro Poiré, avanzó el 20 de diciembre del 2010 la tesis de que el asesinato del reportero de El Diario había sido “por motivos personales”:




Título: Valga la rebuznancia
Cartonista: Rocha
Fuente: LA JORNADA



Título: Vocero de sí mismoa
Cartonista: Helguera
Fuente: LA JORNADA


Pero esto lo hizo cuando no sólo no había un solo detenido por el crimen, ni siquiera había un solo sospechoso, o sea, cuando el caso estaba bastante lejos de ser esclarecido, dándole sustento a la creciente acusación pública de que el gobierno calderonista se ha dedicado a maquillar cifras presentando logros optimistas e irreales que nadie ve, y criminalizando a las víctimas afirmando que “los han de haber matado por andar en cosas chuecas” o degradándolas a meros “daños colaterales” afirmando que “son los menos” cuando no se puede criminalizar a las víctimas como en el caso de los estudiantes de postgrado del Instituto Tecnológico de Monterrey. Y Poiré no perdió un solo momento para criticar acremente la tregua pedida por tan importante medio de comunicació a la delincuencia organizada, a lo cual dicho medio respondió en tiempo y forma. Aunque en realidad el tratar de hacer entrar en razones y hacer entender al gobierno calderonista de sus yerros es como hablarle a un sordo o tratar de meterle sensatez a una piedra.

El mismo Sergio Sarmiento dió seguimiento a su editorial anterior con el siguiente:

Nada personal
Sergio Sarmiento
Columna Jaque Mate
22 de septiembre del 2010

Realmente son muy rápidos los investigadores mexicanos. Este lunes 20 de septiembre el vocero de seguridad del gobierno federal, Alejandro Poiré, afirmó que, de conformidad con la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, el ataque del 16 de septiembre en que fue muerto el reportero gráfico Luis Carlos Santiago Orozco y quedó herido su compañero, el también fotógrafo, Carlos Manuel Sánchez, los dos de El Diario de Ciudad Juárez, tuvo lugar por motivos de “índole personal más que por sus actividades profesionales”.

Poiré afirmó esto en una conferencia de prensa en la que descalificó también el editorial “¿Qué quieren de nosotros?” en la que los responsables de El Diario pidieron a los criminales dejar de matar a los periodistas del periódico. “Ningún actor” –dijo– puede “pactar, promover una tregua o negociar con los criminales”.

Ni Poiré ni la Procuraduría de Justicia de Chihuahua, sin embargo, han presentado hasta este momento información que justifique su apreciación de que Luis Carlos y Carlos Manuel fueron atacados por razones de índole personal. Nueve casquillos de bala fueron encontrados en el lugar de los hechos; dos balas impactaron al primero y dos al otro. Los directivos del periódico están esperando todavía que las autoridades resuelvan el caso de Armando Rodríguez, El Choco, ejecutado en noviembre de 2008. ¿Habrá tenido también su homicidio un móvil personal?

No es ésta la primera vez que el gobierno busca justificar, minimizar o descalificar los asesinatos. ¿Se acuerda usted de cuando los funcionarios decían que el creciente número de muertes era prueba de que el gobierno estaba ganando la guerra al narco? ¿O cuando afirmaban que todos o casi todos los muertos tenían algo que ver con la delincuencia organizada?

¿Se acuerda usted de las declaraciones del presidente Felipe Calderón en enero cuando trató de restar importancia a la ejecución de 15 jóvenes en Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, diciendo que eran pandilleros? Resultó que no, el único pecado de los muchachos era ser deportistas. El propio presidente tuvo que ofrecer una disculpa a las familias de estos chicos.

El caso de los estudiantes del Tec de Monterrey, José Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo, fue peor. Los voceros oficiales dijeron primero que éstos habían agredido a un vehículo militar y señalaron como prueba que los cadáveres tenían armas. Después resultó que los jóvenes no sólo no tenían armas, sino que éstas les fueron plantadas por los soldados que los hirieron, los golpearon cuando todavía estaban vivos y presumiblemente los mataron.

¿Se acuerda usted del caso del automóvil con siete miembros de la familia De León atacado por militares en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo? El Ejército justificó el ataque diciendo que el vehículo no se había detenido en un retén. Después resultó que no había retén y que la agresión, que mató a un joven de 15 años y a su padre, se registró simplemente porque el vehículo rebasó un convoy militar.

Yo no sé realmente si la muerte de Luis Carlos Santiago Orozco haya sido producida por un problema de “índole personal”. Las autoridades no han presentado hasta ahora ninguna prueba ni a favor ni en contra. Lo único que puedo decir es que el gobierno federal ha mantenido una estrategia sistemática para minimizar las cerca de 30 mil muertes vinculadas a la lucha contra el narco registradas desde el principio del sexenio. Y señalar esta verdad no es nada personal.

Otro conocido editorialista hace las siguientes observaciones:

El Diario de Juárez y la derrota de Calderón
Jenaro Villamil
Agencia APRO
21 de septiembre del 2010

Una conmoción fuera y dentro del país ocasionó el editorial publicado el domingo 19 de septiembre por El Diario de Juárez, bajo el título “¿Qué Quieren de nosotros?”. No es la primera vez que un medio impreso del norte del país decidía interpelar al crimen organizado para enfrentar la ola de intimidaciones y matanzas que alcanzaron ya al personal del propio rotativo.

De los casi 70 reporteros y trabajadores gráficos que han muerto en los últimos diez años, casi 60% trabajaban para medios de comuinicación de Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Sonora o Durango, “plazas” disputadas por los cárteles del narcotráfico. Algunos periódicos como El Mañana, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, decidieron desde hace años dejar de firmar las notas relacionadas con el narcotráfico para no poner en riesgo a sus reporteros. Otros, como Zeta, han acusado abiertamente la complicidad entre políticos y narcotraficantes.

Lo diferente es que, a raíz del asesinato de su fotógrafo Luis Carlos Santiago Orozco, El Diario decidió hacer pública su interpelación a los cárteles que se disputan la plaza y descalificar con toda crudeza el operativo policíaco-militar ordenado por el gobierno de Felipe Calderón. Ciudad Juárez se mostró así como el ejemplo más claro de una “guerra” cuya estrategia no está clara y que ha llevado al hartazgo de la población civil.

La respuesta del gobierno de Calderón al editorial de El Diario recordó a la tristemente célebre reacción del presidente frente a la matanza de jóvenes en la colonia Villas de Salvárcar. Todos recuerdan cuando el primer mandatario dijo que la masacre fue el resultado de “un pleito de pandillas”. En lugar de ponerse del lado de las víctimas y dimensionar el tamaño del descontento ciudadano, el calderonismo asumió el papel de policía represivo y decidió incriminar a las víctimas sin que existiera una investigación acabada. El error provocó un airado reclamo público de una de las madres de las víctimas de Salvárcar durante una gira de Calderón a Ciudad Juárez.

A través de su vocero en materia de seguridad, Alejandro Poiré, el gobierno de Calderón repitió la misma actitud con El Diario. Indignado por las críticas, Poiré lanzó un reclamo que pretendió ser un mensaje para todos los demás medios impresos que han sido víctimas de las presiones de los cárteles y sus sicarios:

“No cabe en modo alguno por parte de ningún actor el pactar, promover una tregua o negociar con los criminales que son justamente los que provocan la angustia de la población”, sentenció Poiré.

“Que quede bien claro: negociar, postergar o suspender la lucha contra el crimen organizado, lejos de desaparecer la amenaza de la violencia, implicaría someterse a la ley de quienes agreden para intentar eludir la acción del Estado y perpetuar su acción impune, y eso no ocurrirá”, agregó.

Hasta estas frases, la posición del gobierno federal tenía una lógica, quizá cuestionable en su eficacia, pero legal en su planteamiento. El problema fue que el propio Poiré decidió erigirse en ministerio público y cuestionar la condición de víctima del fotógrafo Santiago Orozco, para minimizar la legitimidad de la denuncia de El Diario.

Poiré afirmó en rueda de prensa que las primeras investigaciones realizadas por la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, el atentado contra el reportero gráfico tuvo como móvil las razones “de índole personal, más que por sus actividades profesionales”.

La respuesta del subdirector editorial Pedro Torres se hizo en la tarde del mismo 20 de septiembre: “Con qué calidad moral nos van a decir esto si no hay garantías para la seguridad”. Torres criticó que a cinco días del asesinato de Santiago Orozco las autoridades judiciales pretenden dar por buena una versión que elimine la línea del crimen organizado. Recordó que a casi dos años del asesinato del reportero Armando Rodríguez Carreón, trabajador también de El Diario, las autoridades no han avanzado en nada.




Título: Ciudad Juárez
Cartonista: Naranjo
Fuente: EL UNIVERSAL


“Nos dijeron que tenían solucionado el caso y que hasta tenían identificados a los autores materiales e intelectuales del asesinato… No tienen nada”, afirmó.

Esta es la otra cara del alegato de El Diario y de decenas de otros medios mexicanos que se han enfrentado a las intimidaciones del narcotráfico. ¿De qué sirve denunciar ante las autoridades y a las fiscalías creadas si no se ha resuelto uno solo de los crímenes contra periodistas ni tampoco se han eliminado las amenazas de los cárteles?

¿Con qué confianza puede acudir un medio a las autoridades si éstas pretenden minimizar y reducir a “asuntos personales” los supuestos móviles?

Sucesos nacionales como los que han estado ocurriendo han ocasionado que entre los mismos medios de comunicación estén apareciendo serias fisuras y confrontaciones entre los comunicadores que podríamos calificar como “oficialistas”, muy al estilo del multimillonario y putrefacto monopolio TELEVISA (los mismos que ayudaron a la maquiavélica dupla derecha-ultraderecha de México a llegar a la Presidencia de la República primero en el año 2000 y después afianzándola en el año 2006 mediante una terrible guerra sucia mediática), y los comunicadores que podríamos calificar como “independientes”, esos que se niegan a postrarse de rodillas ante los poderes fácticos que están gobernando a México, como nos lo hace ver el siguiente editorial:

La prensa, enfrentada
Raymundo Riva Palacio
21 de septiembre del 2010

Un editorial publicado el domingo pasado por El Diario de Juárez ahondó la división de los medios mexicanos, con lo cual coronaba una semana de recriminaciones recíprocas interminables. Fueron detonadas por la petición de asilo en Estados Unidos del ex camarógrafo de Televisa, Alejandro Hernández, quien provocó una disputa abierta de periodistas, inclusive que cohabitan bajo el mismo techo, y se profundizó con la petición del respetado periódico juarense que pidió tregua a los cárteles de la droga y les ofreció publicar –o dejar de publicar lo que ellos deseen– a cambio del respeto a la vida de sus trabajadores.

La postura de El Diario de Juárez, que es realmente un grito de angustia e impotencia, puede ser debatida en términos periodísticos, y si bajo esos términos, el asesinato de uno de sus periodistas más respetados el año pasado y del crimen de un joven que tenía cuatro meses de haber ingresado al periódico, la justifica. Inclusive, se puede establecer una analogía con el semanario Zeta de Tijuana, que pese al asesinato de uno de sus fundadores y de uno de sus pilares, además del atentado en contra del legendario Jesús Blancornelas, jamás adoptó la posición de entrega del diario juarense. Pero Tijuana no es Ciudad Juárez. Tijuana siempre fue propiedad de un cártel y Ciudad Juárez todos los cárteles se disputan su propiedad.

Si la definición editorial de El Diario de Juárez no debió haber sido nada fácil en su discusión y conclusión, poco ayudan las posiciones radicales y absurdas de quienes se quejan de la mezquindad de otros medios cuando el suyo, o su persona, resultan los afectados. El más, Carlos Marín, director editorial de Milenio Diario, el periodista encumbrado en puestos de dirección que históricamente ha sido más insensible y menos solidario con los temas gremiales, quien escribió sobre el posicionamiento de El Diario: “En cuanto que lo que no se puede además de imposible y empresa y trabajadores de El Diario de Juárez están convencidos de no poder ejercer el periodismo, ¿por qué no cierran el periódico y se dedican a otra cosa, en vez de capitular ante la delincuencia?”.

Hay muchos periodistas, inclusive dentro de Milenio, que descalifican las posturas de Marín, pero este es un caso excesivo porque exacerba a todos. Fue Marín quien calificó originalmente de “mezquinos” a El Universal y La Jornada por la nula cobertura que realizaron sobre el secuestro de dos trabajadores de Multimedios, la empresa propietaria de Milenio, y dos de Televisa en julio pasado en Gómez Palacio, Durango, entre ellos Hernández. Ahora, Marín abusa de su cargo y del espacio privilegiado en la primera plana del periódico que encabeza no para ser mezquino, sino un miserable.

Denise Maerker que escribe en El Universal, afirmó este lunes que su periódico sí guardó silencio, pero por petición expresa de ella que apeló a su discreción, pues uno de los secuestrados trabajaba directamente con ella en su programa de televisión Punto de Partida. En respuesta, el director adjunto de Milenio, Ciro Gómez Leyva escribió: “Me dolió leer la columna de Denise Maerker… porque caminamos juntos aquella última semana de julio, la de nuestros reporteros tomados como rehenes en la comarca lagunera. Me cuesta comprender que cuando, a partir de un testimonio singular y cuestionable, se quiere hacer pasar con atropello la versión de que nuestros compañeros no fueron rescatados, sino liberados por los secuestradores”.

Gómez Leyva ratificó su agradecimiento con Luis Cárdenas, coordinador de Inteligencia de la Policía Federal y experto en secuestros, y con Facundo Rosas, comisionado de la Policía Federal, por el trabajo realizado que rescató con vida a los cuatro periodistas. Maerker y muchos los criticaron y en varios espacios, desde la semana pasada, se acusó al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de haber hecho un “montaje”. El sustento fueron las declaraciones de Hernández, quien había dicho lo contrario cuando se le mostró ante la prensa –que decía que estaba muerto–, y que omitió ventilar que tras el secuestro pidió empleo, precisamente, en la Policía Federal.

Manuel Feregrino, ejecutivo en el Grupo Radio Fórmula y comentarista en el programa radial de Gómez Leyva, dijo que el fondo de la discusión, o quizás mejor dicho, aprovechando esta coyuntura, se encontraba “la animadversión de varios o muchos periodistas (contra) García Luna”. Quizás, en el ajuste de cuentas permanente contra García Luna se encuentran nuestras contradicciones y nuestros riesgos.

Todo está demasiado focalizado en García Luna y en el gobierno federal, aunque muchos casos de periodistas agredidos o asesinados pertenecen más al ámbito local. Lo de Gómez Palacio, por ejemplo, pertenecía al ámbito de la autoridad local, no federal. En todo caso, hay que denunciar a García Luna, a Rosas y a Cárdenas, por meterse en un tema que debió haber resuelto la policía local y la procuraduría de Durango. Seamos congruentes y quitémonos las máscaras. Comencemos por la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

Seamos honestos y exijamos que no se vuelvan a meter en un tema que deben resolver las autoridades locales, como secuestro y asesinato que no esté debidamente comprobado que tiene que ver con delincuencia organizada. Que los dueños de los medios regresen las escoltas de la Policía Federal que tienen comisionados, y que los menos encumbrados declinen los privilegios que buscan en términos de protección y seguridad para familiares y amigos. Que se le dejen de pedir favores, a la Policía Federal, pero también a la PGR y a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Si no creemos en ellos, ¿por qué recurrir tanto a ellos? Pero también seamos claros. Al escoger a nuestros adversarios y a nuestros amigos, no podemos presentarnos como un gremio desunido, atomizado y enfrentado, pues este es el mejor escenario para atacarlo, los narcotraficantes y aquellas personas que tengan motivos personales y que en esta turbulencia quieren cobrar facturas a cuentas de otros.

Ya son decenas de periodistas asesinados o en más de tres años y medio de lucha contra el narcotráfico. Ningún crimen se ha resuelto. Uno sería demasiado, pero no terminamos de aprender. En Colombia tuvieron que secuestrar nueve meses a Francisco Santos, periodista y miembro de la familia que controlaba El Tiempo, el periódico más importante de Colombia, y asesinar a Guillermo Cano, director de El Espectador, el segundo periódico en importancia nacional, para que, aunque efímeramente, los medios comprendieran que o se unían o irían muriendo uno por uno. ¿Necesitamos que lo mismo suceda en México para comprender que las diferencias gremiales son menores a nuestras vidas? La respuesta lógica es no, aunque lamentablemente, en nuestros tiempos no gobierna el sentido común.

En pronta respuesta ciudadana a la nula justicia ofrecida por el dizque Presidente de México Felipe Calderón, y en respuesta a su indiferencia total a lo sucedido así como su orgullosa soberbia que en nada ha ayudado al país, el 21 de septiembre del 2010 en el mismo Estado de Chihuahua un poblado enfurecido linchó y despachó a los mismos infiernos por la vía rápida a dos secuestradores despiadados y contumaces que ya tenían más que hartos a los sufridos pobladores de la ciudad de Ascensión, un acto de justicia popular que el ultraderechizado Estado mexicano condenó como “un grave atentado en contra de nuestro Estado de Derecho” (¿?) y “una inaceptable violación de los derechos humanos de seres que no son culpables de lo que hacen al haberse educado en un entorno social que los convirtió en lo que eran”, preparándose infructuosamente para tratar de castigar de alguna manera a todos los habitantes del poblado de Ascensión obligándolos a pagar una generosa indemnización a los familiares de los hampones por “reparación de daños” y, ¿por qué no?, levantarle un monumento en su memoria a los secuestradores ajusticiados elevándolos a la categoría de “víctimas de la injustica de la justicia popular”.

El siguiente editorial, publicado por el mismo medio de comunicación que optó por ya no perder más inútilmente su tiempo con reclamos de justicia a Felipe Calderón que nunca fueron escuchados prefiriendo mejor dirigirse directamente a los capos del narcotráfico para pedirles una tregua, es representativo del hartazgo que hay en esa ciudad:

Trepidante lección
Sergio Conde Varela, Abogado
EL DIARIO
23 de septiembre del 2010

Un pueblo trabajador, entregado con tesón principalmente a las labores del campo, impuesto a luchar en contra de las injusticias por los aumentos desmedidos de la luz y los fertilizantes, un pueblo que con mucho sudor de su frente consigue los ingresos para su diario sustento, es el de Ascensión.

El martes pasado, ese pueblo en su mayoría enardecido, con una coraje explosivo y una voluntad de volver a la famosa Ley del Talion de “ojo por ojo y diente por diente”, arremetió con furia a un grupo de secuestradores a los cuales captó en flagrante delito y posteriormente dos de delincuentes murieron dentro de una camioneta oficial, sin que se conozca plenamente el informe sobre la causa de la muerte.

Este hecho, de una de las poblaciones que en el tiempo y por informes de la entonces Secretaría de Gobernación era una de las más productivas en la república, debe ser una lección no para los delincuentes sino para las instancias de gobierno que han dejado pasar días, meses y años sin que se imponga la ley, en una serie interminable de actos antisociales, en los cuales se han perdido vidas, patrimonio, negocios, jóvenes, hombres y mujeres.

La ausencia de medidas obligadas por la ley que no se han implementado ha producido el hartazgo social a que hemos hecho referencia.

La situación que ha vivido Ascensión, no es propia de ella, sino de los 67 municipios de nuestro estado incluyendo Chihuahua capital y por supuesto nuestra frontera, considerada la más violenta de la tierra.

Los sociólogos oficiales, si es que le tienen amor a su profesión y a México, deben entender que no es sólo Chihuahua sino muy buena parte del país la que sufre el deterioro supremo de valores tradicionales y que todos los grupos sociales se impactarán, porque lo que aconteció en este poblado agrícola, batallador y luchista, puede llevar a la frase “Todos somos Ascensión”, como antes se estableció “Todos somos Juárez”. Hay miedo, molestia, incomodidad, angustia por la inactividad en la resolución de estos problemas que están ahogando prácticamente a la gente y que los niveles de gobierno están obligados a resolver porque así lo exigen las normas jurídicas.

La lección que se desprende del caso Ascensión no es una lección de gabinete, ni de declaración mediática, es la realidad misma que se desprende de las entrañas profundas del pueblo que voltea hacia todas partes y no encuentra la respuesta en quienes deben dársela y a pesar de las denuncias, judiciales y públicas, la indiferencia ha sido la respuesta a este mal que camina de manera incesante desbaratando toda una serie de instituciones en las cuales se apoyaba el desarrollo social y que subrayamos, no son otras que las que las leyes señalan pero que no se cumplen.

Los hechos que se dieron imponen la seriedad de buscar a fondo sus orígenes y no sólo eso, sino la ejecución de medidas, que es la principal función del Ejecutivo. Se ha tomado erróneamente la postura de andar diagnosticando enfermedades sociales, sin darles el tratamiento y la medicina adecuada. Se habla y se habla de líneas y líneas de investigación que sólo quedan en la bitácora de cada día y que se pierden con el paso del tiempo por ser tantos los hechos antisociales que han rebasado todas las estadísticas de la criminalidad de que se tenga noticia.

No sería justo que el caso Ascensión se minimice, como ya es una práctica constante que se utiliza para no hacerle frente a los acontecimientos. El coraje y la impotencia colectiva se perciben a muchas leguas de distancia y no es posible que irresponsablemente se voltee la cara hacia otras cosas triviales, sólo para quitar la atención de lo que verdaderamente importa. La gente pide a gritos que impere la justicia, el orden, el respeto al pueblo porque el estallido de las pasiones puede llevar a un cataclismo social y eso de plano no se vale. De verdad.

Y justo mientras todo lo anterior ocurría en ese estado norteño de México, lo único que le importaba al dizque Presidente de México Felipe Calderón, degradado ya a mera figura simbólica por muchos mexicanos aunque aún siga siendo el residente oficial de Los Pinos y aunque aún siga teniendo en sus manos el control del Ejército, las fuerzas de seguridad pública federales, la PGR y el control del presupuesto, es la perpetuación del PAN en el poder por los siglos de los siglos, para siempre, como lo documenta la siguiente nota sobre una reunión en la que para no “ofender” a Felipe Calderón se ignoró por completo el asunto del secuestro de Diego Fernández de Cevallos (al cual Calderón siempre le ha tenido odio y animadversión e inclusive en alguna ocasión se llegaron a insultar mutuamente en público, como lo documenta la revista PROCESO en su edición 1751):

Calderón: vamos de nuevo por el poder
Horacio Jiménez y Jorge Ramos
EL UNIVERSAL
23 de septiembre del 2010

Porque es válido, legítimo, honesto y necesario, “vamos nuevamente a la conquista del poder”, dijo el presidente Felipe Calderón al encabezar el 71 aniversario de la fundación del PAN, a dos años de la elección presidencial.

“Con la fuerza de la democracia, de la razón y de los ideales, vamos en este 71 aniversario con los objetivos del PAN a construir ciudadanía, a divulgar y aplicar en la realidad nuestros principios y también, porque es válido, porque es legítimo, porque es honesto, porque es necesario, vamos nuevamente a la conquista del poder y de la voluntad de los ciudadanos”.

En consonancia con el discurso presidencial, el líder nacional del PAN, César Nava, aseguró que su instituto político ganará por tercer sexenio consecutivo la Presidencia en 2012. (¿Pese a todo lo que ha sucedido?)

El líder dijo que gracias a los resultados del pasado proceso electoral, han derribado el mito inevitable del regreso del PRI a Los Pinos, aunque en esta ocasión no estuvieron presentes los gobernadores aliancistas de Sinaloa, Puebla y Oaxaca.

En tanto, el presidente Calderón urgió a los panistas a volver a su mística, es decir, mover su “alma guerrera” que en momentos difíciles los han llevado a victorias contundentes.

“Volver —dijo— al PAN de los militantes, el que toca las puertas, al que va a las colonias; es momento de llamar al PAN de las ideas, sí, pero también al PAN de los militantes”, afirmó.

Calderón aseguró que sus adversarios tienen miedo a que AN sea capaz de despertar voluntades y movilizar a la sociedad con la fuerza de sus valores.

Además, citó a quien fuera su amigo, Carlos Castillo Peraza, quien decía que ante la crítica, el PAN debe dejar de actuar como perro acosado.

Calderón insistió en señalar a los críticos de su partido; incluso, pidió a sus correligionarios no sólo estar al tanto del estruendo que causan sus adversarios ante el paso del PAN.

“Como decía Efraín González Luna, de las orugas doctas que escondidas en su torre de marfil no se daban cuenta que esa torre se convertiría, simplemente, en un pedestal de imbéciles”, sobre los que pontificaban todos los males del PAN.

Asistieron el ex líder nacional del PAN y actual secretario particular del Presidente, Luis Felipe Bravo Mena, y los coordinadores parlamentarios Josefina Vázquez Mota y José González Morfín. En cambio, fueron notorias las ausencias de Manuel Espino, en disputa con la actual dirigencia, y Germán Martínez.

Retener el poder en sus manos por el resto de la Historia es lo único que les importa. En realidad, es lo único que les ha importado desde que Vicente Fox armó su elección de Estado en el 2006 para que el PAN siguiera en el poder tras seis años de estancamiento económico. Para ello despilfarraron cerca de 700 millones de pesos de las arcas de la Nación en una celebración ostentosa a fin de darse importancia con glorias ajenas (en realidad, la ultraderecha de México jamás ha simpatizado con el movimiento de independencia de 1810 ni con la Revolución Mexicana que depuso al aburguesado dictador Porfirio Díaz). Y harán lo que sea e inclusive matarán a quien sea con tal de retenerlo. Al igual que como lo hizo en su momento Francisco Franco y al igual que como lo hiciera en su momento Adolfo Hitler. Mientras tanto, siguiendo los consejos de Goebbels, el PAN-Gobierno continuará publicitando a todas horas a través de TELEVISA sus “grandes logros” mostrando caritas felices en la realidad oficialista en donde todo es cuestión de “percepción”. Porque... ¡con todo lo que está pasando en México, todavía así Felipe Calderón se obstina no sólo en continuar su guerra inútil de legitimación que irónicamente hoy le está costando su deslegitimación sino en hacer todo lo que pueda estar a su alcance para perpetuar al PAN-Gobierno en el poder por un tercer sexenio como preludio a un cuarto sexenio como preludio a un quinto sexenio, y así por siempre, por los siglos de los siglos! Para los mexicanos, será como estar gobernados por Victoriano Huerta por los proverbiales mil años que supuestamente iba a durar el Tercer Reich de la Alemania Hitleriana. Esto, si la ultraderecha encubierta se sale con la suya.

El editorial principal de uno de los principales medios de comunicación en el Norte de México que cimbró hasta sus pies de barro a un Presidente incapaz de ejercer una autoridad real desde el día en el que entró por la puerta trasera del Congreso para consumar su virtual golpe de Estado instalándose en una silla presidencial que nunca debería de haber ocupado, desconociéndolo de plano como el poder del Estado en México y concediéndole ese status a la delincuencia organizada que hace lo que le dá la gana en el país desde que Felipe Calderón le declaró la “guerra” detonó un vasto apoyo en todo el país hacia dicho medio de comunicación, y prueba de ello es el siguiente editorial representativo de los muchos editoriales haciéndole ver sus verdades a Felipe Calderón y descargando en contra del inepto y corrupto PAN-Gobierno observaciones que ciertamente jamás son radiadas al aire por el jilguerillo oficial de TELEVISA Joaquín López-Dóriga:





que sólo baila “al son del que paga” repitiendo como robot todo lo que le indican que diga al aire:

¿Qué quieren de nosotros?
Denise Dresser
Agencia APRO
22 de septiembre del 2010

Presidente Felipe Calderón; secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna; secretario de la Defensa Nacional, General Guillermo Galván; doctor Alejandro Poiré, vocero del Consejo de Seguridad Nacional, y señores de las diferentes instituciones encargadas de la seguridad nacional:

Así como La Redacción de El Diario de Ciudad Juárez preguntó al crimen organizado de su entidad qué hacer, nosotros los ciudadanos también les hacemos a ustedes la misma pregunta: ¿Qué quieren de nosotros? La pérdida de 28 mil vidas en los últimos cuatro años evidencia una espiral de violencia en ascenso que quebranta la vida y el futuro de todos los que vivimos en México.

Hacemos de su conocimiento que somos ciudadanos, no adivinos. Por tanto, como ciudadanos, queremos que nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros en esta guerra contra el narcotráfico que han decidido librar, para saber a qué atenernos.

Ustedes han sido rebasados por los poderes de facto en este país, y como miembros de los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para evitar que los periodistas –y otras víctimas inocentes– en Ciudad Juárez y numerosas ciudades asediadas sigan cayendo.

Es por ello que, frente a esta realidad inobjetable nos dirigimos a ustedes para preguntarles qué piensan hacer para combatir de manera más eficaz la violencia, porque ya no queremos que muchos mexicanos más sean víctimas de una guerra mal librada.

Ya no queremos más muertos. Ya no queremos más heridos y tampoco más justificaciones poco creíbles. Es imposible la vida tranquila y productiva en estas condiciones. Indíquennos, por tanto, qué van a hacer para cambiar una situación que se ha vuelto intolerable.

Esta no es una rendición de nuestra parte. Tampoco significa que claudicamos como ciudadanos a las responsabilidades que nos corresponden. Se trata de exigir un replanteamiento a fondo de la estrategia aplicada hasta el momento, la cual demuestra cada día su ineficacia.

Frente al vacío de poder que enfrentamos los mexicanos en general, en un entorno en el que no hay las garantías suficientes para desarrollar nuestras actividades con seguridad, simplemente vivir en México se ha convertido en algo arriesgado. Ciudad Juárez y muchas ciudades más pueden dar cuenta de ello.

Hasta en la guerra hay reglas. Y en cualquier conflagración existen protocolos y garantías para la población civil. Pero actualmente los ciudadanos –así como los periodistas– acaban pagando tributo con su vida, como lo hicieron los estudiantes del Tecnológico de Monterrey y las familias destrozadas por los disparos del Ejército en distintos retenes a lo largo del país. La respuesta oficial en estos casos ha sido señalar a los muertos como culpables de alguna ilegalidad, como cómplices del crimen organizado, o como víctimas de un móvil de índole personal. En el caso más reciente del periodista Luis Carlos Santiago Orozco, de El Diario de Ciudad Juárez, el gobierno federal ha intentado –de nuevo– colocar la culpa sobre los hombros del asesinado en lugar de reconocer la situación insostenible a la cual se enfrentan los periodistas en México.

A la vuelta de casi cuatro años desde que comenzó la guerra del presidente Calderón, somos escépticos de que las supuestas autoridades de justicia nos entreguen un esclarecimiento confiable sobre este caso y muchos más.

Vale la pena recordar que cuando Felipe Calderón se hallaba en campaña por la carrera presidencial acudió a las instalaciones de El Diario de Ciudad Juárez. Cuando se le preguntó sobre las garantías que ofrecería su gobierno para asegurar la libertad de expresión, dijo que “un periodista que ha sido amenazado o que realice una investigación contra el crimen organizado debe tener mecanismos de protección oficial”, y se congratuló de que existiera ya una fiscalía especial para investigar ataques contra periodistas.

Hoy la historia es bien conocida: México es uno de los países más peligrosos para ser periodista, y lo que acaba de ocurrir en Ciudad Juárez simplemente constata cuán cercenada se encuentra la libertad de expresión por los capos del crimen organizado. No hay protección especial para quienes ejercen el oficio de comunicar, ni una fiscalía eficaz que investigue las agresiones en su contra. El periodismo mexicano está padeciendo las consecuencias de una guerra que Felipe Calderón decidió librar sin conocer las dimensiones del enemigo ni los costos que esta confrontación podría traer al país.

Introducidos sin pedirlo al conflicto, los ciudadanos han sido arrastrados a esta lucha sin control, con los resultados ahora conocidos y, sobre todo, abominados por las mayorías. El Estado como protector de los derechos de los ciudadanos se ha mantenido ausente en estos años de belicosidad, y queda cada vez más claro que los diversos operativos emprendidos en lugares como Ciudad Juárez han sido un rotundo fracaso. Y así como El Diario de Ciudad Juárez pregunta “¿a quién exigimos justicia?”, los ciudadanos queremos saber lo mismo. Ya no sabemos a quién recurrir para pedir ayuda en caso de un robo, un secuestro, una intimidación.

Tanta es la falta de justicia, tanta es la desolación e impotencia que sienten distintos sectores. Y, mientras tanto, el primer mandatario pontifica sobre la paz como si se tratara de algo real, y envía una carta a todas las familias del país en donde dice que el color blanco de nuestra bandera nacional es el de “la paz que hemos conquistado”.

Ese mensaje es una afrenta para los mexicanos, ya que la paz es lo que menos se vive en estados como Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán y Nuevo León.

En México hemos llegado al punto en el que es necesario –y urgente– adoptar otro tipo de medidas para obligar a las autoridades establecidas por la ley a ofrecer respuestas más contundentes. La capacidad de tolerancia de tantos ciudadanos dolidos ha llegado a su límite; no cuentan ya esas autoridades con nuestra anuencia ni con nuestra confianza.

Y de allí la pregunta para quienes han convocado a una guerra que cada día resulta más fútil: ¿Qué quieren de nosotros como ciudadanos?

Aunque tratar de dirigirse a Felipe Calderón para que tome responsabilidad de sus actos y de su investidura es como tratar de hablarle a un sordo o hacerle entender razones al proverbial Gabino Barreda cuando andaba en la borrachera, la deslegitimación propinada por el editorial de El Diario sí le dolió hasta el alma a Felipe Calderón, y prueba de ello es que ante la visita de la Sociedad Interamericana de Prensa se sacó de la manga al igual que como acostumbran hacerlo los magos una solución casi mágica al caso del asesinato de un periodista de dicho periódico que llevaba ya mucho tiempo en la impunidad. Pero lo que no les dijo ante las cámaras a los representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa fue que en la dizque solución al vapor de dicho crimen es que los inculpados resultarían ser... ¡dos muertos y un torturado! De ello dió fé el siguiente editorial publicado por el periódico ofendido:

Justicia fabricada
Editorial
EL DIARIO
26 de septiembre del 2010


De nuevo, el Gobierno federal nos ha dado una muestra de que piensa que gobierna para retrasados mentales.

… Y lo peor de todo es que esa ocurrencia la soltó delante de un grupo de las personas que son las mejor informadas y, por ende, las más críticas.

El miércoles, al reunirse en la residencia oficial de Los Pinos con delegaciones de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), entre quienes se hallaban directivos de algunos medios de comunicación del país, el presidente Felipe Calderón les informó que había sido detenido uno de los participantes en el crimen de nuestro compañero Armando Rodríguez Carreón “El Choco”, ocurrido el 13 de noviembre de 2008.

El Ejecutivo federal no dio más datos, pero el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, también presente en el encuentro, les confirmó que la captura había permitido conocer que el móvil del crimen se debió a su actividad profesional “y que las investigaciones continúan”.

La administración calderonista, que durante casi dos años hizo como que le interesaba el caso de “El Choco” pero en realidad le puso muy poca atención, al grado de que “meses atrás” regresó el expediente a la Procuraduría de Justicia estatal, según palabras textuales del subprocurador Alejandro Pariente, de manera repentina, presionada por el apremio nacional e internacional tras la muerte de nuestro otro colega Luis Carlos Santiago Orozco y ante las reacciones generadas por nuestro editorial de hace una semana “¿Qué quieren de nosotros?”, decidió sacar un conejo –o, en este caso, un chivo– de la chistera para impresionar a los periodistas con los que se reunía.

Pese a los constantes reclamos de justicia de este medio y de sus comunicadores durante los pasados 22 meses, así como de la familia de Armando, el presidente Calderón ni se preocupó por hacernos llegar la “primicia” que sí adelantó a las organizaciones internacionales de periodistas, con el fin de aprovechar los reflectores para tratar de legitimar su maltrecha imagen precisamente ante quienes pueden darle ese despliegue.

El problema es que se trató tan sólo de un golpe efectista, mediático, porque al dar a conocer al día siguiente detalles de la supuesta investigación la PGR puso en evidencia las burdas costuras con que el caso fue fabricado.

Al mostrar las pifias de su presunta indagación, el Gobierno federal no sólo se burló de los periodistas que atendió en Los Pinos el miércoles, sino de quienes hemos estado exigiendo el efectivo esclarecimiento del crimen desde esta frontera, así como de la familia de Armando.

Entendemos que fue por ese motivo que los funcionarios federales nos hicieron a un lado al no enterarnos primero a los más interesados, porque sabían que, por un lado, íbamos a recibir con desconfianza esa información, pero, sobre todo, porque ellos conocen que nosotros, que estamos al tanto de lo que acontece en esta ciudad, íbamos a detectar con inmediatez los errores, la fabricación de un caso al vapor, como lo hemos estado haciendo en nuestras ediciones después del jueves.

Por supuesto que lo sabían. Hace una semana, en nuestro editorial que le dio la vuelta al mundo, lo anticipamos. Tras poner en entredicho la autoridad de quienes están sentados en las oficinas gubernamentales, una realidad que muy pocos apuestan a la discusión en Ciudad Juárez, enfatizamos que “a la vuelta de casi dos años del asesinato de nuestro compañero Armando Rodríguez Carreón, nos hallamos demasiado escépticos de que las supuestas autoridades de justicia que están por terminar su mandato (es decir, las estatales) nos entreguen un esclarecimiento confiable”.

Si bien no fue la fiscalía estatal la que se anticipó a “develar” a los dizque presuntos autores del crimen de “El Choco”, tampoco fue para que la procuradora Patricia González, en rueda de prensa un día después de la PGR, disipara las dudas en torno a las pifias demostradas sino que generó más.

El domingo pasado expresamos: “Han sido tantos los ofrecimientos, tantas las promesas de que el caso se aclararía sin que ninguno resultara cierto, que si a estas alturas nos presentaran a un presunto responsable del crimen lo primero que haríamos sería pasarlo por el tamiz de la duda.

“El periódico no se va a conformar de buenas a primeras con el primer indiciado que le aseguren se trata del autor del atentado contra ‘El Choco’, porque contamos con información de que se anda buscando un ‘chivo” expiatorio para cargarle la culpabilidad de este crimen que para nosotros es tan delicado.

“Si con ello pretendieran bajarle la presión al asunto, resultaría contraproducente porque lo único que conseguirían sería atraer una desconfianza mayor de la que, de hecho, ya mantienen entre el grueso de la ciudadanía ante los altos índices de impunidad que se registran.

“En todo caso, para que El Diario aceptara un resultado a estas alturas tendría que ser avalado asimismo por organismos internacionales de periodistas, así como de derechohumanistas”.

En vista de que las instancias federal y estatal actuaron tal como lo habíamos pronosticado, desde esta tribuna periodística lanzamos un llamado a la SIP, al CPJ, a Reporteros sin Fronteras, al Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet), así como a todas las organizaciones de comunicadores tanto del país como del extranjero, además de los grupos derechohumanistas que quieran adherirse, para que supervisen la información proporcionada por la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia en el Estado en torno al caso de Armando y la confronten con la que hemos estado manejando en este medio, en la que damos cuenta de las inconsistencias que hemos detectado.

Nuestro propósito es que desde sus ámbitos, desde sus trincheras, nos apoyen para exigir a los procuradores de ambos niveles que se apeguen a la ley –no sólo en el caso de Armando sino en el de todos los periodistas asesinados o desaparecidos–, para que sigan presionando con el fin de que estos funcionarios no nos quieran presentar responsables “coyunturales”, al modo en que lo pretenden para legitimar una función que no han sabido sustentar con efectividad.

Los convocamos a que se nos unan para demandar una justicia verdadera, no fabricada.

En su primer comunicado del jueves pasado, publicado en su sitio electrónico, la PGR estableció que la causa por la que victimaron a nuestro compañero Armando fue “por hacer muchas notas periodísticas en contra de La Línea”.

Unos minutos después, la dependencia sustituyó esa información por otro boletín en el que omitió el nombre del grupo “La Línea” para indicar que “cuenta con información que vincula a una de las organizaciones delictivas que se disputan el control de la plaza” con este homicidio.

Tal como lo indica una de las notas publicadas en este medio, la única amenaza documentada por Rodríguez Carreón, la cual denunció de manera personal a la fiscal estatal Patricia González, es la que recibió vía mensaje de texto a través de su teléfono celular, en la que se le acusaba, paradójicamente, de favorecer con sus notas al entonces líder de “La Línea”, lo que contrasta con la información divulgada temprano por la PGR.

En sus comunicados, la Procuraduría federal enumeró al menos a cuatro personas como presuntamente involucradas en el crimen de “El Choco”. De uno de ellos, José Antonio Acosta Hernández “El Diego”, de quien asegura fue el autor intelectual, dijo que murió en una ejecución registrada en 2009, aun cuando la misma PGR ofreció apenas en mayo del presente año una recompensa de 15 millones de pesos por su captura.

Además, en pintas dirigidas al líder del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, plasmadas en muros de esta ciudad los días 9 y 10 de septiembre pasados, aparece la firma de “El Diego”. ¿Está vivo o está muerto para la PGR? La procuradora González confirmó al día siguiente que sigue vivo.

El dato de que la muerte del periodista fue concebida por “El Diego” lo atribuyó la Procuraduría federal a dos hombres que aseguró se hallan detenidos e identificó como “El 7” y Hugo Valenzuela Castañeda.

El hombre apodado como “El 7” corresponde a Juan Alfredo Soto Arias, quien fue detenido por el Ejército mexicano como presunto autor de la masacre de estudiantes en Villas de Salvárcar.

Ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos obra una denuncia interpuesta el 29 de junio pasado, en la cual se asienta que presuntamente Soto Arias fue sometido a diversas torturas –algunas que tal vez envidiaría la Inquisición– para que se inculpara de diversos delitos.

Un ejemplo de esas supuestas atrocidades quedó asentada en el documento recibido por la CNDH: “Al entrevistarme con él (Soto Arias) me platicó que los militares se lo habían llevado a la guarnición militar y que los cuatro días lo estuvieron golpeando mucho, y como se negaba a aceptar los delitos que los soldados le imputaban, llegaron al extremo de desnudarlo para introducirle por el ano una espada a la que le daban vueltas, causándole graves lesiones”.

Si sucedió de ese modo, no lo sabemos. Corresponde a la CNDH investigar su autenticidad. Nosotros lo transcribimos para que quede constancia de lo que puede haber detrás del apresurado caso que dio a conocer la PGR.

Y aun cuando esta dependencia exhibió a “El Diego” y a Soto Arias como presuntos culpables del crimen de “El Choco”, no se ha liberado alguna orden de aprehensión en su contra por parte de ninguna de las dos fiscalías.

Sobre el otro presunto, Hugo Valenzuela Castañeda, que para la Procuraduría federal se encuentra detenido y a disposición del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, resulta que fue estrangulado en su celda del Cereso estatal, en donde amaneció muerto el pasado 8 de julio, es decir, hace más de dos meses y medio. Esta pifia no es sólo de la dependencia central, sino también de la Procuraduría estatal, que omitió la elaboración del correspondiente protocolo de comunicación sobre el caso, el cual inicialmente fue considerado como suicidio pero la autopsia confirmó que fue asesinado.

El cuarto hombre presuntamente involucrado por la PGR, fue el autor material a quien identifica como “El 6” o “El Junior”, llamado Julio, a quien le faltaría la oreja izquierda. Sobre éste no se aventuró a precisar si está vivo o muerto.

Sin embargo, en el expediente que ha llevado la Procuraduría estatal está asentado que quien accionó el arma que le quitó la vida a Armando Rodríguez es un ex agente policiaco llamado Juan Gabriel Dávila “El Gaby”, cuya identidad fue dada a conocer por la fiscal González desde el año pasado a El Diario, y que por cuestiones de seguridad y por petición de la corporación su nombre había sido omitido hasta ahora.

¿A quién le creemos, a la Procuraduría federal o a la estatal? ¿Puede proporcionarnos confianza el resultado de las indagaciones cuando entre ambas dependencias se contraponen los datos y abundan las inconsistencias?

Desde el jueves este medio ha estado tratando de conseguir una explicación a estas contradicciones por parte de la PGR, pero ningún funcionario ni el área de comunicación social han atendido nuestras llamadas, lo cual le agrega aún más ruido a nuestras sospechas. Si no hubiera nada qué esconder, seguramente la dependencia hubiera reaccionado con una actitud transparente que no se ha visto hasta hoy.

Esta comedia de enredos en que se ha convertido el caso de “El Choco” en manos de las autoridades de ambas instancias, es tan sólo la punta del iceberg de la situación general en que se halla la procuración de justicia en Ciudad Juárez, en el estado y en el país todo. Este asunto tan emblemático para quienes laboramos en El Diario es la expresión del estado de cosas en que nos encontramos, de la devastación que la violencia sin oposición ha infligido sobre nuestra frontera, de la errática y fracasada política de enfrentar al crimen organizado sin un rumbo fijo.

En este espacio no creímos que lo afirmaríamos algún día, pero nunca tuvo tanta razón Vicente Fox al cuestionar la guerra contra las drogas que emprendió su correligionario Calderón, al advertir que “no puedes combatir el crimen violando los derechos humanos y el proceso jurídico”, en la entrevista de El Universal publicada ayer sábado.

El mismo secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora lo secundó durante su comparencia del viernes ante la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, al asumir que se deben establecer nuevas acciones para enfrentar los retos del crimen organizado, puesto que “se ha generado un clima de violencia que vulnera el ejercicio democrático”.

El vacío de poder es tal, el hartazgo de la ciudadanía es tan enorme como lo expresábamos la semana pasada, que ya se están multiplicando las manifestaciones de aplicar justicia por propia mano, como sucedió esta semana con el caso más significativo que se registró en la cabecera del municipio de Ascensión, al poniente de Ciudad Juárez, en donde la población enardecida por la sucesión de delitos sin castigo linchó y dio muerte a dos secuestradores que acababan de plagiar a una adolescente.

No es que aplaudamos esta acción que rivaliza con la obra maestra de Lope de Vega, pero la ausencia de autoridad lo único que está propiciando es la repetición de numerosos fuenteovejunas que tratan de conseguir a su modo la justicia que se les niega desde las instancias que tienen ese cometido.

Y no es que pretendamos hacer apología del narco cuando aseguramos que se ha convertido en la autoridad de facto, al menos en esta frontera, mas sus advertencias que aparecen plasmadas en pintas o mantas las cumplen, lo que no sucede con las numerosas ofertas que nos han hecho los gobiernos de los tres niveles para rescatarnos de la desolación en que, al paso de casi tres años de violencia, ha devenido la vida global en esta frontera, que da sus últimos estertores si no hay un golpe de mando que la venga a sacar de su devastación.

Así pues, reiteramos nuestro llamado a las organizaciones de periodistas y derechohumanistas para que se unan a nosotros en la exigencia de una verdadera justicia para Armando y el resto de los comunicadores caídos en el desempeño de su actividad.

A los gobiernos federal y estatal les demandamos que dejen de mentirnos, pero, ante todo, les pedimos que no insulten nuestra inteligencia –la de los grupos de periodistas, la de los trabajadores de El Diario, la de la familia de “El Choco” y, en general, la de los mexicanos–, porque lo único que consiguen es acrecentar la falta de credibilidad en sus mandatos. Les recordamos que no gobiernan para discapacitados mentales…

Bueno, en las elecciones presidenciales del 2012 en las cuales el pueblo de México tendrá una única oportunidad -que sólo se dá cada seis años- para emitir su voto de castigo en contra de quienes lo han engañado y lo han hundido desde las alturas del poder, ya habrá oportunidad para demostrarle a los editorialistas de El Diario y al mundo entero si efectivamente los actuales dizque gobernantes están gobernando para ciudadanos conscientes de lo que está sucediendo en el país... o si están gobernando para discapacitados mentales.

martes, 14 de septiembre de 2010

TELEVISA embiste al diario Reforma

En la segunda semana del mes de agosto del 2010 le salió a flor de piel lo “puritano y moralista” al emporio y poder fáctico TELEVISA sobre la cual Spectator ya ha documentado algunas cosas acerca de su negro pasado. Aprovechando oportunísticamente unas notas dadas por la prensa española acerca de los avisos clasificados en dicho país en donde se ofertan servicios de índole sexual, TELEVISA a través de su estrella principal y jilguerillo desinformador de siempre, Joaquín López-Dóriga, así como el resto de los “(des)-informadores” de TELEVISA empezaron a dedicar una amplia cobertura en contra del periódico REFORMA, de modo tal que todos los televidentes cautivos de TELEVISA (cautivos a falta de otras opciones) fueron testigos de una acometida feroz y despiadada emprendida por una muy “decente” TELEVISA que cubriéndose de “pulcritud” se lanzó en contra de los pecaminosos anuncios en los cuales se promocionan en México servicios de índole sexual, escandalizándose por el hecho de que todavía en estos tiempos modernos se siga practicando y se siga promocionando al oficio más antiguo del mundo. Pero no emprendió su campaña moralista por parejo en contra de todos los medios en los que se publican tales cosas como inserción pagada. Desenvainó su “espada de la justicia” en contra de un medio de comunicación en particular, en contra del conocido periódico REFORMA. Y las verdaderas razones por las cuales se lanzó a la yugular de REFORMA con la intención de hacerlo pedazos no tienen nada que ver con cuestiones de puritanismo y moralidad, sino con asuntos mucho más mundanos, como lo deja en claro el el siguiente artículo:

Sucia venganza de TELEVISA
Julio Olvera
ZOCALO
10 de septiembre del 2010

La palabra “venganza” fue empleada por Jenaro Villamil, reportero de Proceso y colaborador de la revista Zócalo, para referirse a la intensa campaña que Televisa lanzó esta semana contra Grupo Reforma, que publica en la capital el periódico del mismo nombre y Metro; además de El Norte, en Monterrey, y Mural, en Guadalajara.

El amplio espacio destinado en los programas informativos del consorcio televisivo para denostar al grupo editorial del regiomontano Alejandro Junco de la Vega, no es más que una venganza, “un linchamiento en pantalla a un periódico que ha resultado incómodo por hablar de las licitaciones en telecomunicaciones” que favorecen a Televisa, entre otras cosas, dijo el reportero y articulista.

Entrevistado este viernes por Carmen Aristegui en su noticiario de MVS Radio, Villamil expuso que los ataques ordenados por los más altos ejecutivos de la empresa de Emilio Azcárraga Jean son una posición de condena al grupo editorial y no a la práctica de publicar anuncios de ofertas de servicios sexuales, pues los diarios de Grupo Reforma no son los únicos que hacen esto.

El analista dijo que sin lugar a dudas, Televisa puso el “el dedo en la llaga” sobre el tema de los anuncios de servicios sexuales, asunto que debe ser regulado pero para todos por igual, pues mostró que TvyNovelas -de la filial editorial de Televisa y con un tiraje de un millón de ejemplares- publicó en su edición del 6 de septiembre casi 80 anuncios sobre servicios sexuales en ocho páginas, incluidas fotos con mujeres casi desnudas.

Si tanto es de su interés este tema, que tanto “pánico moral” le provocó, por qué Televisa no mencionó a TvyNovelas ni a otros diarios o revistas, se preguntó.

Ya en julio de 2009, Zócalo publicó en su número 113, la investigación especial Reforma y El Universal, ¿fomentan la prostitución?, en donde damos cuenta que las secciones de avisos “oportunos” de “ocasión”, también incluyen anuncios de servicios sexuales de mujeres y hombres; e igualmente de bandas que podrían dedicarse a la prostitución, la pornografía, la trata de blancas, el secuestro, la extorsión o los asaltos.

En ese trabajo, especialistas en derechos humanos coinciden en que la publicación de esos avisos en periódicos y revistas promueven la prostitución, y la probable comisión de delitos; y exigen a esos medios responsabilidad social y ética; piden una legislación eficaz; y a las autoridades recomiendan acciones concretas emprende la autoridad para regular la contratación y difusión de esos anuncios.

El ataque

Desde el pasado lunes, Televisa utilizó sus principales espacios informativos, El Noticiario con Joaquín López Dóriga y Primero Noticias, de Carlos Loret de Mola, y el programa semanal de análisis Tercer Grado, para acusar prácticamente a Reforma de promover la prostitución y la trata de personas.

Como producto de esta campaña, Grupo Reforma eliminó desde el miércoles de la sección de clasificados de su popular periódico Metro las fotografías de mujeres casi desnudas que ilustraban los anuncios de servicios sexuales, los cuales sin embargo, continúan pero en menor cantidad y con escasas imágenes, a diferencia de otros rotativos que mantienen intactas sus habituales páginas con ese tipo de ofertas.

Joaquín López Dóriga insistió a lo largo de la semana, en su espacio noticioso nocturno, que era una contradicción que en las primeras planas de los diarios de Alejandro Junco condenan y denuncian a las mafias de la trata de personas, explotación de mujeres y hombres, redes de prostitución, y en sus páginas interiores la promuevan a través de sus anuncios.

En un reportaje que se convirtió en una serie de cuatro entregas, hasta ahora, Televisa entrevistó incluso a varios legisladores de diferente partidos políticos que respondieron, obviamente, lo que la televisora quería que dijeran, es decir que se pronunciaran en contra de los anuncios publicitarios.

El recurso del método

En su sitio web, Jenaro Villamil publicó el jueves el artículo “Televisa vs. Grupo Reforma, el recurso del método”, en el que afirmó que la cadena televisiva reprodujo el mismo método utilizado contra Grupo Casa Saba cuando estaba en sociedad con Telemundo para formar la tercera cadena de televisión.

A finales del 2006, Televisa y TV Azteca lanzaron de manera conjunta una campaña contra ese grupo por sus presuntas prácticas monopólicas, curiosamente luego que el mayor distribuidor de medicamentos en el país se asoció con la cadena estadunidense de televisión en español, de NBC Universal, para crear una nueva compañía que buscaba incursionar en el mercado de la televisión en México e incluso había solicitado a las autoridades la emisión de nuevas licencias para lanzar un nuevo canal.

Entonces, especialistas consideraron que el intento de la familia Saba por participar en la industria televisiva en México, despertó la ira de los dos gigantes de la televisión, y vieron en el problema que representaba el acceso de la población a los medicamentos una oportunidad para desprestigiar y eliminar a un potencial competidor.

Los probables orígenes

Días antes del inicio de la campaña de desprestigio, López Dóriga dio cuenta que el empresario Lorenzo Zambrano había criticado en su cuenta de Twitter a los regiomontanos que abandonaban Monterrey por la violencia del narcotráfico, a lo que el periodista de Televisa señaló de forma directa a Alejandro Junco de la Vega, quien se abstuvo de participar con sus periódicos en la publicitada Iniciativa México, promovida por Televisa y Televisión Azteca.

Todavía el domingo 5 de septiembre, Reforma publicó una nota en la que reportaba que la producción del Quinto Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto -ese mismo día- estaría a cargo de Televisa, con lo que el gobierno del Estado de México hacía a un lado a la Televisión Mexiquense subrayó el periódico en la página siete de su sección Nacional.

Villamil, empero, atribuyó la campaña a los artículos e información publicados por el diario sobre la entrega a Televisa y Nextel del bloque de 30 megahercios (banda 1.7 Ghz), a precios de “ganga” por 180.3 millones de pesos, para ofrecer servicios de cuádruple play.

Raymundo Riva Palacio, director del diario digital Eje Central, observó al respecto en su columna Estrictamente personal que “en el caso de Televisa, de acuerdo con información interna, mucho habían perdonado de cobertura parcial hacia la empresa sin réplica, hasta que se dio un quiebre, cuando el Grupo Reforma publicó en agosto, a apropósito de la compra de 30 por ciento de acciones de Nextel, que había sido una ‘ganga’.”

La ex subsecretaria de Comunicaciones Purificación Carpinteyro, en efecto, en el artículo periodístico “Ni veo ni oigo” de Reforma del 26 de agosto pasado, sentenció que “cuando se trata de un grupo tan poderoso como Televisa, lo conveniente es no ver, no preguntar y no escuchar, a menos de que se trate de aprobar operaciones de compra de nuevas propiedades por dicho grupo.”

Eso provocó que los ejecutivos de Televisa ordenaran el lunes 30 de agosto la publicación de desplegados en contra de Carpinteyro y de un sector de empresarios de televisión por cable descontentos con las crecientes prácticas monopólicas del consorcio televisivo.

El también ex subsecretario de Comunicaciones Jorge Álvarez Hoth, apuntó en una columna aparecida el 1 de septiembre en Reforma que era “obvio” que de lo que se trata es de dañar mediáticamente a quien opina diferente de ellos.

Esto, a raíz de otro desplegado, ahora pagado por Nextel, socio de Televisa en el segmento de 30 MHz, en el que cuestionó al entonces funcionario de Vicente Fox por una “extraña devolución” de 550 millones de pesos a favor de Grupo Salinas, “que hoy defiende”.

Otra causa

También, la inaudita campaña de Televisa pudo haber sido como reacción a lo publicado por Reforma el lunes 6 de septiembre, el mismo día del inicio del ataque, sobre el probable vínculo del cártel de Los Beltrán Leyva, con el mundo de la farándula y, en especial, con la producción de algunas telenovelas de Televisa como Rubí y Cadenas de amargura.

“La narcocultura ronda los estudios de TV, seduce a famosos, enreda a bellezas. Mansiones rentadas para filmar telenovelas resultaron madrigueras criminales (en San Ángel Inn, donde se grabó Cadenas de amargura o en el Pedregal donde se grabó Rubí). Guillermo Ocaña, preso por ser lavadólares de los Beltrán, era conductor televisivo y manager de artistas”, escribió ese día en el rotativo Roberto Zamarripa, en el artículo “Mimetización”.

Guillermo Francisco Ocaña Pradal, ex conductor de televisión (programa De boca en boca) y productor y representante de artistas, está preso desde el 19 de abril último en el capitalino Reclusorio Oriente, sujeto a juicio por ser considerado uno de los principales lavadólares del cártel de los Beltrán Leyva.

La Procuraduría General de la República (PGR), según actas ministeriales, encontró que Ocaña Pradal fue operador de empresas y negocios de Clara Elena Laborín Archuleta, esposa del capo Héctor Beltrán Leyva, alias “El H”, actualmente prófugo; y que es uno de los eslabones que vinculó a gente de la farándula con el narcotráfico.

Una más

Pero existe un litigio de mayor fondo y preocupación para Televisa, a decir de Jenaro Villamil, y esas es “la demanda de Paula Cussi, la última esposa de Emilio Azcárraga Milmo, contra Emilio Azcárraga Jean que dará de qué hablar en las próximas semanas. A menos que Televisa se dedique a intimidar a todos aquellos que osen informar sobre un asunto que está relacionado con el manejo de las acciones y la transparencia del consorcio”, subrayó el periodista.

Reacciones

El analista político Federico Arreola publicó el miércoles en el diario digital SDPnoticias, que él dirige, que el artículo “Reforma, infinitamente superior a Televisa”, en el cual señaló que “Reforma lleva décadas diciendo verdades periodísticas. Televisa lleva décadas diciendo mentiras”, subrayó Arreola.

En su opinión, “es una vergüenza lo que ha hecho la televisora presidida por Emilio Azcárraga Jean que, sin venir al caso, quiso acabar con el prestigio de Reforma.” Según él, al dueño del consorcio televisivo “no lo respetamos los que nos dedicamos al oficio de informar, opinar en los medios de comunicación”.

Para la periodista Aristegui, en su espacio de este viernes en Reforma, la emprendida por Televisa es una “clara, evidente y brutal” campaña de linchamiento, de desprestigio, “con el único afán de aniquilamiento”.

“Problema no es hablar del asunto o cuestionar lo que haya lugar a cuestionar. Problema no es discutir sobre los márgenes que la prensa define para sí misma cuando se está ante un fenómeno que puede rondar en lo criminal. Nadie está negando el tema. El asunto está en otra parte. Los anuncios y la trata no son más que un pretexto para impulsar una campaña de descrédito, intimidación y una suerte de venganza editorial en contra del Grupo Reforma”, comentó.

Es clara la intención de Televisa por presionar a un medio de comunicación que sólo ha publicado, como otros, los enormes y cuestionables favores del actual gobierno federal para la empresa de Azcárraga, con el obvio propósito de favorecer a cualquiera que sea el candidato panista a la Presidencia, y para contrarrestar la influencia que ahora tiene Enrique Peña Nieto con la misma empresa. Cualquiera que denuncie esas colusiones podría ser blanco de una guerra sucia al estilo Televisa.

Puesto que uno de los analistas a los cuales hace referencia el anterior artículo es Jenaro Villamil, resulta conveniente referirnos directamente a él:

Televisa-Reforma: Ataques con trasfondo
Jenaro Villamil
Revista PROCESO 1767
12 de agosto del 2010

Inesperada y virulentamente, Televisa emprendió la semana pasada una campaña de desprestigio contra el Grupo Reforma, basada en una hipócrita denuncia de los anuncios clasificados que publicitan servicios sexuales y que aparecen en las páginas de sus periódicos, en particular los que circulan en la Ciudad de México, Reforma y Metro. El trasfondo de los ataques es de índole muy distinta y tiene que ver con la molestia del poder, que ha dado todo tipo de prebendas al consorcio televisivo, por la conducta del dueño, presidente y director general del grupo editorial, Alejandro Junco de la Vega, que decidió radicar en el extranjero por la inseguridad que se vive en México. En realidad, Televisa, al que Reforma atribuyó haber sido beneficiario de la “ganga” que le permitió obtener dos licitaciones clave en materia de telecomunicaciones, sólo ha sido un instrumento…

MÉXICO, D.F., 11 de septiembre (Proceso).- Cuando Alejandro Junco de la Vega decidió autoexiliarse en 2008 por razones relativas a su seguridad y la de su familia, el dueño y presidente del Grupo Reforma ponía la primera piedra en el hígado del máximo poder que hoy, a través del consorcio de comunicaciones consentido del momento, Televisa, ha colocado a la editorial regiomontana como blanco de una inusitada y virulenta campaña de desprestigio.

En los últimos meses, muchos habitantes de Monterrey –de los más pudientes, por supuesto– atravesaron la frontera norte en busca de un paraíso que sustituyera al que el crimen organizado les arrebató inesperada y violentamente.

Pero el primero que huyó, entre los más prominentes, fue Junco de la Vega.

“Quien se va de Monterrey es un cobarde”, escribió el 29 de agosto en su cuenta de Twitter el presidente y director de Cementos Mexicanos, Lorenzo Zambrano. El magnate regiomontano convocaba a “luchar por lo que creemos. Tenemos que retomar nuestra gran ciudad”.

En menos de dos días la cuenta de Zambrano en esa red social sumó 13 mil 315 seguidores y contribuyó a desatar una campaña en los espacios informativos de Televisa contra el empresario Alejandro Junco de la Vega, cabeza del Grupo Reforma, y contra los periódicos de esa corporación.

La campaña a la que Televisa dio voz y pantalla se inició sutilmente el 30 de agosto, el mismo día que se anunció la detención de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y en vísperas del cuarto informe de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

A los 20 minutos de iniciado El Noticiero se aludió al mensaje de Zambrano. El conductor Joaquín López Dóriga contextualizó así:

“Y no es que sean muchos los hombres de negocios que se han ido de Monterrey, pero sí son conocidos. Es el caso del dueño de los periódicos El Norte y Reforma, Alejandro Junco, que es de los que abandonaron Monterrey para irse a refugiar a Texas, donde vive en su residencia de Austin”.

¡Ah! ¡La muy moralista y puritana TELEVISA, dándose baños públicos de pureza, emulando a los jerarcas eclesiásticos como el Cardenal de los Tecos Juan Sandoval Iñiguez que se lanzan duro en contra de los homosexuales pero callaron en su momento en contra de pederastas perversos como Marcial Maciel Degollado sin echarle en cara su maldad cuando aún vivía!

Posiblemente más de un televidente enceguecido por la principal desinformadora de Latinoamérica habrá quedado con la boca abierta sumamente confundido rascándose la cabeza ante la cruzada moralista del hipócrita Joaquín López-Dóriga y los equipos editoriales de la igualmente hipócrita y corrupta TELEVISA para la cual trabaja López-Dóriga. Porque... ¿y la promoción de los mensajes telefónicos de llamadas sexuales por teléfono celular que transmiten por TELEVISA? ¿Y los constantes comerciales de M Force que saturan la televisión abierta transmitida al aire hablando sin pudor alguno sobre los mágicos efectos de ese fraude comercial dizque para prolongar los tiempos de erección del pene convirtiendo a los hombres en sementales incansables? ¿Y las telenovelas de TELEVISA así como su amplia programacion que muestra muchachas adolescentes vestidas como prostitutas? Por otro lado, también es cierto que otros periódicos como EL UNIVERSAL a través de su aviso oportuno también llenan planas y planas de avisos relacionados con ofertas de servicios sexuales, pero el asunto de TELEVISA era personal contra REFORMA. Se trata del mismo monopolio vil que para promocionar a su muy mexicano proyecto Iniciativa México recurrió para uno de sus comerciales a una estrella de cine que desde hace ya mucho tiempo se fué de México para instalar su residencia permanente en el extranjero casándose con un francés haciendo que su hija naciera en los Estados Unidos porque no quería que fuera mexicana de nacimiento, la cual juró lealtad eterna a la bandera norteamericana en una ceremonia en el 2004 en la cual tomó la ciudadanía norteamericana sin intención alguna de regresar al país de la Iniciativa México (al igual que Cristian Castro y Thalía así como muchas otras de las estrellas “nacionalistas” de TELEVISA que aman a México desde el extranjero). Si Salma Hayek, la misma que fue utilizada por la manipuladora TELEVISA para promocionar a Iniciativa México que es “un proyecto de todos los mexicanos”, deja México para siempre adoptando la ciudadanía nortamericana, para TELEVISA ello jamás ha sido motivo de crítica ya que ella está en todo su derecho de hacer tal cosa. Pero si el Sr. Alejandro Junco de la Vega hace exactamente lo mismo por cuestiones de su propia seguridad personal y de su familia, entonces, según TELEVISA, ¡ese hombre es un traidor a la Patria que debe ser llamado a cuentas y cuyos negocios deben de ser clausurados (o mejor aún, confiscados para dárselos a TELEVISA)! De este tamaño es la doble vara utilizada por el monopolio más monstruoso de México. Se trata del mismo monopolio despiadado y acaparador que tiene a sus estrellitas y a sus futbolistas codeándose y prostituyéndose en el Bara Bar con narcos y tratantes de blancas. Pero de eso ni se acuerda el consorcio abyecto al tomar entre sus manos la espada moralista para fustigar y de ser posible tratar de desaparecer al periódico REFORMA obligando de este modo a sus lectores a procurar su información (¿de quién más?) de los manipulados noticieros nocturnos de TELEVISA. En realidad, no se podía esperar menos de este ultracapitalista monopolio aliado a las derechas radicales más insanas de México.

¿Por qué no habla mejor TELEVISA de la forma en la que corre la droga en sus pasillos, de la historia de Sasha Sokol que siendo adolescente fue iniciada en el consumo de cocaína en sus mismos foros, o de cómo fue usada sexualmente por los directivos añejos de la compañía, o en general de cómo las actrices principiantes deben pasar por la “prueba de amor” con los productores, o de los vínculos de actrices de moda con los capos como la Barbie, o de los excesos cometidos en contra del grupo juvenil de coristas de otra de las “consentidas” de TELEVISA, la controversial Gloria Trevi que tanto toleró TELEVISA y a la cual después de su regreso obligado de Brasil por la fuerza de la ley para responder a los delitos de pederastia y corrupción de menores TELEVISA amigablemente resucitó y apoyó para que así la vedette Gloria Trevi pudiera ser todo un “sano ejemplo” para las juventudes de hoy? ¿De estas cosas no tiene nada que decir Joaquín López-Dóriga? ¿De eso no tienen que decir nada en el programa Los reporteros o en el programa dizque periodístico e informativo Tercer grado? ambos de TELEVISA?

En el oneroso y folklorico contexto de celebrarle a Felipe Calderón y a la dupla derecha-ultraderecha que él representa un Bicentenario costoso, resulta ridiculamente patriotero el ataque de TELEVISA al dueño de REFORMA por haber tomado la decisión de cambiar su lugar de residencia a los Estados Unidos por cuestiones de su seguridad personal después de que a fin de cuentas fué el mismo Presidente Felipe Calderón (al que TELEVISA apoyó con una guerra sucia mediática en el el 2006 en la cual lo único que les importaba era ganar la Presidencia “haiga sido como haiga sido”) el que sin pedirle parecer alguno a los mexicanos colombianizó a México con su guerra de legitimación, llevando 30 mil cadáveres contabilizados al acercarse el final del 2010. Las libertades y derechos de que se gozan valen por el solo hecho de ejercerlos y esto incluye la libre decision de no radicar en el pais por motivos de seguridad. No se dude que la prensa porfirista haya hecho los mismos ataques en contra de Francisco I. Madero o los hermanos Flores Magon cuando éstos también tuvieron que salir del país).

El artículo citado arriba de Zócalo, además de hacer referencia al analista Jenaro Villamil, hace referencia también a otro conocido analista, al cual consultaremos a continuación sobre el mismo tema:

Televisa va contra REFORMA
Raymundo Riva Palacio
9 de septiembre del 2010

En esta semana, de manera sistemática, Televisa inició una campaña contra los anuncios de favores sexuales que aparecen en las páginas de clasificados de los periódicos, porque abren la puerta, argumentaron en sus noticieros apoyándose en un debate público reciente en España, a la delincuencia. La campaña podría detonar una discusión seria sobre la responsabilidad social de los medios de comunicación en México, que buena falta hace, salvo por un pequeño detalle: el ejemplo que usan para ilustrar el caso mexicano son los periódicos Reforma y Metro, propiedad de Alejandro Junco de la Vega.

Reforma y Metro no son los diarios que más anuncios de ese tipo publican. Incluso, en los mismos días en que se dieron los reportajes en los noticieros de Televisa, El Universal y El Gráfico, que pertenecen a una misma casa editorial, publicaron más del doble de páginas que sus competidores de anuncios sexuales, tan gráficos uno como el otro. Televisa no mencionó a esos dos diarios, ni a otros como La Prensa o el ESTO, que también dan cabida a ese tipo de clasificados, o las revistas que tienen en ese tipo de publicidad parte de sus ganancias. Es decir, sobre un tema de noble propósito, se esconde una campaña que apenas empieza. No es el debate lo que importa a Televisa, sino abrir fuego contra Junco de la Vega.

Tampoco es un asunto personal, pero han centrado al grupo de Junco de la Vega por su aval a una política editorial de doble moral. TV Azteca, cuando Reforma inició una campaña contra su propietario Ricardo Salinas Pliego señalando que no podría viajar a Estados Unidos porque sería detenido como consecuencia de un fraude con Unefon – que no era cierto–, tuvo como respuesta una semana en los noticieros de la empresa donde recordaban, a partir de una entrevista con el padre de Junco de la Vega, la forma como se hicieron de la empresa y lo expulsaron de ella. En el caso de Televisa, de acuerdo con información interna, mucho habían perdonado de cobertura parcial hacia la empresa sin réplica, hasta que se dio un quiebre, cuando el Grupo Reforma publicó en agosto, a propósito de la compra de 30 por ciento de acciones de Nextel, que había sido una “ganga”.

Reforma, que es el periódico de mayor influencia entre las élites mexicanas – como El Norte, su nodriza, lo es en Monterrey, la capital financiera nacional–, calificó sistemáticamente como “ganga” la operación con Nextel y desoyó las explicaciones que les procuraron dar los ejecutivos de Televisa. El Grupo Reforma publicó que Televisa había pagado, en sociedad con Nextel, 180 millones de pesos por una parte del espectro radioeléctrico de 30 megahertz a nivel nacional, comparando con un bloque de 10 megahertz que había adquirido Telcel en el centro de México, por mil 372 millones de pesos.

Esta serie de informaciones motivó que varias de sus plumas más importantes del Grupo opinaran sobre el mismo asunto y en el mismo tenor que había inducido la información tergiversada, que comenzó a ser pública cuando el responsable de comunicación de Televisa, Manuel Compeán, aclaró en una de las réplicas que hizo que los 180 millones era un pago inicial, ya que el pago total sería por 18 mil 300 millones de pesos. Además, agregó Compeán, Nextel invertiría más de 19 mil millones de pesos en desarrollo de infraestructura y aclaraba que cuando se abrió la licitación, nadie más había querido invertir.

La cobertura en el Grupo Reforma sobre la alianza con Nextel sólo agudizó una serie de desencuentros, cada vez más ácidos, entre ejecutivos de ambas empresas. En mayo, el mismo Compeán envió una carta para refutar una columna de Roberto Zamarripa, subdirector editorial, donde mencionaba que un promocional de Yucatán dentro de la serie Estrellas del Bicentenario, había costado 10 millones de pesos. “Es falso”, afirmó Compeán, quien señaló que no era la primera vez que utilizaba datos no confirmados para argumentar su información.

En agosto, la ex subsecretaria de Comunicaciones, Purificación Carpinteyro, publicó una columna en el diario sobre compras que había hecho Televisa de operadores de cable en varias ciudades del país, y tocaba el tema de la asignación del espectro a su sociedad con Nextel. “Cuando se trata de un grupo tan poderoso como Televisa, lo conveniente es no ver, no preguntar y no escuchar, a menos de que se trate de aprobar operaciones de compra de nuevas propiedades por dicho grupo”, escribió Carpinteyro. El artículo motivó llamadas para exigir una réplica, que según ha trascendido en ambas empresas, fue rechazada en varias partes por los editores de Reforma –los intentos para hablar con un responsable fueron en vano–, con el argumento que era un tema viejo.

Rápidamente comenzaron las respuestas. El 29 de agosto, el presidente de Cemex, Lorenzo Zambrano, criticó en su cuenta de twitter, @LHZambrano, a todos los regios que estaban huyendo de Monterrey por el clima de inseguridad. “Quien se va de Monterrey es un cobarde”, escribió en una serie de mensajes que difundió masivamente. “Hay que luchar por lo que creemos. Tenemos que retomar nuestra gran ciudad”. Al día siguiente, en El Noticiero de Joaquín López Dóriga, se hizo referencia a la crítica de Zambrano y, como contexto, recordó que Junco de la Vega se había ido de Monterrey. En efecto, el dueño del Grupo Reforma se fue a vivir a Austin cuando recibió un video con las imágenes de un día en la vida de toda su familia, enviado por el Cártel del Golfo. Pero eso había sido más de dos años antes, y Zambrano no se refería él, sino a otras personas que huyeron recientemente.

Ahí se perfiló lo que estamos viendo. Una semana después, vinieron los reportajes sobre los anuncios clasificados, y el Grupo Reforma, como es su costumbre, no respondió. Pero no siempre ha sido así. Cuando TV Azteca difundió su serie sobre la historia de la propiedad de El Norte de Monterrey, los diarios publicaron un editorial – que no tienen– en primera plana – lo que es extraordinario– para refutar a Salinas Pliego. Y discretamente bajaron los ataques en su contra. ¿Eso es lo que busca Televisa, cuyo alcance, en un mal día es de 40 millones de mexicanos? No está claro todavía. Lo que sí, como dijo una de las personas prominentes en la empresa, es que el pleito, “va para largo”.

La acometida despiadada de TELEVISA emprendida en contra del periódico REFORMA pese al bien ganado prestigio y el enorme alcance nacional de éste último medio masivo de comunicación evidencía algo terrible: TELEVISA se siente con la facultad, el pleno derecho y el poder de poder destruír la vida de cualquier mexicano, inclusive políticos de alto nivel, si no se ponen de rodillas ante el emporio depredador que es TELEVISA acatando sus dictados y caprichos. No hay nadie en México a quien TELEVISA tema enfrentarse con el fin de desprestigiarlo y de ser posible hundirlo (exceptuando quizá la terrible ultraderecha que desde las entrañas del PAN está co-gobernando al país, con la cual TELEVISA mantiene pactada una tregua de mutuo respeto). Semejante poder de subyugación y dominio no tiene paralelos en el continente americano. Para encontrar algo similar, tendríamos que remitirnos a los medios de comunicación oficialistas de la Rusia soviética o a los medios informativos en los tiempos de Hitler.

El intenso golpeteo mediático en contra de Reforma encabezado por el jilguerillo oficial de TELEVISA, Joaquín López-Dóriga, adquiere dimensiones grotescas si se considera que, por norma, TELEVISA nunca concede en sus espacios mediáticos a nadie el derecho de réplica, algo a lo cual en otros países estaría obligada por Ley a hacerlo bajo pena directa de la cancelación de su concesión para operar al aire en las frecuencias que tiene monopolizadas. No le dió derecho de réplica a Diario Reforma, ni se lo dá a nadie porque TELEVISA siempre se ha creído con derecho de poder hacer lo que le pegue la gana hacer en un país cuyos políticos le permitieron convertirse en el monstruo en el que se ha convertido. Y si alguien se resiste a su poderío fáctico, para ello el junior de TELEVISA tiene a toda su jauría lista para el ataque:





Si TELEVISA tuviese aunque fuese un mínimo de decencia y de congruencia, al menos durante su intenso golpeteo mediático en su noticiero estelar en contra de REFORMA habría dejado de transmitir al aire sus comerciales promocionando condones SICO “para darte placer y protección segura”, o los condones Trojan que “garantizan el máximo placer sexual con tu pareja”, o los productos de Multi-O tales como “el gel estimulante sexual femenino” que “facilita e intensifica el orgasmo”. Pero estos anuncios de fuerte contenido sexual explícito continuaron siendo transmitidos sin interrupción alguna, seguramente como parte del esfuerzo de TELEVISA para “educar a la juventud mexicana” que aprende más sobre asuntos que deberían estar enseñando en las escuelas públicas si la SEP no estuviese bajo la agenda de un gobierno federal moldeado por la derecha ultraconservadora de México.


El mismo Joaquín López-Dóriga que amparándose cobardemente tras el terrible poder desinformador que le concedió la empresa televisiva más corrupta del hemisferio se lanzó con aires moralizadores de pureza en contra de REFORMA, le abrió sus espacios informativos a una entrevista prolongada con Felipe Calderón (sin derecho de réplica concedido para miembros del Congreso o del Senado) para tratar de limpiarle aunque fuese un poco su desgastada imagen ante el pueblo de México. Y lamentable fue tal defensa, porque no es posible tapar el sol con un dedo como nos lo comenta el siguiente editorialista:

Fétido huevo de serpiente
Raúl Jiménez Vázquez
Revista Siempre! Num. 2987
12 de septiembre del 2010

En el marco de las fiestas del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución, a todos los hogares mexicanos se está haciendo llegar una bandera acompañada de una carta del presidente Calderón, en la que, entre otros aspectos, se explica que el águila plasmada en el escudo nacional representa al pueblo en actitud de combate contra sus enemigos, quienes a su vez son identificados con la serpiente en proceso de devoramiento por el ave real. El texto no deja lugar a dudas. Se trata de una apología de la brutal guerra antinarco que tiene al país en vilo.

La versión presidencial es ajena a la verdad resultante del proceso histórico. Se pretende alterar la interpretación imperante a lo largo del tiempo y que ha sido transmitida de generación en generación hasta constituir una parte fundamental del acervo de creencias alojadas en el imaginario colectivo.

Ernest Cassirer, figura central de la antropología filosófica, afirma que la capacidad de imaginar y producir símbolos es la nota que caracteriza a lo específicamente humano. A través suyo se atribuye valor o significado a las cosas, al proceso mismo de la vida, y se gestan los mitos, las creencias sociales compartidas.

Para el investigador Enrique Florescano, los mitos son los pilares de la vida comunitaria y dan razón de ella a las subsecuentes generaciones. Su fin es almacenar, ordenar y transmitir la memoria histórica. Conjuran el riesgo del olvido y aseguran la cohesión y la continuidad de las culturas. En su versión oral o escrita, adquieren la forma de una enciclopedia inventada por los pueblos para preservar su identidad y garantizar su sobrevivencia. Por ello, en palabras del autor de la teoría psicológica de los arquetipos, Carl Gustav Jung, los mitos están fuertemente enraizados en el inconsciente colectivo.

Tal es la importancia del mito de la fundación de la gran Tenochtitlán que se recoge en el escudo nacional. Al desvirtuar su esencia, su estructura y su lenguaje simbólico se está menospreciando el pasado, los significados fundamentales, las coordenadas existenciales, la memoria y la identidad histórica de los mexicanos.

La gravedad del asunto se magnifica con el hecho de que el ánimo revisionista del Ejecutivo federal no es sino una maniobra mediática, un artilugio propagandístico, tendiente a imprimir legitimidad política a una guerra desarrollada al margen y en contra de los mandatos constitucionales y que ha acarreado más de 28 mil muertes y más de 3 mil desapariciones forzadas. Las metáforas que aluden al pueblo en posición de combate y a sus enemigos en vías de ser exterminados así lo ponen de manifiesto. Se trata, pues, de la proyección de un escenario bélico, un teatro de operaciones milicianas, tal cual se describen en el manual de operaciones en campaña editado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

A lo anterior, se añade el uso del término “enemigo”. Nunca antes, ningún antecesor de Calderón se atrevió a incorporar ese concepto al discurso presidencial. Entre otras razones, porque implica el reconocimiento de la existencia de un conflicto armado interno al que podrían aplicársele las reglas del artículo tercero común de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, todos ellos suscritos y ratificados por el Estado mexicano. No en balde, en el manual militar en cita se define al enemigo como el grupo adversario contra el cual deben actuar las Fuerzas Armadas. Conviene recordar que cuando los genocidas de la junta militar argentina pretendieron eludir su responsabilidad argumentando que el exterminio de los guerrilleros y demás opositores políticos no fue fruto de una guerra en el sentido estricto de la palabra, el fiscal Julio Strassera desactivó el alegato invocando los mensajes oficiales y las directivas militares en los que se aludía expresamente a la figura del “enemigo”.

Puesta en voz de los poderosos, la palabra “enemigo” es sumamente peligrosa. Tiene la consistencia del chicle y literalmente puede ser llenada con cualquier contenido, según lo demanden las prioridades y conveniencias del grupo gobernante y sus aliados estratégicos. La Santa Inquisición tuvo como enemigo primigenio a los herejes; luego, esa condición fue imputada sucesivamente a los judaizantes, los moriscos, las brujas, los hechiceros, los homosexuales, las abortistas, los intelectuales —como Fray Luis de León y Fray Luis de Granada—, los masones y los librepensadores.

El binomio amigo-enemigo fue concebido por el jurista alemán Carl Schmitt para justificar las leyes de Nuremberg de 1935 que dieron sustento al holocausto perpetrado por el régimen nazifascista de Adolfo Hitler; los semitas constituyeron el enemigo inicial; más tarde, fueron los polacos, los armenios, los gitanos, los homosexuales, los vagabundos, los portadores de una cara prohibida, los que tenían algún defecto físico y, en general, todos los que ostentaban una “vida indigna de ser vivida”, según el aporte doctrinario del penalista alemán Edmundo Mezger, en quien, por cierto, se inspiró el tratadista Gunter Jakobs para dar a luz a la teoría conocida como el “derecho penal del enemigo” en la que están basadas la Patriot Act de los Estados Unidos y algunas partes de la reforma constitucional en materia penal aprobada por el Constituyente Permanente en el año 2008.

¡Vaya forma de festejar los magnos acontecimientos patrios! Atentando contra los símbolos en los que se funden la memoria histórica y la identidad nacional y depositando en ellos un fétido huevo de serpiente extraído del vientre mismo de la mítica Gorgona.

El siguiente trabajo hace hincapié en algunos de los puntos señalados arriba destacando la doble moral de TELEVISA:

La doble moral de Televisa
Miguel Ángel Granados Chapa
Plaza Pública
13 de septiembre del 2010

Con precario sentido de la oportunidad, Televisa tomó de pretexto un debate planteado en España hace dos meses –el 15 de julio–, para trasladarlo a México. Se trata de la publicidad del comercio sexual. Como si su práctica fuera exclusiva de Reforma y Metro, el principal noticiario del monopolio de la televisión abierta dedicó largo tiempo la semana pasada a exhibir la “doble moral” de la casa editora de esos diarios, que por un lado en sus contenidos informativos y editoriales denuncia la trata de personas con fines de explotación sexual y por otro la propicia con fines puramente mercantiles mediante anuncios de servicios sexuales.

El asunto ha sido debatido en España. Televisa hubiera servido a la sociedad mexicana si lo planteara a México en todos sus términos. Pero esa noción de servicio es ajena a la práctica del monopolio. De lo que se trata es de atacar a un medio, Reforma, caracterizado por la puntual cobertura de los abusos del negocio de la familia Azcárraga, y su fructífera relación con el gobierno. Las particularidades de la licitación 21 mediante la cual Televisa ingresa directamente a la telefonía móvil, en medio de una polémica que incluyó al Congreso de la Unión frente al Ejecutivo, fueron seguidas puntualmente por Reforma, y abordados por varios de sus colaboradores, entre los cuales se encuentra Javier Dondé, director de información de Televisa, que con la libertad que caracteriza a quienes participan en este diario expuso sus criterios o los de la empresa a que sirve en un cargo de alta responsabilidad.

Un artículo de Purificación Carpinteyro mereció una respuesta del consorcio, que no pudo ser publicada de inmediato porque no se atenía a las reglas que rigen la correspondencia de los lectores. Era demasiado extensa, y Televisa no accedió a reducir su extensión, como en cambio suelen hacer lectores que practican su derecho de réplica. Entonces, como si se tratara de un acto de censura, Televisa publicó su texto como desplegado en otros medios, pretendiéndose indefenso ante un poderoso medio cerrado a la crítica.

Esa reacción evidenció el estado de ánimo de los dueños y directivos de la televisora, que acaso con la información sobre su cobertura del quinto informe de Enrique Peña Nieto, su candidato a la Presidencia de la República, llegó al colmo de la intolerancia. Televisa y no la televisora estatal, el canal 34 produjo el informe. Se pretendía hacerlo subrepticiamente y por eso los logotipos de casi todos los vehículos utilizados al efecto fueron ocultados. Pero uno quedó al descubierto, y ofendidos empleados de la televisora pública revelaron con pormenores este nuevo aspecto de la estrecha relación entre Televisa y Peña Nieto.

Entonces se resolvió castigar o intimidar a Reforma, por entrometerse Es una práctica bien conocida en Televisa. Un caso paradigmático de ese uso faccioso de una señal concesionada fue el que frustró un intento de participación del multimillonario Isaac Saba en una alianza con Telemundo y General Electric para constituir una tercera cadena que compitiera con Televisa y TV Azteca. Mediante reportajes que atribuían a la empresa distribuidora de medicamentos propiedad de Saba los altos precios de los fármacos y hasta la muerte de quienes no estaban en condiciones de comprarlos, denigraron la imagen del empresario y le hicieron saber cuán firme era la decisión de impedir la competencia. Ante semejante agresión, que nada tenía de periodismo de servicio público, Saba abandonó su intento de participar en el negocio de la televisión.

A esta altura de mi exposición me asalta una duda. Me pregunto si en realidad Televisa ha iniciado un debte sobre la publicidad impropia y se propone obtener conclusiones que modifiquen las pautas de los medios de comunicación en esa materia. Ello implica una severa autocrítica, y el señalamiento de otros medios cercanos a la televisora a los que se puede tachar con los adjetivos lanzados contra Reforma. El socio de Televisa en la radio, el consorcio español Prisa, publica como es bien sabido el diario madrileño El País. Como casi toda la prensa española, ese diario incluye en su sección de avisos clasificados publicidad como la que Televisa reprocha a Reforma. Es de suponer que los socios del monopolio mexicano han encontrado sano ese propósito y lo comparten.

En ese afán de denuncia de la doble moral, Televisa hará en el examen autocrítico que imagino, una revisión de sus emisiones electrónicas y de sus publicaciones impresas. Una de ellas, TV y novelas merece la descalificación asestada a Reforma, porque sus páginas finales están dedicadas íntegramente a anunciar películas pornográficas y avisos de adivinas y hechiceras cuyo negocio consiste en explotar la candidez de los lectores de esa revista de frivolidades. Semejante actitud debe asumir la televisora respecto de sus propias pantallas. No me refiero, porque no me impulsa ningún afán moralista, a los contenidos de algunas de sus telenovelas, que escandalizan a no pocas buenas conciencias. Me refiero a la violación de la ley en que incurre cotidianamente la televisora al exceder con mucho los límites de tiempo dedicados a la transmisión de comerciales y a la naturaleza de muchos de ellos. Proliferan, no sólo a deshoras sino en el mismo noticiario pudibundo, anuncios de productos que engañan con la promesa de belleza o salud inmediatas, y aun los de brujas capaces de escudriñar el futuro y modelar las vidas con sus augurios.

¿Doble moral? He ahí la de Televisa.

Naturalmente, si alguien desde una posición importante intenta hacer frente a TELEVISA para menguarle aunque sea un poco su inmenso poder desinformativo regresándola al medio de entretenimiento que solía ser en los días en los que era simplemente XEW Radio (aquellos tiempos idos de Cri-Cri el grillito cantor y el programa de misterio El Monje Loco), tendrá que estar preparado para ser “fichado” nacionalmente por TELEVISA a través de sus noticieros y sus desinformadores profesionales como todo un peligro para México. Y para ser hundido y destruído por el monopolio de comunicación más parcial, más torcido, más injusto y más inequitativo que haya habido en el continente americano. Y allí están las experiencias del diario REFORMA y del ex-candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador para corroborarlo. Precisamente por esto se oponen tenazmente los ultraderechistas radicales antisemitas de México anclados en la ciudad de Guadalajara al socialismo y a las televisoras estatales de tipo cultural como la BBC de Londres, para que pueda haber medios de comunicación poderosos y manipuladores como TELEVISA. Aliados con ellos, claro está.


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POST SCRIPTUM:


Tiempo después de que el consorcio bully TELEVISA desplegara su músculo mediático en contra del diario REFORMA, un conocido luchador social tenía que decir lo siguiente acerca del amoral y vendidísimo jilguerillo oficial del noticiero nocturno Joaquín López-Dóriga:

López Dóriga, la inmoralidad mediática
Javier Sicilia
Agencia APRO
13 de diciembre del 2010

Poco antes de la maquillada transición democrática, cuando el gobierno señoreaba abiertamente al país como una dictadura, los medios noticiosos –en particular los de Televisa, encabezados entonces por Jacobo Zabludovsky– estaban perdidos en los principios y en la moral. El apetito del dinero y la indiferencia por la dignidad habían actuado para dar a México medios cuyo único objetivo era aumentar el poder del gobierno, el lucro de las empresas mediáticas y el envilecimiento de todos.

En esos tiempos, el Excélsior de Julio Scherer y –después del golpe perpetrado por el gobierno de Echeverría– la revista Proceso, que se fundó con el apoyo de una ciudadanía indignada, eran la excepción. Sus batallas, su periodismo de investigación, su devoción por la verdad, su negativa a pactar con los poderes, no sólo mantuvieron viva la voz de la nación, sino que sentaron las bases de lo que ahora es la libertad de prensa en nuestro país.

En medio de esa libertad, Proceso, dirigida ahora por Rafael Rodríguez Castañeda, ha seguido el mismo camino y continúa siendo una referencia incómoda para el poder y para esos medios que, como los auspiciados por Televisa, no han dejado de ser lo que siempre han sido: la vergüenza de este país. No es otra cosa lo que López Dóriga –ese periodista inescrupuloso, continuador del Zabludovsky del antiguo régimen– mostró cuando –días después de la publicación del reportaje de Ricardo Ravelo Testigo estelar (Proceso 1777), y de la publicación de un capítulo del libro de Anabel Hernández Los señores del narco (Proceso 1778)– divulgó y magnificó en su noticiario que Sergio Villarreal, El Grande –testigo protegido que en el reportaje de Ravelo había manifestado conocer a Calderón a través del senador Guillermo Anaya–, decía haber dado al periodista 50 mil dólares para que guardara silencio con respecto a su persona.

Se trataba –como lo dijo el propio López Dóriga en un alarde de servilismo avalado por los periodistas que lo acompañaban en el programa Tercer Grado– no de una noticia, sino de un lección: mostrarle a Proceso, primero, que la fuente de Ravelo, El Grande, que dice conocer al presidente, se volvía ahora contra él; segundo, que si en ese caso la fuente mentía, también mentía en relación con sus declaraciones sobre Calderón y Anaya; tercero, que Proceso, el cual recurre a testimonios de testigos protegidos, se ha convertido en un semanario corrupto que tiene relaciones con el narcotráfico y que utiliza cualquier tipo de información para desprestigiar al gobierno; cuarto, que a partir de ese momento todo lo que ha dicho o diga Proceso es sospechoso de falsedad. Se trataba, bajo una moralina seudoperiodística, de linchar a Proceso, de desprestigiarlo, de reducirlo a un periodismo de calumnia, a un pasquín que dejó de ser lo que fue para mentir.

La evidencia más clara de esta bajeza está en la manera en que el propio López Dóriga manipuló los argumentos que Ravelo utilizó en su reportaje Testigos protegidos: creerles a conveniencia (Proceso 1778). Según Ravelo –palabras que el propio López Dóriga utilizó para darle esa supuesta lección a Proceso– los testigos protegidos “mienten”. Lo que, sin embargo, López Dóriga omitió es, primero, que mienten porque “en manos de las autoridades sufren presiones económicas, malos tratos y frustración”; segundo, que cuando esos mismos testigos “se refieren a funcionarios poderosos del gabinete federal no se les toma en cuenta”; tercero, que “con frecuencia los testigos protegidos se quejan de que en la SIEDO son obligados a declarar en contra de gente que no conocen…”.

Ni López Dóriga, quien sí ha difamado muchas veces para servir a sus patrones –recordemos sus ataques contra el diario Reforma por denunciar los beneficios obtenidos por Televisa y Nextel en la asignación de frecuencias radioelectrónicas y la reciente divulgación de una supuesta corrupción entre directivos de la industria farmacéutica y del Seguro Social porque así convenía a esa empresa televisiva–, ni quienes lo acompañaban en Tercer Grado tuvieron el profesionalismo de verificar si los señalamientos de El Grande sobre su encuentro con Calderón eran falsos; ni si la acusación de ese testigo protegido contra Ravelo era el producto de una coerción de la SIEDO para golpear a Proceso.

Reunidos en el foro televisivo, Dóriga, Marín, Maerker, Gómez Leyva y Micha habían dejado de ser periodistas para convertirse en los inquisidores de Proceso, en servidores de esas Iglesias degeneradas llamadas Gobierno y Televisa, y en verdugos impolutos de un periodismo que no ha dejado de denunciar sus corrupciones y desaciertos. Habían dejado de honrar la palabra, a la que un día sirvieron con dignidad, para volver al viejo objetivo de los medios verdaderamente corruptos: aumentar el poder autoritario del gobierno, el lucro de las empresas mediáticas de las que viven y el envilecimiento de todos.

A los que hacemos Proceso nunca nos ha interesado caminar apoyándonos en los pobres privilegios de los que saben arreglárselas con el poder. Nuestra ambición es y ha sido dar testimonio y gritar cada vez que es posible en nombre de aquellos a quienes los poderes aplastan. Eso, para honra de la verdad, jamás podrán acallarlo.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar todos los presos de la APPO y hacerle juicio político a Ulises Ruiz.

No hubo de pasar mucho tiempo después de que fuera publicado el análisis anterior para que la soberbia y abusiva TELEVISA sacara sus dagas y sus cuchillos para emprenderla con todo su poderío en contra de la revista PROCESO, esto con la intención de darle una lección a los demás medios verdaderamente independientes de que nadie, absolutamente nadie se mete con TELEVISA sin que su atrevimiento quede sin castigo. Naturalmente, el que esta vil empresa mediática pueda actuar con tanta impunidad es una de las consecuencias de que el mismo Felipe Calderón haya llegado a la Presidencia de México teniendo facturas políticas a pagarle a esta empresa a cambio del apoyo recibido en las elecciones presidenciales del 2006 en donde lo importante para el PAN y el Yunque era ganar haiga sido como haiga sido, aún a costa de venderle el alma al Diablo.